Los estragos del cambio climático se sienten cada vez con mayor fuerza. Las sequías, lluvias torrenciales, olas de calor, huracanes e incendios, así como el aumento de la temperatura y elevación del nivel del mar, son algunos de los eventos extremos que están aumentando en frecuencia e intensidad debido a este fenómeno.
Pese a que los países desarrollados son los responsables históricos del mayor porcentaje de gases de efecto invernadero que han detonado la actual crisis climática, este fenómeno afecta de manera desproporcionada a los países en desarrollo, como aquellos de América Latina y el Caribe.
República Dominicana no es la excepción. Según los expertos, el cambio climático está afectando las costas, la biodiversidad, las tradiciones culturales y la agricultura. Esto ha ocurrido, precisamente, por las sequías, temperaturas extremas y otros eventos inusuales como las lluvias del cuatro de noviembre de 2022.
Durante este último evento, quedó en evidencia la falta de preparación y las falencias en el sistema de drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo. Hubo inundaciones, colapsó el tránsito vehicular, numerosas viviendas fueron destruidas y nueve personas murieron debido a este fenómeno extremo. En el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), Gloria Ceballos, explicó que, en tres horas, se registraron más de 200 milímetros de lluvias en el Distrito Nacional, es decir, cayó más del 50% de lo que se espera en todo el mes.
El problema es que eventos como el del cuatro de noviembre serán más frecuentes por el cambio climático, y, como consecuencia, aumentarían los daños inevitables e irreparables causados por las condiciones meteorológicas extremas. Estos impactos sociales y financieros que no pueden evitarse se denominan como pérdidas y daños, un tema central para América Latina y el Caribe ante su vulnerabilidad a la crisis climática.
De hecho, dos días después del mencionado desastre, comenzó la conferencia sobre el clima de Naciones Unidas, COP27, en Egipto. Los países reunidos en esta cumbre acordaron crear un fondo específico para abordar las pérdidas y daños, con el fin de apoyar a los países más afectados por el cambio climático.
Para el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Max Puig, esa fue una de “las grandes conquistas” de la COP27. “El hecho mismo de que se haya aprobado va en el sentido de lo que se llama la justicia climática. Todavía no tiene fondos atribuidos, algo que se irá negociando en los próximos meses y se rematará en la COP28 de Emiratos Árabes”, precisó en una reciente entrevista, donde también destacó el hecho de que República Dominicana tuviera un pabellón por primera vez en esta cumbre, y su liderazgo dentro de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS).
En efecto, en la pasada conferencia climática se acordó la realización de una reunión a más tardar este 31 de marzo, en la que un Comité de Transición de 24 miembros (10 de países desarrollados y 14 en vía de desarrollo) planificará la administración de los fondos con el fin de presentar una propuesta pormenorizada en la COP28. Sin embargo, el proceso no se ha librado de contratiempos, como el incumplimiento del plazo para nombrar a dichos integrantes.
La importancia de este comité radica en que deliberará quién pagará el dinero, de dónde vendrán los fondos y qué países serán resarcidos. De esa manera, se pretende avanzar no solo en el abordaje de las pérdidas y daños, sino también en la justicia climática.
Pérdidas y daños en RD
Por su ubicación geográfica, República Dominicana es uno de los primeros espacios impactados por los ciclones, indica el ingeniero y presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), Eleuterio Martínez.
En ese sentido, las pérdidas y los daños derivados del cambio climático pueden ser económicos, ya que incluyen, por ejemplo, las pérdidas financieras sufridas por actividades económicas (como la agricultura), así como la destrucción de propiedades e infraestructuras (viviendas, entre otros).
Para cuantificar las pérdidas y los daños a nivel económico, debido a los fenómenos de gran magnitud en general, y para la elaboración del Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico, República Dominicana ha aunado esfuerzos con el Banco Mundial.
Según el informe de Riesgos Fiscales del Ministerio de Hacienda, publicado en septiembre de 2021, entre 1960 y 2017 las pérdidas directas e indirectas provocadas por los eventos más severos se estimaron en US$8,606 millones. Estos eventos contaron con procesos detallados de evaluación de pérdidas directas e indirectas, permitiendo cuantificar las afectaciones a nivel sectorial, donde la mitad de las pérdidas se concentra en los sectores agrícolas y de infraestructura de transporte.
Esto genera una serie de vulnerabilidades y riesgos para la seguridad alimentaria y los sectores productivos. “En el pasado, la gente era capaz de sustentarse. En la actualidad, tiene que buscar dinero de otro lado, para comprar porque ya no está produciendo”, lamenta el meteorólogo Francisco Holguín.
Por otro lado, también existen las pérdidas y daños no económicos, que incluyen las tradiciones culturales, los conocimientos de pueblos indígenas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (beneficios que entrega la naturaleza) que se pierden debido a los numerosos impactos del cambio climático. La mayoría no son “tangibles”, mas son, sin duda, invaluables. Pero, ¿están cuantificados?
Consultados para este artículo, la ONAMET, el Ministerio de Cultura, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) informaron que no cuentan con datos sobre las pérdidas y daños no económicos de República Dominicana, mientras otras solicitudes de información todavía no han sido respondidas al cierre de esta edición. Esto refleja, en parte, la enorme complejidad de este tema y los vacíos que necesitan llenarse para conocer los impactos y posibles medidas que pueden adoptarse.
Desafíos y pronósticos
“Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan”, reza la frase del político francés, Camille Salomon Sée. Así se ve, de hecho, en República Dominicana. “El sistema de monitoreo, registro y levantamiento de datos de República Dominicana necesita mejoras para contar con reseñas debidamente registradas con todos los parámetros, porque el cambio climático es un daño realmente significativo”, expresa el ingeniero Martínez, y añade que los daños como las temperaturas extremas no se registran de manera adecuada en el país.
No obstante, el meteorólogo Holguín resalta que en la ONAMET poseen datos suficientes de los años 1940 y 1950 para hacer estudios, aunque “esta serie de datos deben alimentarse todos los días con la información que se va recogiendo, pero no están los softwares en la institución, y no se destinan y capacitan los recursos humanos”. Además, otra debilidad de esta institución es que no tendría bien definido un índice del cambio climático. “Si no se tiene definido lo que son los tipos de sequía o los tipos de zonas lluviosas, entonces, no se puede definir los riesgos climáticos”, agrega.
“Creo que hay que preparar más técnicos dominicanos con softwares, para que no tengamos que dejárselo siempre al que viene de afuera. Los estudios se necesitan por provincia, en esa parte falta visión, recursos humanos y recursos financieros, para nosotros poder colocarnos con esa gran base de datos como lo hacen los países de la región, Costa Rica y El Salvador, que viven haciendo estudios muy buenos de asunto de cambio climático”, dice Holguín, quien también es gestor de riesgo de desastres.
Por estos y otros antecedentes, el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuevas, cree que uno de los principales desafíos es terminar la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos. También menciona que otro reto -en cuanto al medio ambiente y los recursos naturales- es hacer un inventario, para saber qué proteger y restaurar, aplicando efectivamente las leyes y elaborando nuevas normativas cuando sea necesario. Por ejemplo, señala que la Ley de Recursos Costeros y Marinos, se ha discutido por más de diez años en el Congreso Nacional, pero no se ha aprobado.
Ambos ingenieros, Martínez y Holguín, coinciden en que otras actividades socioeconómicas también están bajo amenaza por la influencia del cambio climático. De partida, Martínez destaca el caso del sargazo, que afecta directamente a las costas, la biodiversidad y al turismo local. Por su parte, Holguín proyecta que probablemente para el año 2100, varios ecosistemas se van a perder o degradar a tal nivel, que el turismo caerá y aumentará la migración.
Autoridades en deuda
“Siempre las medidas que se toman son reactivas”, reclama Martínez. “Se espera que llegue el ciclón, y que cause todos los impactos posibles para después tomar acciones, donde lo ideal sería la planificación”, arguye.
De todos modos, el presidente de la Academia de Ciencias sostiene que “el COE ha ido mejorando bastante, eso hay que reconocerlo. Tanto la Defensa Civil como Meteorología (ONAMET) están ahora mejor equipados, y dan informaciones a tiempo cuando vienen estos fenómenos, pero deben existir en la planificación recursos económicos para enfrentar los eventos programados, porque lo ideal es que estemos prevenidos, que existan los recursos, un personal entrenado y equipamiento para hacerle frente cada vez que vengan estos ciclones, que ya no lo detiene nadie, porque el cambio climático cada día está más presente”, advierte.
De igual manera, Cuevas coincide sobre la actuación reactiva de las autoridades y lo que debe realizarse previamente. Pone de ejemplo a los imbornales que casi siempre están tapados, porque los desechos sólidos no se colectan de manera adecuada, y resalta que Santo Domingo ha crecido de manera exponencial y vertical, pero no se está ejecutando una planificación conforme al crecimiento de la ciudad.
Cabe destacar que el país cuenta con la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, que crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, así como un fondo para ese fin. Asimismo, dentro de las normativas dedicadas a mejorar la mitigación y respuesta, la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 asigna un 1% de los Ingresos Corrientes estimados del Gobierno Central—con autorización de adicionar un 0.5% del PIB nominal de ser necesario— para cubrir imprevistos por calamidades públicas.
Sin embargo, todo indica que se requieren más esfuerzos y apoyos para abordar las consecuencias irreparables de los eventos extremos.
Desde educación hasta justicia climática
Existen profundos desafíos para abordar las consecuencias de la crisis climática en República Dominicana, partiendo por la educación desde temprana edad. Como forma de generar mayor conciencia y empoderar a las presentes y futuras generaciones, los entrevistados coinciden en la importancia de incluir el tema del cambio climático, así como las pérdidas y daños, desde la educación básica hasta la formación académica superior. De esa manera no solo tendrán conocimiento de este fenómeno, sino que podrán exigir acciones contundentes a los tomadores de decisiones, con el fin de avanzar en la adaptación, mitigación y justicia climática.
Referente a eso, el presidente de la Academia de Ciencias, Martínez, favorece que las universidades dediquen espacios de capacitación e investigación, para identificar cuáles son los parámetros más importantes que impactan a la propiedad, infraestructura, cultura, y biodiversidad, y de qué manera actuar y prevenir las consecuencias devastadoras.
“Que se explique qué es el cambio climático y cómo impacta negativamente, donde no solamente se hace daño a la propiedad y a los bienes, también se le hace daño a la propia vida humana. Muchos de esos fenómenos cobran vidas y una vida no hay forma de repararla, cualquier daño material se repara con el tiempo, pero cuando se pierde una vida, se pierde para siempre”, subraya Martínez.
También es necesario preparar a la población para que pueda responder a los efectos de la crisis climática, incluyendo los eventos extremos. “Lo que se necesita, ante todo, es que las casas sean reforzadas, construidas con materiales adecuados y que exista una planificación y un personal dispuesto a colaborar en cada uno de los casos que se presenten, pero más importante que la propia sociedad se planifique”, sugiere.
Por su lado, el jurista Cuevas se inclina por el cumplimiento y mejora de las normativas. “El gran problema de República Dominicana es el incumplimiento de la ley, aquí hay suficiente legislación para que este país opere de manera adecuada. Por ejemplo, la Ley de Estrategia Nacional Desarrollo, que después de la Constitución de la República Dominicana, es la más importante del país, establece la descarbonización del sistema energético nacional, pero vivimos instalando plantas a carbón o gas, donde la ley dice que no se debe”, reclama. Adicional a estas debilidades, manifiesta que la cooperación internacional no es suficiente.
De todos modos, República Dominicana no está ajena a las decisiones y negociaciones internacionales.
Una demostración de eso fue la exposición de la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps, quien abogó en la COP27 por justicia climática para República Dominicana y las naciones insulares afectadas.
De Camps, quien también fue designada para el Comité de Transición de pérdidas y daños, cuestionó durante la pasada cumbre el incumplimiento de los compromisos de “ambición y financiamiento” y destacó que países como República Dominicana están en la primera línea de impacto del cambio climático.
Por eso se espera que los líderes de las grandes economías del mundo impulsen la transformación del sistema financiero global para abordar las pérdidas y daños porque, en palabras de De Camps, “no exigimos caridad, exigimos justicia”.
