En un hecho inédito, los días 12 y 13 de octubre referentes de la Secretaría de Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la Argentina, y de la coalición nacional Frente Sindical de Acción Climática, se reunirán para debatir su plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático y preparar su intervención en la COP27, la cumbre del clima que se celebrará en Egipto en noviembre de este año.
La convocatoria sesionará inicialmente en Vaccarezza, la quinta del parque ecológico de Ituzaingó perteneciente al sindicato de obreros y empleados de la conservación (AGOEC), y al día siguiente se trasladarán al auditorio del Hotel Savoy, a dos cuadras del Congreso de la Nación, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El involucramiento de los líderes sindicales en la problemática climática no es fortuito. Agrupados tras el llamado de la Confederación Sindical Internacional (CSI), principal unión obrera del mundo con más de 200 millones de afiliados, los gremios debatirán sus demandas de incidencia ante la cumbre en el país árabe.
“Los sindicatos ocupamos un lugar esencial en la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras sobre los impactos del cambio climático hoy”, dijo Sol Klas, secretaria de Ambiente de APOC, el gremio del personal de los organismos de control gubernamental, y coordinadora del Frente Sindical de Acción Climática.
“Es el principal problema ambiental al que se enfrenta la humanidad y va a repercutir en el empleo, entre otras cosas”, declaró.
La Confederación Sindical Internacional viene advirtiendo desde hace años que tanto el calentamiento global como las medidas de mitigación y adaptación ya impactan en el mundo del trabajo.
Ahora llama a todas sus centrales obreras afiliadas a prepararse para exigir ante la cumbre de Egipto la implementación efectiva de “políticas y medidas de transición justa, centradas en la creación de trabajo decente y empleos de calidad en todos los sectores y en todos los países”.
Por su parte, la CGT estrenó en plena pandemia su Secretaría de Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa, una iniciativa del Frente Sindical de Acción Climática incluida en el nuevo estatuto cegetista aprobado en noviembre de 2021.
Empleos en riesgo por la crisis climática
Fue en sus Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo de 2018 donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que el 40 % de la fuerza laboral global está en riesgo por la crisis climática.
Se trata de unos 1200 millones de empleos vinculados a la agricultura, la pesca, la silvicultura y el turismo, que dependen directamente de los servicios que los ecosistemas brindan a la humanidad: bosques que regulan temperaturas y patrones de lluvia, humedales que previenen inundaciones, biodiversidad oceánica que provee alimentos, entre otros.
En 2011 el economista ecológico Robert Costanza cuantificó estos aportes de la naturaleza en 124,8 billones de dólares, cifra que casi duplicó el PBI mundial de ese año fijado en 75,2 billones.
Simultáneamente, la subida de las temperaturas aumenta la incidencia del estrés calórico y los riesgos para la salud, así como en la proporción de horas laborales durante las cuales un trabajador necesita descansar y refrescarse para mantener la temperatura corporal por debajo de los 38 °C y evitar una termoplejia (golpe de calor).
En 2016 un equipo especializado en salud laboral dirigido por Tord Kjellström advirtió que, en el transcurso del siglo, muchas de las más de 4000 millones de personas que viven en las zonas cálidas de África, Asia y América Latina verán menguada su capacidad laboral.
Según las estimaciones de la OIT, para 2030 se perderá el 2 % de las horas de trabajo, con una disminución de productividad equivalente a 72 millones de empleos a tiempo completo.
El organismo internacional reconoce el origen del problema: “Este modelo de actividad económica basado en la explotación intensiva de los recursos y la generación de grandes emisiones de carbono ha ejercido tal presión sobre el ambiente que la actividad económica hoy resulta insostenible”.
Las cifras son claras: la extracción de materiales creció un 62 % entre 2000 y 2013 y las emisiones un 33 % entre 2000 y 2012. En consecuencia, el calentamiento global y la deforestación alteran los patrones de lluvia aumentando la posibilidad de sequías e inundaciones, la agricultura intensiva reduce la capacidad de recuperación del suelo y la acidificación de los océanos disminuye la posibilidad de regeneración de la población ictícola, entre otros males.
Sin embargo, los cambios que pueden implementarse en las ramas de energía, transporte, industria y construcción para descarbonizar la economía internacional y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París podrían no solo mantener la sostenibilidad de los ecosistemas, sino también impulsar la creación de unos 24 millones de empleos.
Incluso, “la adopción de la economía circular para reducir la extracción de materiales y la generación de desechos también arrojará beneficios netos”, comunicó la OIT. Las afirmaciones no son meras expresiones de deseo.
Según su nuevo informe, el sector de las energías renovables alcanzó los 12,7 millones de empleos en 2021, con un aumento de 700.000 en un año, pese a los efectos de la pandemia y de la creciente crisis energética.
Transición justa: de concepto en disputa a herramienta sindical
El movimiento sindical internacional invoca una descarbonización de la economía en la que los trabajadores no paguen los costos. Su creciente presencia en el debate climático se correlaciona con la emergencia y el desarrollo del concepto de transición justa.
Este surgió como noción en la década de 1970 en el movimiento obrero norteamericano bajo el liderazgo de Tony Mazzocchi y la Unión de Obreros Petroleros, Químicos y Atómicos (OCAW).
Se trató inicialmente de un enfoque meramente defensivo: el dirigente planteó la necesidad de crear un “superfondo obrero” con la finalidad de dar apoyo financiero y otorgar oportunidades, como el acceso a la educación superior, a los trabajadores que perdían sus empleos por las políticas de protección ambiental.
“Tenemos la responsabilidad de incorporar la justicia y la equidad en los procesos de adaptación y de mitigación del cambio climático. Es necesario que los sindicatos cumplan este importante papel, por sí mismos o formando alianzas con otros actores sociales”.
A partir de la década de 1990, el concepto se expandió constituyéndose en un principio rector que permitió enfrentar la destrucción de empleos ocasionada por procesos de remediación ambiental aplicados en clave patronal-corporativa.
Tras la Cumbre de Copenhague (COP15), el concepto de transición justa se convirtió en la principal contribución del movimiento obrero organizado al debate climático internacional y los sindicatos pasaron a ser percibidos como una fuerza constructiva y progresista, dejando incluso su marca en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015 (COP21), cuando este hace referencia a la necesidad de tener en cuenta “los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y empleos de calidad”.
Pero en torno a la transición justa también se ha desarrollado un debate político-ideológico de contornos difusos que involucra a una gran multiplicidad de actores, desde académicos y movimientos sociales hasta organismos multilaterales y ONG.
Según Cecilia Anigstein, investigadora del Conicet y miembro del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética (Gecipe), este debate se extiende “tanto en los ámbitos de la gobernanza neoliberal como en las articulaciones desde abajo”, con tópicos tales como reconversión y formación profesional, transición y democracia energética, descarbonización, empleos verdes, economía regenerativa, decrecimiento, desprivatización y neoextractivismo, entre otros.
Sin embargo, para Anigstein, quien también es colaboradora del Observatorio Laboral de la Confederación Sindical de las Américas, la filial continental de la CSI, “los colectivos laborales que reaccionan defensivamente e intentan conservar sus derechos frente a transiciones corporativas y reconversiones industriales que, impuestas desde arriba, amenazan sus medios de subsistencia, oportunamente podrían apoyarse en la transición justa para ampliar sus bases de representación, articularse con otras organizaciones del campo popular o elaborar planes de transición en clave ecosocial, que contengan sus propias reivindicaciones y visiones sobre el actual modelo de desarrollo”.
Gerardo Juara es abogado y secretario de Ambiente de AGOEC, el gremio del personal de la CEAMSE (la empresa pública encargada de gestionar los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires).
En su opinión, el concepto contiene la posibilidad de poder convertirse en una herramienta sindical, como una huelga o la negociación colectiva.
Según el dirigente, esta idea se asienta en la comprobación histórica: “Le pusimos un nombre a la resistencia (método) en busca de la defensa del empleo y las comunidades (un resultado) cuando el que producía la afección era una política ambiental (un contexto especial que no ameritaba una medida de acción directa contra “el ambiente”).
A medida que la herramienta madura como regla la transformamos en un principio”.
El dirigente explicó que hay tres tendencias teóricas sobre la transición justa.
La primera obedece a una respuesta desde la seguridad social a una crisis puntual, una especie de seguro de capacitación y desempleo ampliado y temporario.
La segunda la aborda de manera activa: “La que opera las acciones de diálogo social y un sistema de seguridad ampliado que garantice el resultado en términos de empleo”. Por ejemplo, la consigna de la CSI “No hay empleos en un planeta muerto”.
Para la tercera, la transición es un “éxodo desde un sistema económico” que ha destruido las posibilidades de vida y trabajo digno en el planeta, lo que nos lleva a un “mundo nuevo” donde “si no discutimos las relaciones de poder internas entre trabajo, capital y naturaleza, encontraremos… los mismos trabajos”.
Pero para Juara, si la promesa es la de los mismos empleos, entonces no estamos trabajando sobre las causas de la catástrofe y propone, por ejemplo, poner blanco sobre negro las externalidades de las que se aprovechan las cadenas globales de suministros, para presentar la crisis no tanto como una crisis de empleo, sino como una crisis de capital: “Por eso la transición es y debe ser un instituto-herramienta del movimiento obrero, un principio-imperativo en los términos o cercano a la definición provisoria ofrecida por la CSI, y construir un conjunto de reglas para que esa operatividad alcance los resultados deseados: que al término de la transición los trabajadores estén en mejor posición que al comienzo del proceso”.
Sindicalismo climático en el sur global
Fue en 2006 cuando la Confederación Sindical Internacional, por entonces flamante fusión de dos de las tres principales centrales obreras del mundo, asumió el liderazgo en la promoción de la transición justa en las cumbres climáticas y comenzó a colaborar con la OIT en el desarrollo de políticas específicas.
En 2012, de cara a la Conferencia de RIO+20, su secretaria general, la docente laborista australiana Sharan Burrow, advirtió: “Los sindicatos del mundo saben que no hay empleos en un planeta muerto”.
No era la primera vez que la confederación utilizaba la expresión, pero a partir de entonces se volvió una consigna central del movimiento para alertar a los trabajadores del mundo de la necesidad de prepararse para enfrentar la crisis climática.
Diez años después, la CSI insiste en su llamado. “El cambio climático amenaza a todos y dejará regiones enteras inhabitables. Los fenómenos meteorológicos extremos con devastación duradera ya están destruyendo puestos de trabajo y medios de subsistencia. Tenemos once años para estabilizar el planeta a un aumento de la temperatura de 1,5 °C, pero los gobiernos no se están responsabilizando de alcanzar sus objetivos”.
Para la confederación, cada gobierno debe incluir en sus planes de desarrollo “medidas de transición justa para proteger a los trabajadores, sus familias y sus comunidades”, cada empleador debe tener “un plan para proteger sus operaciones contra el clima”, y las medidas de transición justa “deben estar en el centro de dichos planes”.
Tras el Acuerdo de París, su filial continental definió que “el enfrentamiento al cambio climático debe ser un compromiso compartido por todos los países del mundo bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, garantizando el apoyo financiero y la transferencia de tecnología para los países en vías de desarrollo”.
La CSA asegura que esta estrategia requerirá de “políticas públicas activas en el ámbito de la fiscalidad, las subvenciones y la inversión pública para garantizar que los incentivos y la infraestructura dirijan la economía hacia una transición justa, con un camino sustentable y garantizando el respeto de las condiciones de trabajo decente”.
Para Klas son las organizaciones sindicales las que tienen “la obligación, más que ningún otro actor”, de luchar por el trabajo decente, contra la pobreza y por una transición justa. “Tenemos la responsabilidad de incorporar la justicia y la equidad en los procesos de adaptación y de mitigación del cambio climático. Es necesario que los sindicatos cumplan este importante papel, por sí mismos o formando alianzas con otros actores sociales”, declaró.
Su coalición, el Frente Sindical de Acción Climática, surgió en 2019 de la mano de APOC, AGOEC, FATCA y AMRA, a la que luego se sumó el sindicato de patrones de cabotaje.
Hoy agrupa a dieciséis gremios, entre ellos, del plástico, del ladrillo, del vidrio, así como también de universidades nacionales y otros servicios públicos.
“Los trabajadores y las trabajadoras sabemos que estamos inmersos en un modelo irracional de producción y consumo global que nos genera necesidades artificiales en vez de orientarse a la satisfacción pública y comunitaria de las necesidades reales y fundamentales para la existencia, como la alimentación universal, la sanidad, la educación, la cultura, la vivienda, la provisión de agua y demás servicios básicos”, reclamó.
Desde hace más de veinte años que la dirigente se desempeña como supervisora de control de gestión ambiental en la Auditoría General de la Nación. En 2021 participó junto a la Internacional de Servicios Públicos y la CSA de la COP26 en Glasgow y en junio pasado de la Conferencia del Clima de Bonn.
El extractivismo como freno a la transición
Anabella Rosemberg fue responsable por quince años de las políticas ambientales y de salud laboral en la CSI.
Sobre las dificultades de esta organización para alcanzar sus metas, explicó: “Uno podría haber esperado que de una fase de sensibilización y compromiso pre-París se pasara a una nueva fase de acción, en donde había que profundizar en las alianzas, políticas y visión que cada central sindical tenía, e ir a concretizar los principios que se habían acordado internacionalmente. Eso no creo que haya sucedido y, por consiguiente, la diferencia entre una retórica muy bien intencionada y con gente que realmente cree en lo que se dice, parece más alejada de los posicionamientos concretos a nivel nacional y sectorial”.
Rosemberg también advirtió que con la agravación de la crisis climática muchos segmentos del ambientalismo han profundizado en la idea de que “ya no hay tiempo” para consensos amplios, lo que impacta negativamente si se quiere atraer al sindicalismo, ya que “este tiene que atender problemáticas percibidas como aún más urgentes por sus propios miembros”.
En cuanto al sindicalismo de las Américas, la especialista aseguró que todo lo dicho previamente es pertinente, pero suma una complejidad particular: el contexto político y la cercanía de muchos sindicatos con el arco progresista-extractivista regional, y da como ejemplos el vínculo entre la CUT de Brasil con el Partido de los Trabajadores y el de la CGT y la CTA en Argentina con el kirchnerismo y el peronismo.
“Por necesidad o por convicción, para cerrar filas frente a un avance neoliberal, la contradicción al modelo extractivista (sea el de extraer fósiles, producir soja o extraer minerales) no está sobre la mesa. El mayor alineamiento con la agenda ambiental se sitúa en el apoyo a los sectores con potencial de creación de empleo, como las energías renovables, el transporte público y la construcción (siempre y cuando no se ataque a los otros) o en la cuestión de la estatización de los servicios públicos, percibida como una necesidad para organizar la transición. Pero sin un avance concreto en una visión común que desvíe el camino de desarrollo hacia una dirección compatible con el evitamiento de la crisis climática, todo tiene gusto a retórica”, sentenció.
Klas comparte un 100 % el planteamiento de Rosemberg. “Lo conversé con ella en Bonn este año. El sindicalismo hoy no está dando la discusión que hay que dar, y esto es una amenaza para los trabajadores y trabajadoras en la actualidad y el futuro próximo”, lamentó.
Como muestra, señaló el caso de la exploración y explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta o el de las cuencas CAN y MLO para la explotación offshore en el mar argentino. “Es la muestra más clara de la necesidad de generar recursos rápidamente para responder a la crisis de deuda contraída por el establishment internacional con la complicidad de alguna administración nacional.
Esos mismos recursos se deberían utilizar para combatir la pobreza y el cambio climático”, apuntó.
“Los trabajadores y las trabajadoras sabemos que estamos inmersos en un modelo irracional de producción y consumo global que nos genera necesidades artificiales”.
La dirigente también advirtió sobre la ausencia de datos para abordar el dilema del transporte, un sector clave en términos de mitigación de emisiones: “Se ha convencido a la sociedad de que el Metrobús es una gran medida contra la contaminación. Si uno se para diez minutos a observar, se ve claramente que es insostenible. ¿Hay estudios serios que muestren cuánto se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero? El Metrobús debería ser un tren de conexión o algo superador que conecte buses y ómnibus de ramales. Lo que se propone como reducción de emisiones podría ser una fuente de contaminación inmensa, pero con una cantidad de laburo extraordinario. ¿Cómo romper ese dilema?”.
Anigstein, por su parte, problematiza los términos de la transición. “Lo central a considerar en mi opinión es cuáles son los sectores de actividad que dinamizan la transición energética y las políticas de adaptación, y con esa pregunta avanzar en estudios de caso. Actualmente, estoy en ese camino, analizando con un enfoque cualitativo la minería del litio, eslabón en la cadena global de baterías para la reconversión de la industria automotriz”, explicó la investigadora.
Sus resultados preliminares: “No es empleo verde en la definición de la OIT. Se observan importantes impactos socioambientales y la generalización de mecanismos de tercerización que se traducen en altos índices de precariedad laboral con mayor exposición a los riesgos para los trabajadores y las comunidades”.
En cuanto al rol de los dirigentes, Anigstein también tiene un balance crítico. “No hay avances en las políticas de transición en Argentina. Los sindicatos tienen una baja participación en los procesos de toma de decisiones. Además, son reactivos (salvo los asesores especializados y unos pocos dirigentes) a ponderar y jerarquizar la cuestión ambiental en sus agendas”.
Rosemberg relativiza esto: “Tal vez no en defensa, pero sí con una voluntad de contextualización, creo que es importante ver al sindicalismo no como una retaguardia atrasada, sino como un reflejo de dónde están las verdaderas mayorías en su reflexión sobre el tema. Por consiguiente, es sobre todo el avance de la conversación a nivel nacional lo que mueve las agujas al interior del movimiento, mucho más que al revés”.
La pre-COP del sindicalismo argentino
La ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, Egipto será sede de la COP27 entre el 6 y 18 de noviembre.
Allí continuarán las negociaciones que permitan la aplicación efectiva del Acuerdo de París, cuyo principal objetivo es contener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C. La pre-COP del sindicalismo argentino contará con la participación de David Boys, secretario general adjunto de la Internacional de Servicios Públicos, y de Bert De Wel, asesor de políticas climáticas de la CSI.
Entre los locales jugarán Klas y Hugo Quintana de APOC, el secretario de Ambiente de la CGT Roberto Fernández (UTA), Jorge Omar Mancini de AGOEC, Mariano Moreno del sindicato de patrones de cabotaje y Gerardo Martínez, secretario de relaciones internacionales de la CGT.
Los organizadores afirman que los gremios concurrirán “con la firme voluntad de lograr establecer un criterio profundo y movilizador sobre la ‘transición justa’ e impulsar, junto con diversas entidades de la sociedad civil, una aceleración de la acción climática”.
También reclamarán un mayor financiamiento para las políticas de adaptación, un avance en la transferencia de tecnología vinculada a la mitigación y “un compromiso serio y sincero” de los países desarrollados. “Queremos evaluar la situación climática y de los sindicatos de la región, analizar documentos y generar propuestas al Ministerio de Ambiente, al Ministerio del Trabajo y a la CGT. En definitiva, empezar a poner en la mesa de debate los temas climáticos y su impacto en el mundo del trabajo”, concluyó Klas.
