Ecobarrios en Colombia
Las urbes son el hogar de más de 4.000 millones de personas en todo el mundo. De hecho, según el reporte de ciudades de ONU Hábitat, para 2030 esta cifra aumentará a más de 5.000 millones de personas. Pero eso no es todo.
De acuerdo con las investigaciones del IPCC de 2022, el 70% de las emisiones de CO2 se generan en entornos urbanos. Por tanto, los grandes asentamientos humanos jugarán un papel clave en un escenario de cambios permanentes, por lo que las políticas públicas y las prácticas ciudadanas que se están desarrollando actualmente marcarán el destino de la humanidad.
Una iniciativa para lograr una transición energética y una adaptación al cambio climático en las urbes latinoamericanas es la de los ecobarrios. Estos espacios son diseñados de manera holística, con una dimensión ecológica y humana de ver la ciudad, más allá del cemento que caracteriza a los barrios convencionales.
De hecho, en la ciudad de Bogotá hubo varios intentos por desarrollar ecobarrios, como propuestas de resiliencia, desde la segunda alcaldía de Antanas Mockus. Según Carlos Rojas, experto en planificación comunitaria y primer coordinador de esa política pública en 2001, se trataba de “crear una estructura empoderadora en la que las decisiones de las comunidades eran las que se ejecutaban”.
Algunas iniciativas a nivel mundial están articuladas con la necesidad de promover una transición energética con proyectos que incluyen granjas solares en las que se distribuye energía a varios vecinos; instalaciones de biogás para generar energía o cocinar, así como actividades de eficiencia en el uso de materiales de construcción.
Han sido muchas las luchas de las comunidades que conforman estos barrios a la hora de lograr una transición hacia energías renovables, así como el desarrollo sostenible de sus entornos. Por ejemplo, para Carlos, “el proyecto ecobarrios tuvo muchos enemigos desde el ámbito político y académico, donde no hay una discusión objetiva sino lo que hay son intereses mezquinos…y pues ese no era un entorno que nos interesaba vivir”.
Este cruce de intereses hace que se dificulte la promoción de una nueva narrativa sobre el hábitat. Además, la falta de recursos para promover iniciativas saludables con el ambiente también disminuye las posibilidades de lograr una transición real en las comunidades.
Sin embargo, para Carlos es cuestión de tiempo para que las cosas cambien pues, según él, “a medida que los actuales sistemas socioecológicos empiecen a fallar, la humanidad va a ver más oportunidades alternativas en trabajar en pequeñas comunidades”.
Hector Álvarez es uno de los impulsores del Ecobarrio de El Triángulo y El Manantial, dos comunidades ubicadas en la localidad de San Cristóbal, a orillas de los cerros orientales de la ciudad. Esta comunidad ha luchado por obtener un estatus de legalidad dentro de la capital, que no le ha sido otorgado debido a que hace parte de la Reserva Forestal del Bosque Oriental.
Todas las comunidades que hagan parte de la franja de la reserva, en teoría, no pueden estar ahí y deben ser reubicadas. Según una resolución del 2015 de la Secretaría de Planeación, estos barrios se encuentran en una situación de riesgo no mitigable, es decir, en cualquier momento podría ocurrir un desastre natural que afecte sus vidas.
Para hacerle frente a esta situación, los vecinos decidieron desde hace más de 20 años empezar a organizar y plantear la idea de hacer un ecobarrio. Para ellos esto implica el cuidado con el entorno circundante, la reducción de riesgos, el cierre del ciclo de los residuos, el aprovechamiento de materiales y el uso de energías renovables.
Es por esta razón que han hecho muros de contención naturales, utilizando troncos de plantas de guadua enterradas en el suelo a más de 3 metros de profundidad, en las que se siembran alrededor especies nativas que endurecen el suelo y a su vez permiten el curso del agua de las quebradas circundantes.
Según Héctor, en estos barrios hay “un desamparo no atendido”, es decir que hay una falta de acción del Estado que ha sido suplida por las comunidades del lugar. Ellos se organizan y trabajan para arreglar su vía de entrada, su huerta comunitaria, y gestar algunas viviendas en madera.
Sin embargo, estas son acciones que deberían ser apoyadas por los gobiernos locales, que excusan su intervención en este lugar ante la falta de legalidad de los predios. Lo paradójico es que muy cerca de allí se construyen torres de edificios de más de 10 pisos con todos los servicios urbanos.
Para los vecinos del Manantial y El Triángulo es muy difícil pensar en la transición energética ante tantas necesidades previas que no han sido solucionadas.
“Es agradable el concepto [de transición energética], pero es muy etéreo y hay que irlo perfilando de acuerdo a la territorialidad”.
Para Héctor hay que entender primero qué es la transición energética, es decir, “en un contexto de ecobarrio qué sería eso, porque desde donde uno se pare plantea el asunto. Es agradable el concepto, pero es muy etéreo y hay que irlo perfilando de acuerdo a la territorialidad”. El líder social recalca que es muy diferente hacer un techo verde en un barrio privilegiado del norte que en uno desatendido como el suyo.
En esta situación, según Héctor, hay una disputa entre el derecho a la ciudad, al territorio, y las leyes que indican lo contrario. Es así como la comunidad propone una “gestión comunitaria del riesgo”, mientras que el distrito siempre ha propuesto reasentamientos hacia otros lugares para las personas que habitan el ecobarrio.
Otro caso que amplía esta situación, que habla de la gestión comunitaria frente a las iniciativas gubernamentales, es el de la Granja Escuela Agroecológica Mutualitas y Mutualitos (GEAM), ubicada en el Ecobarrio de la Perseverancia. Este barrio fue el primero en ser declarado como territorio sustentable por la actual administración de Claudia López.
Pese a esto, la gestora de la GEAM y líder de la Perseverancia, Rosa Poveda, asegura que “para esto de los ecobarrios pusieron a unos vecinos que no tienen ni idea que estamos en una emergencia climática, que debemos cuidar el planeta”. Según ella, el proyecto está siendo manejado por personas que no conocen sobre compostaje, ni tienen experiencia en temas de ecología y agricultura.
La propuesta de los ecobarrios debe ser planteada por toda la comunidad, como afirman desde la Secretaría de Hábitat. “Este ejercicio busca el fortalecimiento de la autonomía comunitaria con respecto a sus barrios, a partir de intervenciones físicas de prácticas sostenibles en el territorio, buscando una apropiación de la ciudadanía de estos proyectos”, asevera César Marín Clavijo, subsecretario de operaciones de la entidad.
Sin embargo, la perspectiva de Rosa sobre el proyecto del distrito no es tan favorable, pues afirma que la iniciativa de un contenedor energético que pusieron en el parque ya fue vandalizada, “se robaron las luces, los cables donde se conectaba el celular, que era con energía solar”.
Según la líder de Mutualitas, ella fue la verdadera gestora del Ecobarrio, desde su finca en la ciudad de 1.800 metros cuadrados. Ella, junto a su familia y varios ayudantes del barrio, compostan los desechos orgánicos de más de 75 familias cada semana.
“Tenemos que pensar que si nos quitan el agua, la luz, el petróleo, qué pasa, entonces, ese ‘qué pasa’ es buscar soluciones cada día”.
Rosa es una persona autónoma, que siempre ha pensado en soluciones, “yo lo que tengo que hacer es buscar mi propia energía solar, no la del contenedor de allá”. Para ella esa fue una inversión más mediática que efectiva por parte del distrito. “Tenemos que pensar que si nos quitan el agua, la luz, el petróleo, qué pasa, entonces ese ‘qué pasa’ es buscar soluciones cada día”, recalca.
Actualmente Rosa está ejecutando un proyecto de biogás para producir energía eléctrica con una planta generadora. Este proceso consiste en transformar heces humanas o de animales en gases utilizables para cocinar o para producir electricidad.
Este emprendimiento está en su fase de construcción, pero le hace falta un tanque de almacenamiento, así como la planta, que tendrá que ser modificada por un ingeniero para que funcione con biogás en vez de gasolina.
Un desafío local y nacional
La ciudad de Bogotá, específicamente la administración distrital para el periodo de 2020-2024, ha propuesto un plan de desarrollo denominado “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. Desde el año 2020, Bogotá fue pionera en América Latina al declarar una emergencia climática, por medio del acuerdo Acuerdo 790.
A nivel nacional el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha propuesto, en su plan de ruta, la legalización de los barrios, la adaptación al cambio climático de los mismos, y el reconocimiento del esfuerzo de los ciudadanos por autogestionar su calidad de vida.
Estas propuestas gubernamentales son un gran paso para lograr un cambio desde energías convencionales a las no convencionales. Aun así, hoy en día las propuestas de acciones individuales o comunitarias que buscan transicionar hacia iniciativas renovables se encuentran con una serie de muros.
Según Tatiana Silva, encargada de la dependencia de Ecobarrios en la Secretaría de Hábitat, “la iluminación pública fotovoltaica no está regulada del todo. En ese sentido, aun cuando tengamos una producción de energía fotovoltaica solo se puede usar como energía ornamental, no podemos establecer como entidad los mecanismos para tener iluminación pública”.
Actualmente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Secretaría de Ambiente, son las entidades encargadas de reglamentar la articulación de las nuevas fuentes de energía a la red matriz. Este proceso va a un ritmo lento pues el Plan de Ordenamiento Territorial, que es la hoja de ruta para que estos cambios se realicen, se ha encontrado con suspensiones judiciales y demoras que alargan los procesos.
Por otro lado, según la resolución 174 de 2021 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en Colombia es posible vender energía a los generadores para nutrir a la capacidad instalada. En Bogotá hay algunos casos en los que esto sucede, como por ejemplo el hotel Richmond Suites.
El problema es precisamente que serían las empresas y los grandes capitales quienes pueden acceder a este tipo de ofertas, mientras que iniciativas pequeñas como las de los ecobarrios carecen de un músculo financiero para llegar a pensar en vender energía a la red nacional o distrital.
“Cuando en las comunidades hay conciencia y compromiso de implicarse en esa transición de las prácticas cotidianas, ya estamos cumpliendo con una de las bases fundamentales de cualquier apuesta ecológica en un barrio”.
A pesar de esto, en Bogotá ya existen propuestas de transición energética desde hace varios años, sin la necesidad de que el gobierno entre a regular e imponer sus condiciones.
Es el caso de los edificios de apartamentos ubicados en el barrio El Tunal y Sauzalito. En estos lugares hubo una iniciativa liderada por la fundación Gaviotas a mediados de 1980, que consistió en instalar paneles solares para calentar el agua de los vecinos del sector.
Según la fundación, solamente en el Tunal hay 5.000 unidades de calentadores, que evitan el uso de electricidad o gas a la hora de bañarse.
Por otro lado, el subsecretario de operaciones de la Secretaría del Hábitat afirma que muchas constructoras de apartamentos y conjuntos ya están pensando en edificaciones sostenibles a largo plazo. Así mismo, los ciudadanos ya están exigiendo que estas casas mitiguen los efectos del cambio climático.
“Hoy hay mucha más conciencia en la importancia de la eficiencia de los servicios públicos, los compradores de vivienda están preguntando si los inmuebles ya tienen mecanismos de ahorro en los servicios públicos y de construcción sostenible”, manifiesta César.
Para Nathaly Jiménez Reinales, coordinadora científica de la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, “cuando en las comunidades hay conciencia y compromiso de implicarse en esa transición de las prácticas cotidianas, ya estamos cumpliendo con una de las bases fundamentales de cualquier apuesta ecológica en un barrio”.
Para ella es fundamental pensar, primero, en una apuesta colectiva en la que los habitantes sean conscientes del porqué es importante cambiar las prácticas de consumo. Una vez que esto suceda las condiciones para que surja una transición energética real serán mucho más favorables.
Una reflexión final que comparte Nathaly es que la transición energética se está centrando en cambiar las prácticas, pero no el interés, es decir, queremos seguir consumiendo de la misma manera, pero ahora con fuentes de energía renovables.
Esto nos habla del deber ser ciudadano, un reto exigente a la hora de hablar de transición energética. “Creo que nos podemos seguir equivocando en las formas en las que creemos que estamos mitigando el calentamiento global”, concluye.
El tema de los ecobarrios, así como las prácticas comunitarias que están presentes en Bogotá, incluye revisar y reafirmar la convicción de que cambiar las prácticas energéticas es clave.
Más aún, hacerlo no porque sea necesario, como una obligación, sino porque hace parte de la dimensión humana del ser que reconoce el daño que se le ha hecho a la Tierra, y que procura resarcir lo causado bajo la idea errada de que ella está ahí solo para satisfacer nuestras necesidades.
