El cambio climático deja cicatrices tangibles, como viviendas destruidas y cultivos arrasados, pero también afectaciones que van más allá de lo visible, como memorias, identidades y vínculos comunitarios que se pierden para siempre. A eso se le llama pérdidas y daños, una de las dimensiones más profundas y menos atendidas de la crisis climática.
En Costa Rica, así como en toda Latinoamérica, comunidades enfrentan cotidianamente estos impactos, que no solo afectan la infraestructura o la economía local, sino también el tejido social y cultural.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, los países acordaron establecer nuevos mecanismos de financiación para ayudar a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. En las dos conferencias siguientes, los países alcanzaron un acuerdo histórico sobre la puesta en marcha del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños (FRLD).
¿Qué pasa en la COP30?
Durante la COP30, que se celebra este noviembre en Belém, Brasil, se abrió formalmente la primera convocatoria para presentar solicitudes de financiamiento al FRLD.
El fondo llega al evento en medio de expectativas y cuestionamientos sobre su alcance real, sostenibilidad financiera y accesibilidad para los países más vulnerables.
La junta del fondo, reunida en octubre en Manila, Filipinas, aprobó los elementos centrales que regirán su fase inicial, conocida como las Modalidades de Implementación de Barbados (BIM). Estas definen los tipos de proyectos que podrán recibir apoyo, los pasos para aplicar y los canales de acceso al financiamiento.
Según el documento oficial presentado este 10 de noviembre ante la COP30, los países podrán acceder al fondo a través de tres vías: acceso directo por medio de sus gobiernos nacionales; acceso directo en alianza con entidades que cumplan estándares equivalentes a bancos multilaterales y acceso mediante entidades ya acreditadas ante otros fondos climáticos, como el Fondo Verde o el Fondo de Adaptación.
El proceso de solicitud contempla 11 pasos, desde el diseño del proyecto hasta su cierre. La convocatoria se mantendrá abierta durante seis meses, y la junta revisará su funcionamiento en una nueva reunión programada para 2026.
Para Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, el diseño del fondo no responde a las necesidades reales de las comunidades más vulnerables, ni está orientado por un enfoque de derechos humanos.
Una de las principales críticas apunta a cómo se asignarán los recursos. Martínez cuestiona que el fondo recurra a las mismas entidades acreditadas de otros mecanismos, como el Fondo Verde para el Clima o el Fondo de Adaptación, sin haber priorizado la creación de una vía directa para comunidades, que ya estaba prevista en la estructura del fondo.
“Lo que prometía ser una innovación termina replicando modelos anteriores, lo cual limita el impacto transformador del fondo en territorios donde más se necesita”, señaló.
Fondos prometidos y acceso limitado
El fondo aún enfrenta serias limitaciones financieras. Hasta el 23 de septiembre de 2025, los países donantes habían prometido US$790 millones, pero solo US$397 millones se habían transferido efectivamente. Los principales donantes han sido Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia y Alemania, con aportes cercanos o superiores a los 100 millones de dólares.
La Junta confirmó que el proceso formal para la primera reposición del fondo comenzará en 2027.
En paralelo, el secretariado del fondo deberá desarrollar plantillas, guías, metodologías de evaluación y asistencia técnica para ayudar a los países a aplicar. También deberá realizar webinarios y capacitaciones, con prioridad para los países que aún no han designado puntos focales nacionales.
Por ahora, el acceso directo por parte de gobiernos aún se encuentra “en desarrollo” y no estará plenamente disponible hasta que se apruebe un marco específico de gestión de riesgos.
En 2026, se espera establecer un sistema de apoyo a países que integre estos mecanismos de forma coherente.
En el último borrador publicado del Informe del Fondo para responder a Pérdidas y Daños y orientaciones para el Fondo para responder a Pérdidas y Daños, las Partes instan a la Junta a garantizar que las modalidades y los procesos desarrollados eviten obstáculos burocráticos desproporcionados al acceso a los recursos, al tiempo que mantienen altos estándares fiduciarios, salvaguardas ambientales y sociales, normas de transparencia financiera y mecanismos de rendición de cuentas.
Martinez explica que el diseño actual del fondo reserva un porcentaje específico de los recursos para países isleños y menos adelantados (LDCs). Para el resto de las regiones, se busca evitar una concentración geográfica en la distribución de fondos.
Esto implica que países de renta media o alta, pero con alta vulnerabilidad como muchos en América Latina, enfrentan una competencia muy elevada para acceder a montos relativamente bajos, entre 5 y 20 millones de dólares por proyecto.
Según Martínez, esto convierte al fondo en una respuesta insuficiente frente a la escala real de la crisis climática, al no representar una solución estructural acorde con el rol que debería cumplir un régimen multilateral climático, capaz de movilizar billones para atender una de las crisis más graves del planeta.
Además, subraya que el fondo no reconoce la deuda climática, ni se fundamenta en principios como la responsabilidad común pero diferenciada.
“Es un fondo voluntario, sin mecanismos que garanticen la reparación del daño climático ni el cumplimiento de obligaciones legales por parte de los países más emisores”, sostuvo.
Martínez advirtió que la priorización de los gobiernos nacionales y bancos multilaterales por encima de las comunidades locales genera una suerte de “gatekeeping” (un control de acceso) a la justicia climática, y que la ausencia de una estructura basada en derechos humanos evidencia una falta de voluntad política para que el fondo cumpla su mandato con seriedad.
Adriana Bonilla Vargas, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, detalló que el país no califica en las categorías que facilitan el acceso a financiamiento, lo que vuelve complejo el acceso.
La funcionaria advirtió sobre los riesgos que enfrenta el istmo centroamericano ante el aumento del nivel del mar. “No se trata solo de Costa Rica. Somos países pequeños con dos costas y más de 1.200 kilómetros de litoral. Esto afecta a comunidades costeras, medios de vida, humedales, manglares y actividades económicas clave como el turismo”, explicó.
No obstante, considera que el historial ambiental y el buen manejo de recursos para la atención de desastres es un buen precedente para poder buscar dinero del fondo. En cuanto a la inversión nacional, la directora señaló que el país ha asumido más de 1.000 millones de dólares en empréstitos —incluyendo el programa Pro-ERI del BCIE y fondos del Banco Mundial— para enfrentar los impactos climáticos.
“Estamos asumiendo estas deudas como una responsabilidad del país. Si debemos priorizar, lo haremos cerrando la brecha de adaptación”, agregó.
Criterios para acceder al fondo
Las BIM establecen los criterios que deben cumplir los proyectos para recibir financiamiento destinado a atender pérdidas y daños causados por el cambio climático.
El primero es el enfoque de abajo hacia arriba, liderado por los países, que exige que las solicitudes de financiamiento y la implementación de los proyectos sean diseñadas y dirigidas por los propios países, respondiendo a sus prioridades y realidades y considerando las necesidades de las comunidades más vulnerables. También requiere la participación directa de actores nacionales, subnacionales y locales para garantizar procesos realmente participativos, con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para enfrentar pérdidas y daños a largo plazo de manera coherente con sus prioridades.
El segundo criterio se basa en resultados esperados y efectos medibles, evaluando que las actividades propuestas generen resultados claros, medibles y positivos. Esto incluye beneficios para comunidades vulnerables, aportes a la resiliencia ambiental, social y económica y la incorporación de un enfoque de género. Los proyectos deben permitir probar herramientas o enfoques innovadores y demostrar capacidad de ejecución rápida y efectiva, logrando resultados concretos en el corto plazo.
El tercer criterio, complementariedad y coherencia a nivel nacional, busca asegurar que los proyectos estén alineados con políticas y acciones nacionales ya existentes, evitando duplicaciones o esfuerzos fragmentados. El financiamiento debe complementar lo que el país ya está haciendo e integrarse coherentemente a sus estrategias nacionales, además de indicar qué otras fuentes de financiamiento participan para garantizar claridad y coordinación.
El llamado de la sociedad civil
En una carta abierta dirigida a la presidencia de la COP30 y a los Estados parte, publicada el 17 de noviembre, más de 50 organizaciones exigieron que las reparaciones por pérdidas y daños causados por el cambio climático sean reconocidas como una obligación legal y de derechos humanos, no como ayuda voluntaria.
Las organizaciones firmantes citan precedentes de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen el deber de los Estados de prevenir daños y reparar cuando ocurren, incluyendo compensación, restitución y rehabilitación.
El documento criticó el diseño actual del fondo, señalando que no refleja principios fundamentales como la responsabilidad común pero diferenciada ni reconoce la deuda climática. Las contribuciones financieras son insuficientes y muchas siguen sin pagarse.
Las organizaciones demandan que la COP30 institucionalice las reparaciones como el tercer pilar de la acción climática, junto con mitigación y adaptación. Además, piden reformar los mecanismos financieros para que sean basados en subvenciones, accesibles y alineados con los derechos humanos.
También exigen justicia climática mediante vías legales para reclamar reparaciones, el fin de la dependencia de deuda, y una transformación estructural del sistema financiero global. La carta concluye que ignorar estas demandas representa una violación del derecho internacional.
