“Hay que decirlo claramente: no les interesa”, así resumió Amadeo Martínez, miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), la participación del gobierno de su país en la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Y es que los hechos hablan por sí mismos. El martes 29 de octubre, ocho días después del inicio oficial de la COP, se realizó un evento de alto nivel, en el que se esperaba la participación de presidentes, ministros y cancilleres, pero una de sus invitadas, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, no llegó.
Tinoco fue programada para brindar una ponencia luego de las intervenciones de cuatro presidentes y un vicepresidente, entre ellos, el de Colombia, Gustavo Petro; de Armenia, Vahagn Khachaturyan; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guinea Bissau, Úmaro Sissoco Embaló; además del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. Pero no asistió.
Se intentó conocer a través de una encargada de comunicaciones de la Cancillería colombiana si la funcionaria presentó algún tipo de justificación oficial para su inasistencia, pero no se recibió respuesta. También se le preguntó a la encargada de comunicaciones de la Cancillería salvadoreña, quien tampoco respondió.
La ausencia de la Canciller es apenas una pequeña muestra de la poca presencia de El Salvador en la cita más importante sobre biodiversidad a nivel mundial. Al mismo tiempo que El Salvador no delegó a ningún funcionario de nivel Ejecutivo para participar en las negociaciones –ningún ministro o ministra–, tampoco actualizó su Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre Biodiversidad (NBSAP), no participó en reuniones clave donde se discutieron temas como mecanismos de financiamiento para lograr las metas del Marco Global, ni proporcionó datos básicos pedidos a través de una solicitud de acceso a la información.
Además, a pesar de los constantes intentos de este medio por contactar a una de las personas de la delegación, no fue posible obtener algún tipo de declaración o entrevista con los delegados asistentes para la COP16.
El Salvador tampoco estuvo presente en sesiones de negociación de alto nivel durante la COP16, según se comprobó en cada uno de estos pabellones donde se llevaron a cabo.
Precisamente, uno de los últimos eventos, en el que se hizo el lanzamiento de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), ningún delegado gubernamental salvadoreño estuvo presente. Este lanzamiento, sin embargo, revestía suma importancia para el país, ya que CCAD será uno de los 18 puntos subregionales para la implementación del Marco Global de Biodiversidad, una hoja de ruta que se traza 23 metas para revertir la pérdida de biodiversidad que atraviesa el planeta.
El Salvador presentó cinco días antes del inicio de la COP16 dos metas nacionales, las que a su vez se relacionan con tres de las 23 metas del Marco Global. Estas metas nacionales definirán su posterior marco de trabajo para la construcción de su NBSAP, y son: la zonificación ambiental adecuada de su territorio para garantizar la reducción de la pérdida de biodiversidad (Meta 1); la conservación y recuperación de especies amenazadas y en peligro de extinción (Meta 4); y el uso sostenible de especies silvestres que estén amenazadas (Meta 9). Estos datos constan en la herramienta de seguimiento en tiempo real de la CBD.
Según esta misma herramienta El Salvador es, de hecho, el único país de Latinoamérica que no propuso ninguna acción relacionada con dos metas clave del Marco Global para garantizar la conservación de la biodiversidad, la 2 y la 3, y bajo las cuales los países se comprometen a restaurar el 30% de ecosistemas degradados y conservar y proteger al menos un 30% de las zonas terrestres, costeras y marinas.
Una semana antes del inicio de la COP16, la organización ambientalista salvadoreña Gaia El Salvador identificó al país como el segundo más deforestado del continente americano, solamente por detrás de Haití, luego de un estudio realizado por ellos. El dato no es nuevo: hace 20 años, la oficina para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) publicó un estudio que ubica al país en la misma posición de deforestación y agrega que únicamente posee un 2% de cobertura forestal.
Berta Medrano, directora de Gaia El Salvador y quien dijo ser la única representante de la sociedad civil salvadoreña en la COP16, otorga un porcentaje similar, pero para las áreas bajo protección en El Salvador: 0.6%.
Medrano participó del informe “Actualización del estado de las Áreas Naturales Protegidas”, que fue publicado en noviembre de 2023 y advirtió que “van 13 años sin un informe oficial de áreas naturales protegidas y eso es una falta grave, lo estipula la ley”.
El problema con las áreas naturales protegidas (ANP), según Medrano, es que el Estado salvadoreño declaró “bajo reserva” las que están en trámite de ser declaradas, y sobre aquellas que ya han sido establecidas no se conocen datos actualizados.
Según Medrano, muchas ANP no tienen una declaratoria legal como tales sino que están bajo otros convenios de protección, tales como Reservas de la Biósfera, pero algunos de esos territorios, según ella, son privados. Es decir, sin la fuerza legal de una declaratoria oficial estatal, nada le impediría a un propietario privado no vender parte de estos territorios.
El mismo día de cierre de la COP16, el 1 de noviembre, el ministro de Medio Ambiente de El Salvador, Fernando López, acudió a la Asamblea Legislativa a presentar el proyecto de presupuesto 2025 para esta cartera de Estado.
López aseguró que –aunque no presentó detalles– El Salvador cuenta actualmente con 208 áreas naturales protegidas y que se trabaja en la restauración de 714 hectáreas de territorio. Sin embargo, las primeras palabras de López durante su exposición fueron dedicadas a la importancia del “marco regulatorio”.
“Este es un tema muy importante y porque también lo ha dicho nuestro presidente Nayib Bukele, nosotros sí debemos conservar, sí debemos cuidar, pero también la parte regulatoria es sumamente importante y ¿por qué hablo de la parte regulatoria? Porque recordemos que también existen varias iniciativas de crecimiento económico, por lo tanto nosotros estamos obligados a cumplir con las leyes. La Ley de medio ambiente tipifica todo el tema de licencias, permisos ambientales”, dijo el funcionario.
López también mencionó que mantienen vigente un programa de conservación de especies prioritarias, mismo que fue expuesto durante una de las pocas participaciones de técnicos salvadoreños durante la COP16.
Lo que el funcionario no explicó fue por qué tendrán un aproximado de cinco millones de dólares menos de presupuesto en la cartera de medio ambiente y cómo piensan resolver dicha carencia. En 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), tuvo asignados 19.2 millones de dólares, pero poco más de cinco millones de estos pertenecían a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), cuyo presupuesto es transferido por el MARN.
Sin embargo, para 2025, el titular del MARN está solicitando 15.7 millones, incluyendo los 5.4 millones que corresponden a la ASA y apenas 150 mil dólares bajo la categoría “inversión en medio ambiente”. Esto dejaría al país con un presupuesto anual de poco más de 10 millones de dólares, uno de los más bajos de la región centroamericana, solo por detrás de Nicaragua.
¿Cuál es la apuesta de El Salvador para darle cumplimiento al Marco Global?
Esta fue una de las preguntas que fueron enviadas por este medio al MARN, a través de una solicitud de acceso a la información pública.
En la solicitud, que fue enviada el 10 de octubre de 2024, se solicitó la agenda del país durante la COP16, se les consultó sobre los puntos clave de sus negociaciones, el nombre de los miembros de su delegación y los avances en los informes de biodiversidad.
La respuesta del MARN llegó el 29 de octubre y únicamente contestó enviando el enlace de la página de internet donde constaba la agenda oficial de la COP16.
Las apuestas de CCAD frente a la falta de voluntad salvadoreña
Jair Urriola, titular de la CCAD, dijo que si bien buscan trabajar con las 23 metas del Marco Global no pueden forzar a ningún país con alguna en específico. Según él, se respetará “la soberanía” de cada país; aunque la presentación del proyecto iba enfocada a la totalidad del Marco Global.
La CCAD incluso realizó un estudio previo sobre la alineación de metas entre los países de la región SICA. El diagnóstico estuvo a cargo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), institución que anunció el primer donativo de 500,000 dólares para la CCAD, para la ejecución del proyecto.
De acuerdo al análisis de la UICN, existe un 88% de alineación de las metas entre los países de la región SICA, por lo que consideraron que la implementación del Marco Global puede ser exitosa para 2030. Una de las metas en las que menos alineación existe, según la organización, es la meta 23 que establece la igualdad de género y el enfoque con perspectiva de género en las acciones relacionadas a la biodiversidad.
La temática de género ha experimentado un particular retroceso durante el gobierno de Bukele en El Salvador, con despidos, desmontaje de estructura gubernamental y archivo de leyes relacionadas a la diversidad.
Urriola explicó que el primer trabajo como punto subregional será, de hecho, la realización de las estrategias y planes de acción nacionales de los países de la región SICA, ninguno de los cuales lo actualizó para esta COP.
La cuestión indígena, otro tema donde se demuestra desinterés
La COP16 finalizó con un acuerdo histórico que implica un nuevo programa de trabajo para pueblos indígenas, la creación del órgano subsidiario del artículo 8(j) y el reconocimiento de los afrodescendientes.
Amadeo Martínez, del CCNIS, dijo sobre esto que si bien El Salvador los reconoció como pueblos indígenas desde 2014, no han logrado mayores avances en el reconocimiento de protocolos comunitarios.
Martínez forma parte del Consejo Consultivo indígena del SICA, con el que buscarán trabajar en la implementación del Marco Global, aunque no exista un plan de trabajo específico con El Salvador.
“Buscamos fortalecer la economía y la cultura indígena”, dijo Martínez, quien añadió que en el pasado tuvieron una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para conservación de semillas nativas, “pero eso desapareció”, dijo.
El Salvador, de hecho, desmontó desde febrero de este año la compra de semillas a cooperativas locales de maíz, que además alimentaban el único Banco de Germoplasma gubernamental en donde se resguardan decenas de semillas medicinales y nativas del país.
Para Medrano, de la organización Gaia, el cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad no es posible si El Salvador no se centra en un proceso participativo con las organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, como lo establece el mismo Marco.
“No hemos sido convocados, no hemos sido partícipes absolutamente de ninguna construcción, ni actualización de ningún plan, ni de ninguna meta en ningún evento. Ellos sostienen que hicieron una convocatoria abierta y no es cierto”, aseguró.
Durante la COP16, Medrano quiso acercarse a miembros de la delegación salvadoreña pero no quisieron hablar con ella. Lo preocupante de esto es que el silencio del Gobierno es una muestra clara de desinterés por una de las crisis más duras que enfrenta el planeta.
