El paisaje semiárido a un lado; al otro, el oleaje impulsado por un fuerte viento en toda la costa septentrional de Colombia. Bajo el calor de estas tierras aparecen algunas cabras buscando hojas verdes y, de vez en cuando, algunas personas que se dirigen a los jagüeyes, reservorios de agua dulce.
Estar al norte de Colombia ha sido una condena para los pueblos wayúu. A pesar de tener la propiedad de la mayoría de las tierras de la alta y media Guajira, han visto por décadas cómo se desarrollan proyectos energéticos a gran escala sin que su opinión sea suficiente para cambiar el destino de su hogar. El Estado colombiano ha impuesto proyectos petroleros y mineros de gran envergadura, vulnerando territorios sagrados para la cosmogonía wayúu. Actualmente hay una deuda histórica con esta cultura, que sigue siendo amenazada por iniciativas extractivistas.
En este lugar hay 1.080.336 hectáreas destinadas al resguardo indígena wayúu. Esta figura de resguardo fue propuesta por el Estado, cuando en realidad es el Eiruku, una organización ancestral, maternal y divina, la que rige la propiedad de la tierra wayúu.
A Jepirachi, una deidad wayúu del viento, de naturaleza mutable, se le están obstruyendo sus caminos que vienen del nordeste. Una aplanadora impulsada por el viento ha llegado para quedarse. Según el gobierno de Colombia, las energías renovables aumentarán su capacidad cien veces en cinco años, pasando de 28,2 megavatios a 2.500 megavatios, y gran parte de esta nueva capacidad provendrá de los parques eólicos a desarrollarse en La Guajira.
Este hecho emociona a los más entusiastas que buscan realizar una transición energética eficaz y a mediano plazo, en especial por el actual escenario de crisis climática. Sin embargo, para muchas otras personas estos desarrollos generan graves inconvenientes en materia de justicia ambiental. Para David Rodríguez Epieyú, líder ancestral de las comunidades de Irraipa y Kulesiamana, esta es una “pelea de tigre con burro amarrado”, en la que las empresas llevan todas las de ganar mientras las comunidades se mueren de sed.
Hasta junio de 2022 hay 26 proyectos eólicos vigentes ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), de los cuales 20 están ubicados en la región de La Guajira. Varios de estos proyectos están planteados en tierras cercanas al Cabo de la Vela, sitio turístico de la alta Guajira y lugar sagrado de los wayúu, llamado Jepirra, donde los difuntos realizan su tránsito hacia lo desconocido.
Cerca de allí está el aeropuerto del Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, con 69.000 hectáreas de extensión. Los indígenas wayúu, con un silencio acusador, observan cómo pasan por encima de su voluntad y sus creencias. Mientras tanto, la aridez, espaciada por pastizales y árboles como el trupillo domina el paisaje en este espacio. Joutai, uno de los vientos primordiales para los wayúu, sigue advirtiendo sobre los proyectos que afectan esta tierra.
Para la académica especialista en ecología política de la Universidad del Magdalena, Andrea Cardoso Díaz, “la transición energética justa debe responder a las necesidades del territorio, no debe ser algo hegemónico, debe contemplar un diálogo público con todos los actores, así como una agenda de construcción colectiva”.
Según ella, el problema radica en que a los habitantes de esta región les ha tocado siempre defender sus derechos, sin tener la oportunidad de proponer alternativas al sistema centralizado de energía que se maneja en Colombia. Históricamente las altas esferas del poder han creído que el sistema hegemónico e interconectado es el único posible.
El caso Jouktai
En enero de 2022 el presidente de Colombia, Iván Duque, inauguró desde lo alto de un aerogenerador el complejo Guajira 1. Esta planta estuvo a cargo de Isagen, compañía generadora de energía que era propiedad del Estado colombiano hasta 2016. Este es el primer parque eólico desde el proyecto Jepírachi de EPM, empresa de servicios públicos de Medellín.
Antes de que esto ocurriera venía cocinándose una situación que habla mucho acerca de cómo se están adelantando este tipo de proyectos. Desde 1999, Juan Fernando Gutiérrez Becquet, empresario interesado en las energías renovables, fue uno de los principales impulsores de Jouktai, nombre original del proyecto Guajira 1.
Inicialmente, las empresas Acquaire —representada por Gutiérrez— y Wayúu S.A E.S.P (WESP) —que contaba con apoyo indígena—, tenían en mente el proyecto Jouktai como una forma de generar recursos para apoyar el objeto social de WESP: prestar servicios públicos básicos para las comunidades wayúu aisladas.
“Siempre puse de antemano que la comunidad fuera socia. Esa fue la consigna que se cumplió hasta que nos vimos en la necesidad de vender el proyecto”, cuenta Gutiérrez. En teoría, las comunidades iban a ser dueñas del 10% de las acciones del complejo impulsado por WESP, que inicialmente contemplaba 12 megavatios de capacidad instalada. Pero esos 12 megavatios no eran suficientes para conseguir recursos que permitieran darle cierre financiero al proyecto, a pesar de tener un apoyo inicial de capital neerlandés.
Lo que en últimas sucedió fue que el proyecto se vendió a Isagen, empresa con la que habían tenido un acuerdo interinstitucional desde 2005 para el tema de las licencias ambientales y otros procesos previos. “Lo que pasa es que estas empresas, incluida Isagen, llegan con el esquema convencional de monopolio extractivista y hacen lo que quieren con las comunidades”, menciona Gutiérrez. Según él, la relación con las comunidades por parte de Acquaire y WESP fue muy buena en todo momento.
Las retribuciones actuales que se contemplan por parte de Corpoguajira, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la UPME son realmente ínfimas. Por ejemplo, para el proyecto Jouktai, incluían un solo pago por el uso del terreno de los wayúu, así como una inversión voluntaria del 0.5% de las utilidades generadas cada año por el proyecto eólico. De igual manera, se incluye una compensación del 20% del total anual por los certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Pero nada de esto es suficiente. Además, estás retribuciones casi nunca son en efectivo, sino en forma de proyectos productivos, subestimando la capacidad de los wayúu para manejar dineros.
Paradójicamente, según Joana Barney, investigadora y autora del libro “El viento del este llega con revoluciones”, personas como Gutiérrez “son una especie de coyotes” que se encargan de generar confianza con las comunidades y tramitar las licencias ambientales para luego vender los proyectos a grandes empresas con la capacidad financiera para desarrollarlos. Esto genera desconexión en los procesos con las comunidades y habla de la mala fe con la que muchas veces se hacen estas negociaciones.
“La transición energética justa debe responder a las necesidades del territorio, no debe ser algo hegemónico."
Aparte de esta situación, Barney menciona que “no hay seguridad jurídica de los proyectos porque el Ministerio del Interior hizo un trabajo mediocre por visibilizar quiénes eran realmente los líderes de las comunidades; sin contar que las consultas previas están muy mal hechas”. Este hecho ha provocado rencillas entre las mismas comunidades, además de múltiples paros y protestas que detienen el curso de los parques eólicos, dejando insatisfechas tanto a las comunidades como a las empresas.
En el campo científico también existen muchos vacíos. Según Juliana Arbeláez, experta en modelamiento climático y procesos ambientales en Colombia, “no conocemos nuestro territorio en datos, como se necesita, para poder hacer una línea base. En términos climáticos hablamos de tener 30 años de registro para entender el patrón climático de una región. Eso es algo que Colombia apenas empezó a hacer”.
Según Arbeláez, al no contar con estos datos de línea base sobre ecosistemas y biodiversidad no hay transparencia a la hora de emitir las licencias ambientales. “Son las empresas consultoras las que hacen los estudios y estas hacen lo mínimo para cumplir con los procedimientos legales que necesita el proceso”, comenta. Esto produce que se lleguen a aprobar permisos ambientales con estudios de aves que duran, por ejemplo, una semana, cuando estos deberían tener en cuenta patrones estacionales de largo aliento.
El cementerio Warepep
De las cuatro comunidades que fueron consultadas para el proyecto Guajira 1, Mushalerrain, Taruásaru, Lanshalia y Jotomana, en el Cabo de la Vela, esta última decidió retirarse del proyecto sobre la marcha. Isagen decidió no incluir el territorio de esta comunidad y seguir adelante con el proyecto.
Al realizar un nuevo trazado del parque eólico no hubo una nueva consulta con las comunidades, sino que se empezó a darle forma al complejo. Por esta razón un cementerio wayúu del territorio Warepep fue cercado —aprisionado— por parte del proyecto de Isagen. El sitio sagrado está a menos de dos calles de distancia de uno de los aerogeneradores.
Denys Velásquez, quien es una de las representantes de la comunidad, decidió poner una tutela por la vulneración de sus derechos. Esta demanda fue admitida por un juzgado de familia de Maicao y está en curso en este momento. Lo que busca esta petición es que se hagan consultas previas con los vecinos de los proyectos antes de realizar cualquier intervención.
Juan de Dios Alarcón Uriana es el líder wayúu del territorio Warepep, aunque reside en Manaure. Sentado en su silla mecedora de madera reconoce que los proyectos eólicos sin duda llegaron para quedarse, “lo importante es que haya acuerdos con la comunidad, con los viejos y que sean acuerdos con compromiso”, comenta. Muchas veces las empresas llegan a darle “contentillos” a unos y a otros no y “el wayúu es muy celoso, no se le puede dar a una sola comunidad porque todos somos un solo territorio”, remata Alarcón Uriana.
“Lo importante es que haya acuerdos con la comunidad, con los viejos y que sean acuerdos con compromiso.”
Este pensamiento coincide con el de David Rodríguez Epieyú, quien enfatiza en la necesidad de que el gobierno y las empresas hablen con la verdad. Para los wayúu la palabra no tiene escritura, lo que se dice se cumple. Las empresas, con artimañas, dicen unas cosas y hacen otras. Para David estos proyectos deben “entender el sistema normativo wayúu y respetar a las autoridades tradicionales”. Este líder ancestral clama, por encima de todo, por agua para las comunidades a su cargo.
El viento, que es solo uno para los arijuna, personas foráneas en wayúu, para esta cultura ancestral del norte de Colombia y Venezuela tiene múltiples caras, personalidades y caminos. Jepirachi, Jouktai, Palaapajat, Aruleeshi, entre otros, son deidades mutables, a las cuales no se les puede poner una barrera, en este caso en forma de aerogenerador.
La transición energética implica un cambio real, es decir, necesariamente hay que empezar a mirar las cosas desde un punto de vista polisémico, mutable. La hegemonía del carbón y los combustibles fósiles no puede ser la referencia para el nuevo mundo que se está intentando crear.
