El “Global Stocktake” o balance mundial del Acuerdo de París adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) mostró que el mundo no está en camino de limitar el calentamiento global a 1.5°C y, por lo tanto, requiere de una mayor ambición y acción climática, que debe verse reflejada en la presentación de las Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
Las NDC son planes de acción climática en el marco del Acuerdo de París, un tratado internacional que busca que los países reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Rumbo a la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se espera que los países presenten la actualización de sus NDC, sin embargo, México aún no se suma a los 69 países que ya dieron este paso, conforme al recuento del portal Climate Watch.
Andrea Hurtado, directora general de Políticas para la Acción Climática en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó por escrito para este artículo que México presentará su NDC 3.0 durante la COP30, donde incorporará un apartado para abordar las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático.
Aunque agregar un apartado puede ser un paso importante para que México avance en términos de justicia climática y social, si no se establecen políticas y financiamiento, puede no llegarse a implementar, de acuerdo con la sociedad civil.
Atender pérdidas y daños es justicia social
“No puede existir justicia climática sin justicia social e igualdad”, sentenció Alicia Bárcena, titular de la Semarnat durante la Cumbre del Clima realizada en Nueva York en septiembre del 2025.
Las pérdidas y daños son los efectos negativos del cambio climático que se producen a pesar de los esfuerzos de adaptación y mitigación o por la ausencia de estos.
“Las pérdidas son cosas que no podemos recuperar y los daños son los que se pueden gestionar o recuperar de alguna forma”, explicó Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, una organización latinoamericana enfocada en la incidencia política contra el cambio climático.
Sin embargo, pese a que en la NDC vigente existe un apartado de adaptación, lo que es crucial para prevenir y minimizar los daños del cambio climático, México no cuenta con un Plan Nacional de Adaptación para implementarla. De acuerdo con la Semarnat, este instrumento está en construcción y presentará un primer borrador en agosto del 2026.
En este contexto, se habla de justicia social porque las comunidades que han sido histórica y sistemáticamente marginadas son más vulnerables a las pérdidas y daños.
“En México, como en Centroamérica, hay muchísimas comunidades indígenas, agrícolas o pesqueras que dependen de la relación con la tierra o con el océano para sobrevivir, y que han sido desposeídas por la explotación industrial, el turismo, o la violencia y ahora viene el cambio climático a lesionarlas aún más. Ellos tienen derecho de pedir una reparación por ese daño que se da a raíz del lucro para generar emisiones de carbono”, señaló Martínez.
De acuerdo con el principio siete de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, los Estados tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas, pues los países desarrollados han contribuido en mayor medida a la degradación ambiental del planeta.
“Las emisiones no las generaron ellos (los países en desarrollo) para que tengan que enfrentar las consecuencias, sino que son vulneradas por un sistema estructural que es voraz hablando en términos de cambio climático”, señaló Anjani Punjabi, activista climática mexicana en Tierra Nuestra y Greenpeace, y co-coordinadora de la Conferencia Local de Juventud (LCOY, por sus siglas en inglés).
Por ejemplo, en México uno de los sectores más afectados por el cambio climático es el pesquero, ya que la degradación de los ecosistemas marinos y costeros genera una reducción de la biodiversidad y productividad, con impactos culturales y económicos en las comunidades costeras rurales que dependen de la pesca y que enfrentan altos niveles de marginación, de acuerdo con la organización Comunidad y Biodiversidad (COBI).
“Los impactos más profundos trascienden cualquier cálculo monetario. Resulta casi imposible cuantificar la pérdida de conocimientos tradicionales, de prácticas pesqueras ancestrales o del tejido social que sostiene la identidad de las comunidades costeras. Estos daños intangibles (culturales, emocionales y comunitarios) representan una de las dimensiones más dolorosas y menos reconocidas del cambio climático”, señaló COBI a través de un cuestionario escrito para este artículo.
Pero uno de los retos más importantes es la negativa de los países del norte global -que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero- a asumir su responsabilidad de reparar las pérdidas y daños.
“Esta es una muestra de la violencia estructural, y si nunca tienen (los países grandes emisores) consecuencias por los efectos adversos del cambio climático que son producto de actividades económicas, nunca van a cambiar. Tenemos que meternos en la lucha por reformar la gobernanza climática internacional que tenga que partir del derecho, de las obligaciones y responsabilidades”, señaló Martínez.
Expectativas del nuevo componente
México se está calentando más rápido (3.2°C por siglo) que el promedio mundial (2°C por siglo). El 87% de las declaratorias de desastre entre el 2018 y 2024 se atribuyen a fenómenos hidrometeorológicos, con un impacto acumulado de 138 mil millones de pesos (unos 7,5 mil millones de dólares), de acuerdo con información entregada por la Semarnat.
También reconoció que no se ha llevado a cabo un estudio integral para dimensionar las pérdidas y daños del cambio climático.
De todos modos, se espera que la incorporación del componente de pérdidas y daños en la NDC 3.0 facilite la movilización de recursos para esta tarea, particularmente, a través de la Red de Santiago que ofrece asistencia en la materia, y del Fondo para Pérdidas y Daños.
El componente incorporará emergencias y desastres asociados al cambio climático y la acción humanitaria; transferencia y retención del riesgo; reconstrucción con enfoque de prevención del riesgo y resiliencia; movilidad humana vinculada a los impactos del cambio climático; y pérdidas económicas y no económicas, de acuerdo con Hurtado.
Posterior a esto, debería haber mecanismos judiciales y administrativos, como políticas públicas, reglamentos y leyes que faciliten la reparación del cambio climático.
“Tiene que haber una planificación no solo de qué se va a hacer, sino cómo se va a financiar y tener indicadores para medir pérdidas y daños. Es una obligación del país asegurar los derechos humanos de las personas respecto a la reparación de daños y pérdidas y si eso implica planificar o cambiar sus posturas a nivel nacional e internacional, pues eso es algo que se tiene que visualizar en la NDC y no puede quedarse sin tutelar”, señaló Martínez.
Asimismo, la reparación de los daños debe ser acorde a las necesidades de cada contexto, y con la participación de las personas afectadas para que sea una reparación integral.
Además, deben prever instrumentos financieros diferenciados, justos y transparentes, de acuerdo con José Morales, gerente de Cambio climático y Biodiversidad en la Iniciativa Climática de México, una organización dedicada a catalizar la ambición climática federal.
Desafíos y oportunidades en la COP30
En la próxima COP30 a realizarse del 10 al 21 de noviembre en Brasil se abordará el tema de los indicadores para medir los avances de adaptación a nivel global y la financiación climática, específicamente, para reparar las pérdidas y daños; financiar la transición energética y las medidas de adaptación.
De acuerdo con Punjabi, uno de los puntos críticos será el reconocimiento de las pérdidas y daños no cuantificables – como la pérdida cultural y de biodiversidad – ya que, de no hacerlo, el avance será parcial en este tema.
