México llega a un momento crítico en su dependencia a los combustibles fósiles. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), que comenzó el 9 de noviembre en Antalya, Turquía, el país llega con la obligación de tomar acciones para cumplir sus compromisos climáticos. Esto, en medio de las presiones y contradicciones del país que lo han llevado a priorizar proyectos de petróleo y gas en los últimos años.
El país llega a la COP31 con alternativas, tanto en el sector público como en el privado, para comenzar a desmontar esa dependencia e incentivar la transición energética hacia las renovables. Especialistas consultados por Climate Tracker América Latina explican que las oportunidades económicas para priorizar la transición existen, pese a que durante años se desatendieron para aferrarse a un modelo energético fósil. Sin embargo, también señalan las fallas estructurales que tienen hoy al país en un círculo vicioso difícil de romper.
Esto se refleja en el presupuesto, donde México apuesta en 2027 por más recursos públicos para las empresas estatales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —líderes del sector petrolero y energético, los mayores emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional— y menos dinero para proyectos e infraestructura de energías renovables.
Por ejemplo, para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2027) proyecta un recorte de 27.57% de los recursos destinados a enfrentar la crisis climática, de acuerdo con un análisis del Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México.
Las consecuencias de la inacción climática ya son parte del presente de un México que, pese a su potencial en energías renovables, es uno de los países más vulnerables ante la crisis climática.
Presupuesto y finanzas petrolizadas
Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), explica que México llega con metas ambiciosas para la reducción de emisiones, pero con unas finanzas “petrolizadas” y una asignación presupuestal donde las renovables no son prioridad.
Además de la reducción que México proyectó en el Anexo 16 –un apartado transversal donde aportan diferentes instituciones del Estado y que está destinado para la mitigación y la adaptación al cambio climático–, la especialista destaca un tema más profundo: el país recibe la mayoría del dinero de los fósiles.
“Lo que no está en el presupuesto no es prioridad. Cerca de un tercio de los ingresos públicos del país vienen de actividades intensivas en carbono, háblese por exportación de petróleo y gas, pero también por actividades asociadas a la minería y otras”, explica la especialista.
Además de los ingresos, la matriz energética de México está dominada por los fósiles, que representan cerca del 89% del suministro energético total, de acuerdo con la plataforma Así va la Energía (AVE), un esfuerzo conjunto de seis centros de pensamiento de América Latina –Transforma, IDEA, Chile Sustentable, E+, FARN y Centro de Desarrollo Sostenible del INCAE–, que monitorea y evalúa el avance de los países latinoamericanos en la transición energética justa.
La plataforma califica el avance del país en una escala de 0 a 100, donde 100 corresponde a un desempeño acorde con los umbrales de referencia de cada dimensión. En los dos frentes más ligados a la discusión presupuestaria, México obtiene 25 puntos en eliminación de subsidios y 33 en inversiones para la transición. Según AVE, los subsidios funcionan sobre todo para contener los precios al consumidor, más que como parte de una estrategia para reducir gradualmente el apoyo a los combustibles fósiles. En inversión, la planeación sectorial prevé recursos importantes para energías limpias, pero también entre 15,000 y 18,000 millones de dólares para refinación y petroquímica de Pemex.
El retorno de las renovables
Los últimos gobiernos de México, tanto el de Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, han argumentado la defensa de la soberanía nacional para sostener la extracción de los combustibles fósiles, bajo la lógica de reducir importaciones y aumentar la producción nacional. Sin embargo, cada vez hay más estudios que sugieren que las inversiones en gas y petróleo le saldrían más caras al país y no resolverán el problema.
Un informe del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) advierte un declive en la producción de crudo y gas en México, un riesgo económico de seguir apostando por la producción interna y una relación de reservas-producción que solo cubriría 8.5 años de consumo nacional.
Según estimaciones del reporte, cumplir las metas actuales de petróleo y gas le costaría a México alrededor de 160,000 millones de dólares y generaría una pérdida neta de 17,400 millones de dólares. Respecto al potencial renovable, la energía solar, junto con un sistema de almacenamiento y una red eléctrica eficiente, podría satisfacer el 90% de la demanda eléctrica del país.
“Bajo un escenario ambicioso de aumento de la energía solar, México podría eliminar por completo las importaciones de gas estadounidense para la generación eléctrica mediante la instalación de 165 GW (gigavatios) de energía solar combinados con 500 GWh (gigavatio-hora) de almacenamiento, alcanzando una participación del 58 % de generación solar para 2030”, señala la investigación.
Por este motivo, el reporte destaca la necesidad de no expandir más la industria fósil y priorizar inversiones que orienten el gasto hacia la soberanía energética.
Un análisis del progreso de México hacia una transición energética justa, hecho por la plataforma Así va la Energía, destaca que el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039 va en la misma dirección que la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), la cual actualizó México en la COP30, en Brasil, y establece como referencia “una participación de 38.5% de energías limpias en la generación eléctrica para 2030 y de 43.3 % para 2035”.
Luis Ángel Martínez Montoya, asesor de política de transición de petróleo y gas para México del IISD y coautor del estudio, destaca que el despliegue masivo de las energías renovables implicaría al mismo tiempo una estrategia de seguridad energética, entendiendo este concepto bajo las 4A: la disponibilidad (availability) de suministros energéticos suficientes para satisfacer la demanda, asequibilidad (affordability) de los precios de la energía, accesibilidad (accessibility) a una infraestructura energética confiable, y aceptabilidad (acceptability) de los costos ambientales y sociales de la producción de energía.
“En la medida en que tú tengas más energía que venga de fuentes como el sol o como el viento, que no necesitan necesariamente de un respaldo de gas, nos traerá mejores objetivos en términos de seguridad energética”, dice el asesor.
Para Martínez, el nuevo marco legal del sector energético en México comenzó a tomar forma en 2026, mediante documentos de planeación vinculante que van a dictar “cómo es que el sector energético va a operar en nuestro país y que van abonando a la certidumbre de los diferentes tipos de inversionistas que pueden llegar a nuestro país a aportar planes energéticos. Es algo que no teníamos antes de esta COP”.
Ante la disonancia que representa por un lado tener un gran potencial en energías renovables y por otro seguir impulsando los combustibles fósiles, incluso con la intención de realizar fracking, el especialista comenta que en los últimos 30 años México se basó en un modelo energético donde era mucho más sencillo importar combustible barato, que construir condiciones para abastecer las necesidades energéticas nacionales, algo que ahora el país está pagando.
“No invertimos en renovables lo suficiente en el pasado y esto nos llevó a que hoy tengamos esta dependencia. No lo habíamos visto con esa crudeza”, señala el especialista.
Hoy, pese al contexto geopolítico global donde el mercado de los combustibles fósiles ha tenido nuevas volatilidades, Martínez argumenta que es momento en que el país debe incentivar un “despliegue masivo de inversión” en energía renovable que no se hizo en el pasado.
La evaluación de Así va la Energía destaca que el reto no solo implica movilizar recursos para la transición energética, sino también mantener una trayectoria sostenida de ejecución. El análisis señala que entre 2019 y 2024 (bajo el gobierno de López Obrador), la inversión en proyectos renovables pasó de 5,190 millones de dólares a 2,290 millones, mientras que las inversiones en proyectos fósiles mantuvieron un comportamiento más estable, alcanzando un máximo cercano a 1,728 millones de dólares en 2021.
En tanto, Sandra Guzmán advierte que este cambio es mucho más complejo porque, además de voluntad política, se requiere infraestructura que el país dejó de construir en casi ocho años: “Hoy el problema es que no tenemos esa infraestructura de almacenamiento, de distribución que le permita a los proyectos realmente ser una opción en términos de electricidad para el país”.
Guzmán incluso comenta que los desarrolladores de proyectos renovables aún son cautelosos. “Por más que inviertan en energía renovable, el país no va a invertir en las condiciones para que ellos puedan seguir invirtiendo. Los proyectos (renovables) van a seguir siendo negocio, pero el negocio de este gobierno es el petróleo y el gas”, sostiene.
Soltar los subsidios para desmontar la dependencia
Un primer paso para desmantelar esta dependencia de los fósiles, de acuerdo con GFLAC, es que los países reduzcan poco a poco su dependencia fiscal del petróleo, el gas y la minería, y desarrollen otras fuentes de ingresos más sostenibles, lo que puede empezar por reducir los subsidios a los combustibles fósiles y destinar esos recursos a la transición energética y a otros sectores clave.
“Analizamos los subsidios a los combustibles fósiles en 10 años. Es como un círculo vicioso. Si nosotros redujéramos sólo el 8% de los subsidios podríamos inyectar de manera efectiva hacia las energías renovables y hacer más inversión en smart grids, redes inteligentes que te permiten decidir qué entra y qué no a la red eléctrica”, indica. De acuerdo con GFLAC, esto podría liberar alrededor de 2,178 millones de dólares para la transición energética y la adaptación al cambio climático.
Luis Martínez coincide en que los subsidios generan un paliativo para que algunas poblaciones tengan acceso a la energía, pero que en el largo plazo “lo único que hacen es mantener la dependencia que hoy tenemos». “En lugar de estar subsidiando el recibo de la luz, podríamos estar pensando en otro tipo de ayudas directas para reducir la dependencia y a la vez cumplir con el propósito de llegar a la gente la energía que necesita para sus actividades diarias”, sostiene el asesor, quien ve que México llega a la COP31 con un marco legal nuevo.
La agenda por la transición justa y el papel de México en la COP31
Uno de los temas clave que se abordarán durante la COP31 será la implementación y financiamiento del mecanismo de transición justa, una de las mayores victorias conseguidas en la cumbre pasada, realizada en Belém, Brasil, y la cual busca descarbonizar la economía en sectores clave.
Este mecanismo se conecta con metas y compromisos concretos, como acelerar la electrificación del 20% actual al 35% para 2035, mediante ejes y principios que no profundicen desigualdades y que cuenten con suficiente financiamiento para implementar estas medidas.
En este eje, la presidencia de la COP31 nombró a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, Alicia Bárcena, como encargada de moderar la negociación de transición justa, donde se espera la creación de un acuerdo que respalde el mecanismo, especialmente para conseguir el financiamiento de otros países. La exsecretaria ejecutiva de CEPAL compartirá esa responsabilidad con el ministro de Clima y Ambiente de Polonia, Krzysztof Bolesta.
Climate Tracker buscó a la secretaria para saber qué medidas buscará aplicar para conseguir este respaldo, sin embargo, la dependencia respondió que Bárcena no encabezará la delegación mexicana y que en su lugar acudirá el subsecretario José Luis Samaniego.
Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental en Semarnat, comentó que una discusión que se trató durante la COP17 de Biodiversidad y que probablemente replicarán en la COP31 es cómo incluir a nuevos financiadores a los distintos fondos creados, particularmente para las necesidades de los países más vulnerables.
Guzmán considera que el papel de México en estas instancias ha variado y que su participación ha evitado temas álgidos en las negociaciones climáticas. “México no tuvo un rol activo en la formulación del programa de transición justa, tampoco en los temas de financiamiento ni en buena parte de los temas que se negocian. Al final lo aceptaron porque había un mayor consenso, pero no es que ellos felizmente lo empujaron”, apunta la directora de GFLAC.
Guzmán precisa que el reto está más en la política interna del país para implementar el mecanismo, pues señala que necesariamente implica cuestionar el papel de Pemex y la CFE.
“Son los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el país y son las instituciones no solo más viejas, sino que además están ahorcando las finanzas públicas”, señala Guzmán.
La directora de GFLAC considera que México debería estar debatiendo cómo darle una salida digna a Pemex o una transición que le permita a la empresa explorar nuevas formas de aprovechar otras formas de energía.
Guzmán pone de ejemplo la creación de Olinia 1, el primer vehículo eléctrico mexicano, como una apuesta por la educación, la ciencia y tecnología para generar alternativas a los fósiles. “Lo mismo puede pasar con las renovables que se generen. México es uno de los principales países productores de autos, tiene todas las posibilidades de ser ensamblador de tecnologías asociadas a las energías renovables que generen empleos y que se les debe dar la seguridad social. Esa es la transición energética justa”, sostiene.
De acuerdo con estimaciones de International Renewable Energy Agency (IRENA) y retomadas por Así va la Energía, el empleo en energías renovables en México disminuyó cerca del 29.4% entre 2020 y 2024, una tendencia que refleja “alta sensibilidad del empleo renovable al ritmo de inversión y expansión de proyectos”.
Nora Cabrera, fundadora y directora de la organización Nuestro Futuro, considera que México y la presidenta Sheinbaum viven una oportunidad importante en Latinoamérica, para posicionarse como líderes de la agenda climática, junto con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil. Sin embargo, señala que el reto estará en la implementación de mecanismos que permitan cerrar brechas de desigualdad en los territorios.
“La COP llega en un contexto diferente, donde ganó Lula las elecciones y vemos un giro en Estados Unidos, donde los demócratas vuelven a tomar escaños. Parece que estas tendencias pueden ayudar a cambiar la balanza y que nuestra presidenta se anime a tomar un rol más protagónico en términos de ese liderazgo para empujar una transición justa y la salida de combustibles fósiles”, expone Cabrera.
Para la abogada, México tiene tres espacios de oportunidad muy importantes en la política de adaptación que pueden destacar en la COP31: una política de adaptación desde el territorio hacia lo nacional, atención a la población en las costas del país y el fondo para pérdidas y daños.
“Muchas comunidades ya están siendo impactadas de forma irreversible y necesitamos encontrar formas de ayudar a estas comunidades. México fue muy acertado en incluir el tema de pérdidas y daños como parte de su contribución nacionalmente determinada (NDC) porque puede que le dé oportunidad de acceso a financiamiento internacional”, expone.
Los impactos ya están aquí
México es uno de los países más vulnerables ante los efectos de la crisis climática. Las sequías y el incremento de la intensidad de fenómenos naturales, como los huracanes o El Niño, ya afectan a la población y pueden impactar seriamente actividades clave como la producción de alimentos.
Ante las consecuencias que ya se viven en los territorios, el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM (PINCC) impulsa el enfoque de «Daños Netos Cero», con la intención de priorizar la seguridad de las personas más vulnerables y fomentar la adaptación climática.
Francisco Estrada Porrúa, coordinador del programa, explica que se trata de no esperar a la tragedia para adaptarse a una nueva realidad climática que será cada vez más extrema. “No es solamente el golpe que puede estar asociado con un aumento en la temperatura global o en la temperatura del país, sino a qué velocidad se va a presentar eso y cuánto tiempo te queda para reaccionar. Ese es el tema que más nos preocupa”, sostiene el especialista.
La estrategia busca conectar “Daños Neto Cero” con el Plan Nacional de Desarrollo a través de cuatro ejes: mitigación, adaptación, compensación y co-beneficios. Estrada comenta que la reducción de los recursos para enfrentar la crisis climática llega en el peor momento, pues sostiene que según el cálculo de sus modelos, la deuda por daños debido al cambio climático en el actual sexenio en México representa el 25% del Producto Interno Bruto del 2024.
“Son cantidades estratosféricas. Hicimos distintos escenarios y las pérdidas podrían pasar del 25% al 24% cambiando los escenarios de emisiones globales, pero ya no es modificable por mitigación porque las emisiones que tuvimos hace tiempo siguen actuando, van a seguir actuando y el sistema del clima se va a tardar en responder a que haya menores emisiones”, advierte.
Para Estrada, el tiempo es un factor clave que México debe tomar en serio ya no solo para reducir sus emisiones, sino también para adaptarse a efectos climáticos inmensos que llegarán a los territorios inevitablemente.
