Prender el foco no es tan fácil ni accesible en las comunidades de México, donde las iniciativas comunitarias para generar y distribuir energía renovable enfrentan falta de recursos, incentivos y oportunidades para una transición energética justa en sus localidades.
En un país donde 37% de los hogares están en pobreza energética –cuando no hay acceso a energía de calidad para cubrir servicios básicos, como el uso de una estufa, protegerse de climas extremos o electricidad para estudiar o comunicarse– existen esfuerzos comunitarios y de la sociedad civil que buscan cambiar la participación de las personas en los proyectos de transición energética, es decir, dejar el petróleo, el gas y el carbón para priorizar energías limpias y renovables.
Uno de ellos es la iniciativa de los ejidos solares, –el ejido en México es un forma de tenencia comunal de la tierra, las cuales han sido otorgadas por el Estado a poblaciones campesinas tras la Revolución de 1910– la cual busca que distintos proyectos de energía solar sean propiedad de comunidades y sean sus habitantes quienes reciban los beneficios de un proyecto energético.
Se trata de un modelo de propiedad comunitaria que busca cambiar la lógica de los megaproyectos en energías renovables, impulsados por grandes empresas que –muchas veces– no consultan ni contemplan a las comunidades en donde se instalan, a uno donde los habitantes de una comunidad sean los protagonistas.
La iniciativa de ejidos solares –que originalmente se pensó a gran escala en México– se planteó en comunidades de los municipios de Chimaltitán, Jalisco; San Luis de la Paz, Guanajuato; y en Hermosillo, Sonora.
Sin embargo, este proyecto no ha podido aplicarse del todo, ante las barreras económicas y políticas que reflejan la complejidad que enfrentan los proyectos energéticos locales, los que apuestan por soltar los combustibles fósiles para incorporar a las energías limpias.
En el caso de los denominados ejidos solares, la iniciativa surge buscando cambiar la participación social de las comunidades en los proyectos de energía en México. Este proyecto, impulsado por la organización Iniciativa Climática de México (ICM) reconoce que hay una oposición social a los megaproyectos –incluidos aquellos de energías renovables– pues históricamente han utilizado a las comunidades para establecer sus proyectos (pensados para las ciudades) e impactando el medio ambiente y el entorno de las localidades.
Con este nuevo intento, de la mano de sociedad civil y autoridades locales, se busca cambiar esos modelos, para que los habitantes de las comunidades promuevan el uso de energías renovables, además de recibir sus beneficios.
Luisa Sierra Brozon, directora de Energía de ICM, explica que este nuevo modelo propone que la comunidad aporte la tierra, mientras que los gobiernos locales (así como la iniciativa privada, de ser necesario) apoyen con la inversión de capital semilla mediante una sociedad.
“Una vez que se recupera la inversión, se salen de ese vehículo de propósito específico y los beneficios se quedan en la comunidad”, explica Sierra en entrevista.
Reglas dispares para las comunidades
Sierra Brozon, también especialista en energía y cambio climático, señala que para adaptar el modelo de los ejidos solares a las realidades de las comunidades, concretamente en el caso del ejido de Molino de Camou, al noreste de Hermosillo, la iniciativa se ha apoyado en la generación distribuida.
Este es un concepto utilizado para definir al modo de generar energía eléctrica en pequeña escala, instalada cerca del lugar de consumo y producida en instalaciones mucho más pequeñas que las centrales convencionales.
En México se trata también de la modalidad más conveniente para los proyectos comunitarios de energía renovable.
Además, a diferencia de otro tipo de proyectos, no requiere de un permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Sin embargo, este modelo también incluye barreras, pues limita que la capacidad de la central generadora sea menor a 500 kilowatts (kW), debe estar conectado a las redes de distribución de la energía y no puede participar directamente en el mercado eléctrico mayorista.
Ricardo Cruz, gerente del Programa de Energía de ICM, advierte que el precio de la energía por generación distribuida es bajo, lo que pone en desventaja a los proyectos comunitarios frente al mercado, además de tener un tope de kW que no permite que los proyectos comunitarios puedan abastecer del servicio a comunidades.
“Un proyecto de 500 kW, que es lo más grande que te permite la generación distribuida, no es mucho, ya hablando de estas escalas. Para una casa o un comercio puede ser mucho, pero ya para una comunidad, depende del tamaño, los habitantes y el acceso a la energía puede ser poco”, señala.
El costo por construir, operar y mantener un proyecto como el de ejidos solares en un terreno de aproximadamente 0.6 hectáreas es de 13 millones de pesos (poco más de 717 mil dólares), un financiamiento difícil de conseguir para comunidades aisladas.
Los especialistas también sostienen que dentro de la generación distribuida hay tres modalidades, y la que da mayores beneficios a las comunidades, sostienen, es el esquema de venta total, sin que las localidades puedan utilizar la energía que producen y vendiéndola a un precio bajo.
“La comunidad vende su electricidad a la red, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en ese sentido, por cómo está regulado nuestro país y diseñadas las disposiciones administrativas, los proyectos de esta naturaleza obedecen al mercado. Entonces va a depender de dónde quieras poner el proyecto, y qué tan rentable es o no un proyecto comunitario en nuestro país”, expone Sierra.
Esto, advierte, es un gran obstáculo para detonar proyectos comunitarios en México, pues los Precios Marginales Locales (PML) son demasiado bajos para competir con proyectos de gran escala.
Actualmente, ICM trabaja en la propuesta de un cambio regulatorio que permita a los proyectos de generación distribuida aumentar su capacidad de 500 kW a 1 MW, así como recibir contraprestaciones.
“Lo que nosotros creemos necesario es tener un esquema de contraprestación que específicamente vea a las comunidades. Esa es una de las principales barreras, pero también oportunidades de avanzar para que puedan desarrollarse proyectos comunitarios de manera mucho más sencilla y que también traen beneficios a la red. Cuando tú acercas un punto de generación a un punto de consumo tienes menos pérdidas en la red”, sostiene Sierra.
Pese a estos obstáculos, en 2023 la generación distribuida alcanzó los 3,364 MW en capacidad instalada (más del 99% de ella en energía solar), un incremento de 28.7%, respecto a 2022, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Cooperativas energéticas, una luz para las comunidades
Un ejemplo de la imposición de megaproyectos a comunidades ocurrió en 2016 en Cuetzalan, Puebla, al centro de México, donde la CFE intentó construir una subestación eléctrica, para suministrar energía a proyectos de minería, fracking e hidroeléctricas.
La oposición y resistencia del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) y el acompañamiento de la cooperativa Tosepan Titataniske dieron origen a Onergia, una cooperativa energética fundada por jóvenes en esta zona serrana con el objetivo de ayudar a proyectos locales a instalar sistemas fotovoltaicos, los cuales permiten transformar la energía solar en electricidad.
Juliana Gómez, socia trabajadora de Onergia, cuenta que a partir del cooperativismo, la localidad se empezó a cuestionar cómo producir la energía y para qué.
Explica que Onergia buscó diferenciarse de las empresas de energías renovables que no comparten un proyecto “ecopolítico” de respeto a las comunidades y a la relación que existe con sus territorios.
“No queremos seguir siendo parte de esto (megaproyectos en energías renovables) aunque están en el rubro de energías alternativas tienen un objetivo meramente capital…el tema es cómo se produce y cómo se consume esa energía. Tenemos una postura muy clara de decir: ‘no entramos a ningún megaproyecto’. Nunca vamos a hacer la instalación de un parque solar porque no se trata de llenar el mundo de parques solares. Si vamos a tener parques solares para seguir teniendo un gasto energético como lo tiene la gente en Estados Unidos, pues no hay mundo que nos alcance”, sostiene.
Gómez detalla que desde la cooperativa, Onergia no sólo busca dar un servicio en la instalación de sistemas fotovoltaicos a pequeños clientes y comunidades, sino también desarrollar procesos de formación e investigación con más iniciativas.
“Intentamos hacer redes con otras cooperativas o con organizaciones y generar proyectos que nos permitan una relación más íntima y profunda con la energía. No solo es este sentido de la electricidad, sino de la señora va todos los días a sacar la leña, que haya estufas ahorradoras, ecotecnias acordes al territorio. Poder ir generando una relación más amigable con el medio ambiente”, expone.
La integrante de Onergia también menciona los obstáculos y retos que implica acompañar la transición energética en localidades con la figura de cooperativa.
“No tenemos formas de financiamiento y no podemos financiar compra de equipos. Ser cooperativa hace todo más difícil para nosotros porque este tipo de convenios están establecidos para hacerlos con empresas y otro tipo de figuras jurídicas”, explica.
También menciona la dificultad de sostener a una cooperativa de servicios.
“Nosotros no producimos los paneles solares, los instalamos y los impuestos son muy altos. A nosotros nos cobran impuestos del 35%, entonces para una cooperativa que no es productiva es muy costoso”, reconoce Gómez.
Crisis de confianza con las comunidades, una deuda histórica para impulsar la transición energética justa
Para Karla Cedano, académica responsable del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, existe una crisis de confianza entre las comunidades rurales hacia los proyectos de energías renovables, tras años de abusos y desigualdades.
La especialista sostiene que para reconstruir una relación entre autoridades, especialistas y comunidades en la transición energética se requiere entender su contexto histórico y social, antes de proponer soluciones a crisis energética y climática.
“No le dedicamos el tiempo para construir esa confianza, entonces usamos términos como ‘negociar’, como ‘convencer’ y son dinámicas verticales, esa no es la lógica. Sigue habiendo una imposición y cuando hacemos eso entonces viene el obstáculo de la desconfianza”, explica Cedano, quien ha aplicado también perspectiva de género a investigaciones sobre energía e innovación.
Apostar por soluciones en lo local
Cedano también considera que hay áreas de oportunidad para que los proyectos comunitarios puedan crecer a nivel local, pese a no contar con mejores regulaciones.
“Si es una agencia de energía que realmente se le esté apostando en serio, que tenga recursos y que tenga, además, capacidad de integrar especialistas que entiendan o que quieran entender esta interdisciplina, tampoco requiere incentivos tan grandes para que las transiciones energéticas locales funcionen”, sostiene.
La especialista pone el ejemplo del uso de leña como fuente de energía en ciertos contextos, como una opción de uso de biocombustibles que pueden representar soluciones a nivel local.
“Es más un cambio cultural y una aceptación de que, por ejemplo, la biomasa que está tan satanizada, no es satanizable, la biomasa bien manejada, como la maneja el espacio rural no tiene ningún problema, ¿cuál es el lío? Talamontes, mafias, pero para la gestión energética, las comunidades manejan muy bien la biomasa”, expone.
Otro ejemplo de posible solución que menciona Cedano es la coordinación de los estados del país con la CFE, donde según los contextos de cada región, se puede invertir en distribución para conectar a más comunidades aisladas.
“Si fortalecemos la inversión en sistemas de distribución, donde podamos ver que si incentivas las inversiones energéticas a que promuevan o que fortalezcan la distribución y aprovechemos recurso local, nos sale mucho más barato beneficiar energéticamente a la localidad y entonces vas cerrando brechas y eso va generar dinámicas positivas en la pérdida de confianza de las comunidades”, sostiene.
La especialista insiste en que hay elementos en contextos locales que son replicables y otros que no lo son, lo que debe quedar claro al momento de escalar las buenas prácticas comunitarias sobre transición energética.
Generar energía limpia en medio de combustibles fósiles
Los apagones ocurridos en mayo pasado le recordaron a México la crisis energética que se avecina si no se buscan vías para una transición energética limpia en el país.
Aunque las autoridades han señalado que “no hay riesgos en el sistema eléctrico mexicano por falta de generación eléctrica”, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 indica que la capacidad de generación instalada en el sistema creció apenas 0.6% comparado con el cierre de 2022, mientras que la demanda se incrementó 3.5% en el mismo periodo, de acuerdo con el IMCO.
Hasta marzo de 2023, México producía el 76.1% de su electricidad con combustibles fósiles, de acuerdo con el observatorio El Sextante, de la organización México Evalúa.
Un análisis hecho por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) coincide en que ese año, únicamente 24.3% de la generación eléctrica (incluyendo generación distribuida) fue limpia.
Esto, pese a que el compromiso de México firmado en el Acuerdo de París era generar 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2024.
Ante este escenario, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, ha prometido impulsar la transición energética. Sin embargo, Sheinbaum –quien también es científica experta en ingeniería energética– apunta a mantener parte de la política que ha defendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha priorizado las fuentes fósiles bajo el argumento de garantizar una “soberanía energética” a nivel nacional.
La próxima presidenta de México promete al mismo tiempo subsidios a la energía fósil, así como alternativas y soluciones basadas en energía limpia.
Mientras tanto, organizaciones, cooperativas y comunidades señalan que para fomentar los proyectos comunitarios de transición energética, los cambios en leyes y política energética deberán priorizar las soluciones locales y descentralizadas.
En palabras de Gómez, de la cooperativa Onergia, los cambios que se hagan tienen que darse con las organizaciones y comunidades históricamente afectadas que les permitan generar su propia autonomía. “Frente a lo privado, lo público… pero frente a lo público, lo comunitario. Lo que habría que hacer es bajar esto de políticas nacionales, que no pueden ser las mismas para todos los estados, y poder volver a lo local y ver cómo se produce para esa localidad en ese lugar y no cómo se roba la energía de un lugar para llevarla a otro”.
