De lunes a sábado, a las 6 de la mañana, un camión compactador recorre San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. Es el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, o el “carretón de la basura”, como se le conoce en México. No va solo. Detrás van un remolque y una camioneta con trabajadores del Centro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Estas personas reciben los residuos ya separados y no aceptan aquellos que no lo están. Al llegar al Centro de Gestión, las cargas se pesan y se registran en una bitácora. El lugar es amplio, mide dos hectáreas, lo equivalente a tres canchas de fútbol.
En el área de “Identificación y Clasificación” es donde recicladores contratados por el municipio, apoyados con una banda transportadora, identifican lo valorizable y lo van depositando en recipientes. Lo demás, sea porque se contaminó o no tiene salida al mercado, se aplasta en una compactadora industrial.
En un país que aprovecha menos del 1% de los residuos sólidos urbanos que se generan a diario, San Lorenzo Cacaotepec tiene una tasa de valorización del 34.3%, es decir, reutiliza uno de cada 3 kilogramos de residuos, acorde con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (CNGMD) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Leticia Santiago, encargada del manejo integral de residuos municipal, relata que las pacas compactadas resultantes van a una celda de disposición final, área dentro del Centro que desde 2012 opera como un relleno sanitario. Para evitar filtraciones, cuenta con una membrana impermeable sobre el suelo y una cámara para lixiviados y sistema de captación de biogás, un combustible generado a partir de la descomposición de materia orgánica.
El Centro cuenta con un equipo de 27 personas, a quienes en su turno no le paran las manos, moviendo costales con residuos, compactando. Hace 16 años no había nadie acá, todo se limitaba a acumular la basura en un espacio del lugar, que antes funcionaba como tiradero a cielo abierto; y prenderle fuego, lo que arrojaba una espesa columna de humo negro que se esparcía por todo el pueblo.
Quemar la basura, una forma tóxica de gestión de residuos
En Oaxaca existen 225 sitios de disposición final que queman su basura, la cifra más alta del país, acorde con el CNGMD 2025 del Inegi. Los datos nos permiten concluir que se quema basura en 525 municipios mexicanos, de 2,484 que registra el Censo, un 21%.
Sin embargo, hay más de un fuego. En 2015 se quemaron 1,788,349 toneladas provenientes de sitios de disposición final no controlados o en casas, acorde con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015.
Sea controlada o no, los daños a la salud por la quema de basura están bien documentados. El año pasado, el artículo científico “Dispersión de partículas PM2.5 emitidas por el incendio en el vertedero de la ciudad de Guanajuato, México”, reportó que el incendio en un vertedero liberó partículas finas de 2.5 micras conocidas como PM2.5, capaces de penetrar hasta los pulmones y causar enfermedades cardiovasculares.
Se estima que la combustión a cielo abierto emite 805,514 microgramos de equivalente tóxico de dioxinas y furanos al año, cinco veces más que una incineración controlada. Estos contaminantes orgánicos persistentes, que la Organización Mundial de la Salud vincula con el cáncer, no se degradan y viajan con el viento hasta el suelo, el agua y los cultivos.
A pesar de estas evidencias, el gobierno mexicano mantiene prendida la candela. En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, reformada el 19 de enero de 2026, aparece el término termovalorización, que apunta básicamente a la quema de residuos orgánicos e inorgánicos para la generación de energía eléctrica.
Las cementeras en México presentan esta quema como parte de su compromiso ambiental. En su informe anual 2025, Grupo Cementos de Chihuahua, miembro de la Cámara Nacional del Cemento, coloca esa quema entre sus esfuerzos para disminuir la generación de CO2. La empresa afirma que recurrir a combustibles alternos impacta positivamente su huella de carbono. Reporta tasas de sustitución del 33.7% en su planta de Ciudad Juárez y 29.7% en Samalayuca, a partir del coprocesamiento de llantas y de residuos sólidos industriales, comerciales y domésticos.
Para Alain Castruita, de la Colectiva México Tóxico, el problema está en cómo esas palabras suavizan lo que nombran. “Parte de la trampa del lenguaje de la ley es agregarle palabras que suenan a beneficio para limpiar el motivo de existir de algo. Claro que la legislación en México se queda siempre corta para analizar estas cosas”, comenta.
Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, apunta que la palabra ‘coprocesamiento’ es el eufemismo de combustible barato para la industria. “En definitiva, el combustible barato resulta caro para la salud de la gente. Quemar residuos es el punto final de una economía lineal, y es una práctica enteramente contrapuesta a una economía circular”, señala.
El modelo de San Lorenzo Cacaotepec
El Centro de Gestión de San Lorenzo Cacaotepec recolecta 7 toneladas diarias en promedio, de las cuales, 2,400 kg se separan en 1,200 kg de inorgánicos y 1,200 kg de orgánicos. Lorenzo Galván, del área de huertos, aprovecha los orgánicos para composta y lombricomposta que alimenta los cultivos.
Mete su mano en la lombricomposta. Extrae un montón de tierra negra, húmeda. Por el viento, granito a granito se desmorona como brisa sobre el rectángulo de cemento que la contiene. Adentro se observan las lombrices del humus devorando los nutrientes de cáscaras de plátano, aguacate y naranja.
En la naturaleza, la descomposición de la materia orgánica es natural. En un bosque, las hojas que caen al suelo se descomponen y sus nutrientes vuelven a la tierra. El compostaje es una réplica controlada de ese proceso en cualquier sitio para producir abono, explica Lucy Mora, del laboratorio analítico de suelos del Instituto de Geología de la UNAM.
En la composta, el trabajo lo hacen microorganismos como bacterias y hongos. Se alimentan de la materia, la rompen y liberan minerales atrapados en hojas y tallos como nitrógeno, fósforo y potasio que son aprovechados por otras plantas. El proceso requiere condiciones específicas de humedad, calor y oxígeno y demora hasta cuatro meses.
La “lombricomposta”, en cambio, es más rápida. Emplea lombrices de la especie Eisenia fetida, cuyo tracto digestivo acelera la descomposición y deja nutrientes más concentrados que hacen el abono más nutritivo. Usan esta y no otra especie por su grado de adaptabilidad y rápida reproducción.
Mora comenta que el abono es valioso, pues le devuelve al suelo el nitrógeno que la cosecha anterior se llevó, pero no cualquier residuo orgánico es útil. Si la materia orgánica se mezcla con otros residuos del hogar como pilas, grasas o químicos de limpieza, no se puede compostar por contaminación. Por eso, separar desde el origen es clave.
“El mejor proceso sería que las pequeñas poblaciones fijaran desde el principio una política pública en donde todos los residuos orgánicos se separaren, composten y regresen a territorios donde se cultiva”, comentó Mora en entrevista.
Galván muestra los cultivos del Centro, alimentados con el abono producido. Allí crecen lechugas, tomates, cebollas, rábanos, calabacitas, ejotes de milpa, chícharos y cilantro.
En tanto, de los 1,200 kg de inorgánicos, se reciclan plásticos como PET y HDPE, tetrapack, papel, cartón, latas de aluminio y vidrio. Uno de los retos del Centro es una montaña de 90 toneladas de plástico duro, heredada de la administración pasada, reconoce Leticia. El plástico duro es el de cubetas, juguetes del tianguis y envases gruesos.
Técnicamente, el plástico duro se puede reciclar, explica Alethia Vázquez, investigadora de la UAM-Azcapotzalco e integrante del comité científico de la ONU sobre residuos plásticos. El problema es que no tiene compradores suficientes en el mercado. La científica indica que el reciclaje en México es un negocio efectivo solo cuando se junta el suficiente material del mismo tipo y un comprador dispuesto a adquirirlo.
En consideración de Alethia, en México, solo el PET y HDPE son rentables, el resto casi siempre termina arrumbado o acumulándose en montañas, como en San Lorenzo. Según la norma ASTM D7611, que regula el código internacional de identificación de resinas, podemos diferenciar los plásticos del 1 al 7, impreso en un triángulo localizado generalmente en la base del producto.
La norma clasifica al PET, o el tereftalato de polietileno, en el número 1. Es transparente, ligero, delgado, mayoritariamente empleado para botellas de agua, refresco y aceites de cocina. Mientras el HDPE, o polietileno de alta densidad, es el número 2, por su opacidad, rigidez y paredes gruesas; se utiliza principalmente en garrafas de leche, botes de detergente, champú y cubetas. “Que algo sea atractivo económicamente en el reciclaje depende mucho de dónde estés en el país, porque necesitas que alguien te lo compre. Si las personas que lo compran, para usarlo como materia prima, están a 300 km de distancia, significa que quizás tú debas cubrir ese flete. Entonces, tu margen de ganancia se hace cada vez más chiquito”, asegura Alethia.
Mundo plastificado
Si el problema de plásticos fuera una imagen, San Lorenzo Cacaotepec sería solo un pixel. La acumulación de plásticos es planetaria. La mitad del plástico existente se fabricó a partir de 2010. De esto, una décima parte se recicla, y sin regulación, su producción anual se triplicará para 2060, hasta más de 1,200 millones de toneladas, acorde con el estudio “The Lancet Countdown on Health and Plastics”.
La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente comenzó en 2022 una cruzada internacional para negociar el primer tratado vinculante contra la contaminación plástica. No se logró consenso ni en 2024 en Busan, Corea del Sur, ni en Ginebra en 2025, y en la última reunión de febrero pasado solo se renovó la presidencia del comité organizador. El punto álgido es un grupo de países petroleros que bloquean los avances porque ven una afectación a sus intereses.
En México, los esfuerzos por reducir el uso de plásticos ha sido a nivel estatal. En un reporte de 2025, WWF informó que al menos la mitad de los estados prohíbe algún plástico de un solo uso con las bolsas como el principal objetivo. El uso de estas ha sido regulado en el 88% de las entidades, le siguen los popotes con 72%, y el unicel, regulados en un cuarto del país.
Curiosamente, Oaxaca ha sido el más ambicioso, ya que en 2019 el Congreso del estado reformó su Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para prohibir los envases de un solo uso de PET y de unicel. Esto provocó una reacción de Coca Cola y Oxxo FEMSA, grandes fabricantes de plásticos de un solo uso, quienes promovieron amparos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en agosto de 2022 falló a su favor y fueron eximidos de cumplir dicha ley.
“Lo que inicia como un ejercicio de libertad del estado de Oaxaca termina en un retroceso cuando la Suprema Corte dice que hay que analizar esto con criterios de competencia y económicos, dejando atrás los criterios ambientales”, comenta Alain.
Asegura que el problema es lo que esa decisión deja sobre los hombros de las comunidades que sí separan su basura. Por eso insiste en mirar el origen, que es lo que casi nadie quiere tocar.“Nadie dice que pudiéramos mejor dejar de adquirir, consumir y producir ciertos materiales que nos obligan a terminar con una paca que nadie quiere procesar”, afirma.
¿Qué enseña la estrategia basura cero?
En México, además de San Lorenzo Cacaotepec, solo otros 43 municipios de 2,478 recuperan algo de los residuos que generan, equivalentes al 2% del territorio nacional. En un panorama así, resulta imperativo pensar en alternativas, como la estrategia basura cero.
Basura cero es, antes que una meta, una escalera jerárquica en que la prevención de generación de basura ocupa el sitio más alto, seguido de separar, reciclar, compostar, reutilizar y reintegrar los residuos a la cadena de valor, en orden de importancia. Nancy Jiménez, doctora en estudios urbanos y ambientales por la UNAM, explica que eso está escrito en la ley mexicana, pero es letra muerta.
“Tenemos la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, orientada con la jerarquía de residuos, donde lo principal es la prevención”, explica. “Y no hemos avanzado. Hay municipios que siguen quemando, donde no se hace la recolección, donde las capacidades son limitadas”.
Para Louise Guibrunet, investigadora de economía circular a escala urbana por la UNAM, extender la vida de las cosas debería estar en el centro del enfoque. “Prevenir tirar bienes de consumo reparándolos, extendiendo su vida útil, prestándolos, regalándolos, vendiéndolos, eso realmente es parte de la economía circular”, explica.
Quemar la basura, aunque se “aproveche”, no entra en los escalones. “Basura cero es cero. Es un referente hacia dónde encaminarte. Ninguna sociedad lo logra del todo, pero una ciudad que quiera acercarse tiene que empezar por una buena separación en la fuente”, explica Vázquez.
José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, considera un cambio de paradigma, que no solo contemple qué se hará con el residuo, sino reducir el consumo. Pensar únicamente en la construcción de espacios de disposición final como solución a los residuos diluye la responsabilidad de las personas. “No podemos seguir con nuestro ritmo de vida pensando que ya tenemos la planta que va a gestionar esto, porque después nos va a hacer falta otra, y otra”, alerta.
El valor de los recicladores y el riesgo de privatizar
José Carlos León, cofundador de SiKanda, indica que los recicladores de base alcanzan tasas de recuperación superiores al 90%, por encima de las empresas. Pese a su acción climática crucial, en México no se les reconoce. Sitios como San Lorenzo Cacaotepec, que contratan directamente a los recicladores, no son la regla.
Jocelyn Cruz, coordinadora de reciclaje inclusivo en SiKanda, pide un padrón que les reconozca derechos laborales y un lugar en las decisiones, para que ninguna ley los deje fuera. Por eso desde la organización miran con cautela la Ley de Economía Circular del gobierno federal avalada este año.
“Hay un riesgo de privatización porque se obliga a los municipios a convertir sus rellenos muy rápido y, si no, hay multas. Entonces van a tener más incentivos para contratar empresas privadas y dejar otra vez sin trabajo a los recicladores”, dice.
Jorge Witker, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, observa algo similar. El artículo séptimo de la Ley ordena cumplirla con los presupuestos aprobados, sin mencionar recursos adicionales. Exigirle a municipios con déficit crónico levantar infraestructura sin dinero abre la puerta a una privatización asimétrica donde las empresas se quedarían con lo poco rentable y a los municipios las multas por incumplimiento.
Para Jiménez, el fondo es que la gestión de la basura es una tarea de Estado que no debería entregarse a manos privadas ni quedar a merced de la voluntad de una administración. Ella cree en la rendición de cuentas. Con sus bemoles, a un municipio se le puede exigir transparencia del gasto, en cambio, a un privado que cobra por disponer los residuos, no hay forma de auditarlo.
Un tema tan sensible que cruza la salud y el ambiente no se delega, apunta Jiménez, y si es tan poco apetecible por los políticos es por su naturaleza. “La basura no da fotos. Nadie se toma una foto en un basurero, ahí no hay ganancia política”, lamenta.
