En noviembre de 2025, la COP30 en Belém terminó sin mencionar los combustibles fósiles, la principal causa del cambio climático antropogénico, en su declaración final. La presión de los países productores fue suficiente para vaciar el texto de compromisos concretos sobre petróleo, gas y carbón. Lo que sí quedó fue una iniciativa: Brasil, como presidencia de la cumbre, abrió un proceso para construir una hoja de ruta global de transición alejada de los combustibles fósiles —el llamado TAFF, por sus siglas en inglés— y convocó a gobiernos, organizaciones y actores a enviar sus insumos al respecto.
En la COP31, en Antalya, Turquía, Brasil presentará su propuesta, llamada “Hoja de ruta para una transición lejos de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de una manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, para alcanzar el net zero en 2050, de acuerdo con la ciencia”, según lo presentó el presidente de la COP30, André Correa do Lago, durante la conferencia de los órganos subsidiarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn, Alemania.
Otra iniciativa salida de Belém fue la primera Conferencia Internacional más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta en abril de 2026 y coorganizada por Colombia y Países Bajos, la que abrió un proceso complementario a las Conferencias de las Partes (COP) para avanzar en la transición lejos de los fósiles. Dicho proceso se estructura en tres ejes de trabajo: hojas de ruta nacionales de transición con apoyo de un panel científico, reforma de la arquitectura financiera internacional para superar las dependencias macroeconómicas, y descarbonización de la balanza comercial mediante cooperación entre países productores y consumidores.
En ese doble contexto, en junio de 2026 en Bonn, una coalición de 46 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe presentó su propia respuesta al desafío: Una hoja de ruta latinoamericana para salir de los fósiles. El documento fue construido en los meses posteriores a Belém por organizaciones como Transforma y Climate Action Network Latinoamérica (CANLA).
“Surgieron pensando que las hojas de ruta globales son importantes, pero pueden perder parte de la complejidad y particularidad de las regiones. Decidimos traer al frente información y medidas accionables dentro de las hojas de ruta de bosques en pie y transición energética en América Latina”, comenta Alejandra López, directora de diplomacia climática en el centro de pensamiento y acción latinoamericano Transforma.
El documento define qué países deben hacer qué, cuándo y con qué instrumentos, desde cerrar pozos petroleros hasta alternativas para descarbonizar la industria del cemento, reformar los mandatos de empresas estatales como Petrobras hasta cómo evitar que América Latina repita con el litio lo que ya hizo con el petróleo. La propuesta completa un vacío, pues las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) —los compromisos climáticos que cada país entrega a la ONU— son documentos nacionales que no necesariamente dialogan entre sí y no se piensan de forma regional.
Productores en auge, maduros e importadores
América Latina tiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo: cerca del 60% de su generación eléctrica proviene de fuentes renovables, y países como Costa Rica, Paraguay y Uruguay superan el 90%. Visto solo desde la electricidad, la región parecería ir adelantada en la transición.
Pero la electricidad es apenas una parte del sistema energético. Cuando se mira el conjunto —transporte, industria, calefacción, generación eléctrica—, dos tercios de la matriz energética regional siguen dependiendo de combustibles fósiles, con el petróleo teniendo una participación superior al promedio mundial. Y esa dependencia es también fiscal, pues en promedio el 3,9% de los ingresos públicos de la región provienen de la extracción de hidrocarburos, una cifra que en Ecuador llega al 7,6% y en Trinidad y Tobago al 11,7%. En Colombia, el petróleo y el gas representan cerca del 10% del PIB. Esa renta financia presupuestos, sostiene empleos y, en muchos casos, paga subsidios que abaratan el consumo de los propios combustibles fósiles.
El documento da cuenta de cómo la región tiene la materia prima para liderar la transición (energías renovables y minerales críticos) y, al mismo tiempo, economías que dependen de seguir extrayendo lo que deberían dejar bajo tierra. Por eso la hoja de ruta rechaza una salida uniforme y divide a los países en tres grupos con ritmos y medidas distintas.
El primero son los productores en auge: Brasil, Argentina, Guyana, Venezuela y Trinidad y Tobago. Países con infraestructura extractiva de gran escala, reservas en explotación activa y, en varios casos, planes de expansión. Brasil produce casi ocho millones de terajoules de crudo y es exportador neto significativo; mientras que Guyana protagoniza una de las expansiones petroleras más aceleradas del mundo. A este grupo, el documento le pide las medidas más exigentes y más tempranas.
El segundo son los productores maduros: Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Tienen trayectoria histórica de extracción pero reservas en declive y señales de agotamiento. Aquí el documento pone el acento en gestionar el descenso de forma ordenada, sin improvisar cierres.
El tercero son los importadores con capacidad de refinación: Chile, Cuba, Perú y República Dominicana. Su dependencia no está en la producción sino en el consumo: importan la mayor parte de los combustibles que usan, lo que los hace vulnerables a la volatilidad de los precios internacionales. Para ellos, el esfuerzo se concentra en reducir y electrificar la demanda.
Cerrar la llave fósil
Si bien en América Latina el despliegue de renovables crece, la expansión fósil continúa al mismo tiempo. «Entre 2020 y 2030, los gobiernos producirían más del doble de combustibles fósiles de lo que es compatible con 1,5°C», dijo Karla Maass, de la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, durante una conferencia de prensa en Bonn. «Esa contradicción envía señales opuestas a los inversionistas, a la sociedad y a las comunidades en el terreno».
Uno de los ejes de las discusiones de la conferencia de Santa Marta en abril fue abordar el escenario de la transición energética no solo desde la demanda —electrificar el transporte, hacer más eficiente la industria, sustituir el gas en los hogares—, sino también desde la oferta.
La propuesta de hoja de ruta regional ataca ese punto con medidas escalonadas sobre la producción. En el corto plazo, antes de 2030: suspender nuevas rondas y licencias de exploración en ecosistemas estratégicos, establecer moratorias al fracking y a la explotación offshore en aguas profundas, reducir los subsidios y el financiamiento público a nueva exploración, e identificar los campos e infraestructura prioritarios para cierre y remediación. En el mediano plazo, entre 2030 y 2040: prohibir toda nueva actividad de exploración convencional y no convencional, ajustar contratos e incentivos a escenarios de reducción progresiva, y ejecutar los cierres técnicos y la remediación ambiental de los campos priorizados. Hacia 2050: consolidar el cierre definitivo de los pozos sin función de seguridad energética y completar la restauración de los territorios.
En esa línea, se plantea la creación de zonas libres de fósiles: áreas geográficas diseñadas para prohibir permanentemente la expansión, exploración e infraestructura fósil, seleccionadas por su importancia ecológica, cultural o socioeconómica.
El documento también dedica una parte a un actor clave: las empresas estatales de petróleo, como Petrobras (Brasil), Ecopetrol (Colombia) y Pemex (México). Diseñadas para maximizar la extracción como fuente de ingresos fiscales y seguridad energética, con ese mandato los propios Estados tendrán un incentivo institucional para seguir produciendo. La hoja de ruta propone reformar esos mandatos, incorporando antes de 2030 objetivos de reducción progresiva, suspender nuevas inversiones en exploración, y entre 2030 y 2040 renegociar los contratos incompatibles con la meta de 1,5°C. El horizonte es transformar a estas empresas, hacia 2050, en operadores de energías renovables y almacenamiento.
El riesgo de cambiar petróleo por litio
El documento advierte que la transición en América Latina puede fracasar incluso si tiene éxito en lo energético: si es que la región pasa de exportar petróleo a exportar minerales críticos sin transformar nada de fondo. Litio, cobre, níquel y otros minerales son insumos esenciales para baterías, paneles y redes eléctricas, y América Latina concentra enormes reservas. La tentación —y la presión internacional— es convertirse en proveedora de esa materia prima para las cadenas industriales de otras regiones, reproduciendo exactamente el modelo primario-exportador que la dependencia fósil ya consolidó.
La hoja de ruta plantea lo contrario: usar la transición como palanca para una reindustrialización regional. Fabricar componentes en vez de exportar litio en bruto, desarrollar tecnologías en vez de importarla. Para eso propone una política de industrialización antes de 2030 que abarque manufactura para la transición, pero también sectores como bioeconomía, agroindustria y turismo de naturaleza. Propone estándares regionales de reciclaje, recuperación y remanufactura —para baterías, paneles e inversores al final de su vida útil— de modo que los materiales reingresen al ciclo productivo en vez de depender siempre de nueva extracción. Y promueve el powershoring: atraer industrias intensivas en energía hacia los territorios que tienen energía renovable abundante y competitiva.
Para responder el cómo financiar todo esto, la propuesta es la creación de un fondo latinoamericano de transición energética con aportes de los propios países y participación de la sociedad civil en su gobernanza, incorporar mandatos climáticos en bancos de desarrollo regionales como el CAF, y construir inventarios nacionales de subsidios fósiles antes de 2030 como primer paso para desmantelarlos de forma ordenada, sin trasladar el costo a los hogares de menores ingresos.
La fragmentada realidad de las hoja de ruta
La hoja de ruta de la sociedad civil latinoamericana llega cuando los propios gobiernos no logran ponerse de acuerdo. Las posiciones que distintos países enviaron al proceso TAFF de Brasil revelan fracturas que van mucho más allá de los ritmos y que son ya comunes en el mundo de las negociaciones internacionales de cambio climático.
En un extremo, Vanuatu y otras naciones insulares exigen un tratado vinculante que prohíba de inmediato cualquier nueva expansión fósil, apoyándose en la reciente Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia para sostener que expandir la producción de hidrocarburos ya constituye un acto ilícito bajo el derecho internacional. México defiende una «introducción secuencial» de instrumentos de política climática, sin fechas concretas, condicionada explícitamente a no comprometer su dependencia fiscal del petróleo ni a generar presiones inflacionarias. Corea del Sur pide un enfoque «no prescriptivo», un menú de opciones donde cada país elija. Rusia rechaza de plano cualquier hoja de ruta que fije plazos obligatorios, por considerarla una violación de la soberanía energética.
La Unión Europea y Suiza proponen sentar a la industria de los combustibles fósiles en la mesa que diseñe la transición, con el argumento de que su experiencia es necesaria para gestionar el riesgo de activos varados. Algo que la propuesta de la sociedad civil específica como la línea que no se debe cruzar, ya que dejar que la industria fósil diseñe su propia salida equivale a entregarle el control del proceso.
Según reportó Climate Home News, varios países indicaron durante la conferencia en Bonn que las hojas de ruta deben ser una conversación continua y no quedarse en un solo documento.
De las ideas a la política pública
El riesgo del proceso TAFF (Transitioning Away from Fossil Fuels) es que quede como un ejercicio voluntario sin consecuencias. La hoja de ruta que Brasil presentará en la COP31 no será sometida a votación y ningún país está obligado a incorporarla en su política doméstica. La pregunta que queda abierta es cómo todo esto puede traducirse en cambios reales.
Un análisis del NewClimate Institute, publicado en abril de 2026, ayuda a entender las opciones que están en juego. Según el estudio, una hoja de ruta TAFF puede tomar al menos cuatro formas, cada una con un balance distinto entre ambición e implementación: una guía voluntaria de principios generales, una decisión multilateral negociada por consenso en la COP, una coalición de países dispuestos a avanzar sin esperar al resto, o un marco de ambición vinculante dentro de la estructura de la CMNUCC. Las cuatro implican compromisos distintos. La guía voluntaria es políticamente fácil pero incapaz de generar acción a la velocidad necesaria. La decisión multilateral requiere consenso, lo que en la práctica significa que Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos o cualquier bloque productor puede vaciarla de contenido, como ya ocurrió en Belém. El marco de ambición vinculante sería la opción más potente pero, según el propio estudio, políticamente inalcanzable en el contexto actual.
La opción que el NewClimate Institute considera más viable es la coalición de países dispuestos: un grupo de primeros movimientos que adopte metas compartidas, coordine políticas y demuestre con hechos que la transición funciona, sin quedar rehén del veto de los más rezagados.
Un informe de IDDRI y el Wuppertal Institut publicado en junio de 2026 ofrece otra pista, ya que analizó cómo los países tradujeron los resultados del primer Balance Mundial (GST1, proceso de revisión de la implementación del Acuerdo de París) a sus Contribuciones Nacionales Determinadas. El estudio encontró que las señales globales fueron más efectivas para impulsar el despliegue de renovables y medidas de eficiencia que para generar compromisos concretos de reducción de la producción fósil. En la práctica, las políticas de petróleo y gas siguieron determinadas por las prioridades de desarrollo, seguridad energética y estabilidad macroeconómica de cada país.
Es decir, los compromisos climáticos globales se traducen en política pública cuando aterrizan en los instrumentos nacionales que los gobiernos efectivamente implementan. Y el segundo Balance Mundial, previsto para 2028, es el destino natural de las propuestas de hojas de ruta. “El valor de las hojas de ruta no vendrá de un lenguaje aspiracional ni de un comparado de ideas que se han discutido, sino de su habilidad de canalizar cooperación práctica, fortalecimiento de capacidades y financiamiento que ayuden a los países a traducir los principios de una transición justa a políticas del mundo real”, afirma Caio Victor Vieira, especialista en política climática del Instituto Talanoa de Brasil.
