Un surco de apenas cinco centímetros parte la tierra y abre un camino. Un grupo de semillas se depositan a una distancia proporcional y el campesino las cubre de nuevo con la tierra. Entre los dos y tres meses siguientes crecerá la milpa, después saldrá la mazorca. El maíz será blanco, amarillo, rosa, rojo, morado, azul o negro; todo depende de la semilla escogida por el agricultor, así como del clima, la región y la técnica.
Cultivar maíz en México es una actividad primaria de la que dependen miles de personas. El gobierno federal estima que un mexicano consume un promedio de 196.4 kilos per cápita al año, principalmente blanco y en tortilla. Más allá de la gastronomía, la economía y la seguridad alimentaria, también es cultura e historia. Si en el país existen más de 60 variedades de maíces nativos es porque la selección de semillas proviene de un conocimiento de la agricultura de los pueblos originarios que se ha heredado por generaciones.
El problema es que las alteraciones climáticas, los monocultivos de la industria y la modificación genética mediante la introducción del maíz transgénico son factores que ponen en riesgo esta diversidad.
¿Qué ha hecho México? Para acudir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que se desarrolla entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, Colombia, la delegación mexicana elaboró un plan de 48 metas con miras a 2030 para lograr la conservación. Una de ellas se enfoca en la trazabilidad de los organismos genéticamente modificados, centrada únicamente en identificar dónde está el maíz transgénico.
El objetivo principal es rastrear todo su recorrido por la cadena de suministro para mantenerlo fuera de los sistemas agrícolas y el consumo entre la población. Un punto que se relaciona con una de las conversaciones más relevantes para los Estados parte en esta COP16 de Biodiversidad: los recursos genéticos.
Un tema de la COP16
Para entender lo que hoy ocurre en la COP16 de Biodiversidad es necesario echar un vistazo dos años atrás a la COP15, en Canadá, cuando surgió el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés) con cuatro objetivos para 2050 y 23 metas para 2030 enfocados en conservar la biodiversidad del mundo.
Para llegar a la COP16 los países se comprometieron a elaborar sus metas basadas en el GBF para que cada país tuviera un plan de acción completo. Sin embargo, de las 196 naciones, sólo 35 presentaron dichos planes, lo que representa apenas un 17% del total. México forma parte de este porcentaje.
“Creo que habrá una llamada de atención al relativamente poco cumplimiento de los países con el compromiso de subir las metas”, explicó unos días antes de la COP16 Andrea Cruz Angón, directora de Cooperación en Biodiversidad, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en entrevista para esta cobertura.
Para México se trató de una labor de casi dos mil horas con más de 200 servidores y servidoras públicas. Una de ellas es Adelita San Vicente Tello, directora general de recursos naturales y biodiversidad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
San Vicente Tello no sólo ha sido parte de este proceso, también tiene experiencia en la investigación sobre el maíz nativo y participó en los decretos que prohibieron el maíz transgénico en el recién concluido sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Uno en diciembre de 2020 y otro en febrero de 2023.
Estos dos decretos presidenciales prohíben el uso de la semilla de transgénicos para las siembras agrícolas. “Esta prohibición evita que el maíz transgénico contamine a los maíces nativos de México y ponga en riesgo su biodiversidad”, señaló el gobierno en un comunicado oficial.
“Desde el primer decreto vimos que la trazabilidad es un tema complejo porque los cargamentos de maíz que llegan a México se dispersan y no sabemos realmente a dónde está llegando el maíz genéticamente modificado. Se importa y tiene su permiso de autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), pero no sabemos su seguimiento”, explicó San Vicente Tello en entrevista para esta publicación.
Con los decretos de prohibición, se estableció un etiquetado de COFEPRIS que indica que el maíz transgénico importado no debe destinarse para consumo humano. Entre los problemas estudiados con los transgénicos está la contaminación genética de la biodiversidad. Un discurso que ha sido negado por Estados Unidos, país del que México importa maíz transgénico, y algunos especialistas.
La actual presidenta Claudia Sheibaum también ha seguido la política del sexenio anterior. Desde el inicio de su mandato incluyó en el número 62 de sus 100 compromisos que la soberanía alimentaria sería un eje de la política para el campo. “Garantizaremos la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos, desde la producción hasta el consumo”, señaló en su toma de protesta el pasado 1 de octubre.
La postura de México
En los primeros días de la COP16, la delegación mexicana estuvo presente en conversaciones relacionadas con el financiamiento, la conservación de los bosques y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas, de acuerdo con información compartida por SEMARNAT y CONABIO mediante sus redes sociales.
Para esta publicación se pidió más información a ambas dependencias respecto a las metas de trazabilidad. Al cierre de edición, no hubo respuesta.
Sin embargo, la directora San Vicente Tello, de SEMARNAT, apuntó que uno de los grandes debates de la COP16 de Biodiversidad se relaciona con los sistemas de secuencia digitales (DSI, por sus siglas en inglés) de los recursos genéticos, que son conjunto de datos que almacenan y transmiten información del ADN de la diversidad biológica sin que sea necesario el acceso físico.
Para la funcionaria, este es “el oro verde de las tecnologías en ascenso”.
“Lo que está debate en la COP es si esas secuencias van a tener un mecanismo de Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios (ABS) porque esos bancos genéticos son libres, están abiertos a países desarrollados que acceden a la secuencia digital y, no es que de ahí puedan generar vida, pero sí se obtiene información muy valiosa con la posibilidad de patentar esa información”, indicó San Vicente Tello.
La investigadora trabajó en la meta 13 relacionada con el acceso a recursos genéticos de la biodiversidad, que tiene sus antecedentes en el Protocolo de Nagoya, mismo que busca impulsar la soberanía de los países sobre sus recursos genéticos para propiciar la conservación y no los intereses particulares de terceros.
“México ha donado al mundo muchos recursos genéticos, es la base de muchas tecnologías y queremos que se reconozca… Hay una postura muy clara en términos de que como país megadiverso se requiere trazabilidad, saber de dónde se sacó esa secuencia y, en la medida de lo posible, establecer condiciones ABS de participación justa y equitativa”, agregó San Vicente.
Las voces de las comunidades campesinas
Mientras la COP16 de Biodiversidad ocurre, al occidente de México, en Jalisco, uno de los principales estados productores, más de 100 familias rurales que integran la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA) se preparan para el intercambio libre de semillas de maíz que organizan cada noviembre desde hace 20 años. Uno de sus principales impulsores es Jaime Morales, pequeño agricultor ecológico e investigador de la red.
“Nosotros desde el principio apostamos por el intercambio libre de semillas. Tenemos un centro de formación en Ixtlahuacán de los Membrillos con un fondo de semillas locales que lo hemos ido mejorando. Conservamos semillas locales de maíz”, explicó Morales.
Para estas comunidades de campesinos el conservar la diversidad del maíz no es nuevo. Han estado listos desde antes de los decretos y las negociaciones entre países. Y consideran que hablar de conservación en la agricultura tiene otras preguntas sobre la regulación de las industrias agrícolas y sus impactos ambientales. Un tema que aún está pendiente en los diálogos internacionales.
“Lo que me parece mucho más grave es el avance de los grandes cultivos agroindustriales como el aguacate, el agave o los invernaderos de frutos rojos porque están acabando con la agricultura del maíz. No importa si el maíz es híbrido o nativo, (las grandes industrias) están acabando con todo tipo de agricultura porque llegan, ocupan, rentan las tierras por 20 años…”, señaló Morales.
Sin embargo, para Morales, la defensa del maíz nativo no será posible si recae sólo en los agricultores. Para lograrlo es necesaria la participación de los consumidores. “La contaminación de la agrobiodiversidad del maíz en México también es un asunto de los consumidores y lo tienen que pelear ellos”, apunta el agricultor investigador de RASA.
En un país donde el consumo promedio de maíz es de 196.4 kilos per cápita al año, la conversación deberá trascender la COP16 de Biodiversidad.
