“Antes, cuando caía la tarde, la comunidad prácticamente se apagaba. Muchas familias dependían de velas para iluminar sus casas y cualquier actividad después de las seis de la tarde se volvía limitada”, explica la ingeniera ambiental Nathalie Gómez, quien participó en procesos de acompañamiento comunitario vinculados a la electrificación fotovoltaica en República Dominicana.
Gómez se refiere a la situación en Las Yamayas, una pequeña comunidad rural ubicada en el municipio fronterizo de Pedro Santana, en la provincia de Elías Piña, una de las zonas con mayor vulnerabilidad social y económica del país.
Las condiciones geográficas de la comunidad, que es aislada, montañosa y con viviendas dispersas, sumada a otros factores como decisiones políticas a lo largo de los años, dificultaron la expansión de redes del sistema eléctrico nacional. Durante años, las familias dependían de velas, lámparas de queroseno y baterías recargables para iluminar sus hogares durante la noche.
En esta comunidad, el Gobierno dominicano, junto al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), implementó un proyecto de electrificación fotovoltaica compuesto por seis centrales solares comunitarias y ocho sistemas individuales, beneficiando directamente a 42 hogares.
“Con la llegada de los paneles solares, dejamos atrás las velas y lámparas de gas, mejorando nuestra salud y seguridad. Ahora podemos conservar alimentos, lavar ropa y realizar otras tareas con electricidad, lo que representa un cambio extraordinario para nuestras vidas”, afirmó María Virgen, presidenta del Comité de Electrificación de Las Yamayas.
El acceso a energía eléctrica no solo permite encender una bombilla. También determina si una familia puede conservar alimentos, si un niño puede estudiar de noche o si una mujer puede sentirse segura dentro de su hogar cuando cae la oscuridad.
“La instalación de sistemas fotovoltaicos representó un cambio importante porque permitió acceso continuo a iluminación, conservación de alimentos y carga de dispositivos básicos sin depender de combustibles contaminantes. Además del impacto ambiental positivo, el proyecto mejoró la calidad de vida y redujo parte de las desigualdades que históricamente han afectado a estas comunidades fronterizas”, afirma Gómez.
La transformación también alcanzó comunidades como La Peña, Rincón, Caratá, Rossó y Pachutico, todas ubicadas en Elías Piña. Estos proyectos de electrificación rural, concluidos en marzo de este año, incluyeron la instalación de paneles solares, sistemas de almacenamiento energético, cableado interno y miniredes eléctricas para beneficiar a más de 180 familias.
En Bahoruco y otras zonas fronterizas, la electrificación rural también se ha desarrollado, mediante proyectos hidroeléctricos y sistemas híbridos con energía fotovoltaica. A través del programa “Llevando Luz”, promovido por el Estado, fueron beneficiadas las comunidades de Villa Jaragua, Las Cañitas, Mata Naranja, El Majagual, Mena y Tamayo.
Antes de estos proyectos, la falta de electricidad afectaba directamente el funcionamiento de escuelas, pequeños negocios y actividades productivas comunitarias. Las iniciativas en Bahoruco y Elías Piña incluyeron una microcentral hidroeléctrica de 30 kilovatios, paneles solares y extensión de redes eléctricas, beneficiando a más de 600 hogares mediante una inversión superior a RD$91 millones (alrededor de US $1,5 millones).
Para Neil P. Osnato, especialista en analítica de riesgo de infraestructura y durabilidad de la demanda energética y fundador de Persistence Analytics Group LLC, este tipo de iniciativas tienen un impacto que trasciende el acceso básico a electricidad.
“Desde una perspectiva de infraestructura y resiliencia, la energía solar puede ser transformadora para las comunidades vulnerables porque mejora el acceso a la energía, reduce la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles, apoya la actividad económica local y fortalece la resiliencia durante interrupciones eléctricas o eventos climáticos severos”, explica.
El especialista sostiene que en regiones insulares y propensas a tormentas como el Caribe, la energía solar distribuida combinada con sistemas de almacenamiento también puede reducir la dependencia de infraestructuras centralizadas vulnerables a apagones o interrupciones del suministro.
“La modernización de las redes eléctricas y la expansión de la energía distribuida son extremadamente importantes para el futuro energético del Caribe”, afirma Osnato. “Muchos sistemas insulares enfrentan infraestructura envejecida, alta dependencia de combustibles importados, vulnerabilidad climática y una creciente demanda eléctrica”.
República Dominicana supera los 11 millones de habitantes distribuidos en un territorio de aproximadamente 48,442 kilómetros cuadrados. Por su ubicación geográfica y condición de isla caribeña, el país cuenta con altos niveles de radiación solar durante gran parte del año, potencial eólico en distintas regiones y recursos hídricos que permiten desarrollar proyectos de generación limpia.
El 98.2 % de toda la población dominicana cuenta con acceso a la electricidad, según datos ofrecidos por Alonso Rodríguez, viceministro de Energía y Minas de la República Dominicana (MEM). Sin embargo, también existen 64,144 hogares sin acceso al servicio eléctrico, equivalentes al 1.72% del total nacional, principalmente ubicados en comunidades rurales, suburbanas y apartadas.
Detrás de ese porcentaje de hogares sin electricidad hay miles de familias que viven en condiciones de pobreza energética. Provincias como Elías Piña, Bahoruco e Independencia figuran históricamente entre las más vulnerables del país, según indicadores de pobreza monetaria y multidimensional publicados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
En comunidades rurales o alejadas del SENI, las energías renovables llegan muchas veces como una solución que va más allá de la transición energética: significan, finalmente, el acceso a la electricidad.
La cooperación internacional ha sido clave en la viabilización de proyectos con energías renovables para zonas aisladas en República Dominicana.
La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) desarrolla proyectos vinculados a transición energética, resiliencia climática y eficiencia energética, apoyando iniciativas que promueven soluciones sostenibles para comunidades vulnerables y fortaleciendo capacidades institucionales para avanzar hacia una matriz energética más limpia.
Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente, ha venido trabajando para promover el acceso al servicio de electricidad en zonas rurales con energías limpias, producidas con minicentrales hidroeléctricas.
Según explicó Alberto Sánchez, coordinador nacional del Programa de Pequeños Subsidios (PPS-PNUD), este esfuerzo ha permitido transformar la realidad de más de 100 comunidades rurales mediante la instalación de unas 50 microcentrales hidroeléctricas, beneficiando directamente a más de 20,000 personas en condiciones de vulnerabilidad.
“República Dominicana es el país de Centroamérica y el Caribe que más promueve la generación descentralizada con fuentes renovables. Estas iniciativas convierten el acceso a la energía limpia en el motor de su propio desarrollo económico y social”, afirmó Sánchez.
Antes de la llegada de estos proyectos, las condiciones de vida en muchas de estas comunidades estaban marcadas por el aislamiento energético. “La falta de electricidad constituía una de las barreras más críticas para el desarrollo humano. Las familias vivían en aislamiento severo debido a las limitaciones en la comunicación y se exponían diariamente a riesgos de salud respiratoria por el uso de lámparas de queroseno. Para los jóvenes, la falta de luz limitaba drásticamente sus oportunidades de estudio”, explicó.
Aunque los proyectos han generado cambios importantes, Sánchez considera que todavía existen desafíos pendientes para garantizar sostenibilidad a largo plazo.
“El camino hacia la sostenibilidad es continuo. Tenemos la tarea pendiente de optimizar el uso de esta energía para potenciar la producción local y la transformación de materia prima, promoviendo además un mayor involucramiento y empoderamiento económico de las mujeres”, sostuvo.
El especialista también señaló que uno de los grandes retos sigue siendo fortalecer la protección de las cuencas hidrográficas y aumentar la cobertura forestal para garantizar la disponibilidad de agua que alimenta estos sistemas energéticos.
“Ante la demanda creciente y los efectos del cambio climático, el desafío es evolucionar hacia modelos híbridos renovables, combinando energía solar e hídrica, para asegurar resiliencia comunitaria y una verdadera independencia energética”, concluyó Sánchez.
Rómulo Canela, participante del proyecto de microhidroeléctrica comunitaria impulsado con apoyo del PNUD, explica que el programa comenzó con estudios para determinar si los arroyos de la zona tenían capacidad suficiente para producir energía a través del agua.
“Primero se estudiaba el comportamiento del caudal durante todo el año para calcular cuánta energía se podía generar”, recuerda. Según explica, las primeras pruebas se realizaron instalando pequeñas turbinas que producían 12 voltios y utilizando bancos de baterías para elevar la capacidad hasta 110 voltios.
“Después nos dimos cuenta de que sí había condiciones para producir mucha energía y hoy existen comunidades con más de 600 familias que cuentan con electricidad propia gracias a estos proyectos”, sostuvo Canela.
El comunitario explica que la población participó de talleres y capacitaciones para aprender a administrar el sistema eléctrico y garantizar su sostenibilidad. “Se formaron comités comunitarios y cada familia comenzó a aportar una cuota mensual de 200 pesos (alrededor de US $3,50) por el servicio de electricidad. A partir de tener luz y agua, comenzaron a generarse empleos, aumentó el comercio y creció el ecoturismo en la zona”, comenta Canela.
Pero el impacto de estos proyectos no es únicamente técnico ni ambiental. También tiene un fuerte componente social y de género. Un estudio regional sobre género y energía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) explica que, históricamente, las mujeres han estado asociadas al uso doméstico de la energía y las tareas de cuidado familiar, por lo que las deficiencias en acceso energético afectan directamente su calidad de vida y carga de trabajo.
En comunidades sin electricidad, cocinar, almacenar alimentos o realizar actividades nocturnas implica mayores dificultades, más tiempo invertido y mayores riesgos para la salud y la seguridad.
Ramona Medrano, beneficiaria de los proyectos de electrificación comunitaria en Manabao, Jarabacoa, expresó que, gracias al proyecto de electrificación, hoy tiene su negocio propio. “Tengo mi colmadito comedor. Antes aquí no había negocios así porque no teníamos nevera para guardar la comida; uno vendía solo lo más básico. Ahora puedo hacer comida y venderle tanto a la gente de aquí como a los turistas que vienen mucho por el ecoturismo de la zona”.
Jean Castillo, ingeniero químico y director de proyectos comunitarios de la Universidad ISA, destaca que la llegada de energía renovable transforma las realidades locales. “La iluminación permite extender actividades productivas y educativas durante la noche, mientras que el acceso a electricidad disminuye la dependencia de combustibles contaminantes que afectan la salud respiratoria”, expresó.
