Cuando Fátima Vázquez entendió que tener luz eléctrica podía ser un privilegio, lloró.
Hasta entonces, encender un foco había sido un gesto cotidiano, uno de esos movimientos que se hacen sin pensar demasiado en todo lo que existe detrás de un interruptor. Pero conocer hogares de comunidades mayas de Quintana Roo, donde la vida prácticamente terminaba con el último rayo del sol, cambió su manera de mirar la energía eléctrica.
“Yo tuve tantos sentimientos que cuando llegué a mi casa lloré. Dije: ‘¡No puede ser!’. Sentí impotencia y eso me llevó a que ayudemos a tener luz en otras comunidades”, recordó.
Esto ocurrió después de visitar los hogares de Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya de Quintana Roo, como parte de otras actividades de la cooperativa Túumben K’óoben, de la que forma parte.
Ahora Fátima coordina el área de energía de la agrupación y junto con otras mujeres participa en el proyecto llamado “Mujeres Mayas Promotoras de Energía Solar”, con el que han aprendido a instalar, reparar y dar mantenimiento a sistemas fotovoltaicos para llevar electricidad a hogares y sistemas de bombeo de agua a unidades productivas.
En la entrevista, en ponencias y foros, Fátima insiste en aclarar que no son ingenieras: “Nosotras no somos ingenieras solares, sino mujeres que nos estamos preocupando por lo que está pasando en nuestro territorio”.
La desigualdad encendida
Felipe Carrillo Puerto tiene cerca de 83.900 habitantes y alrededor del 75% de su población es maya, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alrededor de 81.1 % de la población vive en situación de pobreza.
Aunque a Quintana Roo se le asocia con el desarrollo turístico y económico, entre 2010 y 2020, el Coneval detalla que Felipe Carrillo Puerto estuvo entre los municipios que mostraron los mayores incrementos de pobreza en una década, el porcentaje creció 15.9 puntos porcentuales, sólo por debajo de Tulum, donde el aumento fue de 16.5 puntos. En Solidaridad, otro de los principales polos turísticos del estado, el crecimiento fue de 12.6 puntos porcentuales.
Sin embargo, el contraste territorial es difícil de ignorar, ya que las zonas turísticas concentran una parte importante de la demanda eléctrica de la Península: en 2024, Cancún y Riviera Maya representaron en conjunto 40.9% de la demanda máxima de la región peninsular, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía plasmados en el Programa Territorial Operativo de la Zona Sur de la Riviera Maya.
Así que mientras en Tulum el consumo doméstico promedio reportado es de 2,445.3 kilowatts-hora, en Felipe Carrillo Puerto es de 1,330, lo que quiere decir que tierra adentro, lejos del turismo masivo persisten comunidades y viviendas alejadas de la red, además de localidades donde el servicio puede interrumpirse durante días.
“Nosotras vivimos en un territorio no tan prioritario en cuanto a contar con luz, donde el turismo masivo es, de principio, lo más importante para tener sistema energético eléctrico. Mientras, nuestra comunidad puede quedarse dos o tres días sin energía y no pasa nada”, comentó Fátima.
La pobreza energética, explica, no significa solamente vivir sin un foco, sino que también impide o dificulta la posibilidad de conservar alimentos, bombear agua, comunicarse, estudiar o trabajar después del atardecer.
En Felipe Carrillo Puerto, el 26.5% del total de los hogares tenían jefatura femenina en 2020. La proporción era de 25.4% entre los hogares familiares y aumentaba hasta 35.3% entre los no familiares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Mujeres elaborados a partir del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.
“Conocemos historias donde todas las actividades de las mujeres las tienen que hacer hasta que el último rayo del sol se esconde”, dijo Fátima.
Por eso para quienes integran la cooperativa Túumben K’óoben la falta de energía eléctrica es atravesada por la desigualdad de género.
Las integrantes de la cooperativa llevan unos 17 años trabajando con tecnologías alternativas y en 2011 se constituyeron bajo esta figura organizativa. Primero experimentaron con estufas ahorradoras de leña y ollas solares; en 2019 comenzaron a trabajar con sistemas fotovoltaicos para iluminación básica y después incorporaron bombas solares para riego.
Parte de este trabajo ha sido posible mediante financiamientos externos y esquemas que buscan que los proyectos puedan sostenerse más allá de las subvenciones. En 2022, el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial otorgó recursos al proyecto Mujeres Mayas Promotoras de Energía Solar, con el fin de fortalecer la capacitación y poner en marcha un piloto de comercialización de sistemas solares para iluminación y bombeo. Después, la cooperativa obtuvo apoyo de Honnold Foundation para continuar el trabajo de formación de mujeres en la instalación y mantenimiento de estos sistemas.
Desde entonces, han instalado sistemas básicos en 21 hogares en situación de pobreza energética y bombas solares en cuatro unidades de producción agroecológica, y han donado otros 10 sistemas fotovoltaicos a familias de bajos recursos. Aproximadamente 304 personas han recibido capacitación para usar, instalar y mantener esta tecnología. El trabajo se ha extendido por Santa Rosa, Dzulá, X-Hazil Sur y Tihosuco, en Quintana Roo, y por Chechmil, Sotuta, Sanahcat y Cantamayec, en Yucatán.
Dulce Magaña, integrante de la cooperativa, compartió que cuando van a los hogares, les sucede con frecuencia que las familias esperan hombres.
En Santa Rosa ocurrió así y María Uc, una de las beneficiarias, imaginó que aparecerían trabajadores similares a los electricistas que conocía.
“Yo pensé que hombres iban a venir a instalar el panel ¡Y no! Ya cuando veo, son puras mujeres que se pusieron a instalar y guiarnos para que sepamos cómo hacerlo”, recordó.
En X-Hazil Sur, Julia Pech, otra de las beneficiarias, tuvo una reacción parecida: “Sí me sorprendió un poquito. Veo que también las mujeres pueden hacer esto. Más cuando miré todo eso, que ya se treparon y lo hicieron”.
Dulce precisó que buscan que las familias participen durante la instalación. Enseñan a reconocer cables y conectores mediante colores y símbolos, a desmontar el sistema ante un huracán, identificar fallas, sustituir piezas y realizar mantenimiento básico.
“Nosotras te capacitamos para que no seas dependiente de otra empresa o de nosotras mismas”, explicó Dulce.
Si durante una instalación algún hombre intenta explicarles cómo conectar un cable que ellas saben perfectamente cómo colocar, escuchan y después hacen el trabajo.
Para la cooperativa, instalar un panel y marcharse reproduciría otra forma de dependencia tecnológica, por eso la apuesta es que el conocimiento se comparta y se quede en la comunidad.
Por eso sintetizan su propuesta de una manera sencilla: no quieren mujeres incluidas en la transición energética; quieren mujeres construyéndola de forma activa.
Esa participación también convierte al proyecto en una forma de acción climática a escala comunitaria. Tzinnia Carranza López, presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático de México, describió que, al utilizar energía solar para resolver necesidades cotidianas, las familias incorporan una fuente renovable en lugar de depender exclusivamente de formas de generación basadas en combustibles fósiles.
Sin embargo, el aporte no está solamente en la tecnología. Tzinnia especifica que estos procesos necesitan una mirada interseccional que permita reconocer que las necesidades energéticas cambian según el género, la edad, las condiciones económicas y la pertenencia a pueblos indígenas, entre otros factores.
“Tenemos que tener un conocimiento claro de cómo se compone la población para poder realmente incorporarlas dentro de los procesos, no dejar a nadie atrás y adecuar la metodología y las técnicas didácticas a cada sector”, señaló.
Cuando las propias mujeres saben construir, utilizar y mantener una tecnología, indicó Tzinnia, disminuye su dependencia de personas externas para resolver fallas.
Lo que cambia cuando llega la noche
En X-Hazil Sur y Santa Rosa, dos de las familias beneficiarias viven alejadas del centro de sus comunidades. Ambas habían solicitado anteriormente una conexión a la red pública de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero las solicitudes no prosperaron debido al costo que implicaba extender postes hacia las viviendas ubicadas en la periferia.
Así que, antes de los paneles, utilizaban velas y cuando oscurecía, el tiempo adquiría otros límites, por ejemplo, las niñas y niños procuraban terminar la tarea antes de la noche y se acostaban a las siete u ocho. También vivían con temor de que víboras, animales de la selva e incluso “Juan sin Cabeza”, uno de esos personajes que sobreviven en los relatos infantiles, llegaran a sus hogares.
La llegada de tres focos a su casa modificó la dinámica y es así que pueden jugar antes de hacer la tarea y las familias permanecen juntas durante más tiempo. También pueden cargar un teléfono sin desplazarse o pedir el favor a otra familia.
Para algunas mujeres, tener luz por la noche abrió otra posibilidad de ingresos.
“En las noches estoy bordando a mano, abajito de la lámpara”, contó María Uc.
El sistema básico promovido por la cooperativa incluye panel, batería, controlador, cableado y tres lámparas. De acuerdo con las integrantes de la cooperativa, los materiales rondan los 7 mil pesos (unos 407 dólares), más unos 500 pesos (29 dólares) de instalación, y existen esquemas para pagarlos durante uno o dos años. La cifra está considerablemente por debajo de referencias nacionales de entre 40 mil y 80 mil pesos (aproximadamente entre 2,300 y 4,650 dólares) para sistemas domésticos de mayor capacidad.
Un sistema básico está pensado fundamentalmente para iluminación y pequeños consumos. Incorporar refrigeradores, lavadoras, televisores u otros electrodomésticos requiere calcular la demanda de cada vivienda y aumentar paneles y capacidad de almacenamiento.
Las prioridades también evidencian diferencias de género. Por ejemplo, en una de las familias beneficiadas, el padre dijo que quería contar con una televisión, mientras que la madre pidió una lavadora que disminuyera su carga doméstica.
Para Karla Graciela Cedano Villavicencio, académica del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pensar en una transición energética justa requiere mirar más allá de los paneles, baterías o cables. Los sistemas energéticos, explica, son sociotécnicos porque detrás de cualquier tecnología existen personas que la utilizan, administran y toman decisiones sobre ella.
Sin embargo, aunque las mujeres participan cotidianamente en la gestión de la energía dentro de los hogares, esa presencia no suele estar vinculada con los espacios donde se toman las decisiones.
“Muchas de las injusticias energéticas a nivel doméstico sí son cargadas a las mujeres. Y si le metemos interseccionalidades, esto se pone peor: mujeres en el espacio rural, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad; cada capa de vulnerabilidad nos va impactando más en los sistemas energéticos”. El gran tema es que en la toma real de decisiones, la efectiva, casi nunca hay mujeres”, señaló.
Esa desigualdad adquiere mayor peso en los hogares, donde las mujeres han asumido históricamente buena parte de las tareas domésticas y de cuidados y, con ellas, la responsabilidad de administrar la energía necesaria para cocinar, lavar, conservar alimentos o resolver el pago de la electricidad.
“Necesitamos consultar a las mujeres para entender a las infancias y a las personas adultas mayores, para entender qué tipo de energía necesitan, cuándo la necesitan, para qué la necesitan”, explicó. Desde esta perspectiva, un sistema fotovoltaico puede mejorar las condiciones de vida, pero su capacidad transformadora depende también de que responda a las prioridades de cada familia.
La energía solar ha ganado terreno rápidamente dentro del sistema eléctrico mexicano. Sin embargo, su expansión no significa que esta tecnología haya llegado de la misma manera a los hogares. En 2022, la generación distribuida representaba apenas 1.2 % de la generación eléctrica total del país y, aunque prácticamente toda su capacidad instalada corresponde actualmente a sistemas fotovoltaicos, solo un 0.3 % de las viviendas mexicanas obtenía electricidad mediante paneles solares, de acuerdo con la Secretaría de Energía.
La expansión de la energía solar en la Península de Yucatán también ha abierto conflictos sobre quién decide dónde se genera la electricidad y cuáles son los costos territoriales de hacerlo a gran escala.
Rodrigo Patiño, integrante de Articulación Yucatán, recordó los casos de Yucatán Solar, puestos en marcha en Valladolid, y Ticul A y B, en Muna, Sacalum y el municipio del mismo nombre. Estos megaproyectos fueron frenados después de inconformidades y acciones legales relacionadas con sus impactos ambientales y sociales. En el primero, señaló, llegaron a deforestarse cerca de 200 hectáreas de selva y el predio incluía un cenote vinculado con prácticas rituales de comunidades mayas; en el segundo se cuestionó la forma en que se obtuvo inicialmente el aval de ejidatarios y la posible deforestación de más de 500 hectáreas.
“Los grandes proyectos fotovoltaicos surgen de una lógica técnico-económica que privilegia las ganancias para los empresarios y la atención a los grandes consumidores de electricidad, como la industria, el turismo y las grandes ciudades”, explicó.
En contraste, señaló que los sistemas comunitarios pueden dimensionarse a partir de necesidades energéticas locales y abrir espacios de decisión para sectores que suelen quedar fuera de estos procesos, entre ellos mujeres, jóvenes y comunidades indígenas.
“Es necesario escuchar cuáles son las necesidades reales de estas comunidades en cuanto al consumo energético, pero también hacerlas partícipes en la toma de decisiones y en la gestión de sus propios sistemas energéticos”, sostuvo Patiño.
Para las integrantes de Túumben K’óoben, acercar estas tecnologías a las comunidades representa desmontar la idea de que el conocimiento sobre energía pertenece únicamente a especialistas. Su experiencia busca mostrar que las mujeres pueden aprender a instalar, mantener y gestionar estos sistemas sin necesidad de contar con una formación profesional en el área, al mismo tiempo que promueven alternativas que fortalezcan la resiliencia de sus comunidades frente al cambio climático y contribuyan a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
“Lo que queremos es abrir este conocimiento a comunidades que a veces son olvidadas por el propio sistema”, puntualizó Fátima Vázquez.
