Por David Arango y Óscar Felipe Agudelo
En Colombia, los proyectos de bonos de carbono para la Reducción de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), han pretendido traer recursos económicos para varias empresas y comunidades encargadas de conservar bosques y selvas. Sin embargo, también se han visto envueltos en graves denuncias sobre posibles fraudes o violaciones de derecho fundamentales, y se han desarrollado bajo la sombra de ausencia de transparencia hacia las poblaciones que están comprometidas con la preservación de los ecosistemas.
Ese último fue el caso de la comunidad indígena que habita el territorio amazónico del Pirá Paraná, en el sur de Colombia, que denunció que varias empresas violaron sus derechos fundamentales en medio de un proyecto de bonos de carbono y la Corte Constitucional falló a favor de la población.
Pero, en teoría, estas cosas no deberían ocurrir de esa manera. Precisamente para validar y verificar los proyectos del mercado voluntario de certificados de carbono se crearon los Organismos de Validación y Verificación (OVV), cuya función es auditar de forma independiente los proyectos que formulen las empresas desarrolladoras. En síntesis, validan que los proyectos se ajusten a la normatividad y cumplan su propósito: aportar a la conservación.
En Colombia, un camino para obtener una acreditación para ejercer como OVV es por medio del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), una entidad creada para avalar distintos tipos de empresas privadas como laboratorios médicos o clínicos, organismos de verificación metrológica, organismos de inspección, centros de reconocimiento de conductores y, por supuesto, OVV. Esta última acreditación la hacen en ocho pasos.
El ONAC, según se manifestó por escrito para esta publicación, “provee el servicio de acreditación con sujeción a las normas nacionales de derecho privado y a las normas internacionales en materia de acreditación, particularmente la norma internacional ISO/IEC 17011, que es la norma que rige a todos los organismos de acreditación del mundo”.
Aunque el ONAC es una corporación de carácter privado, tiene una naturaleza mixta y nueve de los 27 integrantes de su junta directiva son funcionarios elegidos por el gobierno colombiano.
Alejandro Giraldo, director del ONAC, y Santiago Delgado Valencia, coordinador sectorial CPR Y OVV; aclararon que su labor de acreditación de las OVV se hace con base en la confianza en la transparencia de la información que les suministran; algo que genera dudas sobre la rigurosidad del proceso de verificación. “Nosotros no ejercemos funciones de control y vigilancia. Eso lo debe asumir el Estado, no nosotros”, dijeron los funcionarios. .
Esto también ocurre en otras acreditaciones que brindan. Por ejemplo, el vocero del ONAC indicó que acreditan los centros de reconocimiento de conductores, pero que no ejercen funciones de control o vigilancia. Si hay algún tipo de incumplimiento, lo máximo que pueden hacer es retirar la acreditación y no cerrar el local.
Este fue el caso de la OVV Deutsche Certification Body S.A.S, la cual auditó y creó el proyecto Pachamama en Cumbal, Nariño. A este OVV, el ONAC le retiró la acreditación luego de conocerse que en dicho proyecto no hubo independencia entre los creadores del proyecto y el árbitro (auditor) del mismo.
El ONAC se justificó en limitaciones de confidencialidad para abstenerse de revelar las razones del retiro de la acreditación de Deutsche Certification Body. Lo cierto es que esta se dio meses después de las publicaciones en medios.
En entrevista, los voceros del ONAC también aclararon que cuando hay denuncias específicas por posibles conductas violatorias a la normatividad nacional, ellos desde el organismo pueden entrar a revisar el retiro o no de la acreditación.
La junta del ONAC: poco bagaje en lo ambiental
Teniendo en cuenta que el ONAC realiza acreditaciones que van más allá de la evaluación de la conformidad sobre declaraciones relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero, su junta directiva está conformada por perfiles provenientes de distintas carteras del Gobierno entre las que no está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el más autorizado para vigilar proyectos asociados a la deforestación y degradación de bosques.
La junta directiva del ONAC está conformada en tres partes, según se pudo constatar en el Acta 26 de la asamblea de asociados que hizo el ONAC en marzo 13 de 2024. Nueve curules para integrantes del Gobierno Nacional, nueve representantes de intereses indirectos y nueve representantes de intereses directos.
En los nueve del Gobierno, uno es un vocero del Ministerio de Comercio, otro del Ministerio de Ciencia y los demás los designa la Comisión Intersectorial de Calidad, Sical. Se consultó al Ministerio de Ambiente para conocer si algún integrante de esa cartera conformaba la junta directiva del ONAC y la respuesta fue “no corresponde a nuestra cartera”, por lo que la remitieron al Ministerio de Comercio.
En relación con los otros integrantes del sector de intereses indirectos, algunos de los nueve puestos los conforman sectores como el Consejo Nacional de Rectores, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Corporación Cámara Iberoamericana de Seguridad Vial (CISVI), la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO), la Fundación Universidad América, Acoplásticos, entre otros.
Y los nueve puestos de intereses directos en la junta del ONAC lo conforman Asolab, Servimeters, Asocda, RIG SAS, Nyce Colombia Acedan, y Asocec que es la Asociación Colombiana de Organismos de Evaluación de la Conformidad.
En definitiva, el ONAC, encargado de acreditar a los árbitros o auditores de los proyectos del mercado de bonos voluntarios de carbono en Colombia, es un organismo que se dedica a múltiples tareas. La acreditación de este mercado es una más dentro del extenso universo de acreditaciones que hacen en el país.
Según explicaron desde ONAC, actualmente solo tienen seis OVV acreditados en Colombia. “Todos los organismos acreditados tienen evaluaciones de seguimiento cada año de forma regular, y evaluaciones extraordinarias cada vez que las circunstancias lo ameriten. Adicionalmente, la acreditación tiene un primer ciclo de tres años, al final de los cuales debe pasar un nuevo proceso de evaluación exhaustiva de todos los requisitos de la acreditación, para su renovación. Los siguientes ciclos son cada cinco años”.
Los otros caminos para conseguir una acreditación
Todos los proyectos del mercado voluntario de bonos de carbono deben “someterse a procesos de validación y verificación”, explicó por escrito el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, no todos los caminos conducen al ONAC, es decir, estos proyectos pueden tener una auditoría de OVVs que no necesariamente están acreditadas ante el organismo. Pueden tener una auditoría de “tercera parte (similar a una auditoría externa) o de primera parte (como una auditoría interna), según si optan a cualquier tipo de mercados de carbono y pagos por resultados o compensaciones similares o no, respectivamente”.
De acuerdo con la misiva del Ministerio de Ambiente, el auditor externo debe estar acreditado para ello en normas específicas (GEI: ISO 14065 y ahora la ISO 17029). “La acreditación permitida actualmente debe ser brindada por ONAC, pero también puede ser por otros organismos de acreditación internacionales (homólogos a ONAC en otros países), siempre que sean miembros del Foro Internacional de Acreditación (IAF) bajo el esquema de la ISO 14065 y, próximamente, en la ISO 17029”, dice la comunicación.
Esa cartera también explicó que dicha flexibilidad de permitir acreditaciones internacionales más allá del ONAC (el órgano acreditador nacional) es porque está la “necesidad de contar con un amplio portafolio de OVVs acreditados en las distintas actividades posibles y, por el momento, los acreditados por Onac no las cubren”.
Este ministerio precisó que solo se permiten acreditaciones por organismos internacionales miembros del Foro Internacional de Acreditación, IAF.
Una fuente que hace parte del mercado de bonos de carbono, y que solicitó mantener reserva de su identidad, aseguró que además del Onac como organismo acreditador de OVVs, también está la National Accreditation Board (ANAB, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la fuente, “la ANAB es particularmente relevante para proyectos que buscan reconocimiento y validación fuera de Colombia, ya que su acreditación está globalmente aceptada”. La fuente también aclaró que el ANAB tiene “un menor enfoque en proyectos locales”.
La fuente también mostró su preocupación porque este tipo de sospechas sobre la vigilancia a las OVV puede seguir afectando la credibilidad de este mercado que, según ella, “son vitales para la conservación y la obtención de recursos”.
El futuro del arbitraje de los proyectos de bonos de carbono
Según las respuestas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los proyectos deben mejorar, en general, el funcionamiento del sistema. “Se viene trabajando en un proyecto de resolución que pretende desarrollar las condiciones, criterios y requisitos para adelantar las actividades de validación y verificación en las iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI). Lo anterior, con el fin de fortalecer la confianza en la contabilidad de reducción de emisiones y remoción de GEI”, se lee en el escrito.
Por su parte, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE, de la Universidad de los Andes, señaló en el documento “Iniciativas REDD+ en Colombia: Balance y Recomendaciones” que “en muchos casos las iniciativas REDD+ no están funcionando como deberían, con lo cual lo que estaban pensado como una solución, se ha convertido en un problema”.
Un rol más activo del Estado en la vigilancia del arbitraje y un proceso de autocrítica al interior de los actores del sistema pueden ser la solución para que un sector que ha aportado recursos a la conservación corrija sus errores y siga funcionando.
