“La justicia está en manos del Estado, que concede permisos para minería en nuestros territorios sin consultarnos. Nos quitan nuestra tierra, contaminan nuestros ríos y nos obligan a resistir”. Con esta contundente denuncia, Tomás Candia Yusupi, líder indígena de la chiquitanía boliviana, expone la problemática que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía en el contexto de la COP16, celebrada en Cali, Colombia.
En la COP16 de Biodiversidad, además de denunciar el impacto ambiental de la minería y la deforestación, se lanzó el G9 de la Amazonía Indígena, una nueva coalición de líderes indígenas de los nueve países que comparten el territorio amazónico.
El G9 surge en un contexto de amenazas cada vez mayores para la Amazonía, con la minería ilegal de oro como uno de los principales enemigos. Un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reveló que, en 2023, 49 sitios de la región amazónica fueron gravemente impactados por la minería ilícita. A pesar de la firma del Convenio de Minamata para reducir el uso de mercurio, la situación empeora en países como Bolivia, que se ha convertido en el mayor importador de mercurio a nivel mundial, alimentando un auge descontrolado de la minería, tanto legal como ilegal.
Esta alianza inédita tiene como objetivo influir en las decisiones globales y defender la conservación de la Amazonía, un bioma crucial para la salud del planeta. Los países representados en el G9 incluyen Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam.
“Queremos que los gobiernos del mundo reconozcan que los pueblos indígenas somos los guardianes de la Amazonía y, como tales, exigimos respeto a nuestras tierras y derechos”, se lee en la declaración oficial del G9.
Este nuevo bloque busca frenar la deforestación, la explotación de hidrocarburos, la minería y el crimen organizado, así como acceder a financiamiento internacional directo, sin intermediarios.
Las y los líderes indígenas sostienen que la Amazonía es un ecosistema indivisible, y que solo una acción conjunta entre sus países puede frenar la destrucción. El plan de acción del G9 es claro: crear una agenda común para presentar en la COP30 de Brasil, el próximo año. Allí, los pueblos indígenas esperan fortalecer su posición en la defensa de la Amazonía, en un intento por frenar los permisos extractivos y lograr que sus voces sean escuchadas.
Un llamado urgente para salvar la Amazonía
Ruth Alipaz, lideresa Uchupiamona y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP) de Bolivia, expresó su preocupación por la devastación que enfrenta su territorio: “Para nosotros, la Amazonía es la vida. Nos están envenenando poco a poco, y no hay oro en el mundo que compense el sufrimiento de nuestros pueblos”.
El avance de la minería ilegal y la falta de protección estatal están afectando profundamente a las comunidades amazónicas.
Por su parte, contradictoriamente, el ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Alan Lisperguer, señaló que el modelo de “economía de la Madre Tierra” está siendo implementado en Bolivia, basado en la participación de los pueblos indígenas, y busca ofrecer alternativas a actividades como la minería ilegal. “Si facilitamos el acceso al financiamiento de estos mecanismos financieros, podemos realmente implementar este modelo”, dijo.
Lisperguer, además, destacó la presencia y participación de los pueblos indígenas en la COP16 como un paso importante hacia la “democratización en la toma de decisiones ambientales”, argumentando que este modelo participativo debe implementarse en la gestión sostenible de los recursos naturales en otros países.
Desde Perú, Walter Quertehuari, presidente de la Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri y líder indígena del pueblo Wachiperi-Harakbut denuncia que la contaminación por mercurio no solo afecta a las zonas mineras, sino también a áreas protegidas y comunidades que dependen del agua de los ríos.
“La conservación se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Están matando a indígenas y defensores ambientales, sin que haya respuesta ni protección efectiva”, señaló desde Cali.
Tomás Candia Yusupi, líder chiquitano y presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB Orgánica), denunció la concesión de permisos mineros sin consulta previa, lo cual impacta los ecosistemas y amenaza la cultura de los pueblos originarios. A pesar de la gravedad de estos problemas, Candia lamenta que las discusiones en la COP16 no prioricen el impacto de la minería y la contaminación en la Amazonía.
La magnitud de esta crisis no se limita a las comunidades locales. Roberto Troya, vicepresidente de WWF para América Latina, advirtió que “la Amazonía alberga a 47 millones de personas, pero su pérdida afectará a toda la humanidad. No podemos cumplir con los objetivos climáticos si perdemos la Amazonía”.
El financiamiento insuficiente y la falta de coordinación entre los países amazónicos obstaculizan los esfuerzos de conservación. Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, subrayó la necesidad de que las naciones de la región coordinen sus Estrategias Nacionales de Biodiversidad (NBSAP por sus siglas en inglés): “La conservación de la Amazonía no es posible si los países actúan de forma aislada. Es esencial que trabajemos juntos para proteger esta región”.
Un paso hacia esa coordinación ha sido la creación del G9, una coalición que busca acciones unidas entre los países amazónicos.
La COP16 ofrece una plataforma para que las y los líderes indígenas presenten sus demandas ante la comunidad internacional. Exigen que los gobiernos reconozcan su derecho a decidir sobre sus territorios y cesen las concesiones mineras que amenazan sus tierras.
Como señaló Mauricio Ye’kwana, líder indígena y director de la Asociación Hutukara Yanomami, en Brasil: “Nosotros defendemos nuestros territorios porque son sagrados, son nuestra vida. Luchamos no solo por nosotros, sino por todos”.
Además, los líderes indígenas solicitaron la revisión de las políticas de financiamiento internacional para la conservación de la Amazonía, instando a que los fondos se inviertan en acciones efectivas.
Candia de la CIDOB concluyó con un llamado a la acción: “Si los gobiernos no actúan, entonces la comunidad internacional debe intervenir. Necesitamos financiamiento, pero también necesitamos que el dinero se invierta en acciones reales y no solo en palabras”.
El G9 tiene una agenda ambiciosa de cara a la próxima COP30 de cambio climático en Brasil, con una serie de demandas concretas y un plan de acción. Entre sus principales objetivos están frenar la minería ilegal y combatir el crimen organizado; acceder de forma directa a financiamiento internacional; la titulación de tierras y la creación de nuevos resguardos.
“La minería ilegal en la Amazonía es etnocidio”
Oscar Campanini, director del CEDIB, denuncia en la COP16 que la minería ilegal está devastando la Amazonía y afectando gravemente a los pueblos indígenas.
“El uso excesivo de mercurio en la minería de oro destruye ríos y pone en riesgo la salud y cultura de comunidades enteras”, señala Campanini, enfatizando que Bolivia es el mayor importador de mercurio del mundo, lo que facilita el contrabando hacia otros países amazónicos.
Según Campanini, el incumplimiento de acuerdos como el Convenio de Minamata y la permisividad estatal agravan el impacto en la región. “Es etnocidio”, alerta, describiendo cómo la crisis económica fuerza incluso a comunidades indígenas a integrarse en actividades mineras.
Con la COP16 de Biodiversidad en su recta final, y de cara a la COP30 en Brasil, el G9 buscará consolidar sus demandas para el acceso directo a financiamiento, titulación de tierras y protección efectiva contra la explotación. Para ellos, ambos encuentros son cruciales para definir el presente y futuro de la Amazonía.
