La Unión Europea esconde la billetera en la COP31

El mayor aportante de financiamiento climático es enfático en decir que nuevo dinero “no será un resultado de esta COP” y que cualquier conversación está “muerta en el agua”. Los últimos borradores del acuerdo eliminaron la referencia a montos y la sociedad civil reclama que “esas palabras lo van a perseguir”.

A un día del cierre oficial de la COP31 en Antalya, la cifra que los países en desarrollo pedían para adaptarse al cambio climático desapareció del texto principal de la cumbre. El segundo borrador de la decisión de portada, publicado por las presidencias el jueves 19 de noviembre, ya no incluye el piso de US$120.000 millones anuales al 2035 que había propuesto el Grupo Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

El cambio coincide con la posición que la Unión Europea, el mayor aportante de financiamiento climático público, sostiene desde antes de la cumbre: no habrá dinero nuevo sobre la mesa. Las organizaciones de la sociedad civil responden que sin financiamiento no hay acuerdo posible. 

«Es inadmisible que la UE siga bloqueando las negociaciones sobre financiamiento en la COP31, en particular el programa de trabajo sobre financiamiento climático que debería enfocarse en el cumplimiento de la provisión de recursos públicos desde los países que tienen mayor responsabilidad histórica por la crisis climática, en el marco del Artículo 9.1 del Acuerdo de París. ¡Basta de tratar de diluir su responsabilidad histórica!”, expresó Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonía, quien añadió que “preocupa la reducción de sus compromisos de financiamiento este año, para desviar esos recursos a gastos de defensa”.

En la misma línea, Rachel Simon, coordinadora principal de Financiamiento Climático Internacional de Climate Action Network (CAN) Europe, expresó que “esta COP debería centrarse en la implementación de los compromisos, pero en las salas de negociación la UE ha estado obstaculizando el avance en materia de financiamiento público. Se ha resistido a un debate significativo sobre triplicar el financiamiento para la adaptación en el marco de la Meta Global de Adaptación y está proponiendo un programa vacío de contenido para el Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático”.

Pero, tal como sugiere lo anterior, la pelea no es por una sola cifra. En la COP31 hay cinco conversaciones sobre financiamiento que se cruzan y cada una tiene un nombre técnico que es necesario entender.

Qué se negocia y dónde

La discusión de financiamiento ha girado durante años en torno a la “Nueva Meta de Financiamiento” (NCQG en inglés). Es la nueva meta colectiva cuantificada que se acordó en Bakú en 2024: al menos US$300.000 millones al año al 2035, con los países desarrollados a la cabeza, y un llamado a movilizar US$1,3 billones al año de todas las fuentes. En la COP31 no hay una mesa de negociación sobre el NCQG, pero sí una guía sobre cómo cumplir la promesa. La Hoja de Ruta de Bakú a Belém hacia US$1,3 billones, que presentaron en noviembre de 2025 las presidencias de la COP29 (Azerbaiyán) y la COP30 (Brasil). Es un documento político, no negociado, y la presidencia brasileña anunció que presentaría en la COP31 un primer informe de implementación. El primer borrador de la decisión de portada mencionaba esa hoja de ruta, pero el segundo eliminó la referencia.

La base de las discusiones suele referenciar al artículo 9.1 del Acuerdo de París, que dice que los países desarrollados «proporcionarán» recursos financieros a los países en desarrollo. Es la base legal del reclamo del Sur Global, de que el dinero es una obligación del tratado. Por primera vez, existe un espacio de negociación de esto, dentro del programa de trabajo de financiamiento (CFWP), que se creó el año pasado en Belém. La discusión en Antalya está en que los países en desarrollo quieren un plan con cifras y reparto de la carga, mientras que los desarrollados que solo sea un espacio de diálogo.

La otra discusión tiene que ver con la idea de triplicar el financiamiento en adaptación. La adaptación es la plata para que los países resistan sequías, inundaciones o la subida del mar, y es el punto más sensible de toda la discusión. Según el Informe de Brecha de Adaptación 2026 del PNUMA, los países en desarrollo necesitan US$305.000 millones al año al 2035. El financiamiento internacional en la materia fue de US$30.000 millones en 2024, por lo que aún la triplicación apenas cubriría menos del 30% de las necesidades.

En Belém, la decisión del Mutirão Global llamó a al menos triplicar el financiamiento para adaptación al 2035, sin decir desde qué base ni cuánto dinero significa. En la COP31 el tema se discute repartido en tres salas: la de la meta global de adaptación (GGA), la del CFWP y la decisión de portada.

Los países en desarrollo, con los del grupo SUR a la cabeza (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Ecuador), han exigido que se discuta sobre la base de US$120.000 millones al año.

La línea base de la triplicación también es clave, pues cuanto más antiguo o más bajo es el punto de partida, menor es la meta final. El antecedente es el Pacto de Glasgow (2021), que pidió duplicar el financiamiento para adaptación desde los niveles de 2019, hasta unos US$40.000 millones en 2025.

Foto: © UN Climate Change / Kiara Worth

Unión Europea: “Cualquier conversación sobre dinero está muerta en el agua”

El comisario europeo de Acción Climática, el neerlandés Wopke Hoekstra, fijó la línea antes de viajar a Turquía. En una entrevista con Bloomberg publicada el 29 de octubre dijo: «Cualquier conversación sobre dinero fresco está muerta en el agua”. También pidió no caer en ”rondas interminables sobre financiamiento”.

En Antalya sostuvo la misma posición en la conferencia de prensa de la UE del 18 de noviembre: “Otra conversación más sobre dinero fresco, que no va a tener eco y no va a ser un resultado de esta COP”. Su argumento es que los europeos ya ponen de su parte y que otros países con más ingreso «no aportan”.

Teresa Anderson, de ActionAid International, retomó la polémica frase de Hoekstra: “Cuanto más lo pienso, más me impacta que haya usado esa expresión después de lo de Nepal, mientras ocurren las inundaciones de El Niño”. Y agregó: «Cuando ocurra la próxima inundación catastrófica, esas palabras lo van a perseguir”.

Para Anderson, el problema no es solo la cantidad de dinero, sino que la meta de triplicar la adaptación sigue vacía. Afirmó que la UE llegó «con la intención declarada de no negociar”. 

La Unión Europea -compuesta por 27 estados miembros- aportaron 32.300 millones de euros de financiamiento climático público a países en desarrollo en 2025, según las conclusiones del Consejo de la UE del 29 de octubre. El 41% fue en donaciones y el 48% fue a adaptación o a acciones mixtas. El financiamiento privado movilizado, en tanto, cayó de €11.000 millones a €9.300 millones.

Cuando un periodista le preguntó qué les responde a los países vulnerables que piden ponerle número a la triplicación de la adaptación, Hoekstra no dio cifra y habló de la importancia del acceso, citando una ocasión en que tuvo que intervenir porque una isla caribeña del Reino de los Países Bajos tardó más de cinco años en conseguir fondos del Banco Mundial tras un huracán.

Brandon Wu, de ActionAid Estados Unidos, criticó que la Unión Europea “llegó explicitamente sin nada que ofrecer” y los calificó de realizar una “negociación de mala fe”.

Detrás de esta discusión también hay una pelea histórica sobre responsabilidades frente al cambio climático. Los 27 países de la UE emitieron 303.000 millones de toneladas de CO₂ entre 1850 y 2023, contando combustibles fósiles, cemento y uso del suelo, según un análisis de Carbon Brief. Es la tercera cifra acumulada más alta del planeta, detrás de Estados Unidos y de China, que recién en 2023 superó a los europeos. El PNUMA estima que la UE explica cerca del 13% de las emisiones acumuladas de CO2 entre 1850 y 2021 y alrededor del 10% del calentamiento observado. 

Esta discusión está en la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el argumento de quien más contaminó -y pudo lograr el desarrollo gracias a eso- tiene que aportar primero. La Unión Europea suele responder que ya redujo sus emisiones y que países hoy ricos o grandes emisores, como China o los del Golfo, también deberían aportar.

Ninguna cifra sobre la mesa

La última actualización de borradores, del 19 de noviembre, refleja el posicionamiento europeo. Sobre triplicar el financiamiento de adaptación, las primeras versiones mostraban hasta cuatro opciones de financiamiento, incluida la base que pide el grupo SUR de US$120.000 millones al año. El último borrador de la discusión incluye un espacio reservado sin texto para el “lenguaje sobre triplicación de la adaptación de la portada”.

El primer borrador de decisión de portada del 16 de noviembre «decidía» un piso de al menos US$120.000 millones al 2035, calculado con la metodología de Oxfam. El segundo (19 de noviembre) no tiene cifra y pide al Comité Permanente de Financiamiento (SCF), el órgano técnico de la CMNUCC en la materia, un informe con opciones de línea base para la COP de 2027.

La decisión de portada “acuerda” discutir en el programa de trabajo de financiamiento un camino de implementación para triplicar la adaptación de cara a la COP32 y decide lanzar una nueva “hoja de ruta Antalya-Adís Abeba sobre financiamiento para la adaptación”.

Sobre el programa de trabajo de financiamiento, el último texto no presenta cifras según necesidades, solo talleres para los próximos años, una mesa ministerial sobre el NCQG, y la aclaración de que las discusiones serán “no punitivas y no prescriptivas”, una posición defendida por Japón, Nueva Zelanda y la UE.

Es decir, la triplicación de financiamiento en adaptación queda repartida: los textos de adaptación remiten a la decisión de portada, la que a su vez remite a una hoja de ruta y al programa de trabajo. Ninguna de las tres pone una cifra sobre la mesa.

Simon de CAN Europe advierte que “solo queda un día para que termine la COP31, por lo que ahora los ministros deben desbloquear urgentemente la financiación y garantizar que obtengamos resultados sólidos en materia de mitigación, adaptación, financiamiento y transición justa que beneficien a las personas y comunidades a las que estas negociaciones pretenden servir”.

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