Escrito por Francisco Parra, Marcela Martins y Esteban Tavera.
La que sería la “COP de la verdad” y “COP de la Adaptación”, cerró con durísimos cuestionamientos en materia de fósiles y de adaptación.
Y es que, pese a los intentos y presiones del presidente Lula da Silva para que la COP30 adoptara una “hoja de ruta” para salir de los combustibles fósiles –como fue acordado en la COP28 hace dos años-, la cita en Belém do Pará terminó sin mención alguna a los principales responsables de la crisis climática en sus documentos oficiales.
Vale recordar que las decisiones en la COP son por unanimidad entre los 195 países participantes, por eso la mención a los fósiles suele ser difícil. Lo que hizo Brasil, como país sede y presidencia de la COP30, fue presentar dos iniciativas como parte de la decisión final llamada “Mutirão Global”: un “acelerador de implementación global” y “Misión de Belém hacia los 1.5°C”, dos iniciativas voluntarias y facilitadoras que se realizarán a lo largo del año para promover una respuesta colectiva a la brecha de emisiones existente, pero sin ningún procedimiento legal y vinculante.
La discusión del Mutirão no fue fácil. La discusión comenzó el día inaugural como una forma que tuvo Brasil para abordar cuatro temas “fuera de agenda” que amenazaban la COP:
- Financiamiento: específicamente el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que establece que los países desarrollados deben proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo para que estos puedan realizar sus acciones de mitigación y adaptación. Los países del Sur Global, inconformes con los resultados de la meta de financiamiento climático del año pasado, demandaban mayores aportes del Norte Global.
- Medidas unilaterales de comercio: una preocupación permanente de los países en desarrollo que critican el Carbon Border Adjustment de la Unión Europea, ya que al crear tasas de cobro los perjudica económicamente. El debate es sobre si la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) debería crear una forma de abordar el tema.
- Brecha de ambición: se trata de la urgencia de la implementación. El Reporte de Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) muestra que las metas actuales no son suficientes para el objetivo de temperatura de 1.5°C.
- Transparencia: se trata de que los países deben informar de manera clara, completa y comparable sobre sus emisiones, sus acciones y el apoyo recibido/brindado a través de los Informes Bienales de Transparencia (BTR).
La discusión fue derivando en temas concretos que se podrían acordar en Belém, pero candentes por los múltiples intereses que supone una cita donde 195 países deben ponerse de acuerdo: la inclusión de un hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles, terminar con la deforestación y la negociación de una meta para la triplicación de financiamiento de adaptación, entre otros.
Más de 80 países se manifestaron a favor de que la “hoja de ruta” fuese el mayor resultado de la COP30 durante las negociaciones, mientras que Colombia y Países Bajos anunciaron la primera cumbre para abordar la salida de los combustibles fósiles, a realizarse en Santa Marta en abril del próximo año.
Los países latinoamericanos y europeos fueron quienes más insistieron en una salida de los fósiles, pero —salvo excepciones como México y Australia— ninguno de los grandes productores de petróleo, gas o carbón se sumó a la lista, lo que con el pasar de los días debilitó la posibilidad de un resultado en esa línea.
Ante la negativa, André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, anunció en el plenario de cierre que la cumbre en Santa Marta sería un insumo fundamental para el trabajo de las dos iniciativas voluntarias anunciadas.
Pese a eso, Colombia no quiso soltar su agenda contra los fósiles, llegando a amenazar la unanimidad y con ello los resultados de la COP30. En plena plenaria de cierre, la negociadora Daniela Durán levantó la mano para objetar la decisión tomada en torno al “Programa de Trabajo de Mitigación”, bajo el argumento de que no se le negó la palabra antes de que se procesara la decisión. Si bien fue la única que objetó —lo que en el mundo Naciones Unidas significa no dar unanimidad—, las palabras de Uruguay, Panamá y la Unión Europea también fueron críticas a la forma de proceder de Brasil.
“Si la COP30 no permite discutir las vías para una transición justa, ordenada y equitativa fuera de los combustibles fósiles, entonces, este proceso pierde su integridad. No hay mitigación posible si se censura nombrar la causa del 75% de las emisiones globales, y un consenso impuesto sobre el negacionismo no es un acuerdo, es una derrota para la verdad, para la justicia y para las comunidades que nos exigen actuar con transparencia y coherencia”, afirmó Daniela Durán.
Tras la suspensión del plenario para analizar la situación, el presidente de la COP30 afirmó que, como se había “bajado el martillo” antes de que se manifestara la objeción, no se podía volver atrás ya que el resultado ya era legal y vinculante.
Sobre la meta de deforestación, la decisión Mutirão apenas incluyó una mención en el preámbulo la importancia de reducir la deforestación, sin meta ni medida concreta.
Adaptación: indicadores cuestionados y nueva meta para triplicar financiamiento
En la decisión final sobre la Meta Global de Adaptación, los países acordaron concluir y adoptar el Programa de Trabajo Emiratos Árabes Unidos–Belém, tras dos semanas con poco consenso y bajo el riesgo de que uno de los principales hitos de Belém quedara sin aprobar.
La meta tiene que ver con medir el progreso global capacidades, vulnerabilidad y resiliencia de los países ante el cambio climático. Para hacerlo, los países venían trabajando desde hace dos años en un universo de indicadores comparables y rastreables, distribuidos en dos categorías: dominios de resultado (salud, agua, alimentos, servicios, ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, medios de vida y patrimonio e identidad) y dominios habilitantes (gobernanza, planificación, financiamiento, conocimiento y sistemas de alerta temprana).
Después de mucho trabajo técnico, los países llegaron a Belém con 100 indicadores sobre la mesa. Sin embargo, apenas empezadas las negociaciones, el grupo africano salió con una fuerte presión para aplazar la decisión hasta la COP32, que se celebrará en Etiopía. El argumento presentado fue que los indicadores interfieren en políticas locales y que no había financiamiento disponible. La insistencia del grupo africano mantuvo las negociaciones estancadas durante varios días, y lo que podría haber sido la “COP de la Adaptación”, como planteó la propia Presidencia antes del inicio de los trabajos en Belém, terminó perdiendo fuerza y cediendo espacio a temas no mandatados, como los que surgieron en el Mutirão.
“Nos dimos dos años de trabajo, los equipos técnicos avanzaron, la lista puede no ser perfecta pero existe. Es importante contar con esa lista para empezar a implementarla. Desde Latinoamérica decimos claramente que queremos que esta COP termine con un set de indicadores que nos permita evaluar cómo estamos avanzando en adaptación”, dijo a mediados de semana la Ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas. La Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), que agrupa a países como Colombia, Chile, Perú, Panamá, Guatemala y Honduras, en conjunto al grupo SUR, formado por Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay, insistieron toda la semana en la postura de cerrar el listado de indicadores y permitir que el trabajo técnico sobre ellos continúe después de la COP, pero no aplazar la decisión.
Los indicadores se aprobaron en Belém, pero no sin inconvenientes. La lista se redujo a 59 y durante la plenaria de cierre tanto AILAC como SUR criticaron fuertemente el manejo de la presidencia brasileña en el tema. Y es que el documento aprobado enfatiza que los indicadores son “voluntarios, no prescriptivos, no punitivos” y que “no deben servir como base de comparación entre Partes, no deben constituir una barrera ni utilizarse bajo ninguna circunstancia como condición para que los países en desarrollo accedan a financiamiento”.
Además, establece que los indicadores no crean nuevas obligaciones financieras ni compromisos, ni responsabilidades o compensaciones. Asimismo, destaca que los Indicadores de Adaptación de Belém servirán como insumo, incluso mediante los reportes de las Partes, para el balance global. El texto subraya que “ningún enfoque único de adaptación debe ser presentado como estándar, superior o universalmente aplicable”, reconociendo que existen enfoques diversos, liderados a nivel nacional y específicos a cada contexto.
Aunque quedó aprobado, el problema con los indicadores no quedó resuelto y así lo hicieron saber distintos representantes latinoamericanos en la plenaria de cierre.
“Panamá quería apoyar a la presidencia, sé que han hecho muchos esfuerzos, pero no podemos reemplazar el procedimiento en estas instancias. No podemos apoyar una Meta Global de Adaptación que nos lleve hacia atrás, los indicadores no son los negociados, no hay metodologías, eliminaron dos años de metodologías y trabajo técnico”, dijo la representante panameña.
Desde Uruguay, criticaron que el borrador del texto se conoció a las 3 de la mañana y no hubo tiempo suficiente para revisarlo en profundidad. Lo mismo desde la Unión Europea, que aseguró que no son claros y no están alineados con el Acuerdo de París. La decisión establece dos años de trabajo técnico para mejorar los metadatos y las metodologías, que finalizarían en la COP32 en Etiopía.
Los borradores iniciales intentaban incluir un vínculo causal y cuantificado dentro de la decisión del GGA, bajo el argumento de que una adaptación adecuada “no puede lograrse sin un aumento transformacional” de financiamiento climático. Por eso, junto a los indicadores se hizo presente la necesidad de, por lo menos, triplicar el financiamiento climático dedicado a la adaptación.
Se trata de uno de los pocos compromisos que apareció en el Mutirão: se solicitan esfuerzos a los países desarrollados para al menos triplicar el financiamiento para adaptación de aquí a 2035.
¿El problema? El compromiso vigente, de duplicar el financiamiento para 2025 con respecto a 2019, está muy lejos de cumplirse. El Adaptation Gap Report de este año da cuenta de una brecha masiva de financiamiento en el tema: las necesidades de adaptación de países en desarrollo para 2035 se estiman en US$310–365 mil millones al año, mientras los flujos públicos internacionales cayeron de US$28 mil millones (2022) a US$26 mil millones (2023).
El documento dice que, con las tendencias actuales, no se cumplirá la meta de Glasgow de duplicar el financiamiento de 2019 hasta US$40 mil millones en 2025. Y un problema con el financiamiento para la adaptación es que no suelen haber registros efectivos de cuánto se aporta hasta uno o dos años después. Es decir, la meta a 2035 se construye sobre una cifra que hoy se desconoce.
Un histórico mecanismo para la transición justa
La omisión de la mención a los combustibles fósiles en la decisión final de la COP30 impactó directamente en el resultado de la negociación en el Grupo de Trabajo sobre Transiciones Justas. Y, aunque el gran grupo del mundo en desarrollo, organizado en el G77 + China, logró incorporar un mecanismo que conserva varios de los elementos del llamado “Belem Action Mechanism”, que venían reclamando para que este tema siga siendo parte de negociaciones futuras, sin la mención de dejar atrás los fósiles, este nuevo arreglo institucional queda sin mucho fondo.
De acuerdo con el texto final, el objetivo del mecanismo aprobado será “mejorar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el fomento de la capacidad y el intercambio de conocimientos, y permitir transiciones justas, equitativas e inclusivas”.
La discusión sobre la transición justa entró a las COP con la decisión de Dubái en 2023 de crear un grupo de trabajo sobre este tema. La intención original era que este grupo funcionara hasta 2026 y por eso en esta COP, el grupo de países del Sur Global apostó por un arreglo institucional que permitiera crear un mecanismo que mantuviera viva esta negociación.
Después de dos semanas de idas y vueltas entre la propuesta del G77 y otra de solo crear un plan de acción, se impuso el mecanismo. “Ahora comienza la verdadera prueba: lograr que su implementación esté a la altura de la ambición que exigimos. Y aún en este momento de avance, es profundamente desalentador que las Partes no hayan acordado ninguna referencia a dejar atrás los combustibles fósiles, un silencio que pesa sobre un paso que, de otro modo, sería histórico”, afirmó Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia de Climate Action Network América Latina, una de las organizaciones que lideró la propuesta de creación del mecanismo.
Ahora lo que queda es que los órganos subsidiarios de la CMNUCC preparen una decisión final sobre el mecanismo y la presenten en noviembre de 2026. Sin embargo, la decisión final adoptada incorpora un párrafo que llamó la atención de la sociedad civil, que tanto pujó por el mecanismo.
Se trata del párrafo 29, que advierte que se toma nota de las “implicaciones presupuestarias” que implica la decisión sobre el mecanismo. “Nos preocupa que en general el acuerdo no sea lo suficientemente ambicioso pero también que no haya claridad sobre cómo se va a hacer la transición. Para nosotros es fundamental que se reconozca que son los países desarrollados los llamados a financiar el proceso, que deben emprender los países en desarrollo y este acuerdo no deja ninguna claridad sobre esto”, señaló Carolina Sanchez Naranjo, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles.
