Siete familias, en su mayoría mujeres, del pueblo Kumaruara, de la aldea Muruari, fueron forzadas a migrar de su territorio debido al cambio climático y crímenes ambientales. Viven a la altura del río Tapajós, en el estado de Pará, donde los incendios afectaron el arroyo local, que se secó.
Poco después de que el pueblo se restableciera con el fin de la pandemia de Covid-19, una empresa maderera amenazó abrir una carretera que atravesaría el territorio, facilitando así el establecimiento de un tráfico ilícito de drogas. Las Kumaruaras no fueron consultadas sobre esta construcción. “Nosotras las mujeres regresamos para frenar este avance y logramos resistir”, comenta la líder indígena Luana Kumarawara.
Durante el gobierno de Bolsonaro se agravaron este tipo de ataques y crímenes ambientales en la Amazonía, con el desmantelamiento de varias políticas de protección forestal. Durante este período, el territorio Muruari recibió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID). En el evento, los partidarios del expresidente Bolsonaro que estaban a favor de la agroindustria intimidaron a las indígenas.
“Lo filmé, luego uno de ellos me golpeó y me rompió el celular, luego me amenazaron por correo electrónico”, dice Luana, quien lo denunció, pero nunca se sumó a ninguna red de protección. Sintiéndose desatendida por el Estado y con miedo, dejó a sus dos hijos con su familia en el territorio y emigró a la capital, Belém. “Dejé mi sitio por la violencia y por la seguridad de mis hijos”, dice.
Región tiene el mayor desplazamiento ambiental
La realidad de Luana es la de muchas mujeres indígenas de la Amazonía. Migran para evitar situaciones de violencia por invasiones, minería ilegal, narcotráfico, pesca, caza predatoria y conflictos con empresas madereras. Los delitos ambientales, diferentes en cada territorio, agravan el cambio climático y crean escasez de recursos naturales, impactando también en la economía local. “Falta miel, hierbas e insumos para la producción de nuestros medicamentos”, dice Luana.
Brasil ocupa el primer lugar en las Américas en desplazamiento interno. En 2022, 708 mil personas tuvieron que migrar dentro del país por desastres naturales, y 5.600 por conflictos y violencia por disputas de tierras, según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, su sigla en inglés), una entidad internacional.
No hay datos cuantitativos oficiales del gobierno brasileño sobre migración interna, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Atlas Digital de Desastres de Brasil acerca una definición más cercana a las personas “sin hogar” debido al cambio climático y los delitos ambientales.
Según el informe, la región norte de Brasil, donde se concentra la mayoría de la población indígena (44,48%), es la más afectada. Los estados de Pará y Amazonas tienen el mayor número de víctimas. En Pará, hubo 582 casos de desastres climáticos que dejaron a 460.000 personas sin hogar en los últimos 10 años de la investigación (2012-2022).
“Quemaron mi casa”
También a la altura del río Tapajós, en el estado de Pará, se encuentra la Tierra Indígena Munduruku. Es el segundo país más afectado por la minería ilegal en Brasil, sólo detrás de la Tierra Yanomami, que enfrenta una grave crisis humanitaria provocada por esta actividad criminal.
Maria Leusa Munduruku, la primera mujer líder de los pueblos Mundurukú en el municipio de Jacareacanga, ha estado luchando contra la minería y las plantas hidroeléctricas en el río Tapajós desde 2013. Ella y otras mujeres están en primera línea por los intereses de los pueblos Mundurukú. Sin embargo, los mineros ilegales las identifican, las amenazan y tratan de impedir su resistencia.
En el último gobierno, lo que llevó a un aumento del 90% en la minería, la invasión de territorios se hizo más constante y la lucha por la demarcación del pueblo se debilitó. Como resultado, María Leusa sufrió varios ataques. En 2021, los mineros destrozaron, saquearon y quemaron la Asociación de Mujeres Mundurukú, que ella coordinaba.
En otra situación, robaron transporte y combustible del movimiento y atacaron su aldea. A medida que avanzaba la invasión, las Mundurukus crearon un grupo de guerreros/as. “Era nuestra única estrategia, porque el gobierno no iba a hacer nada, ellos [los mineros] quemaron mi casa”, dijo María Leusa.
Superar los desafíos del cambio
María Leusa y su familia se vieron obligados a abandonar el territorio, al no lograr activar la seguridad nacional para su protección, como ocurrió con Luana Kumaruara. La líder Munduruku también tuvo que renunciar a su puesto de coordinadora de la Asociación de Mujeres. Se fue a la ciudad de Santarém a estudiar Derecho en la universidad federal, para regresar y ayudar a su pueblo. “Sigo la lucha desde lejos, pero también estoy en ella, sobre todo porque las invasiones por minería ilegal continúan de la misma manera”, dice.
Edina Shinenawa, La activista indígena y jefa de la aldea de mujeres Shanetatxakaya, en Acre, comparte que: “cuando tocan nuestra tierra, también tocan nuestro cuerpo humano. Nosotras en el bosque ya estamos sintiendo esta diferencia”.
El estado de Acre tuvo un aumento de inundaciones y 93 comunidades indígenas fueron afectadas por las inundaciones, perdiendo fincas que servirían de consumo durante todo el año. Según el gobierno Acriano, se trata del mayor desastre medioambiental ocurrido allí: 10.700 personas se han quedado sin hogar debido a las crecidas de los ríos, que afectan al 86% de los municipios.
Edina también experimentó un desplazamiento forzado debido a un deslizamiento de tierra en su territorio, provocado por el aumento de las precipitaciones que destruyeron los campos. Pero, incluso antes del desastre, ya sufría amenazas y diversas formas de violencia por parte de hombres que invadieron la región y destruyeron sus medicinas.
“Creamos otra aldea y rompimos la jerarquía de pasar el tocado sólo de padres a hijos”, afirma. Edina es la primera cacique de su pueblo y siente el desafío del cambio climático en el territorio. “Necesitamos formación agroecológica para garantizar la seguridad alimentaria en medio de la crisis ambiental”, afirma.
Pueblo colombiano
El desafío del desplazamiento por delitos ambientales también lo viven las mujeres indígenas en la Amazonía colombiana. Grupos armados ilegales están presentes en 33 de los 35 municipios dentro de las áreas protegidas del bosque – indica el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Independiente).
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, entre otros, amenazan a mujeres indígenas, invaden el territorio para la ganadería intensiva y la minería, y asesinan a líderes.
Hillary Jency Vanegas Meléndez es una periodista trans indígena con discapacidad física, de la región del Caquetá, en la Amazonía colombiana. Además de enfrentar y superar la discriminación por ser mujer trans, también sufrió ataques en su territorio por parte de las FARC, por lo que tuvo que migrar en 2013.
Después de haber logrado escapar de la facción, su padre fue capturado durante 15 días en represalia. “No comí, fue una época muy difícil hasta que liberaron a mi padre”, comenta la periodista, que ya no puede regresar a su territorio.
Dice que todos los días escuchaba disparos y bombas cayendo a los ríos. El gobierno colombiano no investigó el caso. Según Hillary, continúan los secuestros, el reclutamiento de menores y el asesinato de madres indígenas por parte de estas milicias. Ella señala que las invasiones están agravando los efectos del cambio climático en el territorio, “el mineral está afectando la naturaleza, nuestros ríos y peces están muriendo”.
Más allá del Amazonas
Las mujeres indígenas sufren desplazamiento forzado no sólo en la Amazonía, sino en todos los biomas de Brasil. “Sufro violencia y amenazas todos los días por parte de empresas mineras y agroindustriales, al igual que varios líderes de los pueblos guaraní Kaiowá, Maxakali y Pataxó (…)”, comparte Shirley Krenak, líder indígena del valle del Río Doce en Minas Gerais.
Con las inundaciones en Rio Grande do Sul, más de 16 mil indígenas fueron impactados y muchos tuvieron que migrar —según el Informe SESAI del Ministerio de los Pueblos Indígenas. “Varios indígenas van a la ciudad y viven en favelas, siendo más afectados por los daños causados por el cambio climático”, dice Avelín Buniacá Cambio, líder indígena y socióloga de la etnia Kambiwá.
También señala la falta de políticas de adaptación y prevención climática en el país. “Faltan proyectos de reducción de daños a los pueblos indígenas dentro y fuera de sus territorios”, analiza Avelin.
Jizelma Xukuru es bahiana y, desde hace dos años, vive en una finca propiedad de la minera Vale, en la ciudad de Brumadinho, Minas Gerais. Huyó con su familia después de que su marido fuera asesinado en un conflicto con agricultores del noreste del país. En Minas, la empresa Vale trata el caso como “ocupación irregular” y cerró las carreteras varias veces.
“No nos dejaban pasar”, dice Jizelma. Uno de los niños del territorio, que es asmático, tuvo una crisis respiratoria y Vale impidió que la comunidad le llevara al hospital. “El niño se puso azul y no nos dejaron pasar. Cada uno tomó una flecha, todos pintados para luchar, y nos fuimos”. Los guardias se retiraron, pero los indígenas Xukurus aún luchan por tener un lugar propio y son monitoreados con drones.
La comunidad contactó a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para asegurarles un territorio, pero aún no llega la respuesta y el caso está en el Ministerio Público. “La Funai estuvo una vez más presente, siento que me está dando la espalda. ¿Adónde vamos a salir desde aquí?”, dice Jizelma.
Cuerpos femeninos resisten dentro y fuera de los territorios
La mayor violencia contra los pueblos indígenas es la destrucción de sus territorios. “Si destruyen nuestra tierra, nos están matando”, comenta la líder indígena Graça Tapajós, del territorio Cobra Grande, en Pará.
Ella, que trabaja en el Grupo de Conciencia Indígena (GCI), fue perseguida por mineros. “Me buscaban para matarme, tenía que alejarme de mi territorio”, dice. Pero a pesar de abandonar el pueblo, no perdió su identidad. “Estoy ahí y estoy aquí y eso nos hace luchar cada vez más”.
Para Maura Arapiuns, líder indígena, su cuerpo también es territorio. Por tanto, luchar por la preservación de la tierra significa también garantizar la preservación de sus cuerpos. “Aunque me vaya o me expulsen, mi ascendencia siempre me acompañará”, dice Maura, quien también tuvo que abandonar su pueblo.
Lamentablemente, no todas las mujeres indígenas logran migrar y algunas terminan siendo explotadas sexualmente, sufriendo violaciones y pobreza en los territorios. “Somos las más impactadas desde la llegada de la colonización, necesitamos estar en primera línea y tener representación en la lucha”, argumenta la dirigente Rosimary Arapaço, de la tierra indígena de Alto Río Negro, en el estado de Amazonas, que forma parte de la coordinación de la Red de Mujeres Indígenas del Estado de Amazonas – Makira-Êta, y de la Unión de Mujeres Indígenas de la Amazonía Brasileña – UMIAB. Ella despierta el interés de las mujeres por participar políticamente en el movimiento indígena y en las sesiones plenarias.
Sin protección institucional
Para Rosimary, los gobiernos federal y estatal no protegen la selva amazónica ni a las mujeres indígenas. “Se resisten a demarcar territorios, el lucro está por encima de la vida indígena y ribereña”, comenta.
La inseguridad que viven las mujeres indígenas y las amenazas a la selva amazónica están expuestas y podrían evitarse con un Estado más activo. “Necesitamos intentar reducir los impactos de estos fenómenos y crímenes extremos, y no simplemente intentar reaccionar después”, concluye Rosimary.
El gobierno brasileño desarrolla el Plan Climático, el cual contará con 15 planes de adaptación para 15 sectores diferentes. La expectativa es que la adaptación climática tenga en cuenta las realidades de los pueblos indígenas de todo el país. También se tramita de urgencia una propuesta en la Cámara de Diputados, con la Política Nacional de Desplazados Ambientales y Climáticos (PNDAC). El texto establece medidas para garantizar la salud, la vivienda, el empleo y la educación de los afectados.
Todas las mujeres indígenas brasileñas entrevistadas aquí creen que la Funai, que debería vigilar los territorios, apoyar y representar a los pueblos indígenas, ha guardado silencio. No tuvieron apoyo institucional cuando fueron amenazadas y desplazadas de su territorio. El informe contactó a la Funai, que no respondió hasta que se cerró la publicación.
