Por Miranda Bejarano Salazar y Luisa Fernanda Gómez
“Cerrejón se va y deja una estela de enfermos y un problema de salud pública”, dice Orlando Cuello, secretario general de la junta directiva del sindicato de mineros Sintracarbón.
En 2023, Carbones del Cerrejón anunció que no renovaría los títulos mineros que posee en Colombia y que terminan en febrero de 2034, como parte del plan de la multinacional suiza Glencore —propietaria de la minera— para reducir gradualmente sus emisiones de carbono hasta llegar al cero neto en 2050.
El carbón extraído de las minas a cielo abierto del Cesar y La Guajira es, en su mayoría, térmico; un combustible fundamental para la generación de electricidad en el mundo y el mayor responsable de las emisiones contaminantes de CO₂ del sector energético a nivel mundial. Durante décadas, estuvo entre los minerales más demandados del mundo y convirtió a Colombia en uno de los principales exportadores de este recurso.
El panorama comenzó a cambiar cuando la creciente urgencia de enfrentar la crisis climática impulsó compromisos internacionales —como el Acuerdo de París— y aceleró la sustitución parcial del carbón por otras energías —como el gas natural— y el desarrollo de nuevas tecnologías de generación y almacenamiento de energía. A esto se sumaron los cambios en el mercado internacional que transformaron la demanda del mineral. Las consecuencias de ese cambio se reflejaron rápidamente: en la última década, en el caso de Cerrejón, pasó de producir 32 millones de toneladas en 2016 a 16 (tons) en 2025, según la información reportada por la compañía. Lo que fue uno de los negocios más rentables para las multinacionales, hoy se traduce en cierres de minas en distintas partes del mundo. Y Colombia no ha sido la excepción.
El camino trazado por Glencore para salir del mercado ha sido aplicar un modelo de declive gestionado: operar las minas hasta agotar sus reservas y licencias. “Minas que van terminando sus concesiones, son minas que se van cerrando”, sostuvo Claudia Bejarano, entonces presidenta de Cerrejón, cuando anunció que Glencore no renovaría los títulos mineros que tiene en La Guajira.
Ese mismo año, la minera presentó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el borrador de su más reciente Plan de Cierre. El documento contempla estrategias para la reorientación laboral de los trabajadores y la gestión del fin de la operación, pero en ninguna de las más de cien páginas hace mención a medidas específicas relacionadas a la atención, reparación o seguimiento de enfermedades y demás afectaciones de la salud que padecen los miles de trabajadores directos e indirectos que han sostenido su operación. Si bien la norma para el cierre de mina que aplica a Cerrejón no le obliga a esto, para Christian Torres, coordinador del Área de Conflictos Mineros en Censat Agua Viva, resultaría importante que la empresa reconociera que la extracción del carbón generó afectaciones en la salud de sus trabajadores y busque repararlo.
Una población enferma
“No sabemos qué va a pasar con nosotros”, dice Roberto Hernández*, quien ha trabajado como operador en Cerrejón por 16 años. “Tengo actualmente ocho meses incapacitado. El sábado me dio un dolor tan fuerte en mi columna que solo me lo quitó la morfina. He recibido seis bloqueos con anestesia para tolerar el dolor, tengo patologías del manguito rotador, de columna, túnel del carpo y apnea del sueño. Nos ven y creen que estamos bien, pero estamos reventados”.
En 2024, el Ministerio de Trabajo realizó una caracterización sobre las condiciones de salud de los trabajadores y extrabajadores de las minas de carbón a cielo abierto en el Cesar, Magdalena y La Guajira. Los funcionarios entrevistaron a 1.044 mineros —de Drummond, Cerrejón y Prodeco— que reportaron 12.874 enfermedades; un promedio de 12 patologías por cada trabajador encuestado. Todos ellos presentaron algún tipo de afectación en su salud.
Los hallazgos del Ministerio del Trabajo documentaron enfermedades del sistema respiratorio, auditivas, complicaciones osteomusculares, del sistema nervioso, afecciones gastrointestinales extremas, enfermedades cardiovasculares y renales, infecciones urinarias y vaginales —para el caso específico de las mujeres—, además de trastornos psicológicos e ideaciones suicidas, en trabajadores de todas las empresas carboníferas del Caribe.
Cada mal ha intentado ser explicado. El informe Carbón Tóxico —publicado en 2019 por la Fundación Rosa Luxemburgo junto a Sintracarbón, enfocado en los trabajadores de Cerrejón— reseña que las finas partículas que se desprenden del carbón van poblando silenciosamente el cuerpo de quienes se exponen a este. Esto sumado a la inhalación de gases tóxicos y silicio conforman el cóctel químico perfecto para el desarrollo de graves enfermedades crónicas, como la neumoconiosis —llamada “enfermedad del pulmón negro”—, una patología respiratoria crónica asociada históricamente a la explotación carbonífera.
Los fuertes ruidos al realizar detonaciones con pólvora para llegar al depósito de carbón, así como la operación de las máquinas —que vibran al excavar la tierra y se estremecen con cargas de 70 toneladas que transportan de un lado a otro—, generan estragos en el oído, así como en los sistemas osteomuscular y nervioso de los trabajadores. “Con ambas manos, [los operadores] tienen que mover palancas para abrir el cucharón, cerrarlo, girar. Eso significa mover una cantidad de articulaciones [en las manos, brazos, hombros y torso] para hacer 60 cargas en una noche”, dice Alfredo Sánchez*, quien trabajó por 15 años en Cerrejón. La caracterización del ministerio registró más de siete mil respuestas —entre mil trabajadores— para el caso de las enfermedades del sistema osteomuscular.
Pero el desgaste no solo es físico. “Tú no sales de la mina para comer. No te da tiempo”, dice Hernández. Los trabajadores permanecen “en el hueco”, como ellos dicen, por tres o cuatro días seguidos en turnos rotativos de 12 horas. “Sin contar el tiempo de viaje desde la casa de los mineros hasta la mina” —aclara Cuello— “estamos hablando de quince horas diarias, bajo presión”. Un tercio de los encuestados reportaron trastornos mixtos de ansiedad y depresión. Entre los 1.044 trabajadores se registraron 2.046 respuestas, pues, según la caracterización, una misma persona puede presentar hasta tres trastornos. El informe relaciona estos padecimientos con posibles factores como el dolor crónico, la falta de sueño, la rotación de turnos y la alta presión laboral.
“Los guajiros fuimos conejillos de indias, porque nadie en Colombia, nadie en absoluto, tenía ni la más remota idea de lo que era la minería del carbón a cielo abierto”, dice Alfredo Sánchez.
Si bien es cierto —como los mismos autores reconocen— que la caracterización no permite establecer una relación causal definitiva entre las patologías registradas y la actividad minera, esto se debe a la dificultad para conseguir una muestra realmente representativa —por el temor de los empleados a ser despedidos si respondían la encuesta—, así como a la falta de atención de las entidades para relacionar las historias clínicas de los trabajadores con las labores que estos desempeñan.
La empresa, por su parte, en su más reciente informe de sostenibilidad destaca sus indicadores de seguridad y prevención de accidentes, pero no menciona el seguimiento a enfermedades ocupacionales de desarrollo progresivo en los trabajadores de su operación.
Enfermedad de “origen laboral” vs de “origen común”
“La empresa nos ve como una máquina. Cuando la persona no es productiva, termina siendo una carga y eventualmente siente uno que tiene la mira puesta”, dice Luis Carlos Acosta, vicepresidente de la seccional Maicao de Sintracarbón. Cerrejón, según denuncian los trabajadores, despide o no renueva los contratos de quienes manifiestan enfermedades y obstaculiza el reconocimiento de estas como consecuencia de las labores en la mina.
En la caracterización del Ministerio de Trabajo, de las enfermedades registradas, 7.188 fueron calificadas como de “origen común”, mientras que solo 2.342 —apenas el 15 %— recibieron el reconocimiento de “origen laboral”. La diferencia es relevante porque la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) asume los gastos de tratamientos e incapacidades de los pacientes con enfermedades relacionadas a su ocupación. Mientras que, quienes reciben la calificación de enfermedad de origen común, ven limitado el acceso a atención oportuna, especialistas, tratamientos médicos y programas de rehabilitación diseñados para enfermedades ocupacionales, al tiempo que dejan de recibir prestaciones asistenciales y económicas y perciben sueldos menores durante el tiempo que estén incapacitados. Como resultado, la responsabilidad de privados se traslada al Estado e impacta en el sistema de seguridad social y en la economía de los trabajadores.
Pero para lograr el reconocimiento de una enfermedad como de origen laboral, los trabajadores enfrentan una serie de barreras estructurales. La caracterización del ministerio señala, entre ellas, que las ARL evalúan las enfermedades según los riesgos del puesto de trabajo actual, sin considerar necesariamente la trayectoria del trabajador dentro de la empresa, que puede incluir distintos cargos y labores a lo largo de los años.
A esto se suma la tendencia de algunos médicos a atribuir dolencias crónicas al envejecimiento natural, sin considerar trayectorias de más de 20 años en la actividad minera. Aunque tampoco hacen falta décadas como minero para que se evidencie una patología producida por estas labores. José Hinojosa, presidente de Sintrachaneme, sindicato de Chaneme —una de las empresas a través de las cuales Cerrejón terceriza la contratación—, señala que bastan dos años de labores para que un trabajador empiece a manifestar problemas de columna, manguito rotador y túnel del carpo.
“Hace una semana un muchacho de 23 años se lesionó la columna. Cayó en depresión, estuvo unos días ausente, no reportó unas incapacidades y le abrieron un proceso disciplinario. Le terminaron el contrato mientras estaba en el hospital. Un pelado de 23 años jodido de la espalda, ¿dónde va a trabajar ahora? La liquidación de año y medio no le alcanza para decir ‘bueno, voy a montar un negocio’”, cuenta el vicepresidente de la seccional Maicao de Sintracarbón.
Enfermos y perseguidos
La calificación de enfermedad común hace, además, que los trabajadores no puedan acceder a la estabilidad laboral reforzada, una protección legal frente al despido de personas en determinadas condiciones de salud. Esta garantía adquiere especial relevancia ante el proceso de reducción de personal que, según el sindicato, hace parte de la estrategia de Cerrejón para disminuir sus obligaciones laborales en el marco del cierre de la mina y la salida de la multinacional de Colombia.
A esta preocupación se suma lo que los trabajadores describen como un mayor control sobre su desempeño cotidiano. Hablan de la reciente instalación de un “dispositivo de sueño y fatiga”: una cámara ubicada en todas las máquinas y que la empresa presenta como un mecanismo de seguridad para prevenir accidentes. Según los trabajadores entrevistados por Climate Tracker, el dispositivo también permite monitorear sus pausas y comportamientos durante la jornada: tomar descansos frecuentes, ir reiteradamente al baño o mostrar signos de agotamiento puede derivar en sanciones.
También se refieren al escalafón de calificaciones que los rankea de 1 a 4: “Desde el dos para abajo, el supervisor dice ‘necesito que estés en el uno porque tu contrato se vence el otro mes, ¿y cómo lo justifico?‘ Entonces si yo hacía dos viajes, me obligaba ahora a hacer cuatro. No comía bien, no dormía bien por estar preocupado”, cuenta Hernández.
Ambas medidas profundizan patologías de salud mental por el estrés y la ansiedad que les produce la hipervigilancia y el temor a quedarse sin trabajo en un departamento con un 12% de desempleo y en el que Cerrejón desplazó a otros sectores económicos hasta convertirse en una economía de enclave que representa la mitad del PIB departamental. “Los trabajadores no hablan de su condición de salud para que les renueven el contrato. Se exigen 12 horas de operación con una molestia porque piensan que si dicen que se sienten mal, los despiden”, señala Acosta.
La oposición de las empresas mineras a reconocer las enfermedades como de origen laboral ha sido tal que en 2016, se abrió un caso ante la OCDE de unos trabajadores con neumoconiosis —la enfermedad del “pulmón negro”—, a quienes les calificaron este padecimiento como de origen común. “Se buscaba que las empresas compensaran el 100% de las incapacidades y tratamientos, pero cuando ya teníamos los acuerdos, los abogados de las empresas dijeron que eso los afectaría reputacionalmente”, cuenta Ana Catalina Herrera, abogada que ha acompañado a organizaciones de mineros. Y aún hoy Cerrejón “no reconoce que hay afectaciones intrínsecas en la explotación de carbón”, sostiene Christian Torres de Censat Agua Viva.
Hacia una transición energética que sea justa
Mientras los esfuerzos por abandonar los combustibles fósiles se materializan paulatinamente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formulado una serie de directrices para hacer que la transición energética —el cambio a fuentes de energía limpia— sea justa y contemple a los trabajadores de las industrias extractivas. Esta directriz está basada en los cuatro pilares de la Agenda de Trabajo Decente: la protección social, el empleo, los derechos laborales y el diálogo social.
El gobierno de Gustavo Petro impulsó programas de reconversión laboral y diversificación productiva para hacerle frente a la directriz de la OIT sobre empleo. También, expidió el Decreto 0742 de 2026 sobre el cierre de minas para las regiones carboníferas donde se señala que el diseño e implementación de los planes de cierre deben integrar “de manera explícita los impactos socioeconómicos derivados del cese de actividades mineras, reconociendo a los trabajadores como sujetos de especial protección en escenarios de transición productiva”.
“Es imperativo pensar en las condiciones de salud de los trabajadores de las minas de carbón a cielo abierto, ya que no es posible una transición energética justa y unas acciones que conlleven a la reconversión de la fuerza laboral, cuando dicha fuerza está enferma o requiere de atención para garantizar su adecuada rehabilitación”, señala la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo.
En ese sentido, el cierre de las operaciones venideras debería contemplar la rehabilitación, el reconocimiento de las enfermedades de origen ocupacional y las garantías para una vida digna de quienes se dedicaron, durante décadas, a la explotación del carbón. “Se supone que hay que aplicar la reconversión laboral por la transición energética y resulta que la mayoría de los trabajadores están enfermos. ¿Cómo hacer una reconversión laboral con trabajadores enfermos?, es una gran incógnita”, pregunta Orlando Cuello.
El escenario frente a un nuevo gobierno
La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia abre un nuevo escenario para la política minero-energética del país. Aunque el nuevo programa de gobierno propone fortalecer el sector, aún no se conocen lineamientos específicos sobre el rumbo de la transición energética ni sobre el acompañamiento a los trabajadores. A este panorama se suma el nombramiento de Luis Madriñán, exgerente de Ambiente de Cerrejón, como viceministro de Minas.
Para la abogada Ana Catalina Herrera, el margen de acción que tienen los trabajadores para resolver su futuro laboral puede estar en sus propias manos; sin depender de buenas voluntades del Estado, ni del cumplimiento de obligaciones por parte de las mineras. Una de las herramientas con mayor capacidad para traducir la transición justa en responsabilidades concretas sigue siendo la negociación colectiva. “La fuerza de los sindicatos para negociar con las empresas y llegar a acuerdos” es donde se pueden generar avances, dice Herrera; “porque cuando se tiene un acuerdo entre las empresas y las organizaciones de trabajadores, se vuelve ley para las partes”.
Al mismo tiempo, los sindicatos se han organizado para avanzar hacia su propia reconversión laboral. Algunos extrabajadores han comenzado a construir respuestas, gracias a las alianzas que han hecho con organizaciones y universidades, a través de cooperativas orientadas a servicios técnicos para energías renovables (como Coomustier), que buscan volver al agro con el cultivo de fique (Asoextramin) o la transformación de productos derivados de alimentos (Asovive).
Mientras la ciencia continúa estudiando los efectos de la exposición al carbón y las autoridades reconocen que aún existen vacíos para establecer causalidades individuales, miles de trabajadores enfrentan enfermedades cuya calificación, atención y reparación siguen siendo objeto de disputa.
Esa incertidumbre acompaña hoy el cierre paulatino de una de las industrias que durante décadas sostuvo buena parte de la economía del Caribe colombiano. La conversación sobre cómo dejar de explotar los combustibles fósiles no debe dejar de lado las reparaciones a la explotación de los cuerpos de quienes extrajeron esos combustibles. La historia del carbón en Colombia no termina con el cierre de una mina.
*Nombre cambiado por petición de la fuente para proteger su identidad.
