El uso incorrecto de plaguicidas es una problemática cada vez más latente por sus afectaciones generadas en el ambiente y en la salud de las personas. Actualmente, diferentes instrumentos internacionales buscan regular la aplicación de estos y eliminar de forma gradual los más peligrosos.
En 2022, por ejemplo, 196 naciones adoptaron el Marco Global para la Biodiversidad Kunming-Montreal. Una herramienta que, a través de 23 metas, propone detener y revertir la pérdida de biodiversidad en la Tierra.
En su meta 7, el marco global señala que los países, al 2030, deben reducir el efecto negativo de la contaminación de todo origen y llegar a niveles que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y los ecosistemas. Para alcanzar esto, una de las medidas es disminuir a la mitad el riesgo general derivado de los plaguicidas y de las sustancias químicas sumamente peligrosas.
Además, las metas 10 y 11 señalan la necesidad de manejar de forma sostenible las prácticas en agricultura y de la salud de los suelos.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que se realiza del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cali, Colombia, los países deberán presentar sus estrategias nacionales de biodiversidad actualizadas para aplicar el Marco Global.
Pese a no ser un tema prioritario en la agenda, los plaguicidas son parte de la conversación y deberán estar incluidos en las estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción.
Incumplimiento en Costa Rica
En la meta 38 de su Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025 (ENB2) Costa Rica se planteó que, para el 2020, reflejaría “una tendencia a la reducción de consumo neto de agroquímicos en el país, a partir de la implementación de prácticas sostenibles”.
Previo a la COP16, el país realizó un alineamiento de esta herramienta con el Marco Kunming-Montreal y reconoció el incumplimiento del objetivo, el nulo reporte de avances y la deuda que existe en el tema del uso de plaguicidas.
Un informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2022 destacó que Costa Rica tiene un alto uso de plaguicidas en la agricultura, que ronda en promedio los 34.455 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (kg i.a./ha).
Ese documento ubicó la aplicación del país significativamente por encima del promedio de las naciones americanas miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que es de 2 kg ia/ ha, pero también superior al uso que se da en otros países del continente que mantienen condiciones agrícolas similares tales como Colombia, Guatemala y Ecuador.
En la evaluación de la ENB2 Costa Rica, respaldada en el estudio del PNUD, se asegura que el consumo de agroquímicos es uno de sus desafíos ambientales críticos que requieren atención urgente.
“Representa un riesgo para la salud humana y el ambiente y contradice la meta establecida en la ENB2 para disminuir su uso. Es imperativo implementar acciones para reducir la exposición a plaguicidas y mejorar su regulación, garantizando así la salud pública y la seguridad alimentaria”, señala.
La institución encargada de reportar avances sobre esta meta en específico es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin embargo, en el estado de avance aparece sin datos y “en progreso”.
Natalia Gamboa Alpizar, asesora del Programa Naturaleza, Clima y Energía de PNUD en Costa Rica, destaca que, en medio de la COP16, el país carece de información sobre el avance de este indicador.
Agrega que para un monitoreo efectivo de esta meta, es fundamental que el MAG desarrolle capacidades para la recopilación de datos y la generación de informes que permitan calcular el indicador.
“La responsabilidad del país radica en fomentar un uso controlado de agroquímicos, tendiendo a la reducción progresiva, y en desarrollar alternativas tecnológicas y prácticas sostenibles que minimicen su impacto en la salud humana y los ecosistemas, sin restar productividad”, dijo Gamboa Alpízar.
Un problema político y económico
El análisis de la Estrategia Nacional, que estuvo a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), señala la falta de voluntad política para cumplir cierto tipo de metas.
Según ese informe, las instituciones del país encuentran una preferencia por cumplir los objetivos que caen sobre sí mismas. En contraparte, aquellas metas que requieren la inclusión de otros actores, como otros ministerios o el sector privado, son consideradas más complejas y con mayor riesgo a que no se puedan alcanzar.
Esto disminuye el carácter aspiracional de la ENB2, debido a que “no fomenta ni incentiva el abordaje de temas relevantes y críticos para la conservación de la biodiversidad, como el uso excesivo de agroquímicos”, asegura el informe.
El documento afirma que el país carece de una posición clara en este tema que se ve afectado principalmente por la alta necesidad de la asistencia técnica de vendedores y la falta de regulación efectiva. Además, la presencia de plaguicidas altamente peligrosos y la ausencia de normativas actualizadas aumentan los riesgos para la salud y el ambiente.
Gamboa Alpízar respalda esto y afirma que la dependencia de agroquímicos en Costa Rica se debe también a factores como un modelo de producción agrícola intensiva basado en monocultivos en un ambiente tropical, el desconocimiento de alternativas sostenibles para el control de plagas y la producción, el fácil acceso a agroquímicos, así como las presiones económicas que llevan a los agricultores a utilizar lo que tengan a mano para proteger sus cultivos.
Según el PNUD, el país utiliza 20 de los 22 plaguicidas más peligrosos del mundo. Dentro de los cinco plaguicidas con más productos registrados en Costa Rica se encuentran tres que están prohibidos en la Unión Europea por su toxicidad. Estos son el Mancozeb, el Carbendazim y el Paraquat.
El año anterior el fitosanitario Clorotalonil, que era el más utilizado en el país, fue prohibido luego de una ardua lucha de colectivos ambientalistas que denunciaron la contaminación del agua de una comunidad rural del país. La experta del PNUD comenta: “Actualmente, existe una lista de 1.884 plaguicidas formulados en uso en el mercado nacional, muchos de los cuales tienen registros vencidos o no cuentan con una fecha de vencimiento, lo que les permite permanecer en el mercado sin una revisión adecuada”.
A lo interno del país, desde el MAG, principal encargado de regular los productos fitosanitarios, afirman que los resultados del PNUD son falsos debido a la metodología utilizada. Un estudio de esa cartera realizado en 2023 indica que en Costa Rica se utilizó aproximadamente 9.15 kg i.a./ha, cifra que igual supera en 7.25 kg i.a./ha a los países de América en la OCDE.
Estos datos son respaldados por cámaras privadas del sector agro que, a través de la Alianza para Sostenibilidad Agrícola (ASA), aseguraron para este reportaje que valoran “la importancia de este tipo de proyectos” en referencia a la actualización de la ENB2 “para fortalecer la imagen de Costa Rica en los mercados internacionales”, pero que consideran que debe estar incluido el MAG.
“Si se toman en cuenta datos que no son oficiales sobre el uso aparente de plaguicidas en el país, nunca veremos un avance en la reducción de uso de estos productos ya que erróneamente se acusa a Costa Rica de un consumo exagerado de un promedio de 35 kg por hectárea kg/ha”, compartieron.
Además, desde ASA indicaron que la medida más efectiva para proteger la biodiversidad sin perjudicar al sector agrícola es la capacitación continua de los agricultores, el acompañamiento de autoridades de gobierno y de empresas agropecuarias.
Para 2023, el alcance en extensión de los programas del MAG era de menos de 200 agentes para cerca de 238.000 productores aproximadamente. Es decir, en promedio cada agente debe atender a 1.415 productores.
Además, las autoridades no tienen la posibilidad de imponer sanciones a quienes hagan mal uso de los agroquímicos.
Sobre este tema Gamboa Alpízar mencionó que existe una dependencia significativa de las personas agricultoras respecto a la asistencia técnica proporcionada por las empresas comercializadoras de plaguicidas.
Por su parte, Fernando Ramírez Muñoz, investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), reforzó que la extensión agrícola está en manos de privados, quienes, en su opinión, generalmente buscan vender los productos químicos de las compañías que representan. Él indica que existe “una presión de las grandes productoras y comercializadoras de plaguicidas por vender sus productos en una agricultura industrial, especialmente en frutas para exportación como banano y piña, y en hortalizas como la papa, tomate y el chile”.
Otro problema que mencionó es la falta de conexión entre las investigaciones de universidades y centros especializados y el agricultor, por falta de recursos.
Karla Mena Soto, directora de Extensión Agropecuaria del MAG, comentó que recientemente crearon en ese ministerio una Unidad de Producción Sostenible y con ello la presencia de indicadores y actividades específicas orientadas a una agricultura de impacto ambiental más sostenible.
Agregó que actualmente operan proyectos de la cooperación internacional por más de 15 millones de dólares para ejecutar hasta el 2028 y que contribuyen a la transformación del sector agropecuario. Entre las líneas de ejecución incluyen mitigación, adaptación al cambio climático, bioinsumos y protección de los polinizadores.
Un caso de esto es el programa Adapta2+ que es financiado por el Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas y que pretende mejorar las condiciones técnico-productivas de 483 familias agroproductoras con acciones de adaptación al cambio climático como riego, forraje, utilización de purines y biodigestores como biofertilizantes.
¿Cómo afectan los plaguicidas a la biodiversidad y a la salud humana?
Costa Rica es un país que se caracteriza por su exportación de frutos y verduras. Esto queda demostrado en el estudio del PNUD que señala que del 2000 al 2020, el 80 % del área agrícola fue utilizada por siete cultivos: palma aceitera, banano, piña, café, caña de azúcar, arroz y naranja (cítricos), con un total aproximado de 375 mil ha.
Estos cultivos representaron una cobertura de área superior a las 20 mil hectáreas anuales y son de exportación (o gran parte de la producción se exporta), exceptuando el arroz que es para consumo nacional.
El banano y la piña son los cultivos que registran el mayor uso de plaguicidas, en términos absolutos, según el mencionado estudio.
En el caso de la piña, por ejemplo, Costa Rica es la principal exportadora de esta fruta en el mundo, con 2,03 millones de toneladas según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2023. Su producción suele estar bajo la mira por vincularse con problemas como la explotación laboral migrante y la invasión de plantaciones en áreas silvestres protegidas, entre otros.
En el año 2018 la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer la contaminación con plaguicidas agrícolas de aguas superficiales y subterráneas en regiones del norte del país en las que se produce piña.
Este año estudios del PNUD en la cuenca del Sixaola, que conecta a Panamá y Costa Rica, hallaron plaguicidas que ponen en riesgo organismos como especies acuáticas del Refugio Nacional de Vida Silvestres Gandoca-Manzanillo.
En la salud humana, un estudio de 2023 elaborado por la UNA en conjunto de la Universidad de Lund de Suecia y de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, encontró rastros del plaguicida clorotalonil en muestras de suero de mujeres embarazadas de una zona en el caribe del país productora de banano.
Ramírez Muñoz explicó que hay muchas formas en que los plaguicidas afectan la biodiversidad, pero que dependerá de las características de toxicidad de cada uno y de características físico químicas que los hacen llegar a los diferentes compartimentos ambientales como suelo, agua o aire.
Ejemplifica con el herbicida glifosato que es ampliamente utilizado en el país. Este afecta la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para la formación de proteínas funcionales y estructurales, de sustancias de defensa y otras, en organismos como plantas, algas, bacterias y hongos.
“De esta manera las poblaciones microbiológicas presentes en el suelo, que cumplen un papel importantísimo en la fertilidad y nutrición de las plantas, entre otros, se ven muy disminuidas, afectando el frágil equilibrio natural y haciéndolos más dependientes de las aplicaciones de agroquímicos”, detalla.
Sobre los insecticidas, mencionó que muchos son una amenaza latente para los polinizadores, ya que “son sustancias sintetizadas para matar insectos, tienen un efecto letal sobre la biodiversidad de organismos como abejas y miles de especies de insectos que son parte del equilibrio natural”.
Gamboa Alpízar destaca que el país enfrenta el reto de transformar su sistema agrícola hacia uno más sostenible, integrando la salud ambiental y humana en sus prácticas. Uno que logre la regulación del uso de plaguicidas altamente peligrosos.
Entre las medidas propuestas, destaca la eliminación de beneficios fiscales para plaguicidas peligrosos, sanciones para el uso indebido de químicos, y un periodo de transición de tres años para eliminar gradualmente los plaguicidas prohibidos. También se sugiere fomentar el manejo integrado de plagas y la protección de la biodiversidad en las fincas.
Ramírez Muñoz agrega que el país debe cambiar su paradigma de producción agrícola, de una agricultura intensiva en el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, que además hay que importarlos, hacia la agroecología como una forma sustentable de producción agrícola que mantiene los equilibrios naturales en los sistemas de producción, reduce los problemas de contaminación de recursos importantes y de las intoxicaciones que causan estas sustancias en humanos y otros organismos.
