En el mes de mayo, en el municipio de San Martín, Meta, se talaron entre 2.600 y 2.700 árboles de bosque nativo en un predio privado para la construcción del proyecto de energía solar “El Tropezón” de la empresa española Lilan Energy. Esto se hizo sin que las comunidades que habitan el territorio y el Concejo Municipal, organismo de control político local, se enteraran a plenitud.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), autoridad ambiental del departamento del Meta, otorgó un permiso de aprovechamiento forestal único para un total de 3.011 individuos arbóreos distribuidos tanto dentro del predio privado «La Aurora», de la vereda La Bañadera, como en el corredor de la vía pública.
La comunidad se percató de la magnitud del posible impacto ambiental cuando la empresa Parque Solar Colombia III S.A.S. E.S.P. comenzó a marcar con pintura los árboles ubicados sobre el Anillo Vial y la vía a La Pascualera. El escándalo estalló formalmente el 15 de mayo debido a que el canal comunitario San Martín TV publicó un video con un volante que la ciudadanía recibió en el que anunciaba el inicio de la tala al día siguiente. «Eran como panfletos amenazantes”, dijo Luis Angulo, coordinador ambiental de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pascualera, vecina del proyecto.
Ante la presión social y la falta de información, este organismo de control político local citó a la empresa a una socialización urgente el jueves 21 de mayo. Angulo explica que, desde la empresa, “estaban calladitos y ya llevaban diez días talando dentro del predio y nadie se había dado cuenta porque como no queda sobre la vía principal, no se ve ni se escucha”.
Lilan Energy es la multinacional española propietaria que creó el Parque Solar Colombia III S.A.S. E.S.P. como una empresa constituida exclusivamente para gestionar, construir y operar el proyecto «El Tropezón». En el permiso de Cormacarena figura Parque Solar Colombia III porque es la entidad legal registrada en Colombia que actúa como titular de los derechos y obligaciones del proyecto, siendo la responsable directa ante las autoridades por el aprovechamiento forestal y la prestación del servicio público de energía. Este modelo operativo, común en grandes inversiones, permite a la multinacional independizar legalmente cada uno de sus parques solares en el país, mientras mantiene el control y la financiación del proyecto bajo el nombre de la empresa
La energía producida por «El Tropezón» no llegará de forma directa o preferencial a los hogares de San Martín, según aclaró la representante de la empresa Lilan Energy, Carolina Rovecchi. La planta se conectará a la subestación local para inyectar sus 9,9 MW directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN), funcionando como una sola red para todo el país. Esto significa que no habrá una reducción en el costo de la factura de la Electrificadora del Meta (EMSA) para quienes habitan San Martín, ya que la empresa actúa sólo como generadora y no tiene competencia sobre la distribución o las tarifas finales.
La conflictividad derivada de proyectos extractivos y energéticos no es menor en América Latina. El Environmental Justice Atlas (EJAtlas), plataforma creada por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), registró 587 conflictos socioambientales en América Latina – el 32% del total mundial. De ese universo global, el 19% de los casos están vinculados a la generación de energía fósil y renovable, con un aumento creciente en conflictos relacionados con proyectos renovables.
Para Jessica Arias, investigadora de Polen Transiciones Justas, la transición energética debe ser justa, es decir, no puede reducirse a un simple cambio de tecnología, sino que debe ser un proceso sistémico que priorice el respeto por el tejido social y ecológico de las regiones que albergan los proyectos, advierte . «El concepto de lo que es justo para un departamento o un municipio tiene que empezar por preguntarse desde ese mismo territorio».
Arias menciona que una transición energética realmente justa exige reconocer que, aunque las energías renovables son necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, «no podemos ignorar que estas tecnologías también tienen impactos locales muy diferenciados», que deben ser gestionados con total transparencia.
Según la investigadora, los proyectos sólo traerán un progreso real si «se formulan desde los mismos territorios». Este debería ser el primer paso para garantizar que las comunidades rurales no paguen el precio ambiental de una energía que, paradójicamente, a veces no llegará a sus hogares.
A mediados del 2025, el Ministerio de Minas y Energía informó que el 52% de los proyectos de energías renovables en Colombia presentaban dificultades en trámites ambientales, reflejando las tensiones que existen entre la necesidad de acelerar la transición energética y la protección de los territorios donde se desarrollan estos proyectos.
El proyecto que no se socializó lo suficiente
El debate en el Concejo Municipal estuvo marcado por la indignación ante lo que concejales y ciudadanía calificaron como un proyecto ejecutado «a las escondidas». El presidente de la corporación, David Murcia, y concejales como Andrés Ladino y Shirley Rey, enfatizaron que no tenían conocimiento previo del proyecto.
Rovecchi, de Lilan Energy, defendió el parque solar como una obra de utilidad pública e interés nacional necesaria para evitar un desabastecimiento energético. Pero para Angulo, el coordinador ambiental de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pascualera, la socialización fue una «falta de respeto» realizada con apenas un «puñado de personas, (para) tomarles tres fotos y ya con eso ir a Cormacarena y decir que socializaron el proyecto». Eso, dice el líder ambiental, no representa el sentir de las 25.000 personas que habitan el municipio y mucho menos las personas que viven cerca o en el área de influencia del proyecto.
“Esta energía limpia no puede construirse sacrificando tampoco la participación de la comunidad”, dijo Rey durante el debate. Por su parte, la ciudadana Stella Carlier relató que la información brindada a los pocos vecinos y vecinas contactados fue superficial y confusa, señalando que a algunos se les hizo creer que los paneles no afectarían áreas boscosas para obtener su consentimiento rápido: «Les dieron la mano y nos tomaron una cantidad de fotos, pero en sí no nos dijeron nada, simplemente que iban a colocar paneles solares».
En el eje ambiental, el debate se centró en la pérdida del corredor ecológico y la insuficiencia de las compensaciones. Los concejales Jorge Humberto Flórez y Edgar González cuestionaron que se pretenda compensar árboles de 30 años con plántulas que, según el historial de la región, tienen una baja tasa de supervivencia. Marco Antonio Arias, concejal del municipio, alertó sobre el desplazamiento forzado de monos tití (Saimiri sciureus albigena) y aulladores (Alouatta seniculus), quienes perderían el corredor ecológico por el que transitan debido a la tala en el anillo vial.
San Martín es uno de los asentamientos más antiguos de los Llanos Orientales. Está ubicado a aproximadamente 65 kilómetros de Villavicencio, actual capital del departamento del Meta.
El municipio tiene una superficie de 595.992 hectáreas aproximadamente, donde el 62,94% está deforestada y cultivada con pastos donde prevalece la ganadería extensiva, con 137.846 cabezas de ganado equivalentes. En total, el sector ganadero dispone del 63% de la superficie, mientras el sector agrícola ocupa el 1,74 %.
Además de su vocación ganadera y agrícola, San Martín ha sido escenario de la expansión de la industria de hidrocarburos. En su territorio se ubican áreas de exploración como los bloques Caño Sur, Caño Sur Oeste y CPO-11, donde Ecopetrol ha reportado varios hallazgos de petróleo desde 2011. Estos descubrimientos han incorporado al municipio dentro de la dinámica extractiva que caracteriza al Meta, departamento que durante 2025 produjo en promedio alrededor de 427.000 barriles diarios, equivalentes al 57,4 % de la producción petrolera nacional, manteniéndose como el departamento con mayor aporte al sector de hidrocarburos del país.
En este contexto de explotación petrolera, la creación de un parque solar pareciera un avance en la transición energética. Sin embargo, en lo que coinciden ambientalistas y ciudadanos es que el terreno escogido para la construcción de los paneles solares no es el más adecuado debido a la tala de árboles.
Angulo dice que “es muy contradictorio el hecho de ubicar 20 hectáreas para hacer ese parque en medio de un corredor ecológico cuando aquí tenemos muchas hectáreas que son ganaderas y que están totalmente peladas”. El líder indígena y ambiental Arnulfo Prieto, más conocido como Laguna, concuerda: “Aquí hay cantidades de porteros grandísimas. No estamos en contra de la construcción del parque solar sino de la tala. Hay tanta tierra que no tiene árbol y tienen que ir a hacerlo donde hay árboles».
Frente a estos cuestionamientos, Rovecchi explicó en el Concejo por qué terminaron eligiendo ese predio específico a pesar de la disponibilidad de otros: «Nosotros duramos años para poder asegurar un propietario que cumpliera unos requisitos de no tener su predio intervenido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ni tener procesos de restitución de tierras por el conflicto armado. No fue una tarea sencilla».
Además, la vocera de la empresa agregó que buscaban predios cercanos a la subestación San Martín para evitar pérdidas de energía en la red, pero que los inmediatamente adyacentes a la subestación están en zona de expansión urbana y no pueden ser intervenidos. La tala de los árboles del corredor ecológico se justificó precisamente para poder instalar la red que conectaría al nuevo parque solar con el sistema eléctrico nacional.
La ausencia de Cormacarena
Para Laguna, el manejo de este tema por parte de Cormacarena evidencia una falta de transparencia en la entidad. “Están vendiendo la patria porque cobran una multa ¿y a dónde está esa plata?”, se cuestiona. El concejal Flórez concuerda con el líder ambiental y expresa que la autoridad ambiental “ha sido oficiosa, pero para la plata. Lo único que le interesa es la tasa de compensación. Es una rectora del ambiente que viene a acabarlo”.
Se refieren a la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable, establecida por el Decreto 1390 de 2018, que reglamenta las tasas compensatorias que se deben pagar por el aprovechamiento de productos forestales maderables en bosques naturales. En este caso son $17.099.802 COP (Más de 4.700 dólares), establecidos por la Resolución 0388.
Este documento también determina que se debe compensar un área total de 11,74 hectáreas con una densidad de referencia de 1.000 árboles por hectárea. Lo que implica que la cifra total asciende a 1.1740 árboles que deben ser sembrados. La ubicación exacta debe definirse en un Plan de Compensación que la empresa debe presentar para aprobación. La resolución dicta que se debe privilegiar el área de influencia del proyecto, específicamente la Franja de Retiro de Fuentes Hídricas (FRFH), nacimientos de caños y quebradas. El Cuarto Mosquetero y Climate Tracker contactaron a Cormacarena para conocer su versión sobre este caso y las razones por las cuales otorgaron el permiso de aprovechamiento forestal de estos árboles, pero hasta el momento de la publicación no se ha recibido respuesta.
La representante de la empresa Lilan Energy informó en el Concejo que están estudiando cerca de 30 hectáreas para asegurar que la reforestación se quede en el municipio de San Martín, idealmente en la misma vereda Bañadera o zonas colindantes. Sin embargo, hay escepticismo por parte de la comunidad sobre la efectividad de la compensación.
Angulo y Laguna señalan que históricamente estos árboles que se siembran mueren por falta de cuidado real en el tiempo y que no compensan de inmediato la pérdida de árboles adultos de más de 30 años. Rey recuerda otros casos del municipio: “Muchas veces vienen a reforestar pero quedan los árboles ahí, no les hacen un seguimiento y ahí quedamos. O sea, simplemente dicen: ‘Reforestamos 1000 árboles’, los dejan, pero ahí quedan y se mueren porque no le realizan un seguimiento”.
El manejo de la fauna en el proyecto se basa en un protocolo de ahuyentamiento, rescate y reubicación que busca desplazar a los animales hacia el bosque de galería del Caño Camoita antes de la tala. Según la empresa Lilan Energy, se utilizan estímulos visuales como cintas reflectivas, sonoros (como bocinas) y mecánicos para inducir la salida de las especies, reportando haber movilizado a 49 individuos, incluidos monos tití (Saimiri sciureus albigena), y aves como las corocoras del Llano (Eudocimus albus), animales emblemáticos del territorio.
No obstante, la comunidad ha expresado rechazo hacia estas medidas. Angulo cuestiona la veracidad de los censos, señalando que “no puede ser cierto que en 20 hectáreas de campo solo hayan encontrado un nido activo en la zona talada, cuando en una finca pequeña se pueden hallar cientos”.
Tras la presión comunitaria y el debate político, los diálogos directos con los representantes de Lilan Energy derivaron en una serie de compromisos consignados en actas oficiales a las que tuvo acceso Climate Tracker América Latina.
El acuerdo principal establece la suspensión total del aprovechamiento forestal en el espacio público, en el Anillo Vial y la vía a La Pascualera, hasta que la empresa presente un nuevo diseño técnico que reduzca al mínimo el número de árboles a intervenir, priorizando la poda sobre el corte, en los aproximadamente 300 que no se han talado.
Asimismo, la empresa aceptó habilitar espacios para una veeduría ciudadana dentro del predio «La Aurora» para supervisar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el estado de la fauna silvestre. Sin embargo, Angulo expresa que ese espacio todavía no se ha llevado a cabo. Finalmente, en busca de un beneficio tangible para el municipio, se solicitó la instalación de paneles solares en el jardín infantil con 140 niños y niñas y el ancianato con 32 adultos mayores, del barrio 11 de noviembre, una iniciativa que busca mitigar la paradoja de este proyecto.
Actualización: Tras la publicación de este reportaje, Cormacarena respondió, el 02/07/2026, las preguntas previamente enviadas por Climate Tracker.
Juan Carlos Sánchez, líder del grupo de hidrocarburos y energético de Cormacarena, afirmó que para la entidad “las socializaciones son posteriores a la evaluación y al pronunciamiento mediante un acto administrativo”.
Sobre la ubicación del proyecto, afirmó que “están obligados a que se puedan interconectar a la red” en puntos validados por la UPME y la EMSA, y que “muchas veces a los propietarios no les interesa este tipo de proyectos” que requieren contratos de arrendamiento de 30 años.
Sobre el impacto ambiental, señaló que los 3.011 árboles autorizados “no estaban dentro de ronda de protección hídrica”. Añadió que “por cada árbol que se va a aprovechar se van a sembrar alrededor de cuatro árboles a compensar”, además de un “mantenimiento a 3 años” para garantizar la supervivencia de las plántulas.
