El viernes 25 de octubre, Costa Rica presentó sus avances en la implementación del Objetivo A del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que apunta a conservar todos los ecosistemas y sus relaciones entre sí; detener la extinción inducida por seres humanos, y mantener la diversidad genética de especies silvestres y domesticadas.
Entre estos avances, el país centroamericano presentó una actualización del estudio de sitios de importancia para la conservación, también conocidos como “vacíos de conservación”, que son áreas que no están protegidas o no suficientemente, y que podrían ser consideradas para la expansión de las áreas protegidas existentes o para delimitar nuevas áreas.
En Costa Rica este proceso ha sido denominado Propuesta de Ordenamiento Territorial para la Conservación de la Biodiversidad (GRUAS). De acuerdo con Mónica Gamboa, directora de Conservación de la Asociación Costa Rica por Siempre (CRXS), esta actualización permitió vislumbrar los avances en materia de investigación por parte de la comunidad científica, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, y así actualizar la información en relación a los sitios marino-costeros que no estaban bajo una categoría de protección.
“Fue un proceso bastante participativo, donde tuvimos alrededor de 88 personas que aportaron, desde la academia, investigadores privados, organizaciones y demás, a través de una serie de talleres y procesos de consulta con usuarios, tanto de pesca como de turismo, que principalmente utilizan las zonas marino costeras y oceánicas del país”, detalló Gamboa.
Sin embargo, para Hiden Mayorga y Faustina Torres, presidenta y vicepresidenta respectivamente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribri Talamanca (ADII TIBI); la presentación de resultados de Costa Rica en la COP16 abarca únicamente una visión estatal. “Cuando se habla de protección de recursos naturales, y en este caso en el marco de la COP16, se habla con un enfoque desde la institucionalidad y nosotras quisiéramos que se hable desde el enfoque de los conocimientos culturales y tradicionales de los pueblos indígenas para la protección de la biodiversidad”, compartió Mayorga.
Este trabajo también permitió definir los elementos locales de manejo que se iban a priorizar, los cuales podían ser desde especies o grupos, hasta ecosistemas críticos y así, establecer las metas de conservación para cada uno de esos elementos focales.
Otro esfuerzo que CRXS implementó en línea con la Meta 3 y de la mano del Gobierno de Costa Rica con el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, fue la estrategia de recaudación conjunta Fondo Azul Costa Rica, un mecanismo sostenible que recaudó un total de 10 millones de dólares y que va a ser implementado entre el 2024 y el 2030, con desembolsos aproximados de un millón y medio de dólares al año. El fondo también va a aportar a temas de economía azul para apoyar a las zonas marino-costeras, especialmente aquellas de la costa pacífica costarricense.
“La meta es implementarlo entre 2024 y 2030 y que también sirva como un fondo de transición, mientras que junto con el gobierno vamos a encontrar otros mecanismos financieros que permitan la sostenibilidad en el tiempo”, dijo Gamboa.
Costa Rica también ha buscado reducir los impactos del cambio climático, generando opciones y adaptación a estos ecosistemas, que sean más resilientes y, por lo tanto, que aumenten los servicios ecosistémicos disponibles para las comunidades. Para cumplir con estos objetivos, el país avanzó en la actualización del estudio en áreas terrestres y dulceacuícolas, la valoración de los servicios ecosistémicos mediante la conformación de unas guías, el fortalecimiento del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico y el robustecimiento de la Estrategia Nacional de Restauración.
Con respecto al punto uno, Mariano Barrantes, gerente de Desarrollo de la Asociación Centro Científico Tropical, señaló que “sabemos que las diferentes capas de información requeridas para generar estos sitios de priorización no están concentradas en un solo actor, por lo cual tenemos que hacer un mapeo de los diferentes actores clave que son poseedores de estas capas de información. Esto nos va a permitir recopilar todo este conglomerado de información que es infinitamente valiosa, de los ecosistemas, de las especies vulnerables, especies migratorias, hábitats, que no están representados dentro de las áreas silvestres profundas de Costa Rica. Una vez logremos recopilar toda esta información y, además, validarla con toda esta serie de actores clave, se van a generar los sitios de priorización terrestres y dulceacuícolas”.
Otros de los eventos destacados durante la presentación en función de los corresponden en primer lugar al proyecto de Pagos por Servicios Ambientales 2.0 o Biodiversidad Plus. Esto corresponde a una actualización del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en la que, no solo se reconoce el cuidado del bosque, sino también de los servicios ecosistémicos que hay en él.
En segundo lugar se encuentra el PSA Marino. Con fondos del premio Earthshot, otorgado a Costa Rica por sus esfuerzos en conservación marina, se está revisando la implementación de un plan piloto para establecer un programa de Pago por Servicios Ambientales Marinos.
“Este programa, que priorizará los ecosistemas de manglar, pretende reconocer a los grupos de interés que han estado comprometidos por mucho tiempo con la conservación de estos ecosistemas, en donde ya se gestionaba su cuido y protección”, mencionó Díaz. Este programa inició su implementación en septiembre del 2024 y se espera tener los primeros contratos en noviembre del mismo año.
Eugenia Arguedas, punto focal de Costa Rica ante la Convención sobre Diversidad Biológica, señala que “Costa Rica quiere dirigirse hacia un mix de mecanismos financieros que originalmente son de carbono, incluirlos o llevarlos hacia la protección de la biodiversidad”. Para la delegada, la estrategia REDD+ está totalmente en línea con la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad y ofrece la oportunidad de trabajar con territorios indígenas y comunidades locales, uno de los elementos más importantes del Objetivo A.
Por su parte, miembros de las comunidades locales e indígenas mantienen una postura distinta con respecto a estos mecanismos. “Nosotros no cuidamos a cambio de dinero. No. Se cuida a la naturaleza porque ese es el ser y la esencia de los Bribris, de los indígenas. Consideramos que, si bien hay un pago de servicios ambientales, ese pago de servicios ambientales no es una regalía. Ese pago de servicios ambientales es una obligación del Estado para con los pueblos indígenas”, afirmó Torres, lideresa biribiri.
De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado costarricense tiene la obligación de compartir las utilidades y los beneficios de forma justa y equitativa con los pueblos indígenas considerando que muchos de los recursos biológicos están dentro de sus territorios.
Según Arguedas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha recibido 14 millones de dólares gracias a este intercambio de protección de bosques y fijación de carbono, proveniente tanto de las áreas silvestres protegidas como de otros sitios que se encuentran fuera de esas áreas, pero que son patrimonio natural del Estado.
Actualmente, esta estrategia avanza mediante una serie de consultas que se han hecho a los pueblos indígenas para implementar esta estrategia. “Los pueblos indígenas han estado involucrados en un proceso de consulta, reflejando el interés de las comunidades y de los territorios indígenas en la biodiversidad”, comentó la delegada.
Según Torres, de la comunidad Biribiri, quien ha participado activamente de esta edición de la COP del Convenio sobre la Diversidad Biológica, es poca la representación de pueblos originarios y comunidades locales en este tipo de eventos.
“Nosotros somos los que estamos en primer lugar defendiendo, cuidando, protegiendo, resguardando todos los recursos que hay en nuestro territorio y la biodiversidad que hay en ellos. Sin embargo, las autoridades siempre tratan de visibilizar el trabajo que ellos hacen, desde un ámbito institucional. Aquí vi investigadores, empresarios, gobiernos, menos a las comunidades. Es poca la participación que tenemos para decir lo que sentimos. No nos están dando la participación y nosotros necesitamos estar ahí, en la mesa de negociación”, aseguró.
Los desafíos continúan en Costa Rica
Debido a su posición geográfica en medio de América del Norte y América del Sur, su clima neotropical y su amplia diversidad de ecosistemas, Costa Rica es considerado uno de los 20 países con la más alta diversidad de especies expresada en números totales, albergando aproximadamente un 6% de la biodiversidad del mundo en su territorio. Sin embargo, este país mesoamericano se ubica simultáneamente en uno de los 36 hotspots del planeta.
Un hotspot o “punto caliente” de biodiversidad se refiere a un área caracterizada por ser hogar de una alta diversidad de especies, entre ellas algunas endémicas (que habitan exclusivamente un lugar determinado en el planeta) y que, debido a amenazas como la degradación de ecosistemas, el cambio en el uso del suelo y el cambio climático, presentan una tasa de pérdida de hábitat mayor al 70%. Esto convierte a estas zonas en áreas prioritarias para la conservación.
Bajo este contexto la participación de las comunidades locales e indígenas es fundamental para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas ambientales, así como la conservación de la biodiversidad, ya que su conocimiento del territorio y su compromiso son claves para preservar los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
Sin embargo, de acuerdo con las lideresas indígenas Mayorga y Torres, la presentación de avances de Costa Rica no tomó en consideración la participación de las comunidades locales. Según ellas, se ha invisibilizado no solamente su participación, sino el trabajo desde tiempos inmemoriales y milenarios, que hacen los pueblos indígenas de la protección del ambiente, de los recursos naturales y de la biodiversidad.
