“La adaptación es urgente, la mitigación no es suficiente, el cambio climático ya golpea fuertemente la Amazonía”, decía Fanny Kuiru, lideresa indígena y presidenta de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), durante su paso por la 29 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29), en Bakú, Azerbaiyán.
Kuiru pedía fortalecer el apoyo a la adaptación, un tema que afecta sobre todo a las regiones más vulnerables, como la selva amazónica, pero que sigue ocupando un papel secundario en las negociaciones. En esta ocasión, tuvo algunos avances de cara a la COP30 de Brasil, donde se supone que tendrá un rol protagónico.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, presentados durante la conferencia en Bakú, alrededor de 3,6 billones de personas viven en áreas que son susceptibles a los impactos del cambio climático. En estos lugares, fortalecer la resiliencia y sus capacidades de adaptarse a los eventos extremos son una necesidad cada vez más evidente.
Además, estas regiones no suelen ser las grandes contaminantes. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explica que América Latina, por ejemplo, aportó con un 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2022, pero ha sufrido una de las peores sequías en su historia. Países de la región como Ecuador, contribuye con un 0,15% de las emisiones a escala global, pero, por otro lado, el PNUD indica que ocupa el puesto 63 de 187 en términos de vulnerabilidad climática, lo que lo hace altamente sensible a los impactos de un mundo que cada vez aumenta de temperatura.
Los países en desarrollo están conscientes de esta problemática y eso se evidenció en sus exigencias durante la COP29 en torno al financiamiento y apoyo para fortalecer sus capacidades adaptativas. Aunque el debate y las negociaciones sobre el nuevo objetivo de financiamiento (conocido como NCQG por sus siglas en inglés) se llevaron casi toda la atención, se avanzó en temas como la Metao Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés).
Durante las dos semanas, los delegados trabajaron en definir el alcance y número de indicadores que se tomarán en cuenta para el GGA y, finalmente, se obtuvo un texto con las principales conclusiones con el que se continuará el trabajo en Brasil.
El reconocimiento a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y el impulso para que los países incluyan a la adaptación en sus compromisos climáticos y presenten sus planes nacionales hasta el 2025 son considerados por los especialistas como los mayores avances en esta COP, mientras que el financiamiento para estas acciones sigue siendo el tema que causa preocupación.
Avanzan los indicadores para la adaptación
El texto final relacionado al GGA llegó el último día de la COP29. Para Caio Victor Vieira, especialista del instituto Tanaloa y miembro del Climate Action Network Latin America (CANLA), este documento es prometedor y es el que tuvo mayores logros, si se compara con lo que ocurrió en lo relacionado a transición justa y mitigación, que percibieron varios problemas y pocos avances. Además, en la decisión final se incluyeron algunos consensos que defendieron los países en vías de desarrollo, la sociedad civil y los expertos en adaptación.
Para el especialista, que siguió de cerca todo lo relacionado con este tema en Bakú, uno de los puntos más importantes fue el progreso en torno a los indicadores que servirán para medir los esfuerzos de adaptación en cada país.
La idea de crear estos indicadores surgió el año pasado ante la necesidad de tener elementos para evaluar el impacto de la adaptación. Un problema histórico con este tema ha sido que, a diferencia de la mitigación, donde es más sencillo evaluar la eficacia de las acciones para luchar contra el avance del cambio climático, no se podía determinar con certeza el impacto de estos esfuerzos. Por eso, en la COP28 de Dubái, se aprobó la creación de un marco para el objetivo global de adaptación. Como parte de este esfuerzo, en la COP29 se debía determinar el abordaje de estos indicadores.
En el texto final se menciona que estos deberán ser ‘overarching’, o universales, lo que significa que deberán cubrir el mayor número de problemas comunes a la adaptación, pero también se tomará en cuenta los contextos nacionales. Para realizar sus reportes en el futuro, los países podrán elegir los que más hacen sentido a sus realidades locales.
Otro avance fue definir el número máximo de indicadores. “Llegamos a Bakú con una lista gigante, de algo como 9.000, y eso se fue limpiando con el avance de las negociaciones. Ahora tenemos un número máximo de 100 indicadores, que disminuye la dificultad de los países menos desarrollados en hacer los reportes del avance”, dice Vieira. Para esta cifra se consideró que, si hay una lista muy larga, las naciones en vías de desarrollo no podrán realizar sus informes con calidad, lo que dificultaría evaluar su implementación.
Vieira aclara que 100 es el número máximo de indicadores que se pueden medir, pero los especialistas en Brasil decidirán la lista definitiva dentro de este límite. En el texto también se reconoce la importancia del equilibrio de género y la diversidad geográfica entre los miembros del grupo de expertos que definirán estos aspectos y se enfatiza la inclusión de los pueblos indígenas.
Para Kuiru, esto es un avance importante, ya que las comunidades locales han sido las que han estado adaptándose al cambio climático con base en sus conocimientos tradicionales. Además, este es un paso para la lucha de obtener recursos directos hacia los territorios.
Una adaptación transformativa
Uno de los conceptos que se introduce en el texto del GGA es el de adaptación transformativa. Vieira explica que se refiere a una transformación de todo el ecosistema y de los asentamientos humanos para estar “listos” para el cambio climático. La idea es que no solo se tomen en cuenta las acciones para incrementar la adaptación, que han sido las más comunes hasta el momento, sino también la implementación de medidas más completas e integrales.
Lo que se acostumbra es que, por ejemplo, ante una sequía se recurra a acciones para asegurar el agua, pero si después llega un huracán, se deberán incrementar las medidas para adaptarse también a estos impactos.
Por otro lado, el teletrabajo sería considerado como una acción transformativa, ya que funciona ante distintos eventos climáticos extremos. Los sistemas de alerta temprana también son otra muestra de este concepto. Es decir, se trata de no limitarse a pequeñas acciones ante un evento puntual.
Simon Stiell, secretario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también se refirió a este concepto durante un evento de Alto Nivel en la COP29. “Hablemos sobre el poder transformacional de la adaptación”, dijo, y respaldó su discurso con datos del IPCC que revelan que la mitad de la población mundial vive en zonas vulnerables, donde es 15 veces más probable que las personas mueran por los impactos del clima que en otras zonas.
Sin embargo, la inclusión del concepto de adaptación transformacional fue uno de los puntos álgidos de las discusiones, ya que algunos países, como los que pertenecen al grupo árabe y africano, no estaban a favor de que se lo incluya por la ambigüedad del concepto. Además, querían que la discusión se concentre en el financiamiento o medios de implementación de los indicadores. En el documento se establece que se continuará discutiendo sobre el tema en la sesión 62 del cuerpo subsidiario en Bonn, Alemania.
Vieira dice que el concepto es importante para que las sociedades más vulnerables puedan transformar completamente la vida en una ciudad desde ahora y no esperar a tener un estrés climático para hacerlo. El problema es que todavía es muy amplio y será una tarea de los expertos en las siguientes sesiones delimitar su enfoque y significado.
Falta de medios de implementación
Otro punto que causó discusiones entre los países desarrollados, especialmente la Unión Europea, y los que están en vías de desarrollo fue la inclusión de los “medios de implementación” en el texto final del objetivo de adaptación. El mundo en desarrollo quería que se incluya este término para asegurar el financiamiento para cumplir con el objetivo de adaptación.
Finalmente, se incluyó la mención a ‘enabling factors for implementation’ o facilitadores de implementación, lo cual no necesariamente se refiere a la movilización de recursos financieros para estos temas.
Viera explica que se consideran como medios de implementación aspectos como el desarrollo de capacidades, el financiamiento climático, la transferencia de tecnología y la cooperación internacional, “pero cuando hablamos de facilitadores de implementación es una innovación lingüística que no necesariamente está incluida en el espíritu del Acuerdo de París”.
Por ejemplo, una de las cuestiones que se puede considerar como “facilitadores de la implementación” es tener un liderazgo focal que luche por la implementación de los indicadores en los países en desarrollo, lo que no necesariamente garantiza que llegue el financiamiento climático para la adaptación.
A esto se suma la preocupación de que en el nuevo objetivo de financiamiento (NCQG) no se incluyó una submeta de adaptación, que fue el pedido de los países en desarrollo y la sociedad civil.
Natalie Unterstell, presidenta de Instituto Talanoa de Brasil, considera que esto refleja una falta de prioridad hacia las necesidades de los países más vulnerables y “perpetúa el desequilibrio entre mitigación y adaptación, dejando a millones de personas expuestas a los impactos del cambio climático sin los recursos necesarios para responder”.
Además, señala que esto tiene una conexión directa con el GGA u objetivo de adaptación porque limitará los recursos financieros necesarios para cumplir con las metas. En el nuevo objetivo de financiamiento hay una mención a cumplir con el GGA, pero solo es un llamado a la acción.
Por otro lado, en el texto final del objetivo de financiamiento se establece que se van a triplicar los fondos climáticos al 2030 con respecto a los flujos que se dieron en 2022. Sandra Guzmán, directora de GFLAC, explica que esto incluye al fondo de adaptación, el cual deberá recibir tres veces más financiamiento que el actual. “Aquí es donde se peleó para que al menos se crearan más flujos para esta parte de provisión”, dice. Ahora, el reto es lograr que se cumpla.
Planes nacionales de adaptación y compromisos climáticos
Brasil fue uno de los tres países que presentó sus nuevos compromisos climáticos, conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés), durante la COP29. Un aspecto que resalta, es que incluyó por primera vez a la adaptación, lo cual no es común en estos compromisos y es lo que se pide que otras naciones repliquen.
Unterstell explica que este es un paso importante, ya que incluso dedica una sección específica a este tema, señalando su prioridad. Sin embargo, según un análisis de la iniciativa Política por Inteiro, “no establece metas claras ni objetivos viables, como exigir que las inversiones en infraestructura incorporen la gestión del riesgo climático y las medidas de resiliencia”. Unterstell dice que los objetivos y compromisos aún deben determinarse a través de políticas internas.
Por otro lado, Ecuador también tiene el componente de adaptación en sus compromisos climáticos o NDC. En respuesta a Climate Tracker, el PNUD dijo que la inclusión de estas medidas refleja el reconocimiento de la alta vulnerabilidad del país al cambio climático y su compromiso por abordarlo no solo desde la mitigación de emisiones, sino también fortaleciendo la resiliencia de sus ecosistemas y comunidades.
Ángel Sandoval, subsecretario de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), explica que en la NDC de Ecuador se utilizan tres niveles para incorporar la adaptación: percepciones de las personas, datos estadísticos y proyecciones climáticas. Así, se puede establecer las zonas más vulnerables. Este año, cuenta Sandoval, se trabajó en un proyecto de adaptación en los manglares por el que el país recibió USD 36 millones no reembolsables.
Por otro lado, Ecuador también es uno de los países que ya cuenta con un Plan Nacional de Adaptación (PNA). El PNUD explica que este es un instrumento estratégico que aborda los impactos del cambio climático en los sectores más vulnerables del país, como agricultura, agua, salud, infraestructura y biodiversidad.
“Este enfoque garantiza que Ecuador contribuya a la agenda climática global mientras protege sus ecosistemas y comunidades vulnerables”, dice el organismo.
Stiell también resaltó la importancia de estos planes e hizo un llamado para que se brinde asistencia técnica y financiamiento para estas acciones. “Todos los países pueden y deben entregar sus Planes Nacionales de Adaptación hasta el 2025”, recordó durante la COP29. Hasta el momento, 60 países ya tienen sus planes. De estos, ocho son de América Latina.
Durante esta COP29 también se lanzó el Baku Adaptation Road Map, que busca fortalecer las discusiones en torno al objetivo global de adaptación al 2025. Con estos avances, la COP30 de Belém será crucial. Unterstell considera que el mayor desafío será colocar a la adaptación en el centro de las negociaciones, con objetivos claros y recursos suficientes.
“Brasil deberá liderar esfuerzos para definir sub-metas específicas para adaptación, garantizar que el financiamiento climático sea accesible y justo, y evitar que los países más vulnerables se endeuden aún más”, declaró.
