La región del Guayabero está ubicada entre los departamentos del Meta y Guaviare, al sur de Colombia. La línea divisoria que separa ambos departamentos está demarcada por el río Guayabero. Pero este afluente, además de separar ambos departamentos, también es la división entre un grupo de familias que cuentan con carreteras y electricidad, y otro que carece de energía eléctrica, señal de celular y de presencia gubernamental.
La razón de este contraste es que gran parte de las 90 veredas que conforman El Guayabero están ubicadas al interior del Área de Manejo Especial de La Macarena, una figura de protección ambiental que fue creada en 1989 con el fin de cuidar este importante ecosistema andinoamazónico, muy amenazado por la deforestación.
En La Macarena convergen cuatro Parques Nacionales Naturales (PNN): Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena y Tinigua; así como tres distritos de manejo integrado, que se conectan con el arco amazónico. Es decir, con el Parque Nacional Chiribiquete en la selva amazónica, territorios que también son estratégicos para Colombia y el planeta.
Es por esto que desde 1959 se creó Parques Nacionales Naturales de Colombia, la entidad encargada de proteger estas zonas estratégicas. Según se dice en su página web, la razón de mantener La Macarena como área protegida es que este ecosistema contribuye “al mantenimiento de la conectividad ecosistémica en el gradiente altitudinal que inicia en el páramo hasta la zona basal amazónica y orinocense, con el fin de propender por la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de flujos de materia y energía y la prestación de servicios ecosistémicos”.
Estos territorios también tienen una historia marcada por el conflicto armado y procesos organizativos campesinos, lo que ha generado procesos de aislamiento y dependencia de economías consideradas de uso ilícito, como es la comercialización de la hoja de coca.
Según manifestó Parques Nacionales Naturales de Colombia en respuesta a un derecho de petición; entre 2013 y 2023 desde esa entidad se ha venido elaborando un diagnóstico de las familias que habitan al interior de las zonas protegidas con el objetivo de trazar planes de manejo.
Esto les ha permitido saber que en los parques de La Macarena, Tinigua y Picachos podrían habitar alrededor de 4.186 personas, organizadas en 1.357 familias. La mitad de estas familias cuentan con servicio de energía, mientras que la otra mitad no. Sin embargo, desde Parques Nacionales aclararon que esta información no cumple con los estándares de rigurosidad que demandaría un censo ya que “los procesos de ocupación en estas áreas protegidas son dinámicos y no permiten establecer una cifra exacta”.
Proteger la naturaleza con campesinos
Las primeras familias que llegaron a El Guayabero se asentaron en la que hoy es la vereda Nueva Colombia, la más grande del departamento del Meta. Eso fue hace más de 50 años. Desde entonces, en varias ocasiones a estas familias les han prometido ayuda con proyectos de electrificación pero ninguno de estos compromisos, que se hacen más frecuentes en épocas electorales, se ha materializado.
“A nuestra comunidad nos lo han negado”, explica Jeferson Parrado, presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia. “Hace más de cinco años nos han venido ilusionando con un proyecto de energía eléctrica, especialmente en cada cambio de gobierno nos socializan lo que van a hacer y ahí se queda”, agrega.
Al igual que sucede en Zonas No Interconectadas, estén o no en áreas protegidas, el hecho de no tener servicio de energía eléctrica genera una serie de dinámicas en el campesinado que impacta hasta en rutinas básicas como la alimentación. “Yo no tengo nevera ni enfriador, a mí me toca secar la carne cuando hay y si no comer “pelado” porque no hay otra forma de conservar la carne. Uno aquí no hace jugos, no puede usar licuadora, entonces, siempre toma limonada”, dice Blanca Urrea, quien cuenta en su casa solo con un panel solar pequeño para cubrir lo básico: un bombillo y cargar el celular.
La diferencia entre unas y otras es que mientras en las zonas de reserva campesina, o territorios rurales dispersos, pueden llegar proyectos que les permitan tener su comunidad energética, en las zonas que son objeto de protección ambiental todavía no se vislumbra esta posibilidad.
Si bien podría deberse a la falta de compromiso político, lo cierto es que las administraciones municipales que decidan implementar algún tipo de proyecto allí, aunque sea de energía solar, deben tener autorización de Parques Nacionales Naturales. De no hacerlo podrían estar incumpliendo varias normatividades, como son la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009; el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 3572 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015.
Y las consecuencias de infringir estos marcos normativos son las sanciones. Ejemplo de ello fueron varias instituciones públicas y privadas que fueron sancionadas con una multa de más de 50 millones de pesos y tuvieron que suspender las obras de electrificación que estaban desarrollando en el municipio El Castillo, Meta.
Sin embargo, Parques Nacionales Naturales de Colombia afirma que la competencia de ciertos proyectos como el de soluciones energéticas no depende de ellos y que, como todo proyecto, debe contar con una licencia ambiental emitida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Además, requiere que más entidades intervengan y dialoguen.
Asimismo, afirman que este tipo de proyectos podrían desarrollarse si hay de por medio un acuerdo de conservación ambiental. Ejemplo de ello es que 27 familias de los parques La Macarena, Picachos y Tinigua hayan recibido por parte de esta entidad sistemas fotovoltaicos en el marco de un proyecto valuado por 171.914.120 de pesos (cerca de 41.850 dólares). Pero aceptan que “la normativa que rige la administración de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, es una de las más estrictas en materia ambiental y de ordenamiento territorial”. Por ello están manteniendo conversaciones constantes con la comunidad.
Esto lo reafirma Carlos Díaz, funcionario de la Alcaldía de Vista Hermosa, quien manifiesta que no solo les es difícil saber cuántas personas de sus veredas están habitando en áreas protegidas y no tienen acceso a servicios públicos, sino que tampoco pueden realizar algún tipo de inversión, ni de censo, ni de proyectos de energía, porque está prohibido. Aclara, sin embargo, que sí continúan sosteniendo reuniones entre la comunidad y Parques Nacionales Naturales para llegar a acuerdos.
“El año inmediatamente anterior se realizó una reunión conjunta con el director nacional de Parques Naturales, Edgar Olaya; el alcalde del municipio de Puerto Rico, Iván Andrés Puentes, y el alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gomez, en la vereda La Esperanza”. Según Díaz, la finalidad del encuentro, al que también asistieron los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas que están al interior de los Parques Nacionales Naturales, fue implementar estrategias de ecoturismo, pago por servicios ambientales, entre otras. Esto tenía el propósito de reemplazar los ingresos que generan algunas de estas familias con la siembra de hoja de coca. Hasta el momento de esta publicación, sin embargo, no se había materializado ninguna de estas medidas.
Para Paula Hernández, experta en asuntos ambientales en Colombia, y quien ha trabajado con el Ministerio de Minas y Energía, este tipo de situaciones representan un reto para el país que durante años ha criminalizado al campesinado bajo la premisa que ningún área protegida debe estar habitada, pero que está lejos de la realidad de los territorios. “¿En qué medida la jurisdicción ambiental pasa por encima de los derechos del campesinado, y en qué medida el campesinado pasa por encima de los derechos ambientales? Hay que pensar en que las vidas campesinas también pueden estar en armonía con los territorios y con los ciclos de los ecosistemas y en procesos de conservación”, expone, considerando que las soluciones energéticas podrían generar otro tipo de economías locales.
Autogarantizar el derecho a la energía
Lo cierto es que, aunque sea prohibido habitar en estas zonas de alto valor ambiental y tener algún tipo de proyecto energético sin licencia o acuerdo de conservación, de las 80 familias que habitan Nueva Colombia, un 60% tienen paneles solares para general electricidad y un 40% aún no han podido tener acceso al servicio de energía eléctrica. Esto, según los cálculos de Jeferson, presidente de la Junta de Acción Comunal.
Entre quienes sí tienen paneles solares, se considera que cerca de la mitad los usan solo para un bombillo. Algunas familias los tienen para ver durante unas tres horas en la noche televisión y solo un 5% tiene refrigerador, especialmente para sus negocios.
“No es por gusto, es por necesidad. Anteriormente, para compartir con nuestra familia teníamos que depender de una vela o un mechón (petróleo o gasolina con papel higiénico entre un tarro), pero tocaba tener prevención de no hacer un incendio. Con la energía solar podíamos cubrir una necesidad pero con menos riesgo, con plantas de otro tipo tocaba estar comprando gasolina y si se dañaban tocaba buscar un mecánico. Para nosotros la solución es la planta solar”, puntualiza Jeferson.
Para Maryi Adriana Serrano, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonía (FCDS), los derechos de la naturaleza no están contrapuestos con los del campesinado y los pueblos étnicos, se pueden conciliar. El reto estaría en establecer cuándo se puede considerar o no que alguien es habitante de una zona protegida y que el Estado pueda respetar esos derechos y ejercerlos eficientemente, al igual que exigir sus responsabilidades. “Porque hay personas que llegaron hace cincuenta años, ¿pero y las que llegaron ayer a deforestar tienen los mismos derechos?”.
Para ella, esto podría garantizar algunas condiciones de vida digna en armonía y con compromiso para la protección de estas áreas protegidas, pero también es contundente en que hay zonas que no deben estar habitadas ni tener algún tipo de “desarrollo”, ya que si no se conservan ¿qué pueden recibir las generaciones futuras si todo se destruye?.
Entre el 2013 y el 2023 se han perdido 1,68 millones de hectáreas en todo el país, y en la Amazonía se han arrasado 1 millón de hectáreas para ese mismo periodo, según FCDS . Aunque no se puede homogeneizar las problemáticas de las áreas protegidas, lo cierto es que “la deforestación sigue presentándose en la misma zona donde tradicionalmente ha estado la Amazonía, es una zona súper importante porque se conectan áreas protegidas y los bosques en mejor estado de conservación del país. En el sur del Meta se están fragmentando los bosques que permiten las últimas conexiones del Área de Manejo Especial de La Macarena con la Serranía del Chiribiquete y estamos afectando el bioma amazónico que tiene impactos mucho más allá de Colombia, es decir, una connotación mundial”, puntualiza Maryi.
