Por Paula Díaz Levi y Francisco Parra.
En Huasco, la pesca era el motor de la economía local antes de que llegaran las chimeneas. Hoy, el complejo termoeléctrico Guacolda —cinco unidades a base de carbón que juntas suman 760 megavatios— domina la bahía y el horizonte económico de la pequeña ciudad costera de la región de Atacama, en el norte de Chile.
La central lleva tres décadas funcionando. Y, pese a los compromisos públicos de los últimos gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, de cerrar todas las carboeléctricas del país al año 2040, documentos de sus dueños reflejan otros planes.
Recordemos que en 2019 el gobierno de Sebastián Piñera presentó el plan para cerrar en Chile todas las centrales energéticas a carbón, el combustible fósil más contaminante que hace ocho años generaba el 37% de la electricidad del país. El sector eléctrico era, en ese tiempo, el que más emisiones de gases efecto invernadero generaba y las termoeléctricas eran responsables del 25% de las emisiones nacionales. Cuando se lanzó la iniciativa, AES Gener – la propietaria de Guacolda en esa época – se sumó al acuerdo, hasta que el complejo termoeléctrico fue vendido en 2021 a Guacolda Energía SpA, empresa propiedad de la gestora de activos chilena Capital Advisors y su dueña hasta hoy.
Tiempo después, en 2022, Guacolda Energía firmó un acuerdo con Mitsubishi Heavy Industries para el desarrollo e implementación de tecnología de co-combustión de carbón con amoníaco verde (obtenido a partir de hidrógeno verde). Así, la empresa anunció con bombos y platillos su proyecto de reconversión tecnológica que, en sus palabras, “busca reducir de manera significativa las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), contribuyendo a una matriz energética más limpia y sostenible”.
Fue en ese contexto cuando, durante el proceso de actualización de la norma de emisión de las termoeléctricas, en septiembre de 2024, el gerente general de Guacolda Energía SpA, Marco Arróspide Rivera, envió una carta al Ministerio del Medio Ambiente acompañada de un estudio encargado por la empresa energética a Cuatro Vientos Consultores. El documento es transparente en su conclusión: «De existir una reconversión, esta se justificaría solo si se extiende la vida útil de la Central hasta el 2050».
Ese mismo estudio de la consultora fundamentó los argumentos de Guacolda durante el proceso de actualización de la norma de emisión para centrales termoeléctricas, el decreto firmado en 2025 que actualiza los límites de contaminantes que pueden emitir las plantas a carbón del país. El proceso de redactarlo tardó cinco años, con decenas de mesas técnicas.
La norma es considerada un gran avance para reducir las emisiones del sector, razón por la que preocupa la decisión del nuevo gobierno de José Antonio Kast de retirarla antes del último paso de control de la Contraloría. Sin embargo, el texto aprobado incluyó un artículo transitorio que, en la práctica, funciona como un “traje a medida” del plan de negocios de Guacolda. La disposición otorga límites de NOx de 350 mg/Nm³, un 75% más permisivos a las centrales que declaren planes de reconversión, y la única tecnología de reconversión que eleva precisamente esas emisiones es la co-combustión de carbón con amoníaco que promueve Guacolda.
Al validar esa tecnología con una excepción regulatoria, la norma abre la puerta a lo que el estudio de la consultora revela: que el mayor complejo carbonero del país siga operando más allá de 2040. El “salvavidas” regulatorio fue impulsado por un funcionario del Ministerio de Energía que, dos meses después de dejar el puesto, estaba trabajando en el gremio que defiende los intereses de las empresas energéticas del que Guacolda es integrante.
Estos son los hallazgos más importantes de este reportaje de Climate Tracker América Latina y Reportea que forma parte de la investigación transfronteriza y colaborativa Las Ruinas del Carbón sobre el cese de la producción de energía a base de carbón en América Latina, que lidera el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a doce medios.
El traje a medida
La actualización de la norma de emisión para centrales termoeléctricas —conocida como Decreto Supremo 13, o DS 13— se discutió durante más de cinco años en un proceso que incluyó ocho sesiones del Comité Operativo Ampliado, cientos de observaciones ciudadanas y tensiones documentadas entre los Ministerios del Medio Ambiente y de Energía.
En su versión aprobada en marzo de 2025 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la norma introdujo el Artículo cuarto transitorio, que establece lo siguiente:
“Límite temporal de emisión para fuentes que informen su reconversión. Las fuentes emisoras consideradas como existentes en los términos del decreto supremo N° 13, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que utilicen combustible sólido y que informen su reconversión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente norma, tendrán un límite de emisión de NOx de 350 mg/Nm³, a contar desde el cumplimiento del plazo señalado en el literal a) del artículo 6 hasta el 31 de diciembre de 2040. Sin perjuicio de lo anterior, en la próxima revisión de la presente normativa, se analizará la factibilidad de adecuar el plazo señalado en el presente artículo, de conformidad a las condiciones de seguridad y suficiencia del Sistema Eléctrico Nacional”.
En otras palabras, esta disposición establece que las centrales que quemen carbón y declaren un plan de reconversión tecnológica tendrán derecho a un límite de emisión de óxidos de nitrógeno —conocidos como NOx— de 350 miligramos por metro cúbico normalizado (mg/Nm³) hasta el año 2040. El resto de las centrales existentes debe cumplir con un límite de 200 mg/Nm³. La diferencia es de un 75%.
¿Qué tecnología de reconversión eleva específicamente las emisiones de NOx? Solo hay una que se ha barajado en Chile: la co-combustión de carbón con amoníaco verde, la gran apuesta de la central de Guacolda para su reconversión, que consiste básicamente en quemar una mezcla de carbón y amoniaco verde –obtenido a partir de hidrógeno verde–, ya que el aporte calórico del amoniaco puede reducir la cantidad de carbón para producir una misma cantidad de energía.
«La única excepción que se hace [en la norma] es el aumento del NOx hasta el 2040, que es justamente el plan que tenía Guacolda de operar con la co-combustión de carbón-amoníaco. Y es porque la quema de amoníaco efectivamente significa una mayor emisión de NOx», señala Gonzalo Melej, ingeniero en recursos naturales renovables y coordinador del Proyecto de Descarbonización de Chile Sustentable. Esa organización ambiental participó en todas las sesiones del Comité Operativo Ampliado donde se discutió la norma y ha hecho seguimiento a las termoeléctricas desde hace una década.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram –organización que también participó en el proceso–, coincide: “Yo creo que es una excepción. Cuando tú haces una norma, se les da un plazo a las empresas, por ejemplo, a partir de tal fecha todas las instalaciones nuevas van a tener que cumplir esta norma de emisión de material particulado 10, y para aquellas que fueron instaladas entre tal y tal año, que son más viejas y que generalmente emiten más, les vamos a dar dos o cinco años para que entren en la norma. O sea, tienen que cumplir la norma más tarde. Pero nunca es decir que está la norma y puede emitir más porque te vas a reconvertir. Es raro”.
En términos formales, el artículo transitorio aplica a cualquier central que adopte tecnologías de reconversión con combustibles sólidos. Pero, en la práctica, Melej es directo: «Coincide que la única central que se quiere reconvertir a algo que puede emitir óxidos de nitrógeno es la co-combustión de carbón-amoníaco, que son las cinco [unidades] de Guacolda».
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y una de las figuras más respetadas del sector ambiental chileno, lo planteó en la octava y última sesión del Comité Operativo Ampliado, en noviembre de 2024. El artículo, dijo, era «demasiado traje a la medida para una sola tecnología» y para «un solo actor», según consta en el acta de esa reunión.
La inclusión del artículo transitorio no ocurrió sino hasta la última etapa del proceso. La disposición apareció formalmente en la octava y última sesión del Comité Operativo Ampliado, el 21 de noviembre de 2024. Emmanuel Mesías, funcionario de la División de Calidad del Aire del MMA, explicó que la apertura del transitorio respondió a las «muchas observaciones relacionadas con el posible impacto laboral en las regiones donde se encuentran estas centrales de carbón».
El expediente público también da cuenta de que los registros de calidad del aire en Huasco muestran que el dióxido de nitrógeno es bastante más bajo que el límite normativo, lejos de estar en zona de saturación. El contaminante crítico en la zona –el que llevó a Huasco a ser declarada zona latente en 2011– es el material particulado. En ese sentido, según pudo conocer esta investigación, el Ministerio del Medio Ambiente tenía también un argumento técnico: si había que cederle algo a Guacolda para incentivar la reconversión y garantizar el cierre a 2040, el NOx era el contaminante con más margen sin agravar en demasía la contaminación. Así, esa excepción quedó diseñada tan precisamente que solo calza con una empresa y una tecnología.
La participación de Guacolda en el proceso normativo del DS 13 está documentada en el expediente público. En septiembre de 2024, Guacolda presentó una carta formal, redactada por Iván Hunter Ampuero, abogado y ex juez del Tercer Tribunal Ambiental, en la que argumentó «vicios esenciales» en el procedimiento encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, «desviación de poder» y falta de conformidad «ni mínimamente a los parámetros legales vigentes». En enero de 2025, el gerente Arróspide envió una carta directamente al Consejo de Ministros, advirtiendo que «la modificación impone una restricción adicional al plan de descarbonización que, de no ser modificada, sin duda afectará negativamente la seguridad de suministro eléctrico».
La empresa participó en todas las sesiones del Comité Operativo Ampliado y el propio Arróspide sostuvo reuniones directas con funcionarios del Ministerio de Energía en junio y agosto de 2024, específicamente sobre «compatibilidad del proyecto de reconversión» y el «plan de descarbonización co-firing con amoniaco», según los registros de audiencias hechos públicos gracias a la Ley del Lobby.
La empresa energética es, conforme a la misma Ley de Lobby, un sujeto activo habitual. Los registros muestran decenas de reuniones con autoridades de los ministerios de Energía y Medio Ambiente durante el período de tramitación de la norma.
Esta alianza periodística consultó a cuatro fuentes entre ambos ministerios, algunos ex funcionarios del gobierno anterior y otros que se mantienen hasta hoy. Todos confirman que en la definición de la norma, fue el Ministerio de Energía el que presionó por el transitorio que beneficia a Guacolda, aunque con el aval técnico de Medio Ambiente de que era el NOx el contaminante con el cual se podía “ceder”.
El argumento de Energía, según explicaron funcionarios de la cartera, es garantizar el cierre ordenado del carbón en 2040 sin comprometer la seguridad del sistema eléctrico. Argumentan que, si se endurecían demasiado los límites sin dar margen para la reconversión, por más que las centrales inicien su proceso de cierre, estos planes serían rechazados por la Comisión Nacional de Energía en vistas de la seguridad del sistema, tal como ha acontecido en los últimos casos.
El artículo transitorio, en esa lectura, es un instrumento para que la transición no se desordene, por más de que sea, efectivamente, hecho a la medida de Guacolda.
Desde Energía, el cambio fue impulsado por el entonces jefe de la División de Planificación Estratégica y Desarrollo Sostenible, Alex Santander. El funcionario técnico, que ingresó al Ministerio durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, subió al rol clave durante la administración de Gabriel Boric. Desde ese rol coordinó la actualización del Plan de Descarbonización, la planificación energética de largo plazo y las políticas de emisiones.
El 14 de agosto de 2024, Alex Santander envió un oficio formal al MMA solicitando dos cambios al proyecto de norma: ampliar el plazo del artículo transitorio de 2035 a 2040, y modificar la definición de «combustibles de bajas emisiones» para incluir las mezclas de combustibles. Ambas solicitudes quedaron incorporadas en el texto final.
En enero de 2025, Santander dejó el Ministerio de Energía. En febrero de 2025 —un mes más tarde, mientras el decreto avanzaba hacia su aprobación final— ingresó a Generadoras de Chile, el gremio que agrupa a las principales empresas del sector eléctrico del país, como gerente de Estudios. Hoy Santander lidera el Comité Regulatorio del gremio energético en el que es miembro Guacolda Energía SpA y cuyo gerente general ocupa un asiento en el directorio.
La “puerta giratoria” de Santander está reflejada en los registros de Ley del Lobby. En tres audiencias de 2024 –en febrero, junio y agosto–, Santander recibió al gerente general de Guacolda para tratar la «compatibilidad del proyecto de reconversión». En octubre del mismo año, recibió a Generadoras de Chile para revisar los «avances en la elaboración del DS 13». Ya en su nuevo cargo –y con la norma de emisión ya tramitada– él mismo aparece como parte en 17 reuniones con autoridades estatales, ahora a nombre del gremio.
Esta investigación pudo confirmar que Santander salió del Ministerio sin un aviso previo a las autoridades del momento, pese al rol estratégico que jugaba en la descarbonización chilena.
Este salto se vio posibilitado por el hecho de que en Chile no existe hoy una norma que limite las puertas giratorias de funcionarios públicos para evitar conflictos de interés, como cuenta esta otra investigación de Reportea en el proyecto Las Ruinas del Carbón.
Esta alianza periodística buscó a Alex Santander desde el 30 de abril a través de Generadoras de Chile. Por solicitud de su coordinadora de comunicaciones, enviamos un cuestionario con 13 preguntas, incluyendo qué papel jugó la gremial en la discusión de la norma de emisiones, si intervino en el artículo 4 transitorio, si esa norma beneficiaba a Guacolda y si informó de posibles conflictos de interés al salir del Ministerio. Reiteramos esas mismas preguntas en un mensaje por LinkedIn el 7 de mayo. Hasta la fecha de publicación Santander no había respondido. (Puede ver el cuestionario acá).
La promesa verde
El plan de Guacolda Energía para su futuro se llama «co-combustión carbón-amoníaco» y la empresa lo presenta como su aporte a la transición energética. En su memoria integrada de 2024, la compañía describe el proyecto como una iniciativa que «busca reducir de manera significativa las emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo a una matriz energética más limpia y sostenible».
La hoja de ruta, según Guacolda, es la siguiente: en 2030, dos unidades comenzarían a quemar una mezcla de 30% amoníaco y 70% carbón. Para 2033, las cinco unidades operarían con 50% de cada combustible. En una tercera etapa, sin fecha definida, se evaluaría la posibilidad de usar 100% de amoníaco, aunque la misma Guacolda Energía condiciona esto al señalar –en una misiva enviada el 20 enero de 2025 al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático – que “no existe certeza acerca del comportamiento de las calderas de las centrales termoeléctricas a carbón usando 100% amoníaco”.
Cabe destacar que la co-combustión de carbón con amoniaco es una tecnología en desarrollo, que se está impulsando en países como Japón y Corea del Sur. Sin embargo, como han advertido investigaciones, aún no es viable sustituir por completo el carbón por amoníaco en el corto plazo y existen desafíos en términos de investigación, tecnología y costos.
Por lo mismo, lo que la empresa no especifica en sus comunicados es lo que dice en sus documentos técnicos enviados al Ministerio del Medio Ambiente.
El estudio de Cuatro Vientos Consultores, adjuntado por Arróspide a su carta de septiembre de 2024 —y disponible en el expediente público del proceso normativo—, establece que la reconversión solo tiene sentido económico «si se extiende la vida útil de la Central hasta el 2050». El mismo documento argumenta que la empresa desarrolla la reconversión «con el objetivo de operar de manera sostenible más allá de 2040».
La evidencia científica sobre la tecnología que propone Guacolda resulta contradictoria para el discurso verde de la empresa. Un informe de Kas Ingeniería Consultores, encargado por Chile Sustentable, concluye que la quema de amoníaco eleva las emisiones de NOx —gases tóxicos que afectan directamente el aparato respiratorio—, lo que obligaría al uso de sistemas de desnitrificación adicionales. Estudios publicados en 2024 y 2025 en revistas especializadas como Energy & Fuels y Scientific Reports confirman el fenómeno: si bien la co-combustión reduce el CO₂, incrementa las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Gonzalo Melej va más lejos en su evaluación. «No tiene mucho fundamento, ni técnica, ni económicamente, ni de gases de efecto invernadero», dice sobre la co-combustión carbón-amoníaco. Argumenta que la tecnología aumentaría el costo variable de operación de Guacolda, lo que podría reducir su despacho de energía en el mercado eléctrico. «Incluso económicamente no tiene mucho sentido esta reconversión», sostiene.
Hay un dato adicional que complica el relato verde de Guacolda: el Plan de Descarbonización del gobierno, en su versión definitiva publicada por el Ministerio de Energía, no incluye la co-combustión carbón-amoníaco como alternativa válida de reconversión.
Esto significa que, institucionalmente, la co-combustión que Guacolda promueve como su aporte a la transición energética no tiene hoy respaldo en la política oficial del Estado. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía aseguraron a esta alianza periodística que, pese a las dudas, la reconversión de Guacolda aún puede seguir otros caminos, como la reconversión a otro combustible fósil como el gas natural, a la combustión de biomasa (residuos orgánicos de la agricultura o forestales) o sistemas de almacenamiento, que es lo que han realizado otras centrales en Chile.
Este equipo periodístico buscó a Guacolda Energía desde el 16 de abril – primero solicitando entrevista y luego enviando cuestionario con 12 preguntas–, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y LinkedIn, para preguntarle sobre el proyecto de co-combustión carbón-amoníaco, su participación en la actualización de la norma de emisiones para termoeléctricas y su aporte como asociada a la gremial Generadoras de Chile. Después de insistir, el 11 de mayo respondieron vía correo electrónico señalando que “su correo fue remitido a nuestro equipo de Desarrollo, quienes manejan información sobre nuestros proyectos”. Al día siguiente, el 12 de mayo, desde la agencia encargada de las comunicaciones de Guacolda confirmaron que la empresa “no dará declaraciones en on”. (Puede ver el cuestionario acá).
Esta alianza periodística también busco a Marco Arróspide, gerente de Guacolda Energía, desde el 30 de abril para las consultas mencionadas anteriormente y para preguntarle si alguna vez se reunió la empresa con Alex Santander mientras era jefe de división en el Ministerio de Energía, si cuando él se pasó a trabajar a la gremial donde Guacolda es asociada la empresa advirtió que podría haber un conflicto de interés y si desde Generadoras de Chile, Santander ha hecho algún lobby por Guacolda. La empresa confirmó la recepción del cuestionario de preguntas pero no las respondió.
Huasco, zona de sacrificio
Mientras los documentos circulaban entre ministerios y el expediente crecía, en Huasco la vida seguía igual. Las cinco chimeneas de Guacolda continuaron emitiendo. El complejo termoeléctrico se mantuvo como el mayor empleador de la zona, con cerca de 200 trabajadores directos y más de 700 en empresas colaboradoras. Según sus propios datos, Guacolda aporta el empleo directo o indirecto del 27,81% de la fuerza laboral de Huasco.
Esa dependencia económica es parte del argumento de la empresa. En su carta al Consejo de Ministros, Arróspide advirtió que un cierre anticipado implicaría «una pérdida de aporte económico para su zona de influencia de aproximadamente 43,4 millones de dólares anuales».
En paralelo, los habitantes de Huasco han advertido durante años sobre los efectos de la contaminación en su salud, mientras distintos estudios han analizado sus impactos en la comuna. (Ver la nota ‘El pueblo que pagó los platos rotos de la energía en Chile’)
Si la co-combustión con amoníaco aumenta las emisiones de NOx —como señala la evidencia científica—, es posible que el impacto en la salud de Huasco no cambiará con la reconversión que Guacolda promueve como solución. «Lo que incentiva es que se perpetúe la contaminación ambiental y que se perpetúen los impactos sociales que trae la operación de esta industria contaminante durante tantas décadas», dice Melej.
El Programa para la Recuperación Social y Ambiental (PRAS) de Huasco, creado por el propio Ministerio del Medio Ambiente, reconoce la situación. Sus 67 medidas de solución son el reconocimiento institucional de que la zona tiene un problema estructural de salud y calidad de vida. La nueva norma de emisiones apunta a ser parte de la solución.
El decreto retirado
El 18 de marzo de 2025, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del gobierno de Gabriel Boric aprobó por unanimidad el Decreto Supremo N° 8/2025 que estableció las normas de emisiones que rigen a las termoeléctricas. Con el Artículo 4° Transitorio, que favorece a Guacolda, incluido. Con el plazo de 2040 negociado entre los ministerios de Medio Ambiente y Energía. Con los límites de NOx de 350 mg/Nm³ para las centrales en reconversión.
Tras la firma presidencial, el decreto fue enviado a Contraloría General de la República para su toma de razón, el proceso de control de legalidad previo a su publicación en el Diario Oficial. Fue ingresado en octubre de 2025. Cinco meses después, sin embargo, no había sido validado por la Contralora Dorothy Pérez.
El 12 de marzo de 2026, al día siguiente de que José Antonio Kast asumiera como Presidente de la República y casi un año desde su aprobación, el Ministerio del Medio Ambiente retiró el decreto de la nueva norma de emisiones de Contraloría. Hizo lo mismo con otros 42 decretos del MMA y cinco del Ministerio de Energía. El nuevo gobierno justificó la medida, señalando en una declaración pública que inició el “proceso de revisión” con “el objetivo de asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes”. En contraste, decenas de organizaciones ambientales lo han descrito como un retroceso sin precedentes en la historia regulatoria del país. 247 de ellas firmaron una carta de protesta.
El retiro del DS 8/2025 significa, en los hechos, que Chile sigue sin norma actualizada para las emisiones de sus centrales termoeléctricas. Hoy 14 plantas de carbón continúan operando bajo los estándares de 2011, que organizaciones de la sociedad civil han calificado históricamente como laxos incluso para los parámetros de la época.
Aunque no existe claridad sobre el futuro que le depara a la norma, entre las alternativas se encuentra iniciar un nuevo procedimiento de revisión; no iniciar ningún procedimiento, manteniendo la vigencia de la norma del año 2011; o cambiar lo aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
“Para que cambie, tendría que iniciarse un nuevo procedimiento de revisión, conforme al reglamento establecido al efecto. Esto quiere decir que no puede ser a su antojo, porque el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático ya aprobó el proyecto definitivo que reúne todos los antecedentes allegados al proceso por todos los interesados. No podría entonces un nuevo Consejo de Ministros realizar una actuación distinta, salvo que sea sobre un nuevo procedimiento de revisión de la norma”, detalla Marcos Emilfork, coordinador jurídico de la ONG FIMA.
Para el abogado de FIMA, “cualquiera de los tres escenarios es complejo para la relevancia que tiene la norma en regular los límites de emisión asociados a este sector, porque de acuerdo a lo que se indica en la ley y en el reglamento, serían todas ellas decisiones contrarias a la eficacia de la norma y a la eficiencia en su aplicación, así como también contrarias a los antecedentes técnicos que son públicos y que indican la necesidad de actualizarla”.
Sin embargo, es una materia discutida, según el socio de la consultora Estrategia Regulatoria y exjefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, Ariel Espinoza. “No hay una regla absoluta de cuál es el grado de cambio que implica retrotraer a qué etapa. Cuando hay un cambio sustancial, debería volver al menos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Si es un cambio radical en la estructura completa del documento, incluso es discutible que se debe volver a la etapa de consulta pública o de elaboración del AGIES [Análisis General de Impacto Económico y Social]. Porque un cambio muy grande puede incidir, incluso, en la estructura de costos y beneficios de la norma”, precisa el abogado.
A modo de ejemplo, Espinoza menciona que, si se modificaran sustancialmente los límites de emisiones, eso tendría como consecuencia un cambio en la proyección de la morbilidad, lo que podría incidir en la relación costo-beneficio de una norma, afectando –a su vez – el AGIES, que es un instrumento indicativo para tomar la decisión.
Espinoza agrega que “el decreto es uno de los más complejos en materia ambiental y, por lo tanto, habría que ver en concreto el tipo de cambio para saber hasta qué etapa es razonable que se devuelva el proceso cuando es un cambio en la estructura o en el diseño regulatorio”.
Para Guacolda, el retiro del decreto tiene una consecuencia inmediata: el artículo que le otorgaba el margen especial de NOx no existe. Pero tampoco existe la norma más exigente que le habría obligado a reducir sus emisiones. El resultado es un limbo que, en términos concretos, deja a Huasco en peor situación que con cualquiera de los dos escenarios del decreto retirado.
Los números lo ilustran: bajo el decreto vigente hoy (el de 2011), Guacolda puede emitir hasta 500 miligramos de NOx por metro cúbico de gas. Bajo el artículo transitorio del decreto retirado —el más permisivo, diseñado específicamente para facilitar su reconversión— ese límite habría bajado a 350. Bajo el régimen general de la misma norma retirada habría sido 200. Hoy, Guacolda opera legalmente con un límite más permisivo del que se le habría impuesto con la excepción hecha a su medida. Lo mismo ocurre con el material particulado (50 mg/Nm³ vs. 30 en el decreto retirado), el dióxido de azufre (400 vs. 200) y el mercurio (0,1 vs. 0,005). El retiro del gobierno de Kast también eliminó la regulación de níquel y vanadio, contaminantes que el decreto habría empezado a controlar por primera vez.
Aunque reconoce que es difícil de acreditar relación de causalidad, Espinoza cree que, si se prueban perjuicios a la salud de la población por este limbo regulatorio de la norma, “eventualmente se puede demandar al Estado por daño ambiental o demandar los perjuicios derivados de ese daño ambiental”.
Esta alianza periodística contactó al Ministerio del Medio Ambiente desde el 23 de abril para consultarle sobre la actualización de la norma de emisiones para termoeléctricas, el retiro del decreto por parte del gobierno Kast y los plazos para contar con una norma actualizada. Aunque desde la cartera señalaron que evaluarían una respuesta, hasta el cierre de este reportaje no hubo pronunciamiento oficial.
Lo cierto es que este limbo regulatorio favorece la continuidad del status quo. Uno que Chile se había propuesto cambiar, primero en el gobierno de Sebastián Piñera y luego el de Gabriel Boric, para reducir las emisiones de su sector más contaminante. De ahí que el país reafirmara en 2025, en su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (NDC) –los compromisos climáticos que el país presenta bajo el Acuerdo de París–, que “a más tardar en 2040, Chile habrá abandonado por completo el uso de carbón para la generación de energía eléctrica”.
Sin embargo, aunque el acuerdo de cerrar las carboeléctricas al año 2040 sigue vigente, no es vinculante, sino voluntario. Por lo mismo, la directora ejecutiva de Fundación Terram advierte que “en Chile no hay un Plan de Descarbonización obligatorio y ha ido dependiendo de ‘la muñeca’ de Piñera y después de Boric cómo se han ido estableciendo los cierres. Primero se habló siempre de cierre, luego ya empezamos con el tema de la reconversión. Entonces, va a depender de este gobierno [de Kast] si hay un plan, si ellos incorporan este plan de cierre, si se reconvierten, en fin. Mientras el negocio a ellos les sea rentable…y es posible que les sea rentable, porque el carbón es barato”.
Liberona puntualiza que “todas las termoeléctricas que están por reconvertir o retirar podrían volver mañana a quemar carbón. ¿Sería feo? Sería súper feo, pero eventualmente podrían”.
En otras palabras, no hay certezas. En esa incertidumbre conviven hoy el futuro de la descarbonización en Chile, la eventual reconversión de Guacolda y la salud de Huasco. Mientras los plazos, compromisos y normas siguen sujetos a decisiones políticas y regulatorias, la única certeza para la comuna es que la central termoeléctrica más grande del país continúa operando y sus emisiones siguen siendo parte del paisaje cotidiano.
Las Ruinas del Carbón es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Agencia Ocote (Guatemala), Baudó Agencia Pública (Colombia), Concolón (Panamá), Contracorriente (Honduras), La Nación (Argentina), Matinal (Brasil), N+ Focus (México), Raíz Climática (República Dominicana), Reportea (Chile), Climate Tracker América Latina y Mongabay Latam sobre la salida de la energía a base de carbón en América Latina. Revisión legal: El Veinte.
