Todo el consumo eléctrico de Venezuela pudiera cubrirse con fuentes limpias de energía solar y eólica. Pero antes, el país caribeño necesita completar una combinación de estudios climáticos e inversiones que son retrasadas por su dependencia petrolera.
La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena, por sus siglas en inglés) determinó que Venezuela cuenta con un potencial de 189 gigavatios (GW) en energía solar, otros 81 GW de energía eólica, más otros 34 GW de energía hidroeléctrica y unos 6 GW de energía geotérmica adicionales.
“Cuando se compara el potencial de energías renovables con el estimado de consumo eléctrico nacional de 14,5 GW, se constata que es más de 20 veces el consumo actual. Todo el consumo eléctrico nacional pudiera ser renovable e, incluso, se pudiese exportar energía renovable, pero se requieren muchas inversiones, capacitación y una fortaleza institucional que no poseemos”, advirtió Juan Carlos Sánchez, consultor venezolano en transición energética y autor en los reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), en entrevista con Climate Tracker.
El impulso del Gobierno, sin embargo, pareciera más enfocado a la captación de petroleras extranjeras para reflotar la industria fósil venezolana que en prepararse para obtener el financiamiento de los proyectos de energías limpias, por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Verde para el Clima.
La prioridad del sector petrolero
“Puertas abiertas” es como el presidente Nicolás Maduro llamó a su campaña para reflotar la industria petrolera venezolana. La primera convocatoria fue a los inversionistas de combustibles fósiles en Turquía, India, China, Rusia y Europa para trabajar en una “sociedad ganar-ganar” durante el año 2021.
Un año más tarde, Maduro dio otro aviso de que Venezuela contaba con los recursos para “darle estabilidad petrolera y gasífera al mundo entero, incluyendo a los Estados Unidos”. Y lo más reciente fue su llamado a “todas las empresas” del gas en el mercado internacional para que firmaran convenios y empezaran a producir cuanto antes en el país caribeño.
La convocatoria a los inversionistas petroleros globales fue parte de la respuesta de la administración de Maduro a un conjunto de sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Dichas medidas fueron impuestas en 2019, como una vía para frenar actos de su gobierno contra los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión.
Estas sanciones estadounidenses le impedían a la estatal de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por ejemplo, captar nuevas inversiones extranjeras, vender el crudo a los Estados Unidos o Europa y comprar los suministros para intensificar su actividad de producción y refinación petrolera.
La primera conquista de toda la campaña del Gobierno fue la Licencia General N°44 de la Ofac, que le otorgó una suspensión temporal de estas sanciones petroleras hasta abril de 2024. La medida extraordinaria se consiguió por una negociación política y también gracias al lobby de petroleras como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni, que mostraron interés en regresar a la producción conjunta con Pdvsa, según una investigación de Open Secrets.
Oswaldo Felizzola, director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), explicó que el petróleo está en el pasado, presente y futuro de Venezuela, porque se trata del único recurso que se puede vender a precio internacional.
“Se tiene una industria dañada y desactualizada, pero se tiene algo. En un momento de recuperación económica como el actual, Venezuela se concentra en hacer las inversiones para aprovecharlo. En las energías renovables, en cambio, tiene un rezago tecnológico de 25 o 30 años”, afirmó Felizzola en entrevista con Climate Tracker
La certificación de las reservas petroleras venezolanas se hizo casi al mismo tiempo en que se determinó que la producción de petróleo y gas natural representaba 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Venezuela para el año 2010. En aquella época, Pdvsa producía por encima de 2 millones de barriles diarios, mientras que ahora solo se produce un promedio de 750.000 barriles diarios, de acuerdo con los datos publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).
En cambio, los estudios específicos para aprovechar el potencial solar y eólico de Venezuela están lejos de ser una prioridad en la agenda de la administración de Maduro. Las mediciones del potencial eólico venezolano más reciente, por ejemplo, se hicieron hace casi una década atrás.
“Cuando se diseñaron los proyectos de los parques eólicos en Paraguaná y la Guajira (venezolana) se efectuaron las mediciones de velocidad de viento en altitud para estas localidades y en la Isla de Margarita, siendo estas las tres localidades más aptas para esta energía en Venezuela”, recordó el consultor en transición energética Sánchez.
Sin datos actualizados
Antes de que se pueda obtener el financiamiento para las energías limpias se requieren investigaciones científicas sobre las localizaciones más aptas para nuevos proyectos de energía solar, las diferencias de la incidencia solar a lo largo del año y las mediciones sobre la velocidad del viento a distintas alturas. Aunque lo más importante sigue siendo el Inventario de Gases de Efecto Invernadero reciente.
“Sin inventarios actualizados (de gases de efecto invernadero) es prácticamente imposible justificar cualquier estrategia de mitigación del cambio climático que pretenda obtener financiamiento de algún ente multilateral. Este documento debería realizarse, al menos, una vez cada dos años para tener una idea clara y consistente de la evolución de las emisiones en el país”, remarcó Sánchez.
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Venezuela solo se completó en dos oportunidades en las dos décadas más recientes. En la Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático se publicó el primero en 2005, pero se usaron datos del año 1998. Mientras que en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático presentada en 2017, se completó otro conteo de emisiones con datos de 2010.
La falta de datos actualizados que impulsen la transición energética también incluye “un registro oficial, riguroso y estandarizado” de la temperatura promedio diaria y la intensidad de las lluvias en las distintas partes del país caribeño, como subrayó Sánchez. En otras palabras, es necesario un sistema de monitoreo que permita el seguimiento de los impactos del cambio climático en Venezuela.
Este conjunto de datos climáticos es clave, además, para la nueva actualización venezolana de su Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que se espera se presente en la venidera Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP28) a celebrarse en los Emiratos Árabes Unidos.
Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo y responsable de la política ambiental venezolana, solo informó que más de 72 representantes de entidades públicas que reúnen al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) y otros ministerios (planificación, salud, pesca y acuicultura, turismo y juventud y deportes) ya asistieron a los talleres que se brindaron para que sus reportes cumplan con los parámetros de la COP28.
Nuevo proyecto solar venezolano
La única inversión venezolana reciente para impulsar el aprovechamiento de la energía solar es el proyecto de un circuito para generar 2.000 megavatios (MW) en los próximos tres años. El Ministerio de Energía Eléctrica hizo el anuncio en enero de este año con un video en Instagram, pero no se refirió ni a los montos de la inversión, ni tampoco a las vías presupuestarias para el financiamiento del proyecto.
Hasta ahora, solo se sabe que esta nueva apuesta incluye un parque solar de 500 MW, alrededor de 3,44% del consumo eléctrico nacional, y que su construcción se haría en los estados de Zulia, Falcón y Lara, en el occidente venezolano. Mientras que la segunda y la tercera fase serían en los estados centrales.
Se desconoce si la Alianza Solar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) ayudó con algunas de las evaluaciones técnicas que se necesitaban para el desarrollo de este nuevo parque solar. Aunque sí se sabe que hubo varias reuniones conjuntas.
“Hemos realizado una videoconferencia con la Alianza Solar Internacional (ISA), con el objetivo de avanzar en los programas de instalación de parques de energía solar en Venezuela. Ratificamos el compromiso de fortalecer la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, informó Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, en su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) a mediados del año pasado.
El detalle del lugar escogido, el patrón de incidencia solar y de sombra en los distintos meses del año, al igual que el estudio de impacto ambiental en la zona todavía no se mostraron en público. Así como tampoco se aclaró si este nuevo proyecto llevará una interconexión directa con el Sistema Eléctrico Nacional, que fue uno de los errores ya cometidos en otros proyectos de energía limpias como el parque eólico de Paraguaná (Falcón).
La Agencia Irena recoge, por ejemplo, que el parque eólico de Paraguaná fue un sistema desarrollado en 2012 con una capacidad de 76 MW en su primera fase. Sin embargo, un año más tarde ya la mitad del sistema de generación por el viento, 32 MW, estaba inoperativo.
“El parque eólico de Paraguaná no llegó a producir electricidad para el consumo nacional, porque se montó el sistema, pero no estaba en red. Si se quiere, de verdad, montar nuevas centrales eléctricas que usen energía limpia hay que trabajar en los núcleos de generación, pero también en la transmisión y la distribución de esa energía” recalcó Felizzola.
La propuesta de varios de los expertos climáticos, de hecho, es que Venezuela se plantee la creación de un plan energético central que abarque en conjunto a los proyectos de energía eléctrica y también los petroleros. De esta manera, se podrían evaluar mejor los costos sociales y ambientales de cada medida y facilitar el impulso de una transición a las energías renovables.
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