En el municipio de Sesquilé, ubicado a sesenta kilómetros al noroeste de Bogotá, el agua que brota de los manantiales es hoy una fuente de ingresos para algunas de las comunidades rurales que habitan las montañas ubicadas entre dos imponentes reservorios hídricos: la laguna de Guatavita, lugar que inspiró el mito de El Dorado, y el embalse de Tominé, un cuerpo de agua artificial que desde 1967 abastece de agua y electricidad a la capital de Colombia y los pueblos aledaños.
En la vereda Chaleche, las fincas para el turismo se entremezclan con pequeños terrenos en donde los campesinos pastorean rebaños de ganado y cultivan papa, maíz y árboles frutales como duraznos, perales y ciruelos. Ana Bertilda Cortez Hernández, dueña de una pequeña finca de una hectárea y media, cuenta como en 2022 funcionarios de la Secretaría del Ambiente del departamento de Cundinamarca la invitaron a hacer parte de un proyecto que le pagaría por cuidar las aguas de la quebrada El Granadillo, que nace en las partes altas de la vereda y desemboca en el embalse de Tominé. La quebrada pasa por su pequeña finca.
Hoy, el de Bertilda es uno de los 672 hogares campesinos que, junto a tres comunidades étnicas, hacen parte del programa de Incentivos a la Conservación de Pago por Servicios Ambientales, también conocidos como PSA. La iniciativa surgió en el año 2020 gracias a la alianza de la Corporación Masbosques, la Gobernación del Departamento de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional (CAR), la autoridad ambiental en el territorio. Este programa de PSA ha llegado a 25 municipios del departamento, cubriendo unas 3.720 hectáreas.
En palabras sencillas, un PSA es un acuerdo voluntario en donde el proveedor de un servicio ambiental –como Bertilda, quien conserva un bosque sobre la ronda de un arroyo– es compensado con un pago en dinero o en especie por quienes reciben el servicio. En este caso, los beneficiarios son quienes dependen del agua del embalse de Tominé, en donde desemboca el arroyo, representados por el gobierno regional.
“Los PSA pueden ser un mecanismo para entender las interdependencias que hay entre campo y ciudad, o entre campo y campo, pero en términos de proveedores y usuarios”, indica la directora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Lina María Moros. Si bien este modelo empezó a regarse en los noventa por la región, su llegada a Colombia es reciente y aún existen grandes preguntas sin responder.
El caso de Sesquilé evidencia las inquietudes que genera la implementación de este modelo de conservación y financiación climática en Colombia. La distribución inequitativa de los pagos entre campesinos y grandes propietarios pueden profundizar las desigualdades existentes en un país como Colombia, en donde el 80% de la tierra está en manos de terratenientes. Además, los pagos ofrecidos pueden ser bajos y resultar insuficientes para cambiar los hábitos de conservación de quienes los reciben.
A esto se añaden las presiones que enfrentan las y los líderes ambientales en Colombia –el país que encabeza el listado de asesinatos de defensores del territorio en el mundo–, lo que puede disminuir el interés de participar en muchas comunidades.
Una propuesta con antecedentes
Costa Rica fue el primer país en el mundo en establecer un esquema nacional de PSA en 1997 y, junto con México, son dos de los más grandes referentes en este tipo de iniciativas a nivel mundial, sumando, en conjunto, unos cinco millones de hectáreas de bosque protegido.
En Colombia, sólo hasta el 2017, y en el marco de la política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, se promulgó el decreto 870, en donde se establecieron las normas para implementar PSA y otros incentivos a la conservación en el país. Hoy, la profesora Moros estima que existen unas 700 mil hectáreas en el país bajo esquemas de PSA, aunque señala que puede haber un 50% de casos de los que no se tiene datos.
Buena parte de los PSA en Colombia se han orientado a la conservación de los bosques, la protección de la biodiversidad y el cuidado del agua que abastece los acueductos veredales y municipales. La autoridad ambiental local, que en el caso de Sesquilé es la CAR, identifica, delimita y prioriza las áreas que serán incluidas en cada proyecto.
En Sesquilé, la CAR priorizó las microcuencas de las quebradas la Turbia, el Curí, el Granadillo, el Estanco, el Potrero y el río San Francisco, que abastecen de agua no solo los acueductos veredales y el municipio, sino que también son importantes para la provisión de agua de Bogotá, ya que alimentan el embalse de Tominé y la represa del Sisga, dos de los grandes reservorios de agua de la ciudad. Se priorizaron también 60 hectáreas de bosque, que pertenecen a la comunidad indígena Muisca de Sesquilé.
En el marco del proyecto, Cortez participó en una serie de talleres a través de los cuales la organización encargada del proyecto, Masbosques, junto con la comunidad, buscaron identificar las principales amenazas del agua en la vereda, y formular un Plan de Adecuación Ambiental Colectivo, en donde se definió de manera concreta las acciones para enfrentar estas amenazas. “Como presidenta de la junta, yo invitaba a los vecinos a las reuniones y los talleres”, asegura Cortez, “pero es difícil que la gente se comprometa con este tipo de proyectos, por interés, por tiempo o sencillamente porque son los dueños pero no viven en sus terrenos”.
“La recepción de las comunidades al proyecto ha sido mixta”, asegura Andrés Ospina Cardona, responsable de PSA e incentivos a la conservación de la Corporación Masbosques, encargada de operar el proyecto en el que participa Cortez. “Algunas comunidades han mostrado interés y apoyo, reconociendo los beneficios; otras han expresado escepticismo, especialmente si sienten que los beneficios no son tangibles o inmediatos”, dice.
A pesar de estos problemas de participación, el plan, que incluye acciones como la conservación de bosques nativos, la instalación de cercas eléctricas para protección de áreas definidas y de tanques para almacenamiento de agua y la siembra de árboles nativos como chicalá, sauco y guayacán, está en marcha.
A cambio de ejecutar estas acciones, los campesinos reciben un pago en especie. Un 70% puede ser invertido en obras que beneficien al propietario del predio, como puede ser una cerca, un galpón para gallinas o la siembra de árboles frutales, y un 30% debe destinarse a obras de beneficio comunal. El monto del pago está definido por un análisis que determine el coste de oportunidad, es decir, la cantidad de bienes o servicios a los que debe renunciar el propietario para cumplir con el plan de conservación.
En agosto de 2024, la Gobernación de Cundinamarca actualizó la tabla de valores para PSA en el departamento, estableciendo un valor anual de un millón de pesos por hectárea (unos 240 dólares), para la región de Sesquilé. El arriendo de una hectárea para el cultivo de papa, una de las actividades económicas más importantes en el municipio, puede llegar a valer tres millones de pesos anuales.
El gobierno local es consciente de estas limitaciones monetarias. Juan Miguel Atuesta, secretario de Desarrollo Económico y Ambiental de Sesquilé, está encargado de formular los PSA locales, y asegura que se requiere más inversión para hablar de pagos mensuales en efectivo. “Los PSA no pueden verse como un sustituto económico de actividades como la agricultura o la ganadería, sino como un ingreso adicional”, señala la profesora Moros, quien asegura que el pago debe ser una palanca para dinamizar proyectos que diversifiquen la economía de las comunidades, y generen cambios en sus formas de producir.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2024 señala cómo este modelo de pagos también puede profundizar la inequidad, al beneficiar a aquellos que poseen más tierra en detrimento de los pequeños propietarios. En la vereda Chaleche, y de acuerdo a la información consignada en el portal web de Masbosques, reciben pagos tres predios de menos de dos hectáreas, en donde sus dueños desarrollan pequeños proyectos productivos, y cinco predios de entre 15 y 70 hectáreas que están a nombre de personas o empresas cuyos ingresos no dependen de sus predios.
Incluso, el predio conocido como el Monte, de 70 hectáreas, pertenece a la gerente general de ESRI Colombia, una empresa que se dedica a actividades de consultoría y administración de instalaciones informáticas, y que ha firmado contratos de varios miles de millones de pesos con la CAR y la Gobernación de Cundinamarca.
A pesar de estas inquietudes, los proyectos de PSA siguen extendiéndose. En 2023, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y Alianza Biocuenca, otro operador de PSA, firmaron un convenio con 20 familias de la vereda Rancherías, en Sesquilé, para la protección de 200 hectáreas en la microcuenca de la quebrada el Potrero. En 2024 se le sumaron otras nueve familias de la vereda El Hato para proteger 50 hectáreas en la cuenca del río San Francisco. Además, la administración municipal decidió incluir los PSA dentro de su plan de desarrollo 2024-2027.
Los PSA en Colombia, un mercado en expansión
El modelo de PSA que ha llegado a Sesquilé, en donde son grandes operadores los que administran los recursos y desarrollan el proyecto, es el que se ha venido imponiendo hasta ahora en Colombia.
Se estima que el mercado de PSA en Colombia pudo rondar los 100 millones de dólares entre el año 2016 y el 2023. Son operadores reconocidos como Carbono Cero, Patrimonio Natural, Colombia Sostenible, Alianza Biocuenca, Fondo acción y BancO2, los que administran buena parte de estos recursos, que provienen de fuentes tan diversas como la cooperación internacional, la banca multilateral, las alianzas entre gobiernos y corporaciones autónomas regionales, las donaciones de particulares, y aportes de empresa que pueden ir desde petroleras como Ecopetrol y Petrobras; pasando por industrias de alimentos como Postobón, Bavaria y el grupo Éxito; hasta proveedores de materiales de construcción y energía como el Grupo Argos, Empresas Públicas de Medellín y el Grupo Energía de Bogotá.
“La implementación se está concentrando en unos actores que están gestionando el 55% de los dineros que se van a PSA, y eso no es deseable”, asegura Moros. Si bien el Gobierno de Gustavo Petro está impulsando la creación de Concesiones Forestales Comunitarias, como una figura que le permita a los comunidades administrar directamente áreas ambientalmente estratégicas y evitar esta concentración; Moros señala que este tipo de proyectos siempre van a necesitar de un acompañamiento técnico, que debe estar dado por organizaciones legítimas que compitan entre sí, y no en un mercado dominado por unos pocos.
Otro gran vacío de la conservación en el país es la falta de seguimiento estandarizado a los proyectos, A diferencia de países como México, en donde se creó la Comisión Nacional Forestal -CONAFOR- o Costa Rica, en donde existe el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal -FONAFIFO-, en Colombia no hay una agencia central que opere los PSA. Así, las autoridades ambientales regionales pueden contratar un operador y la implementación se da de manera descentralizada, lo que dificulta medir qué tan exitosos son los proyectos respecto a sus objetivos de conservación y apoyo a las comunidades.
La profesora Moros, que ha enfocado parte de su trabajo investigativo en generar modelos de evaluación de este tipo de proyectos, asegura que en Colombia no se ha hecho una evaluación de impacto sería de ningún esquema de PSA, y afirma que la calidad de la información que reportan los operadores y las entidades territoriales es muy baja.
En el caso del programa operado por Masbosques en la vereda Chaleche, los seguimientos se realizan a través de visitas de campo efectuadas por profesionales técnicos del mismo operador, que se enfocan en revisar el cumplimiento de los acuerdos de conservación firmados. Adicionalmente, se lleva a cabo un seguimiento satelital para verificar qué tan conservadas se encuentran las coberturas vegetales, y los usos del suelo en cada terreno.
Edwar Andrés Ospina, de Masbosques, señala que el impacto se ve reflejado en el aumento de la biodiversidad por la conservación de ecosistemas y especies locales; la conservación de fuentes de agua; la participación comunitaria y la colaboración interinstitucional. Sin embargo, no compartió cifras específicas al respecto. Cortez también hace un balance positivo, ya que el proyecto le permitió hacer algunas adecuaciones en su finca, como tender cercas y sembrar algunas huertas, y la construcción de una placa huella que mejoró la carretera para toda la vereda.
En septiembre de 2024, el Ministerio del Medio Ambiente publicó un proyecto de resolución para regular la prestación de PSA, estableciendo mecanismos de monitoreo y sanción más eficaces. El programa bandera del ministerio, Conservar Paga, es una apuesta que pretende llegar a unas 16.000 familias de la Amazonía colombiana, con pagos mensuales cercanos a un salario mínimo. La ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que la iniciativa, lanzada en 2023, ha permitido la disminución de la deforestación en la Amazonía en un 36%, la reducción más grande en los últimos 23 años.
“El gobierno le apuesta a pasar de nodos de deforestación a nodos de desarrollo forestal y biodiversidad, desarrollando propuestas de economía verde”, asegura Moros; “pero hay limitaciones estructurales, en términos del acceso a mercados para los que no hay una demanda, en términos del acceso a vías en territorios en donde construir vías aumentaria la deforestación; el discurso va en la vía correcta, pero la ejecución está por verse”. El control que ejercen grupos armados ilegales como las disidencias en estos territorios, también genera inquietud frente al futuro de esta iniciativa.
Para que los PSA despeguen en Colombia, es necesario tener en cuenta los sentires de las comunidades y sus formas de relacionamiento con los ecosistemas, señala el informe de la Defensoría del Pueblo. Los operadores deben realizar evaluaciones de impacto serias de los proyectos, y ofrecer una información suficiente y transparente, sobre todo cuando, como en Sesquilé, hay recursos públicos de por medio. Como sugiere la profesora Moros, cuando hablamos de proyectos de PSA, “el diablo está en los detalles”.
