Costa Rica presentó el pasado 15 de noviembre su nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), es decir, sus compromisos de acciones para enfrentar, mitigar y adaptarse al impacto del cambio climático. Para ser implementada en su totalidad, requeriría de unos US$14.000 millones de dólares y, de esos, más del 50% necesitaría de financiamiento externo para convertirse en una realidad.
Así lo confirmaron el viceministro de Energía, Ronny Rodríguez Chaves, y la directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Adriana Bonilla Vargas, quienes aseguraron que estas metas están orientadas a la ejecución de programas y políticas que el país inició tiempo atrás y que ha demostrado que puede llevarlos a la práctica.
La presentación de los compromisos asumidos por Costa Rica se dieron en el marco de la 30° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se realiza del 10 al 21 de noviembre en el corazón de la Amazonia, Belém, la capital del estado brasileño de Pará.
En la redacción del documento oficial, las diversas metas son calificadas bajo dos categorías, las condicionales e incondicionales. Las primeras dependen exclusivamente de conseguir los recursos financieros para ejecutarlas y las segundas serán las que, sí o sí, el país pondrá en marcha.
“Esta separación es un acto responsable y muy aceptado por la comunidad internacional. Llevamos un plan de acción que plantea una curva incondicional y una condicionada en financiamiento, así como elementos tecnológicos, educativos y de inversión. Las que son incondicionales están vinculadas sobre todo con adaptación”, detalló Rodríguez.
Vale aclarar que las partes bajo el Acuerdo de París pueden presentar sus respectivas NDC bajo distintas metodologías. Con su nuevo compromiso, Costa Rica pasó de tener una metodología de “presupuesto de carbono” – un monto máximo a emitir durante un período de tiempo – a una meta condicional e incondicional. Algunos estudios muestran que la primera es la metodología más transparente y efectiva para cumplir los objetivos de París.
El 50% de condicionalidad a los recursos externos podrían incluso ampliarse en los próximos cinco años, porque el camino puede volverse aún más difícil para acceder a financiamiento y cooperación a bajo costo, luego de que el país fuera catalogado como nación de renta alta por el Banco Mundial.
Esto significaría una mayor vulnerabilidad para la nación, ya de por sí endeudada en un 57,4% de su producto interno bruto (PIB) al primer semestre del 2025, según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda Pública, porque adquirir fondos para mitigar la generación de gases de efecto invernadero (GEI), atender el impacto de los eventos climáticos extremos e implementar mecanismos de adaptación implicaría aún más deuda.
“Para el financiamiento, Costa Rica no va a tomar de sus fondos, sino que le tocará competir con otros recursos para aplicarlos en las metas que están condicionadas. Pero ocupamos financiamiento barato, a tasa cero y que vengan a resolver y hacer rentables los proyectos”, añadió el jerarca.
En el documento de los compromisos climáticos costarricenses está plasmado que se combinarían una estrategia financiera con recursos nacionales, inversión directa del sector privado, cooperación y banca multinacional y mecanismos de mercado.
Rodríguez fue enfático en que, precisamente, en la COP30 el país ha buscado financiamientos adecuados, así como oportunidades de inversión diferenciadas.
Pero si Costa Rica continúa como un país de renta alta en los próximos tres años, sí habría mayores limitaciones para acceder a financiamiento que permita atender las distintas aristas del cambio climático, lo que el viceministro considera que podría evitarse mediante iniciativas regionales, donde hay más oportunidad para acceder a fondos.
Más o menos ambición en metas climáticas
Para 2025, todos los Estados signatarios del Acuerdo de París – el tratado internacional para combatir el cambio climático– debían presentar previo a la COP30 sus nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas, como una actualización de las generadas en el año 2020. Estos compromisos debían ser más ambiciosos que los anteriores.
Desde esta perspectiva, Rodríguez aseguró que los compromisos climáticos del 2020 fueron presentados en la pandemia y que hubo aspectos de implementación que no lograron concretarse.
Uno de ellos fueron los medios de implementación o la apropiación por parte de diversos sectores de estas metas climáticas, algo en lo que aseguró sí han venido trabajando con fuerza en la NDC actualizada, sobre todo porque la mayor parte de la implementación le correspondería a este sector.
“No digo que las anteriores fueran mejores o peores, sólo eran diferentes. Nos piden ser ambiciosos, pero también que los compromisos sean implementables, pero eso implica la inversión de recursos”.
Por su parte, el viceministro de Gestión Estratégica del Minae, Carlos Isaac Pérez, indicó que la NDC pasada era muy ambiciosa, y que eran tiempos de ser realistas, por lo que los compromisos actuales no son soñadores, sino una que está en función de las condiciones sociales y económicas del país.
Los jerarcas manifestaron que la actualización cuenta con métricas más definidas, responden a cómo se hará frente a los principales problemas y quiénes estarán vinculados con la solución.
En este sentido, Pascal Girot, investigador y exnegociador climático por Costa Rica, cuestionó el argumento de que las NDC anteriores (2015 y 2020) fueran muy ambiciosas. Para él, el discurso gubernamental de que los nuevos compromisos climáticos son más realistas es engañoso.
Girot aseveró que tampoco es realista que las metas estén condicionadas a la disponibilidad de cooperación técnica y financiera internacional.
“Estamos retrocediendo en nuestra ambición, cuando tuvimos la oportunidad de avanzar hace cuatro años en la implementación del Plan Nacional de Descarbonización y el Plan de Acción en Adaptación. Teníamos listo un proyecto financiado de tren eléctrico que, de haberse mantenido, nos tendría en otro lugar en cuanto a emisiones del sector energía y transporte”, recordó el experto.
Señaló una serie de dudas que le ha generado el anuncio de los nuevos compromisos climáticos, sobre todo vinculadas con el inventario de emisiones presentado para el año 2021, por ser un año poco adecuado para una línea de base, producto de la pandemia por COVID-19. “En todos los países repuntaron las emisiones post- pandemia y Costa Rica no debe ser la excepción”.
Además, dijo no estar seguro sobre la capacidad del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de mantener los datos actualizados, a fin de generar futuros inventarios de gases de efecto invernadero, pues la Administración actual desmanteló el Sistema Nacional de Métrica del Cambio Climático (Sinamecc), el cual se encargaba de levantar y mantener al día esta información.
Incluso cerraron la Secretaría de Planificación del Sector Energía (SEPSE) del Minae, que se encargaba de la compilación de los datos de consumo de combustibles, de los cuales se deriva el inventario para el 50% de las emisiones del país.
“Al graduarse Costa Rica en diciembre de 2025 de la OCDE, ya nos van a pedir cuentas como país de renta media alta. Esto significa que ya no seremos sujetos de cooperación internacional y que deberíamos demostrar una capacidad de asumir nuestra responsabilidad como nación desarrollada, lo que significa asumir una NDC más ambiciosa y acorde con el recorrido histórico del país en materia ambiental”, argumentó Girot.
Otro cuestionamiento que realiza la sociedad civil sobre la conformación de los nuevos compromisos climáticos es que, pese a que se realizaron talleres de consultas sobre los temas que debían incorporarse, no sienten que realmente les informaran acerca de los resultados.
De acuerdo con Adrián Martínez, director de la organización La Ruta del Clima, si bien participaron en los talleres, lo sintieron como un proceso extractivo de información y no necesariamente de participación activa.
“Hay un contraste en el lenguaje que se utiliza, porque se habla de justicia social, género y derechos humanos, cuando en realidad se está recortando y desregularizando la institucionalidad, tanto en temas socioambientales como programas sociales, con una falta de visión social vinculada con cambio climático”, detalló el experto.
Pero, ¿qué plantean sus compromisos ambientales?
Adriana Bonilla Vargas, directora de Cambio Climático del Minae, relató que tienen un plan detallado de inversión estratégica en los compromisos climáticos que, en primera instancia, permitirían reducir en un 53% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con iniciativas de mitigación.
“Trabajaremos alrededor de 40 contribuciones en mitigación, de las cuales unas 11 representan el 83% de esa reducción de emisiones. También tenemos 28 compromisos en adaptación con sus respectivas metas y, aunque pareciera que hay más propuestas en mitigar, si hay que priorizar acciones lo haremos en adaptar a las comunidades y poblaciones más vulnerables a los impactos del cambio climático”, indicó Bonilla.
La mitigación estaría vinculada con acciones específicas en sectores como energía y transporte, incluyendo el tren de pasajeros; la electromovilidad; bioenergía; biocombustibles; trenes de carga; generación eléctrica sostenible; descarbonización industrial; edificaciones sostenibles; procesos industriales y agro, entre otros.
Además, incorporaron el tema de océanos, manglares, humedales y muchos otros, e incluyeron a las comunidades indígenas y sus territorios, el enfoque de género, justicia social y derechos humanos.
Eso sí, agregó, la directora de Cambio Climático, aunque mantienen la ambición en mitigación y descarbonización, si tuvieran que elegir temáticas por un tema de acceso al financiamiento, la prioridad sería atender las problemáticas de adaptación, por ello, en la NDC de Costa Rica hicieron la división específica de cuáles metas están condicionadas al acceso a financiamiento y cuáles no, para tener claridad en esos aspectos.
