Este miércoles 24 de abril finalizó la tercera reunión de las partes del Acuerdo de Escazú (COP3), evento que reunió a más de 700 personas en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubicada en Santiago de Chile.
La reunión comenzó el día lunes 22 con la presencia del Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien aseguró en su discurso inaugural que el Acuerdo es una herramienta que robustece la democracia y enfatizó en que “defender el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano es una causa que nos debiera convocar a todos. De ello depende que podamos disfrutar del resto de nuestros derechos”.
Luego de la inauguración, se dió paso al programa de la reunión, donde uno de los principales hechos fue la oficialización de un nuevo Estado Parte, luego de la ratificación del Acuerdo por parte de la Mancomunidad de Dominica. De esa manera, el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por 16 Estados Parte y cuenta con la firma de 24 países de los 33 que conforman América Latina y el Caribe.
Posteriormente, el día martes se aprobó el Plan de Acción Regional sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, un hito histórico, ya que es el primer acuerdo multilateral que exige que los Estados generen un entorno propicio para que los derechos se puedan ejercer con libertad y sin discriminación, amenazas, restricciones o inseguridad.
La presentación del plan de acción fue coordinado por representantes de Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. La jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, Constance Nalegach, fue una de las personas a cargo de la coordinación. Desde su rol explica que “el plan de acción se empieza a implementar desde ya. Existen varios organismos internacionales que propusieron apoyar el plan de acción. Nosotros esperamos que distintos actores lo apoyen, para que se vaya implementando más rápidamente, más profundamente y para eso también va a haber una programación indicativa donde se puedan ir sumando distintos actores para avanzar tanto a nivel regional como nacional”.
Otro de los hechos importantes de la reunión fue la puesta en marcha del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, integrado por 7 representantes de la sociedad civil. Este fue uno de los puntos más polémicos de la reunión, ya que Bolivia presentó una propuesta para que el Comité fuera dividido en dos órganos subsidiarios, argumentando que el formato actual de siete representantes no ayuda al diálogo entre los actores.
“Consideramos que establecer un único órgano subsidiario constituido por siete personas a título individual no va a facilitar un efectivo diálogo entre los gobiernos, el público y más bien lo que va a lograr es un mayor distanciamiento entre los gobiernos y el público en la implementación del acuerdo. Esta estructura institucional está impidiendo la participación efectiva de los pueblos indígenas en los mecanismos de toma de decisiones del acuerdo”, explicó el jefe de la delegación de Bolivia, Diego Pacheco.
Esta perspectiva es contrastada por el salvadoreño César Artigas, uno de los seis representantes electos del público para el Acuerdo de Escazú.
“Yo creo que la propuesta de Bolivia plantea un retroceso respecto a lo que ya está decidido, porque el comité actual, que ya fue nombrado y será representado por siete personas titulares, son personas que garantizan la independencia del Comité”.
Además, el representante del público detalla que el “Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú no es punitivo ni sancionatorio, y básicamente tiene dos responsabilidades grandes. Una es el apoyo a la implementación para los Estados Partes a través de recomendaciones que, digamos, no son de obligatorio cumplimiento, pero sí hay esa voluntad y esa buena fe de que las integren en sus decisiones”.
Si bien la propuesta presentada por Bolivia fue integrada en el acta de la reunión, diferentes representantes mostraron su descontento porque se entregó fuera de plazo. Por este motivo no fue votada. Sin embargo, el representante de Bolivia aseguró que seguirán insistiendo en la propuesta de dos órganos subsidiarios durante la próxima reunión.
Los avances generados en la COP3 llevan al Acuerdo de Escazú a la etapa de aplicación, por lo que ahora gran parte de los compromisos dependen del avance nacional de cada uno de los Estados Parte y la aplicación de los artículos del Acuerdo en sus normativas nacionales.
Hasta el momento solo se han presentado los planes de aplicación nacional de Ecuador, Argentina, Uruguay, Santa Lucía y Chile. En el caso de Chile, el plan considera 56 acciones generales y 236 medidas específicas. El plazo de aplicación de los planes nacionales es de 6 años, considerando como fecha cúlmine el 2030.
Otro de los avances destacados de la reunión fue la decisión adoptada por las partes para impulsar la realización de investigaciones e informes, con el fin de mejorar la información sobre sustancias peligrosas y residuos, además de estudios que busquen herramientas para mejorar la efectiva participación del público en las evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones ambientales. Los avances de los países en estos temas serán analizados durante la próxima reunión de las partes, por lo que se espera un trabajo de aplicación nacional de los Estados en los próximos dos años.
Lo que se viene y otros compromisos
Durante el último día de reunión se decidió por votación unánime la reelección de la mesa directiva, por lo que el presidente Marcelo Cousillas mantendrá su cargo hasta el cierre de la COP4.
El presidente reelecto, quien además es Director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, destacó la aprobación del Plan de Acción Regional sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y valoró los avances logrados en esta reunión.
“Fue una conferencia muy importante, después de las dos anteriores en las que hemos abordado los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia, y hemos puesto en funcionamiento los distintos órganos del acuerdo. Nos restaba considerar el cuarto pilar, el de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y a eso estaba enfocada específicamente esta conferencia”, explicó Cousillas
Además, el presidente de la mesa directiva de la COP invitó a los países que todavía no ratifican el Acuerdo de Escazú a integrarse. “Siempre es tiempo de incorporarse al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo viene siendo implementado y ha concluido de alguna manera esa etapa. Quienes miren el acuerdo desde afuera, van a ver un acuerdo completo, con todos sus órganos en funcionamiento, un acuerdo en plena actividad”.
Cabe destacar que durante la reunión asistieron 9 países observadores, que aún no ratifican el Acuerdo.
La tercera jornada de la reunión concluyó con llamados a que los Estados Partes sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, incluyendo a las mujeres indígenas, y la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la aplicación del Acuerdo.
También se hizo un llamado a seguir fortaleciendo el Fondo de Contribuciones Voluntarias, incluido en el artículo 14 del Acuerdo, ya que hasta ahora solo Chile y México han realizado sus aportes, logrando un monto total cercano a los 150 mil dólares, lo que no es suficiente para apoyar la aplicación del Acuerdo.
Por último, se confirmó que la COP4 se realizará entre el 22 y el 24 de abril de 2026, en la sede de la Cepal de Santiago de Chile. Se espera que para esa reunión el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento esté en pleno funcionamiento.
Además, en esa reunión se analizarán los avances del Plan Regional de defensores y defensoras de derechos humanos en temas ambientales y también será un espacio para examinar los avances nacionales en la aplicación del Acuerdo.
