Por Andrés Mauricio Díaz Páez (Colombia) y Matías Avramow (Argentina)
En la apertura de sesiones legislativas de 2025, el gobernador de Mendoza, en Argentina, Alfredo Cornejo, presentó frente a todos los representantes de la provincia dos objetos con una carga simbólica tremenda: una botella de vino y una roca aturquesada repleta de cobre. “Este producto [levantando la roca con sus manos] puede darle riqueza a Mendoza, contribuir al ambiente del mundo en la electromovilidad y tiene una demanda internacional clave para las próximas décadas; no tiene por qué ser incompatible con el vino”, declaró en un acto que consolidó una transformación estructural que llevaba años desarrollándose.
Fue claro, a partir de ahí, que el gobierno provincial empujaría con fuerza un cambio productivo resistido durante décadas, ya que entre 2003 y 2019 Mendoza fue considerada “antiminera”, no solo por la población civil sino también por cámaras empresariales como la vitivinícola y la turística. Hace solo siete años no existía ningún proyecto minero activo aprobado en la provincia y no fue hasta 2023 que apareció la exploración cuprífera; hoy hay 65 en exploración y uno en construcción. Salvo contadas excepciones —un proyecto de litio, uno de hierro y otro de potasio—, la prioridad es el cobre.
En una revisión del mapa oficial de catastro minero de la provincia, esta alianza periodística identificó 64 zonificaciones —que incluyen distintas etapas del proceso administrativo en minería como proyectos de exploración, cateos, manifestaciones y minas— que se superponen a sitios inventariados como áreas glaciales por el gobierno nacional o naturales protegidas por la ley provincial, que prohíbe la minería en polígonos de ese tipo.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, aclaró que todas estas son categorías administrativas dentro del proceso minero y que en Mendoza, salvo por el Proyecto San Jorge (PSJ), “todo es exploratorio”, por lo cual “no se está comprometiendo el agua” provincial. “En muchos casos son incluso tareas de escritorio”, sumó, y declaró: “Cualquier empresa que empieza actividades exploratorias lo hace con la visión de poder tener descubrimientos y pasar a producción. Pero los indicadores muestran que solo uno de cada cien proyectos que se exploran pasa a esa etapa. Ni en exploración ni en producción se autorizará nada que no cumpla con la normativa”.
Este esquema productivo ha generado resistencia de varios miembros de la sociedad civil, en particular debido al riesgo que para ellos significa la disputa por el agua y el incumplimiento de regulaciones ambientales.
Esta provincia se localiza cerca de la cordillera de los Andes, justo al otro lado de Santiago de Chile, y en una de las zonas más áridas de Argentina. En promedio, las precipitaciones rondan los 200 milímetros al año, una cifra parecida a la que se registra en la península colombiana de La Guajira o en el Valle de Tehuacán, en México.
Allí, donde hay verde es porque pasa alguno de los pocos ríos o sistemas de riego que, en su totalidad, se abastecen del deshielo glaciar o de la nieve que cae en la alta montaña durante una sola temporada al año. Una que, de acuerdo con estudios recientes, decayó con fuerza en la última década debido a lo que llaman una “megasequía”.
Relación entre la media de caudales y el máximo de acumulación anual de nieve en los Andes centrales, donde se encuentra Mendoza (Mariano Masiokas-Ianigla/2026)
Desde su fundación, esta provincia tuvo al agua como parte sensible y vital de su organización política y social. Una de las primeras leyes que se promulgaron, en 1884, fue la Ley de Aguas, que, en términos generales, prioriza este recurso para el consumo humano, después para la agricultura y, por último, para la industria. Ese mismo año también se creó el Departamento General de Irrigación, que administra con autonomía las contadas concesiones de agua.
“En realidad, el agua apta para consumo es un recurso escaso. Ahí podríamos discutir sobre infraestructura e inversiones para llevar esa agua a los centros de consumo. Pero más allá de eso, el agua, como recurso natural, es determinante en todas las provincias cordilleranas”, explicó Latorre.
El cobre jamás había ocupado un lugar tan central en la economía mundial como ahora. Su importancia se multiplicó con el desarrollo de los primeros sistemas eléctricos comerciales a principios del siglo pasado, pero lo que hoy vemos parece superar cualquier etapa anterior. De acuerdo con un reporte de 2026 de la Agencia Internacional de Energía (IEA), por sus siglas en inglés), la demanda por el mineral sigue en aumento, pasando de 24.946 kt en 2021, a más de 31 mil kt esperadas para 2030.
La transición energética, advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), es “fundamentalmente intensiva en minerales”. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos y cuya demanda, según proyecciones de la IEA, podría duplicarse en las próximas décadas.
Con un detalle no menor: China demanda casi el 60% del cobre del mundo, de acuerdo con datos de la misma agencia, con un promedio de 26,96 millones de toneladas de acuerdo a registros de UNComtrade. Sin embargo, el panorama actual de los proyectos de extracción de cobre —con limitados descubrimientos de yacimientos, aumento de costos y largos plazos de ejecución— apunta a una posible falta del 30% de suministro global para 2035.
A 35 kilómetros de Uspallata, en la base del cerro San Jorge está en construcción el Proyecto San Jorge, el primero que extraerá cobre mendocino (LPA/2025)
La provincia “antiminera”
Federico Soria es uno de los más antiguos referentes sociales de la localidad de Uspallata que se encuentra a cuatro horas de la ciudad de Mendoza y cuyos habitantes se han movilizado desde 1993 para evitar el desarrollo de la minería en la provincia. Desde 2008 forma parte de la Asamblea de Vecinos de Uspallata por el Agua, que buscaba específicamente frenar el avance del Proyecto San Jorge, una mina de cobre que estuvo prohibida hasta diciembre de 2025, cuando su Declaración de Impacto Ambiental [requisito indispensable para avanzar] fue aprobada por ambas cámaras legislativas en una sesión exprés. Fue un momento que, fuera del recinto, en la calle, se vivió con una violencia que Soria describió como inédita.
Los manifestantes fueron amedrentados con bastonazos y gas lacrimógeno. “Hubo 41 manifestantes detenidos. Les armaron procesos penales a muchos. Un grupo de abogados viene defendiendo a los imputados en esas causas y hace poco interpusieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Mendoza”, agregó el activista.
Ninguna de las fuentes consultadas niega que la situación es muy distinta a conflictos anteriores con el PSJ o con la minería en general. No es solo por el “intento disciplinador del gobierno para callar las voces que están en contra de la minería”, como lo mencionó un asesor legislativo de la oposición mendocina que pidió no revelar su nombre. Hay un reconocimiento de que el consenso en contra de la megaminería que existía en 2003 y que se mantuvo sólido al menos hasta 2017 menguó. Esto, de acuerdo con varios analistas consultados, se debió a factores políticos y estructurales.
En 2007 había movimientos sociales acompañados por dos de los sectores productivos más fuertes de la provincia, opuestos al desarrollo minero: la industria del turismo y, por supuesto, la del vino. También había una Legislatura heterogénea que, de acuerdo con lo que describió Marcelo Giraud, geógrafo y dirigente social provincial, veía en la oposición a la megaminería una parte de su estandarte político.
Movilizaciones en Uspallata en contra del Proyecto San Jorge (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata/2025)
En aquel año se sancionó la Ley de Medio Ambiente, Sustancias Tóxicas, Exploración y Explotación de Minerales, conocida popularmente como la 7722. En su artículo 1°, este documento estipula que está prohibido el uso de “sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. En conjunto con la Ley de Aguas y la de Protección de Flora y Fauna, conforman la regulación provincial más fuerte sobre minería y uso del agua.
Un año después de que se sancionara la 7722, se anunció el inicio del PSJ y la reacción social fue casi automática. Para 2009 ya había movilizaciones masivas no solo en Uspallata, sino también en otras ciudades de la provincia. Para 2011, la mayoría de la Legislatura mendocina votó en contra de la aprobación del proyecto en un recinto rodeado por la sociedad civil.
Muchos legisladores que hoy son funcionarios del actual gobernador Alfredo Cornejo se sumaron a esa consigna. “En aquella época, muchos políticos no se atrevían a hablar de minería en su campaña por temor a perder votos”, recordó Itatí Brida, activista de Uspallata que desde 2008 milita en la Asamblea de Vecinos por el Agua.
Varios representantes mineros pidieron la inconstitucionalidad de la 7722, pero en 2015 fue ratificada por la Suprema Corte de Mendoza y en 2021 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación —con cuestionamientos sobre indefiniciones puntuales—. En 2017, bajo el gobierno de Cornejo, también se intentó derogar aquella ley, aunque diez días después revirtieron la medida debido a numerosas manifestaciones. “Los cortes de ruta fueron en todos lados. Recuerdo que acá sosteníamos el corte entre muchos vecinos. Fueron de toda la provincia a la capital para presionar. Fue masivo”, sumó Brida. Para ese entonces, en otras partes de la provincia, como Malargüe, ya habían avanzado varios proyectos de exploración minera en proceso de consolidación.
La sociedad civil mendocina ha estado muy activa a la hora de aceptar el desarrollo minero en la provincia (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata/2025)
Cambios en la estructura
La industria con mayor potencia en Mendoza, la del vino, ha caído con mucha fuerza desde 2017. Un estudio elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), en conjunto con la Fundación Mediterránea y publicado en 2025, registró esta contracción sostenida y planteó que ese año fue el más bajo en poco más de 15 años.
“Hoy la minería tiene una licencia social de la que no gozaba hace unos años. Con la retracción del poder adquisitivo, las personas ven que una posibilidad como la minería puede ser un aliciente para un grupo de personas y generar puestos de trabajo”, describió Fabián Ruggeri, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), la federación de cámaras de esta industria, institutos técnicos y los gobiernos de Mendoza y San Juan. “No podemos desechar la realidad de que esto, nos opongamos o no nos opongamos, va a pasar. Es más práctico y más lógico acompañar ese proceso, pero, por supuesto, con todos los controles que correspondan”, advirtió.
Ruggeri aseguró también que gran parte de los valles productivos de Mendoza se encuentra en cuencas que en este momento no comparten agua con las minas. La zona de Malargüe, que es la que más proyectos mineros concentra, está al suroeste de la provincia, donde no hay producción agrícola alguna. Los ríos que pasan cerca de esa zona son endorreicos —es decir, no tienen salida al mar— o atraviesan otras provincias, como es el caso del río Atuel, que sigue por La Pampa y llega hasta la provincia de Buenos Aires.
Como lo describió Brida, las empresas más grandes que concentran el consumo del agua —las del vino y la agricultura— “son parte de la gente que cambió de postura. Entraron a poner sus activos en la minería. Las pequeñas pymes y los pequeños productores están con nosotros”, señaló. Ruggeri no dio precisiones sobre estos grandes grupos, pero coincidió en que, sobre todo los más grandes, son grupos corporativos multirubro y también tienen inversiones mineras, algo que no ve como un problema.
“La base es que el resto de la superficie de la provincia presenta potencialidad para energía y minería que son perfectamente compatibles con la agricultura. ¿Por qué? Porque hay un marco normativo que lo garantiza”, planteó, en la misma línea, la ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre.
Los movimientos sociales descreen de esa declaración. En Uspallata, con el caso del PSJ, los vecinos movilizados piensan que el avance minero podría flexibilizar las normativas. Tanto es así que desde la aprobación de la DIA de ese proyecto minero ya presentaron tres recursos de amparo para detenerla.
“Dos fueron rechazados por la Justicia, pero uno sigue en pie”, resaltó Brida. También sometieron ante la Legislatura la creación de un Área Natural Protegida en la zona donde la minera está construyendo sus instalaciones. “De esa manera sería ilegal la actividad”, comentó Soria. Desde hace casi diez años esta propuesta descansa en el recinto sin perder estado parlamentario, pero tampoco consigue los votos suficientes para ser aprobada.
Esta alianza les preguntó cuál sería la alternativa a la minería, en un contexto de transición energética, a los sectores movilizados. Soria respondió lo siguiente: “La postura es que lo valioso del territorio es su agua, su gente y que es elegido por esto. El turismo y los visitantes disfrutan de la naturaleza como nosotros. Creo que esa es la postura que tenemos. Creo que la transición energética, tal como la vemos, requiere del sacrificio de lugares como el nuestro. A nosotros nos hablan de la transición energética, pero no sabemos eso. No sabemos si lo van a usar para la industria bélica o para la industria aeronáutica. Y además, ¿cuál transición energética? ¿La que impulsan los mismos emisores de gases de efecto invernadero?”.
