En los territorios que no están conectados a la red nacional de electricidad, algunas comunidades han optado por la autogestión para satisfacer sus necesidades. En algunos casos, como en la comunidad Nuevo Clarín, en el Caribe colombiano, la gente ha instalado paneles a punta de ahorros. En otras, la esperanza está en hacer parte de los proyectos de comunidades energéticas promovidas por el actual gobierno de Gustavo Petro. Pero, en la Amazonía colombiana, el resguardo indígena Andoque de Aduche ha desarrollado un sistema de autogestión en el que las ganancias provenientes de proyectos REDD+ y bonos de carbono han sido usadas para instalar paneles de energía solar.
Este proyecto ha recibido 7 mil millones de pesos iniciales que han beneficiado aproximadamente a 3.000 personas del resguardo, según un informe del centro de investigación Indepaz.
Este proyecto contrasta con otras iniciativas REDD+ en el Amazonas colombiano, donde diversas comunidades indígenas han denunciado la llegada de proyectos de bonos de carbono que violan su soberanía, un hecho reconocido por la Corte Constitucional de Colombia este año. Sin embargo, la experiencia de este resguardo, ubicado en Caquetá, podría ofrecer alguna luz sobre cómo vincular la financiación climática con la transición energética en las comunidades más remotas del país.
Según Mateo Estrada, de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), los mercados de carbono y las iniciativas REDD+ representan una gran oportunidad para que los pueblos indígenas fortalezcan sus planes de vida y que, en algunas comunidades, han traído beneficios, como mejoras en el empleo, los ingresos y la salud. Sin embargo, advierte que la falta de una reglamentación clara por parte del Gobierno ha permitido que algunos desarrolladores se aprovechen de la situación. Cuestiona, además, el riesgo de que estas acciones terminan sustituyendo responsabilidades del Estado y de que abran la puerta a la “campesinización del indígena” al generar “necesidades innecesarias como paneles solares, motores, celulares, televisores y nuevos tipos de comida. ¿Eso no es cambiar el modo de vida y la cultura?”.
Un desafío colectivo
Levy Andoque, líder del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) y representante del resguardo indígena Andoque de Aduche, explica que su comunidad conoció los proyectos de reducción de emisiones gracias a Visión Amazonía, una iniciativa gubernamental lanzada en 2016 con apoyo de Reino Unido, Alemania y Noruega. Este programa busca disminuir la deforestación, proteger los bosques y fomentar alternativas sostenibles para comunidades locales e indígenas.
Sin embargo, el CRIMA expresó en su momento inquietudes sobre la distribución desigual de recursos y la falta de consulta a los Mayores de la comunidad: un 80% iría al Estado y tan solo el 20% llegaría directamente a los territorios. Por ello, el gobernador de la comunidad Andoque interpuso una acción legal contra el Ministerio de Ambiente, el Instituto SINCHI y Corpoamazonia. En 2019, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó garantizar su inclusión en decisiones que los afectan.
A raíz de este proceso, el resguardo Andoque descubrió el potencial de sus tierras para generar créditos de carbono, un mecanismo internacional donde las empresas compran créditos para compensar sus emisiones. En teoría, estos ingresos deberían beneficiar a las comunidades que conservan los bosques. Sin embargo, el mercado de bonos de carbono ha sido polémico. Muchas empresas no trabajan en conjunto con las autoridades indígenas y afro, pese a que el 30% de los bosques en Colombia son territorios colectivos. Un estudio de Gaia Amazonas señala que las iniciativas REDD+ han establecido nuevas formas de autoridad sobre los bosques que benefician económica y políticamente a ciertos actores, mientras que marginalizan a otros, como es el caso de los pueblos indígenas.
Frente a este panorama, los integrantes del resguardo Andoque de Aduche decidieron crear su propio modelo de REDD+ que les permite priorizar su plan de desarrollo y controlar sus recursos. Para implementarlo, tocaron la puerta de las empresas Yauto S.A.S, que se encarga del desarrollo técnico y estructuración financiera del proyecto, la implementación y consecución de recursos; Terra Commodities S.A.S, que comercializa los bonos; y Visso Consultores S.A.S., que ayuda gestionar los fondos de inversión.
Algunas de estas empresas han sido cuestionadas por la forma en que se han aproximado a otras comunidades indígenas. El Instituto SINCHI encontró que en cuatro proyectos REDD+ en Caquetá, Amazonas y Guaviare, en los que están involucradas Yauto S.A.S., Visso Consultores S.A.S. y Terra Commodities S.A.S, no hay una delimitación clara de las áreas y la falta de auditorías en algunas comunidades dificulta la transparencia y la verificación de su impacto.
Además, Yauto excluyó a las comunidades del resguardo Monochoa del pueblo Huitoto, que colinda con Andoque de Aduche, en otro proyecto, como denunció La Silla Vacía a comienzos de este año. Sin embargo, ante las quejas de la comunidad, la empresa corrigió la situación, según contó el gobernador del Resguardo Indígena Monochoa, Rogelio Mendoza. Ante esta denuncia, en un comunicado en su página web la empresa señala que “Yauto es una empresa cuyo valor principal es reconocer a las comunidades indígenas como autónomas en sus finanzas, proyectos y decisiones”.
En el proceso del CRIMA, los líderes indígenas le dejaron muy claro a las empresas que las comunidades tenían que ser dueñas de los proyectos y manejar los recursos, y que debían limitarse a actuar como facilitadoras, asesoras y vendedoras de los créditos de carbono. Fueron tres años de reuniones, asambleas y consensos definiendo los límites, las responsabilidades y actividades de los actores del proyecto.
Finalmente, lograron que en el contrato del acuerdo quedará establecido que el dinero producto de la venta de los ocho millones de créditos de carbono validados debía consignarse directamente a una cuenta de los resguardos manejada por un comité de auditoría e interventoría interna validado por un contador asignado, quienes administran los fondos y gestionan el proyecto, incluyendo el pago a los desarrolladores externos. Todo esto, dice Andoque, bajo un control estricto y ceñido al consenso colectivo.
Los líderes se inspiraron en los cuatro pilares de las malocas tradicionales para destinar los ingresos por la venta de bonos de carbono en cuatro áreas fundamentales: gobernanza, inversión social, proyectos productivos y monitoreo territorial, según Andoque.
De los 7.000 millones de pesos colombianos (equivalentes a alrededor de 1.585.026 de dólares) que han recibido por los bonos, el 20% se ha invertido en el proyecto energético, según cálculos de Yauto. Andoque explica que con el dinero se han comprado 220 paneles solares, inversores, baterías, mantenimiento del sistema y se han cubierto los costos logísticos, ya que para llegar a algunas comunidades hay que navegar hasta un día.
Los paneles solares se han distribuido en las 22 comunidades del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, que cuentan con unos 3000 habitantes. Se ha priorizado la iluminación de la maloca, los centros de cómputo, las escuelas y puntos clave para proyectos productivos como huertas y la fariña, una harina de yuca brava. La energía proporcionada por los paneles ha facilitado el desarrollo de actividades como carpintería y la habilitación de centros de conectividad a internet, permitiendo el monitoreo contable y la documentación del estado de la biodiversidad, según Andoque.
A pesar de los beneficios, el uso de paneles solares trae consigo nuevos retos, sobre todo en términos de adaptación tecnológica, dice el líder. «Nuestra tradición no comprende del todo el ‘pedazo de vidrio’ que recoge la energía, pero nos adaptamos a lo que sucede hoy», explica Andoque.
Además, las condiciones climáticas de la región amazónica, como las frecuentes lluvias y relámpagos, han dañado algunas baterías solares, las cuales son costosas de reemplazar no solo por los costos, sino por las largas distancias que hay que recorrer para llegar a las comunidades. Estas dificultades han generado un dilema: ¿continuar con los paneles solares o explorar alternativas como los parques eólicos para generar energía? Además, se plantea la necesidad urgente de establecer centros de reciclaje que permitan gestionar los residuos tecnológicos de manera adecuada, asegurando así una relación respetuosa y sostenible con el territorio, dice Andoque.
Garantizar la sostenibilidad técnica y económica de estas iniciativas a largo plazo es la única forma de que estos proyectos mejoren las condiciones de vida de las comunidades rurales, dice el ingeniero Maximiliano Bueno López, quien tiene más de 10 años de experiencia en la implementación de proyectos energéticos.
Para garantizar esas sostenibilidad, Bueno propone el concepto de AOM (Administración, Operación y Mantenimiento), un modelo que busca empoderar a las comunidades para que gestionen los sistemas energéticos de forma autónoma, pero siempre dentro de su capacidad de pago y en un marco de corresponsabilidad con el Estado.
Este enfoque requiere evaluar cuidadosamente las capacidades de autogestión y administración de cada comunidad, explica Bueno. En algunas, se ha logrado que el costo del servicio energético se cubra con los recursos que antes se destinaban a comprar leña o velas, redirigiendo ese gasto hacia el mantenimiento de los sistemas comunitarios.
Lo que diferencia el proyecto de la comunidad Andoque es que la gestión es completamente colectiva, por lo que este modelo tendría que adaptarse a esta forma de pensar, dice Andoque. Para los pueblos indígenas, cuyo trabajo se basa en la colaboración y no en la lógica individualista del capitalismo neoliberal, el cobro de energía no encaja en su visión y modelo de vida. «El día que nos dividamos y comencemos a pensar individualmente, esto se acaba», advierte Andoque.
Para el líder, esta iniciativa se basa en una filosofía de sostenibilidad comunitaria, priorizando la colectividad sobre los cobros individuales. A medida que el proyecto se fortalece, dice, las comunidades, consolidan un modelo que impulsa tanto el desarrollo social como ambiental.
