Mediante la búsqueda de gas y petróleo en las cuencas Norte y Austral del mar argentino, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el golfo San Matías y la exploración de gas en el Proyecto Fénix en las costas de Tierra del Fuego, el gobierno de Alberto Fernández y la industria de hidrocarburos avanzaron con tres grandes aspiraciones sobre el océano para expandir negocios, fuentes de abastecimiento interno y de exportación. Los proyectos fueron impulsados con el aval del Poder Judicial, a pesar de las críticas, amparos, protestas y alarmas de ambientalistas, conservacionistas, abogados y ciudadanos organizados en asambleas a lo largo de la costa Atlántica.
El futuro de estos proyectos dependerá ahora de la política energética del nuevo presidente, Javier Milei, un negacionista del cambio climático, y de Eduardo Rodríguez Chirillo, a cargo del área de Energía. Todas las iniciativas dependen ahora del mandatario libertario y de la inversión de las petroleras, en especial de Yacimientos Petrolíferos (YPF).
Los detractores de estas tres iniciativas advierten sobre los riesgos ambientales y las escasas fuentes de trabajo y de energía que han obtenido los locales ante la expansión de la frontera de los combustibles fósiles sobre el mar. También afirman que van en detrimento de los compromisos ambientales de Argentina en los acuerdos climáticos a nivel internacional y de la transición energética justa. Los mayores beneficiados: las grandes petroleras. Detrás del negocio: el modelo energético que abastece de gas, luz eléctrica y combustible al país.
Con aval judicial
El Poder Judicial ha tenido un rol en propiciar el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, a principios de noviembre último, los planteos de distintas organizaciones ambientalistas para frenar las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca Norte, de acuerdo con un comunicado del tribunal.
La Corte Suprema deberá tratar otros dos casos. El primero es una medida cautelar climática más amplia, presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que solicita la suspensión de las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera en todo el mar argentino. La organización ambientalista pide que la suspensión rija hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publique una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El planteo ya fue rechazado en primera y segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, explicó Cristian Fernández, abogado de FARN.
El segundo caso pendiente fue presentado por la organización Abogados Ambientalistas, que solicitó al máximo tribunal que revise una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro. Este determinó que los ciudadanos rionegrinos de la Multisectorial Golfo San Matías no tendrían “legitimidad” para reclamar por la inconstitucionalidad de la modificación de una ley hecha a medida del oleoducto Vaca Muerta Sur.
Ultraprofundo
Entre 2022 y 2023, el gobierno de Alberto Fernández avanzó con los trámites para hacer posible la prospección sísmica y la exploración de pozos de gas y petróleo a altas profundidades en tres cuencas del mar argentino: la Norte, la Austral y la Malvinas Oeste. El gobierno cree que podría tratarse de una “segunda Vaca Muerta”, por el potencial y rendimiento económico.
Las concesiones del “Plan Exploración Offshore” comenzaron a licitarse en 2018, dividiendo al mar en 38 bloques, durante el gobierno de Mauricio Macri. De esos 38 bloques, actualmente unos 18 han sido adjudicados a distintas petroleras para la exploración: Equinor, YPF, Shell, ExxonMobil, British Petroleum (BP), Qatar Petroleum, Tullow, Total, Eni, Pluspetrol y Wintershall DEA. Solo la primera etapa licitada alcanzó 95.000 kilómetros cuadrados del mar argentino.
La prospección sísmica —definida como “bombardeos acústicos” por la organización Greenpeace— es realizada por la empresa noruega Equinor, que también participará en la exploración de pozos. Ésta consiste en realizar detonaciones con aire comprimido que generan ruidos intensos y provoca pequeños sismos en el fondo marino. Estos potentes sonidos generan un eco que es captado por una serie de micrófonos en el buque sísmico. La información que producen es analizada para identificar reservorios de petróleo y gas.
Ambientalistas y conservacionistas advierten sobre los altos riesgos para la biodiversidad marina tanto por los bombardeos acústicos como por la exploración y explotación a profundidades inéditas en las tres cuencas argentinas.
Los pozos se encuentran a más de 1.500 metros de profundidad y pueden llegar a los 4.000 metros. Además, las perforaciones se realizarán a distancias muy extensas de las costas, entre 100 y hasta 300 kilómetros mar adentro. Estas son las dos principales diferencias con la exploración offshore que ya se realiza en la cuenca Austral, explicaron Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace en documentos judiciales y publicaciones analizadas para este reportaje.
elDiarioAR y Climate Tracker consultaron a la petrolera Equinor para conocer su posición sobre las críticas, pero la empresa noruega no respondió hasta el cierre de esta edición.
Cuenca Norte
“Actualmente, Equinor se encuentra realizando los bombardeos acústicos con el buque BGP Prospector en los bloques 100 y 108 del mar argentino, a la altura de las costas de la provincia de Buenos Aires y Viedma, Chubut”, explicó Hernán Pérez Orsi, investigador de la campaña Océanos de Greenpeace.
La empresa tiene plazo hasta junio de 2024 para finalizar con la prospección sísmica. Luego comenzaría la etapa de exploración, que implicará la primera perforación en esta zona del mar argentino. El primero en ser perforado será el bloque 100. El pozo es conocido como Argerich, es el más grande de la cuenca Norte, tiene más de 4.000 metros de profundidad y se ubica a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.
“Será la primera vez en la historia que está área del mar argentino es perforada. También será la perforación más profunda en la historia del país”, agregó Pérez Orsi.
Para esta exploración y explotación, Equinor trabajará en sociedad con YPF y Shell. YPF estima que en bloque completo —que incluye el pozo Argerich— podría llegar a dar 1.000 millones de barriles de petróleo. “La búsqueda de recursos costa afuera, con los más altos estándares de seguridad, representa una oportunidad para contribuir al desarrollo económico de la Argentina”, aseguró YPF en su sitio web.
La petrolera afirmó que es “la primera vez que el país se plantea como política de Estado desarrollar proyectos en una zona de aguas profundas a ultra-profundas” y “por su ubicación y tecnología a utilizar, hay mínimas posibilidades en que afecte negativamente al medio ambiente y a otras actividades de la zona como el turismo y la pesca”.
Shell, en tanto, aseguró que tiene un largo historial de éxitos en el desarrollo de proyectos energéticos en aguas profundas en todo el mundo. “Aplicamos nuestros conocimientos, experiencia y tecnologías de eficacia probada en aguas profundas para poder acceder a nuevos recursos de manera segura y eficiente” y “procuramos limitar el impacto ambiental de nuestras operaciones y compartir los beneficios con las comunidades del entorno”, resaltó.
Cuencas Austral y Malvinas Oeste
En Argentina, los yacimientos explotados históricamente costa afuera están ubicados en la Cuenca Austral, ubicado en el Atlántico sur, y que alberga alrededor del 30% de las reservas de gas del país. Se trata de concesiones de la década de 1990 que siguen siendo exploradas actualmente. Los nuevos proyectos buscan expandir aún más la explotación en la cuenca Austral y tomar también la Cuenca Malvinas Oeste.
En este sector, el mar argentino fue dividido en bloques ubicados a la altura de las costas de Tierra del Fuego, entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Los bloques comenzaron a licitarse en 2018 para la prospección sísmica y futura exploración en busca de gas y petróleo a altas profundidades. De los adjudicados hasta el momento, seis corresponden a la Cuenca Austral y otros seis a Malvinas Oeste.
El gobierno de Fernández argumentaba que América Latina tiene “derecho” a una transición energética “diferente” a la que tienen que llevar adelante los países desarrollados, “responsables del daño ambiental”, como aseguró Sergio Massa, entonces ministro de Economía y excandidato presidencial frente los empresarios reunidos en IDEA Energía 2023.
“Vamos a defender el rol del gas como energía de transición (…) (Es) “por una cuestión económica, pero también por una cuestión de resultados en términos ambientales”, dijo la exautoridad.
El exministro aseguraba que el gas implica la mitad de las emisiones del carbón —un combustible que no es utilizado en Argentina— y un tercio de las emisiones del petróleo.
Pese a la posición del Gobierno, los riesgos de las prospecciones sísmicas y la exploración a altas profundidades ponen en riesgo al ambiente. “Lo que han hecho es la fragmentación de un mismo mar, que implica daños al ecosistema marino; degradación de las condiciones de vida de las comunidades locales; efectos negativos directos sobre el turismo, la pesca artesanal y las economías regionales”, afirmó Carla Wichmann, integrante de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS y de la Red de Comunidades Costeras.
El 22 de noviembre, el Ejecutivo avanzó con la audiencia pública para la presentación del proyecto de exploración sísmica en tres de los bloques de la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste por parte de la empresa Equinor, que comenzará con los “bombardeos sísmicos en enero de 2024.
Los opositores a la exploración offshore destacan que los Estudios de Impacto Ambiental son presentados por las mismas empresas. “Son estudios incompletos, ilegibles, desactualizados y en estos casos refieren únicamente a un bloque y no evalúan impactos acumulativos”, criticó Wichmann.
Proyecto Fénix
Se trata de un yacimiento de gas fósil ubicado en la Cuenca Austral, a 60 kilómetros de la costa de la provincia de Tierra del Fuego y a 74 kilómetros de las instalaciones ya existentes del Río Cullen, concesionadas a la empresa francesa Total, en alianza con Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea Argentina.
En este caso, se trata de perforaciones en aguas poco profundas, de unos 70 metros. La exploración sísmica ya fue realizada y en junio último comenzaron las obras para la instalación de una plataforma de extracción de gas y el tendido de un gasoducto de 36,5 kilómetros que conecte con gasoductos existentes y operados por Total. La perforación de los tres pozos de explotación está prevista para 2025, de acuerdo a información de Total ante la consulta de elDiarioAR.
“Con Fénix buscamos seguir satisfaciendo las necesidades de energía del país, produciendo el gas costa afuera más austral del mundo”, consignó Total en su sitio web.
Total estima que Fénix aportará hasta 10 millones de metros cúbicos de gas por día, que serán suministrados al mercado nacional. “Esto representa cerca del 8% de la producción actual de gas del país”, afirma la compañía. Ese 8% se sumará al 25% de la producción local que ya explota Total en Argentina. Con este proyecto, la petrolera francesa se convierte en la primera compañía en términos de producción de gas, después de YPF. El 18% de ese 25% corresponde a gas extraído en el mar.
La empresa también garantiza el 100% de la energía eléctrica de Tierra del Fuego a través del gas.
En la audiencia pública realizada en abril de este año, expusieron funcionarios del gobierno nacional y provincial y representantes de Total. “La audiencia pública no vinculante fue un simulacro, un simulacro de democracia. De hecho, gobierno y empresa reconocieron en sus exposiciones del día que la plataforma ya está en construcción”, destacó un informe de las Asambleas de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego (AeIAS).
“Los funcionarios y gobernantes no actúan como representantes del pueblo y del ambiente, sino de los intereses de la empresa”, afirmaron los asambleístas. Estos también cuestionaron que pese a que Argentina se adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible —que entre uno de sus objetivos exige medidas urgentes para combatir el cambio climático, a partir de la transición energética— promueve explotación de combustibles fósiles “hasta vaciar el último yacimiento, esté en tierra o en el mar”.
“El Estudio de Impacto Ambiental, irónicamente, contempla el impacto de emisiones por quema de gas fósil en caso de una fuga, pero no considera las emisiones de la quema de los 10 millones de metros cúbicos de gas por día que promete extraer”, explicó Greenpeace en una publicación.
La empresa Total resalta en su sitio web que opera en Tierra de Fuego costas afuera desde 1978. En todos estos años, Wichmann destacó que las decisiones se tomaron siempre entre las empresas y los gobiernos. “La comunidad no sabe lo que está pasando frente a las costas”, aseguró.
Tanto el Proyecto Fénix como la exploración sísmica en la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste son lindantes a cinco áreas protegidas: la Reserva Costa Atlántica (una reserva de aves, sitio Ramsar —un humedal de importancia internacional—; el Área Natural Península Mitre (más de 800.000 hectáreas marinas); la Isla de los Estados; el Banco Burdwood; y Yaganes.
Oleoducto Vaca Muerta Sur
El proyecto de la petrolera YPF —motorizado por el Gobierno Nacional y las gobernaciones de las provincias de Neuquén y Río Negro— busca transportar el crudo de Vaca Muerta, el cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo, en la cuenca neuquina, hacia el Atlántico para su exportación a partir de 2026.
Su plataforma portuaria será construida en un área protegida, el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de hidrocarburos estaba prohibido hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de Río Negro modificó la legislación y sancionó una ley a medida del proyecto de YPF, como informó elDiarioAR junto a Climate Tracker.
“Va a ser el puerto petrolero más moderno del mundo”, aseguró Francisco Pinilla durante la audiencia pública en la que se expusieron los Estadios de Impacto Ambiental (EsIA). Pinilla lidera ERM Consultora, seleccionada por YPF para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria y las instalaciones aledañas. El consultor dijo que esos impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.
Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas y San Antonio Oeste, que viven del turismo y la pesca artesanal y alertan sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar.
Los defensores del proyecto aseguran que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especial en la postergada localidad de Sierra Grande, donde la población reclama fuentes de trabajo local e inversiones en infraestructura y caminos.
Sin embargo, los detractores del proyecto afirman que este oleoducto es para exportación, es decir, para las ganancias de las empresas, y que el riesgo ante un eventual derrame es altísimo para la biodiversidad: el área donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo está rodeada de áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, en Chubut, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.
Los científicos, ambientalistas y conservacionistas aseguraron: “La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales”.
Mediante un despliegue de lobby, la petrolera logró el apoyo de los legisladores de Río negro para cambiar la legislación y de una parte de la población de la provincia, clave para el proyecto: Sierra Grande. Esta localidad es la más cercana a Punta Colorada, donde se pretende levantar la terminal portuaria del oleoducto, en el golfo San Matías.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro debe evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), presentados por las consultoras contratadas por YPF, y las presentaciones realizadas por los detractores del proyecto para decidir si aprueba los estudios y permite la ejecución de la obra, prevista para enero. La funcionaria a cargo, Dina Migani, es fundadora de una empresa de provisión de químicos para la industria petrolera, Quinpe SRL, actualmente en manos de sus hijos en sociedad con el grupo Macri y proveedora de servicios de YPF.
