En las montañas de Tarija, al sur de Bolivia, la reserva de Tariquía es mucho más que un área protegida; es la última defensa de una comunidad que, en palabras de sus habitantes, “prefiere la dignidad a cualquier precio”.
Tariquía, creada en 1989 para preservar uno de los ecosistemas más ricos de Bolivia, enfrenta hoy el avance inminente de la industria petrolera, avalada por un gobierno que, bajo el argumento de la crisis energética, insiste en que su explotación es necesaria. Sin embargo, para quienes habitan este territorio, la llegada de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa petrolera brasileña Petrobras solo traerá destrucción.
Las comunidades indígenas de Chiquiacá, uno de los cantones clave de Tariquía, se convirtieron en la primera línea de defensa. En una consulta, el 17 de octubre de este año, con 292 votos se opusieron a la presencia de las petroleras, superando a los 182 votos a favor.
“Hemos ganado. Y no vamos a permitir que las petroleras entren aquí. Nos sentimos más unidos que nunca”, dice Barbarita Mesa, lideresa defensora de Chiquiacá, quien sostiene que la reserva no debe venderse a cambio de falsas promesas.
“El gobierno dice que necesitamos ese gas, pero nosotros sabemos que solo traerá contaminación”, añadió en entrevista.
La Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) aplaudió la valentía de la comunidad, destacando que esta votación simboliza el poder de autodeterminación de Tariquía.
“Es un ejercicio propio, autónomo y soberano”, expresa la organización a través de su vocera Ruth Alipaz, que acompaña esta resistencia.
Las comunidades indígenas de Tariquía, sin embargo, mantienen firme su postura: no habrá entrada de petroleras en San Telmo y Astillero, los bloques de exploración donde se espera perforar el pozo Domo Oso X3.
Apenas a un kilómetro de la reserva, el pozo Domo Oso X3, con una proyección de 2,8 trillones de pies cúbicos de gas, sigue siendo el argumento del gobierno para asegurar un futuro económico que promete llegar hasta los rincones más olvidados de Tarija. Pero para Jorge Campanini, investigador del CEDIB, Tariquía representa algo mucho más valioso que cualquier estimación energética.
“Es una de las últimas reservas de bosque tucumano-boliviano en estado de conservación óptimo, un verdadero refugio para especies y un pilar hídrico para el sur del país”, afirma Campanini, quien sigue las resistencias indígenas contra las petroleras desde sus inicios.
La historia de Tariquía y su resistencia comenzó hace años, cuando en 2014 se aprobó un nuevo plan de manejo que, sin consulta previa, permitió la intervención en áreas que antes eran intocables.
Campanini lamenta el secretismo con el que se modificó el plan de manejo.
“Reducir la zona núcleo para facilitar la exploración petrolera no solo viola la normativa ambiental, sino también el derecho constitucional de consulta previa”, agrega.
Humberto Romero, líder de la Subcentral de Tariquía, recuerda con frustración las promesas incumplidas que el gas ha dejado en la región: “Tarija ha producido gas por décadas, y aquí seguimos sin caminos, sin salud, sin agua. Solo nos han dejado pobreza y destrucción ambiental”.
Bolivia tiene 56 proyectos de explotación y exploración
En la madrugada del 23 de mayo de 2023, el gobierno boliviano confirmó lo que las comunidades indígenas ya advertían desde hacía meses. Las reservas de gas natural, el “oro invisible” que impulsaba la economía nacional, estaban disminuyendo rápidamente.
Mientras en las ciudades se hablaba de la inevitable “transición energética”, ante la controvertida idea de que el gas es un “combustible de transición”, en los territorios de las comunidades indígenas la situación era más compleja. El Estado intensificó la exploración de nuevos yacimientos, abarcando áreas protegidas, alterando ecosistemas y afectando profundamente la vida de comunidades indígenas.
La Constitución Política del Estado reconoce las áreas protegidas como patrimonio natural y cultural, inalienables y de interés público, destinadas a la protección, conservación, investigación, educación y turismo ecológico. La Ley 1333 del Medio Ambiente establece su manejo bajo planes específicos para proteger sus recursos. Sin embargo, el Decreto Supremo N°2366 de 2019 permite la exploración y explotación de hidrocarburos en estas zonas, contradiciendo su objetivo de conservación y exponiéndolas a impactos ambientales y sociales.
En respuesta al declive de la producción petrolera y gasífera, el gobierno, a través del Plan de Reactivación del Upstream 2021-2025, lanzó 56 proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Con seis pozos exitosos y nuevos campos en fase de exploración, el objetivo es revitalizar el sector. Sin embargo, las cifras actuales revelan una marcada caída. Desde 2014, la producción de petróleo disminuyó un 54% y la de gas un 40%, incrementando la dependencia de importaciones.
El informe inicial de rendición de cuentas de 2024 del Ministerio de Hidrocarburos y Energías señala que este año se perforarán 22 pozos exploratorios, y que siete se encuentran en desarrollo y cuatro en fase de intervención. Además, para 2024 se proyectó una inversión de $628,94 millones de dólares en el sector hidrocarburífero. El 44,02% destinado a la exploración, lo que equivale a 276,89 millones de dólares.
La defensa del Madidi: un territorio en jaque ante la expansión petrolera
El pueblo indígena de San José de Uchupiamonas, ubicado en el corazón del Parque Nacional Madidi en el noroeste de la Amazonia boliviana, enfrenta la amenaza constante de la expansión petrolera. Aislado y biodiverso, este territorio de casi 1,9 millones de hectáreas parece protegido por su lejanía —a ocho horas en bote desde Rurrenabaque—, pero en la práctica, sus riquezas naturales están en riesgo.
La Amazonía boliviana sufre una drástica expansión de concesiones petroleras. Entre 2012 y 2020, las áreas destinadas a la explotación de hidrocarburos se duplicaron, pasando de 73,215 km2 a 156,583 km2, según un análisis de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Este cambio ilustra el crecimiento desmedido de la actividad hidrocarburífera en áreas sensibles, impactando ecosistemas protegidos y territorios indígenas.
Ruth Alipaz, coordinadora nacional de CONTIOCAP y una de las principales voces de la comunidad indígena Uchupiamona, expresa su preocupación: “Nuestro territorio está 98% concesionado para exploración petrolera. Aunque aún no se han iniciado estas actividades, la amenaza es constante, y nos deja en una situación de temor de que en cualquier momento esto empiece”.
Alipaz enfatiza la necesidad de una defensa activa de los espacios protegidos y los territorios indígenas.
“La resistencia no es solo por el territorio, es también por la vida que alberga. Sabemos que Madidi es más que un parque, es nuestro hogar, y la lucha por preservarlo es una lucha por el futuro de todos”, agrega.
¿Y la consulta previa?
“La consulta libre, previa e informada no se cumple en Bolivia. Desde la Constitución de 2009, ningún pueblo fue consultado para actividades extractivas, sea petrolera, minera o agronegocios. Lo que se hace es un trámite administrativo o una socialización, y eso se considera consulta. No hay consentimiento verdadero y, al final, el Estado toma la decisión, incluso si las comunidades rechazan el proyecto”, asegura Alipaz.
Por su parte, Wilma Mendoza Miro, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), denuncia que los proyectos extractivos petroleros son impuestos a las comunidades sin consulta previa, violando tanto la legislación nacional como los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
“El gobierno nos ha ignorado. (…) Siguen destruyendo nuestras tierras para un modelo económico que nunca nos beneficia”, lamenta Mendoza.
El impacto de estas políticas no es solo ambiental. Las comunidades indígenas aseguran que están perdiendo su capacidad para decidir sobre sus territorios.
Por su parte, el investigador del CEDIB dijo que desde 2014, Bolivia ha flexibilizado sus normativas ambientales y sociales para favorecer a las empresas petroleras, con modificaciones que se intensificaron entre 2022 y 2024.
“Hemos llamado (a esto) la reconfiguración del sector normativo hidrocarburífero”, señala Campanini, en referencia a cómo estas políticas alteran el marco regulatorio para proyectos en áreas protegidas y comunidades indígenas. Uno de los ejemplos es el Decreto Supremo 2366, que abrió espacios de conservación a la exploración de hidrocarburos y minimizó los requisitos de consulta a las comunidades indígenas.
La caída del imperio de los combustibles fósiles
Bolivia, durante décadas, basó su economía en la explotación de combustibles fósiles. El gas natural y el petróleo representan más del 92% de la matriz energética. Durante los años de bonanza, los ingresos por exportaciones de gas llenaron las arcas del Estado y permitieron el financiamiento de programas sociales.
Pero ahora, con las reservas de gas en declive y la producción hidrocarburífera en su punto más bajo desde 2005, el país enfrenta una crisis sin precedentes.
En 2023, Bolivia ya no será el gigante gasífero que alguna vez fue. Los reportes oficiales anunciaron el agotamiento acelerado de las reservas, lo que forzó al gobierno a incrementar la importación de diésel y gasolina a costos exorbitantes.
Esta realidad empuja al gobierno a expandir la frontera extractiva hacia áreas protegidas y territorios indígenas, una decisión que enciende la resistencia de las comunidades locales.
Gonzalo Mondaca, ingeniero ambiental y especialista en temas energéticos en el CEDIB, advierte que la crisis energética de Bolivia no solo es ambiental, sino también estructural.
“Dependemos casi por completo de los combustibles fósiles, y nuestra falta de diversificación energética nos deja expuestos a las fluctuaciones del mercado global y la geopolítica internacional”, explica.
En 2014, el CEDIB publicó un mapa que revelaba la superposición de áreas protegidas con zonas de exploración hidrocarburífera. A pesar de las advertencias sobre el impacto ambiental y social, la frontera extractiva siguió avanzando.
“Hoy, los efectos de estas políticas son evidentes en lugares como el Chaco boliviano y la Amazonía, donde las exploraciones provocan la reducción del acceso al agua en comunidades indígenas, destruyendo los ecosistemas de los que dependen”, agrega Mondaca.
El reto de una transición energética justa
A medida que Bolivia se enfrenta a la decadencia de sus reservas de gas, la necesidad de una transición energética es más urgente. Sin embargo, el país se encuentra atrapado en un modelo económico extractivista difícil de desmantelar.
“La transición energética justa en Bolivia es un horizonte muy lejano. No podemos engañarnos con un discurso utópico cuando seguimos atrapados en un modelo dependiente de combustibles fósiles, mientras los proyectos de energía renovable comunitaria son simbólicos en comparación”, asegura Campanini.
El gobierno anunció planes ambiciosos para desarrollar proyectos de energías alternativas, impulsados por el Decreto Supremo 2048 y el Plan para el Desarrollo de las Energías Alternativas 2025. La implementación de energías renovables, como la solar y la eólica, ha avanzado lentamente debido a la falta de inversión, infraestructura adecuada y políticas públicas coherentes.
Bolivia posee un enorme potencial para las energías renovables, especialmente en el altiplano, donde la radiación solar es óptima para proyectos solares a gran escala. En 2021, el país inauguró la planta solar más grande de su historia en Ancotanga, un paso importante, pero insuficiente. Las energías renovables aún representan una fracción mínima de la matriz energética.
Pablo Solón, activista ambiental, insiste en que cualquier transición debe ser justa, es decir, que no sacrifique a las comunidades más vulnerables.
“Las energías renovables son el futuro, pero no pueden implementarse a costa de los pueblos indígenas. Debemos asegurarnos de que ellos sean protagonistas de esta transformación y no las víctimas”, asegura.
Como señala Campanini, “estamos atrapados en dos paradigmas de transición” que dificultan avanzar hacia una energía más justa, mientras el Estado enfrenta presiones para profundizar un modelo extractivista que genera graves impactos sociales y ambientales”.
Para Campanini, en una matriz energética que sigue dominada por los combustibles fósiles, el desafío reside en replantear para quién es esta energía y cómo puede beneficiar a las comunidades, en lugar de ser exclusivamente un recurso para la exportación y el interés industrial.
