Podría ser un manual, una fórmula o una receta con ingredientes precisos, repetida tantas veces que ya nadie cuestiona el porqué ni el para qué. Se aplica casi por inercia, como si formara parte de una tradición familiar: se selecciona un territorio, se promete desarrollo y se sacrifica lo necesario.
El resultado tiene un nombre: zonas de sacrificio. Y, aunque el término suene repetido, casi gastado, como un concepto que circula entre portales de noticias y redes sociales, sus consecuencias son concretas. Lo han demostrado comunas como Quintero, Puchuncaví, Tocopilla o Coronel –solo por nombrar algunas– donde la industria y la promesa de crecimiento terminaron despojando a sus habitantes de salud, bienestar y ecosistemas irrecuperables.
Uno podría suponer que la llamada transición ecológica justa pondría fin a esta narrativa. Cerremos termoeléctricas, abandonemos los combustibles fósiles, transformemos la matriz energética: bienvenidas las energías limpias. Sin embargo, la realidad es más compleja. Mientras el norte enfrenta la fiebre del litio, el sur y la zona austral comienzan a llenarse de proyectos para instalar plantas de hidrógeno verde. La promesa de un futuro limpio toma forma, aunque a un costo aún incierto.
En este escenario, en San Gregorio –una comuna apartada de la región de Magallanes, a 120 kilómetros al noreste de Punta Arenas, en la zona más austral de Chile– surge HNH Energy, un proyecto de magnitud inédita para Chile.
Impulsado por AustriaEnergy, Ökowing y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), este proyecto busca establecer infraestructuras para producir hidrógeno verde en 17.190 hectáreas, una superficie equivalente a 23.300 campos de fútbol.
A la fecha, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) extendió el plazo que tiene la empresa hasta el 29 de agosto de 2025 para responder 900 observaciones recibidas durante la revisión del proyecto, y las sobre 1.000 observaciones indexadas en el Anexo de Participación Ciudadana que contempla el proceso.
Aquí, los primeros indicios de esta vieja receta parecen repetirse. Una zona de sacrificio suele nacer en territorios de bajos ingresos, donde la llegada de industrias viene acompañada de promesas: empleo, desarrollo y mejoras en la calidad de vida. Sobre el papel, HNH Energy se presenta como una solución limpia y eficiente para un mundo que busca alternativas a los combustibles fósiles. Una buena receta necesita aderezos atractivos: modernización, oportunidades, progreso. Pero los habitantes de San Gregorio empiezan a hacerse preguntas que no siempre tienen respuestas: ¿Cuál será el costo real de este desarrollo? ¿Quiénes se beneficiarán?
Paso 1: seleccionar el territorio adecuado
No cualquier lugar sirve. Para que una nueva zona de sacrificio tome forma, podría decirse que el territorio debe cumplir con tres condiciones precisas. La primera es el viento, el mismo viento que a mediados del siglo XX era necesario para dispersar los humos tóxicos de las chimeneas, pero que a medida que pasan los años se ha transformado en uno de los motores de la transición energética y en un elemento clave para la producción de hidrógeno verde.
La región de Magallanes y la Antártica Chilena es el lugar perfecto: allí, el viento alcanza velocidades promedio de 35 kilómetros por hora y ráfagas máximas de 122 kilómetros por hora —suficiente para alimentar generadores eólicos que requieren un mínimo de 13 km/h y no superan los 90 km/h para operar sin daños—. Por eso, HNH Energy proyecta la instalación de 194 aerogeneradores, cada uno de 100 metros de altura, un tercio del Costanera Center, el edificio más alto de Latinoamérica.
La segunda condición necesaria es un mar. El hidrógeno verde no sólo debe transportarse a diversas partes del mundo, sino que también requiere grandes volúmenes de agua para el proceso de electrólisis. Para ello, HNH Energy proyecta construir dos plantas desaladoras. La primera, provisoria, producirá 10 litros por segundo de agua desalada para iniciar las obras, pero será desmantelada cuando entre en funcionamiento la planta definitiva, con una capacidad de 175 litros por segundo. Esta última, instalada en dos hectáreas, abastecerá las necesidades de la planta de producción de hidrógeno y amoniaco.
La tercera condición es la vulnerabilidad. El abandono histórico de una comunidad convierte cualquier promesa de desarrollo en terreno fértil. Aquí, donde la economía depende casi exclusivamente de la ganadería y las oportunidades laborales son escasas, las palabras «empleo» y «progreso» encuentran un público receptivo. En números, el proyecto promete empleo para casi 4.000 personas durante la construcción y operación, con turnos de 12 horas en dos frentes de trabajo: terrestre y marítimo.
Todos los requisitos de la receta: viento constante, abandono histórico y mar disponible. Un territorio apartado y vulnerable, donde la escala del proyecto promete cambiarlo todo. Pero como en toda receta, lo que se pone en juego aún no aparece en el papel.
Para conversar sobre estos puntos y las implicancias del proyecto, solicitamos una entrevista con HNH Energy, pero su departamento de comunicaciones analizó la propuesta y resolvió “pasar” debido a la “etapa en la que se encuentra el proyecto”.
Paso 2: sacrificar lo necesario
“Escogieron el peor lugar; si hubieras querido elegir el peor lugar, es ese”. Alfonso Campos, abogado de 72 años y dueño de la histórica Estancia San Gregorio, no oculta su indignación. Vive a solo 500 metros de donde se instalarán tanques de amoniaco del proyecto HNH Energy. Para él, no se trata solo de una amenaza personal, sino de una mala decisión estratégica: “Esto no es como una mina, que depende de un recurso ubicado en un solo lugar. En Magallanes hay viento en todas partes”.
Los grandes proyectos prometen desarrollo y empleo, pero la experiencia de Campos sugiere otra realidad: “Llegan 5.000 trabajadores de fuera, colapsan los servicios, y cuando termina el proyecto, quedan cesantes. El beneficio económico para la región es mínimo”.
Pero San Gregorio no solo es hogar de personas, sino también un santuario natural donde hay humedales y estepas únicas en el mundo que solo se encuentran en Chile y Argentina y que dan refugio al canquén colorado, una especie “en peligro”, es decir, que enfrenta un riesgo alto de desaparecer en la naturaleza en el mediano plazo. Estas aves migran cientos de kilómetros para reproducirse en la región, enfrentando cada vez más amenazas. La construcción de la ruta Y-499, que atraviesa su principal área de nidificación, podría fragmentar su hábitat irreversiblemente.
El plan de conservación RECOGE Canquén colorado, del Ministerio del Medio Ambiente, identifica esta zona como crítica para la supervivencia de la especie. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minimiza este riesgo. El documento propone que si no se detecta actividad reproductiva en tres años consecutivos, el hábitat podría ser intervenido. Esta postura ignora que las fluctuaciones en la nidificación son muchas veces consecuencia del mismo impacto humano.
Un informe de expertos en aves, liderado por Ivo Tejeda, Ricardo Matus y Diego Luna Quevedo, alerta sobre los graves vacíos del EIA, señalando que las medidas de mitigación son insuficientes, experimentales e incluso absurdas. “El proyecto HNH está fuera de toda escala para el territorio, con impactos irreparables en los ecosistemas. Afectará directamente una zona de reproducción clave para el canquén colorado, y eso no es mitigable”, advierte Luna Quevedo. Además, la infraestructura prevista —como líneas eléctricas y turbinas eólicas— aumentará las colisiones y desplazará a las aves hacia hábitats cada vez más reducidos. Por otro lado, las turbinas pueden alterar las áreas de alimentación y reproducción. En consecuencia, unas pocas muertes podrían tener un impacto considerable en una población remanente ya reducida.
Frente a esto, Matus menciona que “especies como el canquén colorado y el chorlo de Magallanes dependen de las extensas estepas y humedales que estos proyectos amenazan. Estas áreas son esenciales para su invernada, migración y reproducción. Hay una falta de información científica para tomar decisiones adecuadas. Los estudios que presenta HNH Energy son insuficientes y no consideran adecuadamente la sensibilidad de estas zonas”.
Pero el sacrificio también se extiende al océano. Para producir hidrógeno verde, HNH planea construir plantas desaladoras que extraerán agua del estrecho de Magallanes. Según un estudio del Instituto para el Agua, el Medioambiente y la Salud de la ONU, las plantas de desalinización generan 1,5 litros de salmuera por cada litro de agua potable. Esta salmuera, rica en compuestos químicos como biocidas y detergentes, se vierte al mar, alterando la salinidad y dañando los ecosistemas marinos. Además, el proceso de absorción de agua captura organismos marinos, como algas, peces y moluscos en etapas tempranas de desarrollo.
La bióloga marina y doctora en ciencias antárticas y subantárticas, Catalina Velasco, destaca otro impacto subestimado: la destrucción de los bosques submarinos de macroalgas, conocidos en Chile como huiros. “Estos bosques no solo sirven como hábitat y zona de crianza para cientos de especies, sino que también oxigenan el océano, protegen las costas y generan parte del oxígeno que respiramos”, señala. Al igual que los arrecifes de coral, los bosques de macroalgas son ecosistemas críticos que podrían desaparecer frente al avance industrial.
Paso 3: esperar la venia del Estado
Otra parte de la receta para las zonas de sacrificios es la benevolencia por parte del Estado o, mejor dicho, de los gobiernos de turno para facilitar la construcción de estas plantas. En este contexto, el Gobierno de Gabriel Boric ha promovido reformas legales para agilizar el desarrollo de proyectos, medidas cuestionadas por expertos que alegan una vulneración de principios fundamentales de justicia ambiental. La secretaria ejecutiva del Panel Ciudadano H2 Magallanes, Gabriela Simonetti, señala que estos mecanismos no cumplen con los estándares básicos: «Los talleres y consultas públicas realizados hasta ahora no han considerado informar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a la industria ni la escala de los proyectos. Esto impide que las comunidades entiendan lo que va a suceder en sus territorios, violando mínimos estándares como los que establece el Acuerdo de Escazú».
La reforma al proyecto de Ley de Administración del Borde Costero y las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son claros ejemplos de esta tendencia preocupante: priorizar la celeridad y la inversión sobre la planificación territorial, la consulta ciudadana y la sostenibilidad. Simonetti también critica este enfoque fragmentado: «Hoy día no tenemos instrumentos que nos permitan evaluar qué implicará la instalación de la industria como un todo, sino que se hace proyecto a proyecto dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto fragmenta el análisis y oculta el impacto acumulativo real».
Estas decisiones contradicen acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, debilitando la protección de los territorios costeros en un contexto de creciente vulnerabilidad climática. Además, la falta de una visión integral pone en peligro ecosistemas únicos, como la estepa magallánica.
«Estamos hablando de un ecosistema que es único en Chile y Argentina. Además, el borde costero alberga especies que están en peligro de extinción, lo que hace que cualquier intervención aquí tenga un impacto significativo», advierte Simonetti.
Esta ausencia de planificación territorial se combina con el incentivo a las empresas para explotar grandes extensiones de terreno. En el caso de Magallanes, los terrenos privados y la facilidad de acceso al mar convierten a la región en un blanco ideal para proyectos de exportación.
Sin embargo, Simonetti subraya que esto no contribuye a resolver problemas locales: «Magallanes es una región que sigue siendo dependiente de combustibles fósiles. Si el hidrógeno verde realmente estuviera pensado para una transición energética local, estaríamos hablando de una escala completamente distinta».
En este contexto, el Estado no solo actúa como facilitador, sino también como un actor que prioriza el crecimiento económico sobre la justicia ambiental y los derechos de las comunidades.
Magallanes enfrenta un momento clave en su historia. El desarrollo de la industria del hidrógeno verde podría traer transformaciones significativas, pero las interrogantes sobre sus impactos sociales, ambientales y económicos persisten.
Sin una planificación territorial adecuada, consultas ciudadanas inclusivas y un enfoque basado en la justicia ambiental, la evidencia apunta a que los riesgos de replicar modelos extractivistas están latentes. Las voces desde el territorio subrayan la importancia de asegurar que cualquier avance tecnológico respete tanto a las comunidades locales como a los ecosistemas únicos de la región. El desafío ahora radica en garantizar que este desarrollo no solo genere energía para el mundo, sino que también se traduzca en beneficios reales para quienes habitan este extremo austral.
