El martes 24 de septiembre de 2024, ante un auditorio asistido por estudiantes y docentes en la Universidad de El Salvador, Werner Mena, instructor certificado de buceo y submarinista con experiencia en programas de limpieza y acompañamiento científico en áreas costero-marinas de El Salvador, admitió una carencia clave para la conservación y cuidado de algunas áreas naturales protegidas marinas: no hay suficientes guardias para ellas y el financiamiento es escaso. Esa afirmación bien podría ser un resumen del estado de la protección de la biodiversidad en El Salvador.
Expertos vinculados a la comunidad científica y representantes de la sociedad civil coinciden en que El Salvador tiene deudas básicas en el estudio y conservación de la biodiversidad; que falta el dinero, y que las comunidades que cuidan los ecosistemas cada vez más lamentan el poco margen de acción. Este es el panorama del país, a víspera de la cita más importante a nivel global sobre el tema, la decimosexta Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica, o COP16, que se llevará a cabo en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre.
Para esta nota, a través de correos electrónicos se buscó entrevistar a miembros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como a los puntos focales del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) en el país, pero no se recibió respuesta de parte de la institución. Esto no permitió conocer los avances en el cumplimiento de metas y la agenda del país para el evento.
Navegar contra la corriente
El Marco Global de Biodiversidad, o también conocido como Marco Mundial Kunning-Montreal sobre Diversidad Biológica, es un acuerdo internacional adoptado en 2022 que plantea 23 metas para preservar los bienes naturales del planeta y la relación con las comunidades que los preservan.
Este Marco hace parte de las estrategias que llevarán al planeta a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que ha sido eliminada de los planes gubernamentales en el gobierno de Nayib Bukele.
“La magnitud de la crisis vinculada a la biodiversidad en el país tiene que ver con la falta de seguimiento, monitoreo y control de los factores que degradan la biodiversidad. Yo creo que ahí está la clave. Y en el caso del plan de biodiversidad que se tiene, que es de gobiernos pasados y no se ha actualizado, se contaba con el plan, pero tampoco quiere decir que en el momento que se creó hubo un adecuado seguimiento”, valoró Luis González, vocero y abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una organización de la sociedad civil que posee largos años de experiencia en temas medioambientales.
El sitio especializado Carbon Brief señaló recientemente que, si bien no existe una obligación legal de por medio, se espera que para la próxima COP16 cada país miembro actualice sus Estrategias y Planes Nacionales sobre Biodiversidad, conocidas por sus siglas en inglés, NBSAP. El Salvador es uno –de muchos– países que aún no ha actualizado su NBSAP.
De hecho, el país no lo hace desde hace 11 años, ya que el último documento de ese tipo data de 2013; y el último Informe sobre Biodiversidad para la CBD fue de un año después, o sea, 2014. La Ley Nacional de Medio Ambiente es de 1998 y ha tenido pocas reformas sustantivas o actualizaciones; mientras que el Listado de Especies Amenazadas y En Peligro de extinción no se actualizaba desde 2015 hasta que finalmente en octubre de 2023 se aprobó el nuevo. En el nuevo documento se agregaron 18 nuevas especies: de 619 se pasó a 637. Aunque algunas salieron del listado sin tener una explicación.
Un análisis de ambos listados evidencia que si bien son los árboles los que predominan dentro de las especies amenazadas, con casi un 10% de estas para 2023; son las especies de insectos y reptiles los que han aumentado entre un tercio y el doble dentro de las consideradas como amenazadas y en peligro.
Gabriel Cerén, botánico, docente de la Universidad de El Salvador (UES) y ex integrante del Museo de Historia Natural de El Salvador (MUNHES); así como Alberto González Leiva, biólogo marino y docente de la UES, coinciden en que el país cojea en la falta de investigación científica y esto incide directamente en el diseño de mejores planes y adecuación a las metas internacionales sobre biodiversidad.
“Es una gran necesidad (investigar), para conocer primero la riqueza del país, si ha aumentado, si ha disminuido y sus causas. Hasta ahora sabemos de especies que vamos encontrando y que vamos adicionando al listado general, lo que no sabemos es si alguna de estas especies, que ya tenemos enlistadas, cómo está su población. O sea, no se han hecho estudios de población. La prioridad sería iniciar con estudios sobre las especies en peligro de extinción”, explicó Cerén.
Por su parte, González Leiva agregó que “hay un atraso, evidentemente. Si bien se han hecho esfuerzos de registrar la mayor cantidad de biodiversidad en El Salvador, todavía no se conoce. Y si la conocemos, inducimos que existe. Por ejemplo, hay listados de especies. Se sabe que para el grupo de peces se han listado 754 especies, pero la pregunta es dónde están esas 754 especies (en El Salvador)”.
A mediados de 2024, Cerén experimentó a nivel personal el viraje hacia un extremo más conservador del gobierno cuando formó parte de un despido masivo de empleados del Ministerio de Cultura. Al momento del despido, Cerén finalizaba la descripción de tres especies de plantas nuevas para la ciencia. Los hallazgos aún no están publicados oficialmente.
La particular cruzada del gobierno salvadoreño contra la Agenda 2030 compromete directamente el seguimiento y cumplimiento de las 23 metas planteadas en Marco Mundial de la Biodiversidad, acuerdo adquirido por todos los Estados parte.
Cuesta arriba
El Quinto Informe Nacional para el Convenio sobre Diversidad Biológica de 2015, el último disponible públicamente y realizado por el MARN, ya alertaba que la principal amenaza contra la biodiversidad en el país era el cambio de uso de suelo.
“La biodiversidad salvadoreña se ve amenazada por las siguientes causas directas: reducción y fragmentación del hábitat provocado por el cambio de uso del suelo; sobreexplotación de los recursos biológicos; contaminación de los ecosistemas acuáticos y del suelo; invasiones biológicas y actualmente por el cambio climático”, reseña literalmente dicho informe.
González, de la UNES, señala que los espacios de diálogo y participación ciudadana con el gobierno se perdieron durante la gestión del presidente Bukele. Según él, las agendas de país previo a las COP sobre cambio climático y biodiversidad eran socializadas en administraciones anteriores. Hoy, eso no existe.
“Se va a ir a anunciar como que todo ha mejorado en El Salvador, que a nivel de biodiversidad se está protegiendo. Obviamente, van a ir a saludar con lo que están haciendo otras organizaciones sin señalar adecuadamente la crisis: cambio de uso de suelo para urbanización, cambio de uso de suelo para monocultivo como la caña de azúcar, para pasto para ganado”, señaló el abogado y activista.
El contraste más llamativo es que El Salvador ha experimentado en los últimos cinco años un aumento considerable de permisos ambientales a construcciones de proyectos privados, algunos de ellos en áreas conservación o de máxima protección. Incluso, el congreso salvadoreño aprobó recientemente, sin mayor discusión legislativa, un decreto que premia con incentivos fiscales a los proyectos de altura de más de 35 niveles, evitándoles el pago de impuestos durante 15 años.
La construcción de proyectos residenciales en algunas de estas zonas, como Nuevo Cuscatlán –cuna política de Bukele–, ha evidenciado la reducción de espacios para la flora y fauna, con una visibilidad cada vez mayor.
El abogado de la UNES también enfatizó en que la falta de transparencia también juega en contra de los posibles acuerdos y agenda que El Salvador plantee para la COP16. “En el marco de las negociaciones de cambio climático hubo un compromiso internacional que era el Acuerdo de Bonn, y que pretendía reforestar o restaurar la mitad del país. Ellos (el Gobierno) decían que se comprometían a un millón de hectáreas, eso no se ha avanzado, al contrario, se ha disminuido”, dijo. Comentó que a nivel de informes se plantea una realidad diferente: reforestación. “No sé qué es lo que contabilizan, si el cultivo de caña de azúcar o qué”, dijo.
De hecho, la meta 6 del Marco Global de Biodiversidad plantea que los países se comprometen a la reducción de especies invasoras y promoverán la restauración de especies nativas. Sin embargo, un análisis de algunos proyectos de construcción privados demostró que el MARN está aceptando la siembra de especies no nativas, o exóticas, como parte de planes de compensación ambiental.
Uno de los megaproyectos clave del gobierno salvadoreño, el Aeropuerto del Pacífico, está programado para construirse en una zona donde afecta directamente un área protegida de manglar; y de alto riesgo de inundación.
El biólogo González Leiva valoró por su parte que aún hace falta mucho trabajo para conservar lo que se tiene, como la gestión de las áreas naturales protegidas, algunas de las cuales tienen una supervisión diezmada ante la falta de planes de manejo, o incluso, falta de renovación de planes de comanejo con organizaciones locales.
“Nosotros que estudiamos la biología sabemos que mantener un ecosistema saludable permite que haya bienes y servicios para la comunidad. Si usted conserva, por ejemplo, un área natural protegida, usted sabe que parte de los servicios que puede obtener es la biodiversidad misma (…) Evidentemente llegar a ese nivel de comprensión de cómo debe manejarse o gestionarse un recurso natural, todavía nos hace falta mucho”.
