Luego de ser clasificada en julio de este año como una nación de renta alta por parte del Banco Mundial, es decir, que tiene un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita arriba de los $13.845 de dólares anual, Costa Rica entraría a jugar en un escenario muy distinto. Tendrá que echar mano de una nueva baraja de estrategias para acceder a financiamiento climático, sobre todo de cara a la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).
Y es que, para esta nación centroamericana; así como para el resto de América Latina y el Caribe, las consecuencias del cambio climático son cada vez más palpables, pese a que en su conjunto la región sólo contribuye con menos del 10% de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
El impacto de los efectos del cambio climático va de la mano con crecientes necesidades de acceso a recursos financieros para invertir en mitigación, adaptación climática y la atención de las pérdidas y daños provocados por los eventos extremos.
En este sentido, el acceso a recursos financieros será uno de los puntos vitales de las negociaciones de la COP30, que tendrá lugar en Belém, Brasil, entre el 10 y el 21 de noviembre próximo. Así lo confirmó Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático del país sudamericano, durante el evento pre-COP, que concluyó a mediados de octubre; quien además indicó que es urgente ampliar el financiamiento para avanzar en la implementación de los acuerdos climáticos.
De hecho, en su más reciente informe anual “Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que la región latinoamericana necesitará entre $2,1 y $2,8 billones de dólares, acumulativos hasta 2030, para cumplir los compromisos climáticos e impulsar simultáneamente el crecimiento económico, incluyendo la transición y descarbonización de las economías.
Aunque Costa Rica aún no ha presentado un dato consolidado de los recursos que requiere para atender sus compromisos ambientales y riesgos climáticos, en su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) del 2020, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) estimó que entre 2005 y 2017 se registraron pérdidas por $2.210 millones de dólares.
Solamente en el 2017, las pérdidas fueron de $577 millones de dólares, producto del impacto de la tormenta tropical Nate, el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual de ese período.
Para Costa Rica es importante acceder a recursos que le permitan gestionar el impacto del cambio climático en diversas áreas, incluyendo la mitigación, adaptación y reparación por pérdidas y daños.
De acuerdo con el tratado internacional Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, el financiamiento climático puede ser local, nacional o transnacional y provenir de fuentes privadas, públicas o de cooperación. Implica que aquellos que tienen más recursos apoyen a los países con menos ingresos y mayor vulnerabilidad.
Cuando se habla de financiamiento para mitigación, se busca poner en marcha acciones para reducir las emisiones; mientras que en adaptación la idea es avanzar con iniciativas que permitan a las comunidades y ecosistemas adecuarse a los cambios y reducir los riesgos del impacto del cambio climático.
Adicionalmente, el financiamiento para pérdidas y daños está relacionado con las consecuencias económicas que ha dejado la crisis climática, incluyendo las olas de calor, el aumento en el nivel del mar, las sequías y los fenómenos extremos.
En particular, Costa Rica confirmó en su Informe Bienal de Transparencia la importancia de acceder a financiamiento blando para la adaptación, lo que determinará la capacidad nacional de implementar sus metas de mitigación sin más condicionamientos financieros. Además, tiene como prioridad acceder a recursos para adaptación en ámbitos como infraestructura, manejo marino, desarrollo urbano, vivienda, agricultura, agua y saneamiento.
Pero, ¿qué implica para Costa Rica convertirse en un país de renta alta?
En principio, ser catalogado como un país de renta alta es un factor positivo en materia de reputación internacional, y esto fue posible porque —en términos macroeconómicos— el país ha logrado mantener un nivel de crecimiento de su economía por encima del promedio regional, que incluso presenta proyecciones del 3,5% para el cierre de este año.
Claro que graduarse como país de renta alta y formar parte de este grupo tiene sus matices, sobre todo para una economía marcada por altas desigualdades y una bonanza que no es igual para las empresas que se ubican en el régimen de zonas francas (que tienen una serie de exoneraciones fiscales) y las que son locales; o que muestra niveles descendientes de desempleo, pero que responde más bien a una salida importante de personas de la fuerza laboral.
En el marco de la Jornada Nacional de Liderazgo y Acción Climática, organizada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en septiembre pasado, el viceministro de Asuntos Estratégicos Carlos Isaac Pérez reconoció que al ingresar a la categoría de país de ingreso alto Costa Rica verá cómo la cooperación internacional será cada vez menos y más cara.
Eso sí, para que entre a regir el trato que se da a las economías con renta alta, el país tendría que mantener esta categoría y desempeño económico durante al menos tres años consecutivos.
“Si seguimos creciendo a los niveles económicos de los últimos tres años, sí se nos va a complicar, nos pasará como el caso de Chile, Brasil o México que han visto encarecido el financiamiento internacional, pero aún tenemos importantes obligaciones fiscales y compromisos de inversión social, ambiental y económica y esa cooperación de bajo costo que hemos recibido en el pasado nos ha ayudado mucho”, detalló el jerarca.
El país ha sido sujeto de financiamiento en el pasado por parte de diversos organismos, como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluso el mismo Banco Mundial, con el fin de invertir, por ejemplo, en pérdidas y daños, para recuperar zonas afectadas por el cambio climático o para planes de adaptación.
Tal es el caso de los recursos recibidos en el año 2024 por parte del BCIE, con la aprobación y entrega de una cooperación de emergencia por $500.000 dólares para atender los impactos indirectos del huracán Rafael, la inestabilidad atmosférica generada por la Zona de Convergencia Intertropical y el paso de la Onda Tropical N°45, las cuales provocaron inundaciones con severos daños en infraestructura de diversas comunidades en el Pacífico y Caribe del país.
Otro ejemplo es la reciente aprobación de una línea de crédito verde aprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para Costa Rica, por $500 millones de dólares, que servirá como un financiamiento de hasta 20 años para atender emergencias o desastres por eventos climáticos extremos.
Sin embargo, estos créditos fueron otorgados bajo condiciones concesionales, es decir, préstamos que ofrecen condiciones más favorables que las del mercado (con tasas de interés más bajas y períodos de gracia más largos), que con esta categoría se dejarían de tener.
Al respecto, Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, cuestionó que el financiamiento climático esté condicionado a que Costa Rica sea un país de ingreso alto o medio, ya que eso no cambia el derecho a acceder a estos recursos.
“La deuda climática es un tema de emisiones y no de desarrollo económico, si el país puede desarrollarse de manera sostenible es positivo, y hay que recordar que la mayor responsabilidad de la emisión de gases es del norte global, por su lucro a través del daño de los ecosistemas. No deberían castigarnos por nuestro nivel de desarrollo, en especial cuando mucho de nuestro capital se filtra al norte para pagar deuda”, añadió Martínez.
De acuerdo con Carola Mejía, coordinadora del área de Justicia climática transiciones y Amazonía de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), el caso de Costa Rica catalogado como nación de renta alta podría ser visibilizado en la COP30, tomando en cuenta que -así como otras naciones de América Latina- obtener el puesto de alto ingreso limita el acceso a recursos, no le libera de la deuda y es un indicador netamente vinculado con el PIB.
“Esta categoría excluye al país (y a otros que están en situación similar) de recibir los recursos para atender otros indicadores, escondiendo vulnerabilidades sociales y ambientales. Por eso este año queremos impulsar en la COP un sistema de financiamiento climático justo para los países del sur, libres de deuda y accesibles, porque sin eso no podremos avanzar”, aseguró Mejía.
Se complica acceder a ciertos fondos
Según detalló el economista Juan Robalino, existen muchas maneras de acceder a financiamiento para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo, está el sector financiero comercial que brinda líneas de crédito para adopción de energías renovables, la compra de un auto eléctrico o un tanque de agua para que una comunidad enfrente las sequías. Estos están dirigidos a personas, empresas u otras organizaciones.
Sin embargo, los gobiernos tienen otras posibilidades a través de los organismos multilaterales, entre ellos, hay tres fondos conocidos y en funcionamiento. El Global Environment Facility (GEF) que se enfoca sobre todo en mitigación; el Fondo Verde para el Clima, donde hay un balance entre mitigación y adaptación y, finalmente, el Fondo de Adaptación, que se centra exclusivamente en este tema.
“A Costa Rica, con su designación de país de ingreso alto, se le complican las posibilidades de acceder a estos fondos. El GEF prioriza a los países de menor ingreso y mayor vulnerabilidad, lo que podría limitar las oportunidades para recibir transferencias, aunque habría opción de un financiamiento mixto”, mencionó el experto.
Adicionalmente, tanto el Fondo Verde para el Clima como el Fondo de Adaptación están dirigidos a países en desarrollo, pero no se enfocan solo en el ingreso y se podría argumentar que Costa Rica es un país altamente vulnerable, aunque competiría con naciones de ingresos menores y más vulnerables.
Robalino agregó que el gobierno podría buscar financiamientos para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático a través de los mercados de capitales y préstamos de organismos financieros multilaterales con tasas preferenciales, como el que recibió el país hace unos años de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la facilidad de resiliencia y sustentabilidad.
Oportunidades que surgen
El viceministro Carlos Isaac Pérez mencionó que el país tendrá que innovar en los mecanismos financieros para seguir sosteniendo las inversiones climáticas de los próximos años.
“Somos de ingresos altos bajo la metodología del Banco Mundial y, en ese sentido, se nos presentan importantes retos en términos de financiamiento, aunque tenemos una ventaja comparativa, por ejemplo, fuimos miembros de la junta directiva del Fondo de Pérdidas y Daños, lo que nos permitiría acceder a financiamiento bajo ciertas condiciones que son provechosas”, dijo el funcionario.
Adicionalmente, desde la Oficina de Prensa del Minae afirmaron que el perfil del país como receptor de cooperación para el desarrollo está cambiando, y es probable que haya una modificación en las ventanas y condiciones de acceso a opciones de financiamiento y cooperación no reembolsable.
El viceministro indicó que realizan esfuerzos para atender las pérdidas y daños causados por desastres, por lo cual se comprometieron con empréstitos con el BCIE, Banco Mundial, y FMI, tanto para atender los desafíos que enfrenta el territorio por el cambio climático, como las necesidades de atención de la economía nacional.
“Estamos trabajando para estimar los montos de inversión que se requieren, de carácter preventivo, porque se tiene estimado que de aquí al 2050 es probable que los desastres nos afecten en unos US$30 millones de dólares en pérdidas. De ahí que resulta vital invertir en adaptación”, aclaró el jerarca.
En el caso de la mitigación, es mucho más clara la situación con respecto a opciones de financiamiento, pero para la adaptación las oportunidades han sido históricamente más escasas, de ahí el interés en insistir en la reducción de la brecha financiera entre ambas y buscar crear nuevos instrumentos para fomentar la capacidad de acceso financiero de las acciones en adaptación al cambio climático.
Al respecto Carlos de Miguel, director División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos de la Cepal, recordó que los fondos tienen recursos muy limitados, como el de pérdidas y daños que tiene programado para este año – en su fase inicial – unos $250 millones de dólares para todo el planeta, y lo que le podría tocar a Costa Rica sería mínimo, si acaso para apalancar recursos semilla que le permitan complementar con el sector público -algo aún más complicado por las restricciones fiscales que tiene-.
Reconoció que los fondos financiados a través de alianzas público-privadas pueden resultar una buena alternativa y serían un motor de transformación, si se incorporan incentivos con el sector privado (quien contamine pague).
Otras oportunidades para el país, agregó De Miguel, estarían en los mercados de carbono, vendiendo resultados de mitigación, canjes por reducción de emisiones y atraer al sector privado para que puedan compensar a través de certificados, bonos verdes y sistemas de pago por servicios ambientales.
El viceministro Pérez señaló que también se deberá avanzar en nuevos mecanismos financieros, incluso en la incorporación de variables de cambio climático, como atractivo para la inversión extranjera directa. “Por ejemplo, si lográramos que una empresa de alta tecnología produjera chips con energía renovable estaríamos descarbonizando o la exportación de nuestros productos como carbono neutral daría valor agregado en los mercados europeos para recibir ingresos”.
Lo cierto es que, en su Informe Bienal de Transparencia, el país reconoció que requiere de apoyo bilateral y multilateral para desarrollar proyectos de cooperación sobre todo para adaptación del cambio climático y en la gestión de pérdidas y daños, especialmente, considerando las restricciones financieras vigentes en el presupuesto público.
Prioridades de Costa Rica en la COP30
Aunque Costa Rica no ha presentado su NDC actualizada al 2025, el viceministro Carlos Isaac Pérez confirmó que una de las prioridades que llevarán a la COP30 es el tema de adaptación.
“Aunque este país no es un contribuyente importante en gases contaminantes, estamos sintiendo los efectos y tenemos que invertir mucho en este tema, por ejemplo, en el sector agropecuario para no perder competitividad y otras actividades económicas como transporte, infraestructura, carreteras y construcción que también requieren incorporar medidas de adaptación para seguir desarrollándonos”, indicó.
Precisamente, en la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC.3) del 2025 -que probablemente se conocerá en noviembre próximo, en el marco de la COP30- vendrá la estimación del costo global que tendrá para Costa Rica atender sus desafíos y compromisos climáticos, sin embargo, a la fecha, no hay una cifra contundente.
Pese a no tener el dato concreto, el Minae detalló que, en materia de búsqueda de financiamiento, el país lleva como prioridad a la COP30 la adaptación y pérdidas y daños; recursos para movilidad sostenible; y tecnificación y mejoramiento del perfil competitivo en el sector agropecuario exportador e interno para que logren adaptarse al cambio climático.
Otras áreas en la que se enfocará el equipo negociador de Costa Rica será la transferencia tecnológica para adaptación y mitigación, así como recursos para esquemas de transición justa enfocada en el sector privado, específicamente pymes y grandes empleadores.
Los negociadores en la COP30 le apostarán a la reducción de la brecha de financiamiento entre adaptación y mitigación y que el acceso a recursos financieros esté diseñados a la medida para que los actores privados puedan incorporarse a la acción climática, a través de alianzas público-privadas y desarrollando capacidades propias.
“Como parte del enfoque del financiamiento, se está condicionando parte de las Contribuciones, de acuerdo con el esfuerzo requerido estimado, las condiciones y la capacidad del país para asumirlas. Si nos piden una NDC implementable debe disponerse de los recursos que la apoyen. Por nuestra parte, procuraremos ser una nación atractiva para la inversión externa con objetivos de acción climática”, dijo el jerarca.
Adrián Martínez, vocero de la Ruta del Clima acotó que, desde su perspectiva, la prioridad de Costa Rica debería estar fijada en un financiamiento real, conforme a las obligaciones que tienen los países desarrollados con la deuda climática y el daño que sus economías han generado.
“Costa Rica no debió aceptar que el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (meta financiera de 300 mil millones de dólares anuales para 2035, acordada en la COP29) sea voluntario y que provenga de fuentes privadas y públicas. El país debe luchar porque haya más recursos para adaptación y reparar daños y pérdidas, lo que podría implicar tener posiciones políticas fuertes y hasta emprender litigio climático”, concluyó Martínez.
