El mundo está a las puertas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cali, Colombia.
Se trata del espacio de negociación más importante del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Los países deberán presentar sus estrategias nacionales de biodiversidad actualizadas, entre otras discusiones para aplicar el Marco Global para la Biodiversidad Kunming-Montreal, el cual fue adoptado en la COP15 en 2022. Esta es la principal herramienta para luchar en favor de la protección de la biodiversidad y cuenta con 23 metas a cumplir para 2030.
Una de ellas, la número 3, es conocida como el objetivo 30×30, que busca que los países logren la conservación de al menos el 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales, costeras y marinas.
¿Cuál es el estado de Costa Rica?
En el caso de Costa Rica, la representante ante el CBD y jefa de negociación en la COP16, Eugenia Arguedas Montezuma, compartió que la actual Estrategia Nacional de Biodiversidad del país se presentó en 2016 y está vigente hasta 2025. Este año se dio un alineamiento de la misma con el Marco Kunming-Montreal y posteriormente se dará una actualización de la estrategia.
En Costa Rica, entre 2020 y 2021, la superficie legalmente protegida aumentó un 524%. Esto significó el mayor incremento desde 1970.
El cambio principalmente responde a que la protección marina pasó de un 2,7% a aproximadamente el 31%, debido a que se amplió la zona protegida correspondiente a la Isla del Coco, ubicada en la parte central del Pacífico Oriental, a unos 500 km de la costa continental del país.
Esta decisión se tomó en el marco de la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas (HAC for N&P, por sus siglas en inglés). Se trata de un grupo de 121 países liderado por Costa Rica, Francia y el Reino Unido, que busca colaborar con los gobiernos para que se comprometan y actúen para alcanzar el 30×30.
Además, el espacio terrestre e insular bajo algún esquema de protección registra una cobertura del 25,5%.
Los cambios también se traducen a que la zona marina en resguardo pasó a ser 12,6 veces mayor que el área continental en esta misma condición. Esto se debe a que el territorio costarricense total es 92% mar.
¿Damos abasto?
El Informe del Programa Estado Nación 2022 alertó que el crecimiento de las áreas protegidas no es acorde con el debilitamiento institucional que sufre el país en los últimos años.
Para ese 2021 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), principal encargado de velar por la áreas protegidas, contaba con 545 funcionarios designados en estas áreas. Sin embargo, el incremento en la superficie bajo protección hizo que la extensión a resguardar por persona funcionaria creciera seis veces en un año, al pasar de 5.330 a 32.700 hectáreas.
En detalle, en el caso de las áreas terrestres e insulares se dispone de una persona por cada 2.391 hectáreas, mientras en el territorio marino este valor aumenta a 30.273 hectáreas por persona.
Esto sin tomar en cuenta que no todas las personas en esos cargos se dedican de forma exclusiva a tareas de protección.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el presupuesto destinado para el SINAC viene a la baja. Para 2020 esa institución alcanzó el presupuesto más alto en la última década, se le giraron 44.029 millones de colones (alrededor de unos 84 millones de dólares), pero un año después cayó a 31.724 millones de colones y para 2025 la cifra llega a 27.926 millones de colones.
La investigadora en materia ambiental del Estado de la Nación, Karen Chacón, confirma que uno de los grandes retos que tiene el país es reducir la brecha entre la adopción de política pública, versus las capacidades reales para cumplir esas metas.
La experta reconoce que con la ampliación del área marina protegida, el país da pasos importantes hacia esos objetivos internacionales que adquirió, pero que si ya existía una brecha, al aumentar la superficie de resguardo las tareas de vigilancia y control también serán mayores.
“Lo que observamos es que en lugar de aumentar las capacidades, que insisto ya eran reducidas, se contraen”, dice Chacón y hace referencia al desequilibrio entre la cantidad de guardaparques y la cantidad de hectáreas que están asignadas para el cuido.
“Creamos áreas protegidas, es un paso importante, es un avance que hay que reconocer, pero, por ejemplo, no se tienen los recursos para hacer tareas de control y fiscalización en los parques nacionales, para hacer estudios e investigaciones que nos permitan conocer con mucha precisión cuál es el estado real en el que se encuentran los ecosistemas que están en esas áreas, entre otras acciones”, añade.
Chacón también puntualiza que los guardaparques enfrentan fuertes problemas como la caza de animales y la narco-deforestación. Un reportaje del The New York Times recientemente alertó sobre la perpetración del narcotráfico en los parques nacionales, donde los carteles encuentran poca resistencia.
Ese trabajo enfatiza que casi 300 guardabosques son responsables de patrullar 1,3 millones de hectáreas de bosque protegido, equipados con armas que son más aptas para cazar animales pequeños que para contrarrestar armamento más sofisticado que pueden manejar los grupos criminales. Además, destacaron que los guardaparques carecen de autoridad para realizar arrestos a personas que comentan otros actos delictivos que no sean delitos ambientales, como el narcotráfico, por ejemplo.
Al respecto, Chacón dijo que ciertos elementos que reconocía la legislación se modificaron en los últimos años.
“Para plantearlo en un lenguaje muy coloquial, es ‘irle quitando dientes’ a las personas para poder atender situaciones que son muy complejas y que nos dejan expuestos como personas, pero también que dejan expuestos a estas áreas y los recursos que están presentes en ellas”, añadió.
El informe menciona que, aunque existan esfuerzos en conservación, fuera de las áreas protegidas el uso de recursos es insostenible. Un ejemplo de lo anterior es que, debido al poco ordenamiento territorial, se da con más frecuencia el turismo masivo y la expansión inmobiliaria, lo que acarrea impactos ambientales, sociales y económicos que aumentan la desigualdad.
Otro ejemplo es el aumento del cultivo de piña. Costa Rica es la principal exportadora de esta fruta en el mundo, con 2,03 millones de toneladas según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2023.
Al respecto, un estudio del Estado de la Nación en 2019 detectó al menos 78 puntos de conflicto entre plantaciones de piña y áreas silvestre protegidas.
“Lo que hemos hecho en conservación, cuando uno lo pone en el balance con los otros usos que se hacen fuera de estas áreas protegidas, hay un desequilibrio, hay una paradoja y al final el balance es de insostenibilidad”, aportó Chacón.
Arguedas del SINAC reconoció que las áreas protegidas tienen amenazas internas, pero asegura que el problema más importante está fuera de ellas donde no hay equilibrio.
“Hay que seguir impulsando la sostenibilidad. Se está trabajando en el asunto del paisaje productivo sostenible como también parte de la meta 30×30”, comentó la funcionaria.
Asimismo, agregó que Costa Rica tiene una ventaja y es la imagen medioambientalista que ostenta internacionalmente. Esto ayuda a que diferentes cooperantes se acerquen para concretar proyectos. Por ejemplo, recientemente recibieron fondos de la Unión Europea con el que identifican los sitios para conservación y uso sostenible de la parte marina, terrestre y aguas continentales.
También trabajan en una iniciativa para reconocer a las personas que protegen el bosque bajo el Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Estas hectáreas también serían incluidas en el registro mundial ante la CBD de áreas protegidas o conservadas.
El PSA consiste en un reconocimiento financiero, por parte del Estado, a personas propietarias de bosque y plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente.
“Estamos interesados en todo lo que es los corredores biológicos tanto en la parte terrestre como en la parte marina. Todo está bajo el contexto de la meta 3”, comentó Arguedas.
La organización costarricense COECOCeiba-Amigos de la Tierra, que estará presente en la COP16 en Cali, compartió que en términos de democracia hay un reto de cómo se va a cumplir ese 30×30, a partir de una institucionalidad débil y la falta de dinero.
En ese sentido, Alejandra Porras, quien forma parte de COECOCeiba, destacó la necesidad de hacer partícipes a las comunidades de los diferentes acuerdos que se tomen, que no se queden en la institucionalidad. Además de hacer un acercamiento con distintos sectores, porque, por ejemplo, ella desconoce cuál será la agenda que llevará Costa Rica y las posiciones que tomarán en distintos temas.
“En un evento el SINAC mencionaba los aciertos que tenemos como país y mencionó el 30×30, pero yo decía, ¿qué tanta gente la conoce, qué tanta gente conoce que nosotros somos parte de esta coalición, que nosotros lo impulsamos? A nivel nacional, a nivel de ministerios se establecen ciertas cosas, pero no necesariamente eso va hacia abajo, o sea, hay una falta de que las comunidades participen”, dijo Porras.
¿Acceso a recursos?
La experta del Estado de la Nación refuerza la idea de que, aunque existan estos problemas, no quiere decir que el país no deba sostener los esfuerzos en conservación y protección. Esta política dice que no solo genera réditos ambientales, sino que es un encadenamiento en dónde se beneficia la economía porque se atrae turismo, ayudan a la atracción de cooperación internacional y de premios que en ocasiones se traducen en dinero.
Las alternativas son un tema que está en discusión. A nivel nacional las posibilidades están en fortalecer las capacidades de la institucionalidad pública que brinden recursos económicos, humanos y tecnológicos. Otra variable es el trabajo con comunidades y con el sector privado.
A nivel internacional, para la implementación del Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal se creó el Fondo Marco Mundial para la Diversidad Biológica (GBFF, por sus siglas en inglés) manejado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).
La meta 19 del Acuerdo Kunming-Montreal pretende que los países desarrollados recauden 20.000 millones de dólares en 2025 para la conservación en los países en desarrollo. Para el 6 de septiembre del presente año, el Banco Mundial indica que el fondo apenas llega a los 194,22 millones de dólares. Uno de los cuestionamientos es que solo un pequeño número de gobiernos aportan la mayoría de los fondos, destaca el medio de comunicación especializado Climate Home News.
Para este fondo se dio a conocer que Costa Rica puede acceder a un total de 4.05 millones de dólares en un primer tramo de desembolso, el cuál ya fue solicitado, confirmó Arguedas.
La financiación para la biodiversidad es un tema de interés no solo de Costa Rica. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los recursos económicos para este fin aumentó significativamente antes de la COP16, alcanzando los 15.4 mil millones de dólares en 2022. Uno de los problemas de esto, es que la mayor parte de este incremento provino de préstamos, especialmente de bancos multilaterales, en lugar de subvenciones directas.
Esta situación genera discusión ya que los préstamos podrían significar un problema para los países en desarrollo, tanto de aumento de deuda como para enfrentar la pérdida de biodiversidad.
