El calor sofocante del municipio de Becerril, en el departamento colombiano del Cesar, disminuye un poco cuando se llega a la comunidad yukpa de Misión Sokorpa. Los indígenas aseguran que 2026 ha sido bueno con ellos porque ha venido con mucha lluvia, luego de varios años de una fuerte sequía. El río Maracas, que bordea la comunidad, se ve con caudal y un día nublado de marzo permite que el viento refresque un poco más de lo habitual. Muchos de los yukpa prácticamente no hablan español y eso, aseguran, suele ser uno de los problemas cuando las empresas intentan socializar proyectos que impactan su territorio.
Viven en la Serranía del Perijá, un sistema montañoso en el Caribe colombiano que sirve como frontera con Venezuela. La cifra oficial de habitantes más reciente es de 2018, cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó 3610 personas que se reconocen como yukpa (aunque una década atrás los censó en 4761). Actualmente ocupan seis resguardos que suman 34 064 hectáreas y su situación no es fácil: son un pueblo seminómada que no tiene todo su territorio delimitado y que representa tan solo el 0.18 % de la población indígena colombiana. De hecho, en 2009 la Corte Constitucional los incluyó en el listado de pueblos indígenas en peligro de exterminio físico y cultural.
Su territorio ancestral se extendía desde el valle del río Cesar hasta la Serranía del Perijá, pero el conflicto armado de medio siglo los fue replegando a las montañas. Aún así, los yukpa se resisten a vivir arrinconados y luchan por recuperar su territorio.
Cuando las grandes empresas mineras llegaron al Cesar en los años 80 y 90, no tuvieron problema en obtener los títulos mineros y las licencias ambientales para comenzar las operaciones. Los yukpa aseguran que el Ministerio del Interior ha negado la presencia indígena en la zona minera. En una sentencia de la Corte Constitucional de 2023, el Ministerio que vela por los derechos de los indígenas aseguró, refiriéndose a los proyectos de la minera estadounidense Drummond, que “no se identificaron dinámicas territoriales o prácticas de grupos étnicos que puedan verse posiblemente afectadas por la ejecución de las actividades del proyecto”.
Al ser una comunidad seminómada, los yukpa no tenían totalmente definidos los límites de sus tierras y el territorio ancestral en la planicie del Cesar no se encontraba formalmente titulado por el Estado colombiano. Este ha sido un eterno problema que, sumado a sus limitaciones en el idioma español, ha hecho que no se dimensione por completo cómo la llegada de diversos proyectos, entre ellos los mineros, podrían impactarlos.
Las enormes minas de carbón del Cesar fueron algo nuevo para los yukpa. De allí comenzó a extraerse el mineral que viajó hacia centrales termoeléctricas a carbón de Europa, Asia y América Latina, hasta puertos como el de Huasco en Chile, donde sería quemado para producir electricidad. (Ver la historia ‘El pueblo que pagó los platos rotos de la energía en Chile’ acá).
Una de las primeras alertas que detectaron los yukpa fue la disminución del caudal y el cambio de curso de algunos ríos, aseguran. “Bajábamos aquí al río Maracas y pescábamos, llevábamos pescado puro, no con químicos, sino puro”, dice Tulia Restrepo Pérez, indígena de la comunidad Misión Sokorpa del resguardo Sokorpa, mientras mira al resto de su familia y al Maracas, que en ese momento sigue sin peces, pero que por lo menos ha aumentado su caudal gracias a las lluvias. “Hoy en día no tenemos pesquería. Bajamos al municipio [de Becerril] a comprar los pescados porque aquí no se consigue. Ya no consumimos casi carne del monte porque no hay, porque la minería ha acabado todo eso. Los animalitos [pecaríes, guatines, venados, pavas] se fueron”.
Fue en 2016 cuando líderes yukpa se organizaron para acudir a los jueces y reclamar por varios impactos que, según dicen, les trajo la minería: afectaciones a sus ríos, sitios sagrados, salud y seguridad alimentaria. Además, aseguraron que nunca se realizó una consulta previa, libre e informada, derecho fundamental que tienen todos los pueblos étnicos en Colombia.
El camino judicial ha sido largo. Las demandas de los yukpa han llegado hasta la Corte Constitucional y el alto tribunal, desde 2017, les ha dado la razón en varias de sus peticiones. Por ejemplo, en la última sentencia, de 2023, la Corte aseguró que “constata que la explotación de las minas de carbón genera una afectación directa al pueblo yukpa, observable en el impacto sobre los ríos, la calidad del aire, la variedad de especies de fauna y flora y, en general, en el medioambiente”.
Sin embargo, varias de las órdenes siguen sin cumplirse o no han tenido el resultado esperado, como revela este reportaje de Mongabay Latam que hace parte de la investigación colaborativa y transfronteriza Las Ruinas del Carbón, sobre el fin de la energía a base de carbón en América Latina, que lidera el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y reúne a doce medios.
La travesía de los yukpa ante la Justicia
En 2016 los indígenas yukpa presentaron una acción de tutela —mecanismo constitucional rápido diseñado para proteger de forma inmediata los derechos fundamentales de los colombianos— contra la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), porque dentro de su territorio ancestral se pretendía crear una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), un área geográfica temporal establecida en Colombia tras el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo principal era concentrar a los excombatientes de la guerrilla de las FARC mientras dejaban sus armas y comenzaban su reincorporación a la vida civil.
Aunque el tema no tenía nada que ver con las operaciones mineras, sí llegó a una decisión importante. En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional decidió “ordenar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral yukpa que a la fecha se encuentran pendientes, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes, en el término máximo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia”.
Cinco años más tarde, los indígenas yukpa acudieron otra vez a la Justicia y su acción de tutela llegó nuevamente a la Corte Constitucional. El objetivo de los seis gobernadores indígenas demandantes era lograr la protección del derecho a la consulta previa del pueblo yukpa frente a cinco proyectos mineros de carbón a cielo abierto: Calenturitas y La Jagua, pertenecientes a la empresa Prodeco S.A., subsidiaria de la multinacional suiza Glencore, y Pribbenow (o La Loma), el Descanso y el Corozo, pertenecientes a la minera estadounidense Drummond Ltd..
Los gobernadores indígenas buscaban que se reconociera la afectación directa que, según ellos, les causaban las minas. «El pueblo yukpa ha sido objeto permanente de despojo y desalojo de sus tierras, situación que lo tiene sumido en la miseria, producto de ello no tienen tierras para producir, pero además sus actividades principales como lo son la caza y la pesca también se vieron limitadas por la invasión de los terrenos y el desvío de los ríos y afluentes producto de la explotación minera«, argumentaron en su acción de tutela.
Por ese motivo, pidieron que se obligara a las empresas a convocarlos a procesos de consulta previa aunque sus operaciones mineras llevaran décadas de existencia. Además, querían que los planes de manejo ambiental incorporaran medidas de prevención, mitigación, compensación y reparación por los daños causados, incluyendo un plan de atención para garantizar la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes yukpa.
Así mismo, pedían la culminación de los trámites de ampliación, saneamiento y delimitación de su territorio porque seguía sin cumplirse la orden de la Corte Constitucional de 2017 y consideraban que la indefinición territorial seguía facilitando la vulneración de sus derechos.
Finalmente, en una segunda sentencia en 2023, la Corte consideró que tanto el Estado como Prodeco y Drummond vulneraron el derecho a la consulta previa de los yukpa y que “se logró establecer la afectación directa de la comunidad indígena por los cinco proyectos mineros”. Por ello decidió, en esencia, cuatro cosas: ordenar a la ANT —nuevamente— terminar la delimitación, saneamiento y ampliación del territorio yukpa; amparar el derecho a la consulta previa, libre e informada; convocar a consulta y posconsulta (dado que ya estaban en operación) sobre las cinco minas; y exigir acompañamiento y vigilancia de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para que las órdenes se cumplieran.
“En el caso particular del pueblo yukpa, los mecanismos de coordinación con las autoridades y las empresas mineras han resultado insuficientes para crear un diálogo genuino en el que se escuchen las solicitudes de la comunidad”, dice la sentencia, que también menciona que con anterioridad se han desconocido decisiones judiciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que imponían medidas para la protección de los derechos de esa comunidad.
“La Corte está llamada a imponer órdenes estrictas que garanticen que las autoridades y las empresas realicen las acciones correspondientes para garantizar los derechos del pueblo yukpa, que se encuentra en una grave y desatendida situación de riesgo”, advirtió el alto tribunal.
Sobre la primera orden de la sentencia, en abril de 2025 la ANT emitió un comunicado en el que aseguró que había establecido un plan de choque para adquirir 5000 hectáreas para la ampliación de los seis resguardos yukpa, ubicados en los municipios de La Paz, Agustín Codazzi y Becerril. “De manera conjunta elaboramos una ruta de implementación de las sentencias de la Corte, en el marco de las territorialidades yukpa. Son compromisos concretos, en tiempos precisos, y es oportuno remarcar un importante avance en el que también el pueblo yukpa reconoce a la población campesina”, afirmó el entonces director Felipe Harman.
Sin embargo, más de ocho años después de la primera orden de la Corte, la ANT aún no ha fijado la delimitación del territorio ancestral y la ampliación de los resguardos yukpa.
En respuesta a un derecho de petición, la entidad aseguró que ha venido trabajando en estos temas pero que la principal dificultad radica en “la alta complejidad territorial de la pretensión, que comprende una amplia extensión geográfica, múltiples municipios, miles de predios y la necesidad de verificar la naturaleza jurídica de cada uno”. La entidad también mencionó que se depende de la concertación previa con las autoridades del pueblo yukpa, así como de la articulación con otras entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), del que se requiere información e insumos técnicos.
La ANT, en su respuesta del 5 de mayo, sostiene que la magnitud del territorio exige desplazamientos a campo, equipos interdisciplinarios, levantamientos topográficos y recursos operativos significativos. Además, implica una ejecución progresiva por fases, que para ellos está sujeta a variables como presupuesto, condiciones climáticas y de orden público. “No obstante, se precisa que estas circunstancias no han impedido el impulso del procedimiento, sino que han determinado su desarrollo gradual, técnico y progresivo”, indicó la entidad.
Esneda Saavedra, lideresa yukpa, exgobernadora del resguardo Sokorpa y exconsejera de derechos humanos y paz en la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC), que representa a los 115 pueblos indígenas del país, fue una de las seis demandantes originales y asegura que su pueblo pide la ampliación y compra de fincas para cada familia. “Cerca del 30 % de nuestro territorio son sitios sagrados y otras tierras no son productivas. Otro 30 % todavía está en manos de algunos hermanos campesinos y la Agencia Nacional de Tierras sigue sin sanear los resguardos. Somos más de 800 familias y cada familia tiene entre 12 y 15 hijos”, comenta en entrevista con esta alianza periodística.
“Nosotros queremos la ampliación del territorio, que nos respeten los sitios sagrados y los ríos, porque eso es lo más primordial para nosotros”, menciona Mario Alejandro Pérez, autoridad mayor del pueblo yukpa. “Pedimos al Gobierno que como nos dañaron nuestra naturaleza, que nos respondan con la ampliación del territorio porque hay muchos sitios sagrados afuera que son más importantes que el carbón, se trata del corazón de la madre Tierra”.
La delimitación del territorio es un asunto crucial porque, precisamente, las empresas mineras justificaron que no procedía aplicar la consulta en el pasado porque el área de los resguardos yukpa no se superponía con el área de los títulos mineros.
Aún así, la Corte Constitucional consideró en su sentencia de 2023 que la delimitación oficial del territorio no era un argumento suficiente para obviar el derecho a la consulta previa, ya que -en sus palabras- “el derecho no está condicionado a la existencia de una titulación estatal”.
Según el más alto tribunal del país en lo constitucional, “se encuentra debidamente acreditada la existencia de una afectación directa del pueblo indígena yukpa, como consecuencia del funcionamiento de las cinco minas de carbón en la zona que aquél reclama como territorio ancestral”.
La sentencia de la Corte también subraya que existen 61 lugares sagrados que no pueden ser visitados por los yukpa, debido a que se encuentran en el territorio en el que operan las minas y que, con base en un informe del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), citado por la Corte, la operación de las minas está asociada al deterioro ambiental y a la desviación de los ríos que “han reducido la cantidad y variedad de flora y fauna”.
En últimas, la decisión de la Corte llevó a que Glencore, propietaria de Prodeco, realizara un proceso de posconsulta con los yukpa, a pesar de que las minas La Jagua y Calenturitas ya no estaban en operación, pues la compañía devolvió los títulos mineros al Estado colombiano en 2021. Por su parte, Drummond tuvo que realizar el proceso de consulta previa para sus minas La Loma, El Descanso y El Corozo, empezando en noviembre de 2023 y terminándolo en septiembre de 2024.
La compleja realización de las consultas previas
Los indígenas yukpa entrevistados tenían esperanza. Creían que, al tener derecho a la consulta previa, podrían ser escuchados y llegar a acuerdos.
En eso piensa Esneda Saavedra mientras recorre las casas de la comunidad Misión Sokorpa, ubicada a orillas del río Maracas, y mira hacia una enorme montaña escarpada. Es uno de los sitios sagrados que los yukpa creen que deben mantener intactos y donde los espíritus sólo les permiten cazar máximo dos animales cuando la comida escasea.
Su mirada queda fija en la montaña por unos segundos y después vuelve sus ojos al río. “Aquí está el Maracas, uno de los que nosotros en las consultas queríamos que volviera a su caudal. Pero no, las consultas han sido totalmente negativas, no hay garantías para las familias”, asegura.
Tulia Restrepo recuerda que cualquier persona entraba al territorio yukpa como si no tuviera dueño, “nadie respetaba”. Por eso tenían la ilusión puesta en las consultas que tantos años después fueron ordenadas por la Justicia colombiana. Sin embargo, “no hemos visto garantías para nuestro territorio, lo único que sigue haciendo la minería es explotar el territorio. Le pedimos al Estado y a la minería que sane nuestro territorio porque lo necesitamos para sembrar, para dejarle a nuestros hijos y nietos”.
El sentimiento de Saavedra y Restrepo es generalizado en el resguardo Sokorpa. Sus habitantes esperaban que las mineras, como forma de reparación, los apoyaran devolviéndoles algunas tierras de su territorio ancestral para la ampliación de sus resguardos, que los ríos recuperaran sus caudales originales para que los peces regresaran y pudieran alimentarse de ellos, y que se restauraran los ecosistemas en donde están varios de sus sitios sagrados. Sin embargo, las consultas previas finalizaron sin llegar a acuerdos.
“Pedíamos reforestar los sitios sagrados, recuperar la naturaleza”, enfatiza Pérez. Pero asegura que nada de eso ha sucedido hasta el momento.
Otro de los temas más complicados de abordar fue el de los impactos a la salud. En la demanda de 2022, los yukpa aseguraron que las actividades mineras han ido acabando con los ríos y los peces, que eran su principal fuente de proteína, así que su salud y nutrición se estaban deteriorando; que la extracción minera también eliminó plantas medicinales y alteró el entorno del que depende su medicina tradicional y que la situación ya se reflejaba en la muerte de niños yukpa.
Este pueblo ancestral de la Serranía del Perijá no sabe mucho de medicina occidental ni de la ciencia que hay detrás de la detección de enfermedades. Solo saben, y eso es lo que repiten, que antes de la extracción de carbón se enfermaban menos. “Usted sabe que las dinamitas que explotan allá botan mucho químico. Eso contamina el aire y recorre muchos kilómetros”, dice Luis Eriberto Osorio, autoridad joven yukpa.
Es por eso que uno de los sueños de Esneda Saavedra era tener un puesto de salud dentro del resguardo Sokorpa, porque las familias tienen que desplazarse hasta Becerril para recibir atención médica y hay comunidades que están ubicadas en lo más profundo de las montañas, a 12 horas caminando cuando el clima tiene clemencia. “Pero en eso tampoco hubo acuerdo en las consultas, nada de eso quedó”, comenta.
Probar la relación directa de las actividades mineras con los problemas de desnutrición, intoxicación e infecciones respiratorias en niños y niñas indígenas era un reto difícil, más cuando no existen estudios específicos hechos en las comunidades yukpa y la contaminación del carbón no es la única variable que puede intervenir en el desarrollo de estas condiciones de salud.
La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana acompañó a los indígenas yukpa en la elaboración de la demanda de 2022. Joaquín Garzón, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la misma universidad, fue una de las personas que estuvo en el proceso y asegura que finalmente se decidió enfocar la argumentación en pedir la consulta previa. Lo decidieron porque, explica, es muy difícil probar lo que en el mundo legal se conoce como el nexo de causalidad, es decir, en este caso la relación directa entre la explotación minera y la enfermedad, “porque uno se enferma por muchas razones, no solo por estar en ese contexto de explotación minera”.
“Una de las cosas que fue exitosa en ese litigio fue justamente desplazar esa discusión en salud —aunque no está ausente en la demanda— hacia la consulta previa”, comenta Garzón. “Incluso la Corte ha dicho que si las afectaciones son positivas, también tiene que haber consulta”.
A pesar de que demostrar las afectaciones en salud era complejo, la Corte Constitucional aseguró en su sentencia que “la explotación de las minas de carbón genera una afectación directa al pueblo yukpa”. El tribunal menciona amenazas en su seguridad alimentaria y la aparición o el agravamiento de enfermedades “que causan un creciente número de muertes de niños y niñas indígenas”. Aún así, no ordenó acciones específicas para abordar el tema de las enfermedades y la desnutrición infantil.
Todo lo que los indígenas pedían en temas de salud dependería de si llegaban a acuerdos con las empresas y con el Estado en las consultas previas.
Sin acuerdos con Drummond
Los diálogos con Drummond, fundada por el empresario Heman Edward Drummond en Alabama y operada todavía por su familia, tuvieron altibajos. Duraron casi un año, pero terminaron sin consensos y los yukpa no obtuvieron los resultados que esperaban.
En un comunicado Drummond aseguró que el proceso de consulta previa finalizó el 25 de septiembre de 2024 y que no habían llegado a un acuerdo. “En el transcurrir de las reuniones,la empresa presentó 12 planes integrales que propenden por el progreso y bienestar de la comunidad yukpa, priorizando la atención nutricional, el desarrollo de la población infantil y el rescate de la riqueza cultural del pueblo yukpa. Lamentablemente estas propuestas no colmaron las expectativas de los representantes negociadores de la comunidad, a pesar de los esfuerzos tanto de la compañía como del gobierno para viabilizarlas”.
Según la compañía, varios gobernadores indígenas les habían dicho que quedaban con la tranquilidad de “saber que la relación con la empresa es buena”. “La empresa ha activado para apoyar a la comunidad yukpa nuestros programas de responsabilidad social, incluso en ausencia de un acuerdo final, reafirmando nuestro compromiso con la protección de los derechos fundamentales del pueblo yukpa”, añadió Drummond.
Sin embargo, días después del anuncio de finalización de la consulta, representantes del pueblo yukpa aseguraron que se habían burlado de ellos. “Nos acabaron nuestra vida, porque nosotros somos nómadas y todos esos servicios [naturales] que nos dejó nuestro Dios nos los han cortado las empresas. No tenemos tierra. Les exigimos que nos devolvieran tierras y que no secaran los ríos. Pero nada, no hemos tenido respuesta”.
Ante estas declaraciones Drummond aseguró: “Nos genera extrañeza y tristeza el comunicado reciente del pueblo yukpa. Las declaraciones no reflejan la buena fe y el reconocimiento mutuo que caracterizaron nuestros diálogos, en los que se construyó confianza a través del respeto”.
Ya ha pasado un año y medio de la finalización de la consulta previa y varios indígenas yukpa siguen pensando que el proceso tuvo falencias.
Los indígenas entrevistados que dialogaron con esta alianza periodística aseguran que las conversaciones durante la consulta previa se dieron solo con los gobernadores de los resguardos y algunos representantes del pueblo yukpa, pero que no hubo una participación amplia de las comunidades y que muchas ni siquiera sabían que existía ese trámite.
“No han sido escuchados todos, sino unas cuantas personas. De aquí [de Misión Sokorpa] a otras comunidades son 12 horas. A ellos no les han consultado, ellos no saben de esta consulta y son ellos quienes han estado permanentemente en este territorio”, afirma el líder yukpa Mario Alejandro Pérez.
Esneda Saavedra va más allá y asegura que solo llamaron a personas que dominaban muy poco el español “y los llevaron como un muestrario, y eso es una burla, porque debo decir que parte de mi familia estuvo en los diálogos y ellos mismos me manifestaron: ‘No entendí nada’”. La lideresa comenta que al final los representantes de la empresa y los del Gobierno se encerraban con unas siete autoridades indígenas y salían con unos documentos que no eran socializados con las comunidades.
Sentada en el salón de reuniones de la comunidad Misión Sokorpa, Tulia Restrepo trata de hacer memoria sobre la consulta. Mira a los niños que van saliendo de la pequeña escuela de la comunidad, el único lugar donde hay internet satelital y su única alternativa de comunicación porque en esta zona de la serranía del Perijá raramente hay señal de celular. Finalmente se levanta de su silla y dice: “Aquí vivimos como 23 familias, pero nadie nos ha invitado a consulta previa. Participaron algunos de otras comunidades, pero no llevaron las informaciones a los demás. Aquí no sabemos qué quedó de garantía con la consulta previa del año pasado”. Restrepo ni siquiera tenía claro que la consulta previa había finalizado sin acuerdos a finales de 2024.
Amilcar Valencia, gerente de asuntos étnicos de Drummond, le aseguró a Mongabay Latam que durante el diálogo en la consulta previa, y contando con la verificación y los aportes de las entidades de gobierno ambientales y mineras, no se identificaron afectaciones directas causadas por la compañía, pero argumentó que sí fueron evidentes falencias socioeconómicas históricas debidas a múltiples factores que serían competencia del Estado colombiano. “Sus reclamos y peticiones correspondían a históricas situaciones ocasionadas por ausencia de Estado y múltiples actores”, dijo.
Sobre la participación de las comunidades en la consulta, Valencia indicó que a todas las reuniones asistieron al menos 120 personas de la comunidad de base. “Adicionalmente se incluyeron tres escenarios de socialización al interior de las comunidades yukpa. La compañía aportó los recursos necesarios para la celebración de estas reuniones en el territorio de las comunidades, si bien no le fue permitido asistir a las mismas en razón a que la etnia consideraba que era un espacio interno de ellos, por lo que nunca se obtuvieron evidencias ni fue posible corroborar si las reuniones fueron efectivamente realizadas o no”, señaló.
Asimismo,el gerente de asuntos étnicos de Drummond dijo en respuesta oficial que se incluyeron dos traductores, seleccionados por la comunidad, y se permitieron todos los procesos de traducción en los momentos en que la comunidad lo solicitaba.
Valencia reiteró que “durante el proceso no se encontraron evidencias sustentadas de que los proyectos de la compañía estuvieran causando alguna afectación directa a la etnia yukpa. Por lo anterior, no fue posible alcanzar un acuerdo”. A pesar del fallido proceso de consulta, la compañía, argumenta, continuó en relacionamiento con los indígenas y ha intentado llevar a cabo varios proyectos dentro de sus programas de responsabilidad social empresarial. “El primero y más importante es que se ha intentado retomar el proyecto de regeneración natural del bosque, pero la etnia considera que no es el momento para avanzar en este punto”, dijo.
La demanda de Prodeco
La otra minera, Prodeco, propiedad de Glencore, ya no opera las minas de Cesar (cuyos títulos mineros devolvió al Estado colombiano en 2021), pero Glencore sigue operando la mina del Cerrejón, en el vecino departamento de La Guajira, en la que era socia de la tercera parte y que compró íntegramente a sus socios en 2022.
Esta alianza periodística envió un cuestionario el 24 de abril y luego el 4 de mayo al correo en la página web de Prodeco que dice estar habilitado para atender a la prensa, para preguntarle por la posconsulta que realizaron. Ante la falta de respuesta, nos comunicamos con la oficina de comunicaciones de la casa matriz Glencore en Suiza y con Carbones del Cerrejón (otra empresa del grupo Glencore). Enviamos un cuestionario de ocho preguntas, incluyendo por qué no llegaron a acuerdos de reforestación con los yukpa, qué medidas tomaron para asegurar que la información de las reuniones de consulta previa eran socializadas con otras comunidades que no estuvieron presentes, si hay algún acuerdo o proyecto posterior con los yukpa y por qué Prodeco llevó al Estado colombiano a un arbitraje internacional. El 9 de mayo, Glencore confirmó haber recibido el cuestionario y dijo que daría trámite a nuestra solicitud. Hasta el momento de publicación ni Glencore ni Prodeco habían respondido. (Ver el cuestionario completo acá).
La Defensoría del Pueblo, una de las entidades encargadas por la Corte Constitucional para acompañar los procesos de consulta con el pueblo yukpa, le aseguró a Mongabay Latam que ese proceso tampoco llegó a acuerdos.
Según la Defensoría, hubo complejidad en los diálogos, que pusieron en evidencia visiones contrapuestas entre los modelos de desarrollo económico promovidos por la industria minera y el concepto de “buen vivir” del pueblo yukpa. Eso dificultó, informó un vocero de la entidad, la consecución de acuerdos integrales.
“Las propuestas presentadas por las empresas operadoras fueron percibidas por la comunidad como genéricas y alejadas de los estándares exigidos por la sentencia y por los principios de reparación culturalmente adecuada (…) La comunidad manifestó dudas sobre la veracidad y suficiencia de los informes de impacto ambiental presentados, señalando la necesidad de fortalecer la presencia y capacidad institucional de la ANLA en la región”, respondió la Defensoría.
La Procuraduría General de la Nación, entidad que también debía ejercer vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de la sentencia de 2023, en respuesta a un derecho de petición enviado por este equipo periodístico, aseguró que Glencore solicitó arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en contra de Colombia y que parte de la controversia está ligada a la sentencia de 2023.
Indica la Procuraduría que en el escrito de demanda Glencore argumentó que “Colombia frustró las expectativas legítimas del inversionista sobre la adecuada y oportuna liquidación de los contratos mineros, así como con respecto a la ausencia de necesidad de realizar una consulta previa”. Por tanto, la empresa minera reclama al Estado colombiano 59.4 millones de dólares correspondientes a gastos en los que argumenta haber incurrido.
“La sentencia T-375 de 2023 de la Corte Constitucional se basó en fundamentos jurídicos inesperados, pues aplicó de manera retroactiva un criterio novedoso y desestimó elementos esenciales del marco legal vigente, así como principios básicos de responsabilidad. Asimismo, se califica la decisión como ‘irracional’, al sostener conclusiones carentes de lógica”, mencionó Glencore en su escrito, según consta en la respuesta de la Procuraduría.
Debido a lo anterior, la Procuraduría asegura que no es posible obligar a las partes, en este caso Prodeco (filial de Glencore) y los indígenas yukpa, a una etapa de seguimiento de acuerdos, “cuando la base misma de la obligación (la sentencia y el contrato minero) es objeto de una controversia internacional que cuestiona la legalidad y razonabilidad de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”.
Continúa la incertidumbre
Mongabay Latam envió derechos de petición a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que debía participar de las consultas y al Ministerio del Interior, que debía liderarlas, conducirlas y dirigirlas para obtener su versión de lo que ocurrió en esos procesos.
En respuesta oficial, la ANLA aseguró que las consultas previas culminaron sin la protocolización de acuerdos con Drummond y Prodeco, “razón por la cual no se definieron ni concertaron medidas específicas que deban ser incorporadas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los proyectos mineros en ejecución”.
El Ministerio del Interior no ha respondido a nuestra solicitud, pero Mongabay Latam tuvo acceso a un documento en el que la entidad responde a un incidente de desacato interpuesto por los seis gobernadores indígenas yukpa. Allí se indica que, a pesar de que los indígenas yukpa no llegaron a acuerdos con la empresa Prodeco, esto no se debe a omisiones del Ministerio “sino a la dinámica propia del proceso consultivo, en la cual, pese a haberse garantizado los espacios, la participación efectiva de las partes y la conducción metodológica del proceso, no fue posible consolidar un diálogo genuino orientado a la construcción de acuerdos”.
Lo cierto es que ya se agotaron todas las etapas del diálogo y no se llegaron a acuerdos. En su sentencia de 2023, la Corte Constitucional dejó claro que si eso ocurría, el proceso legal debía regresar al Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, que había decidido sobre la demanda de los yukpa en primera instancia. Ahora este juzgado deberá definir cómo velará por la protección de los derechos del pueblo indígena.
Mientras esperan que la Justicia se pronuncie, el único pueblo indígena seminómada del Caribe colombiano está pensando en presentar una nueva acción legal. Los yukpa aseguran que ya casi son 10 años de incertidumbre y nada de lo que han pedido se ha materializado: los ríos no han recuperado su curso y caudal natural, la pesca y la caza siguen siendo recuerdos de un pasado lejano y siguen sin tener acceso a muchos de sus sitios sagrados que hoy son prácticamente imposibles de identificar a simple vista en medio de una de las zonas de minería de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Tampoco pueden garantizar su seguridad alimentaria y la delimitación de su territorio continúa en un eterno limbo.
Sus condiciones de vida siguen siendo precarias, a tal punto que Saavedra asegura que “a los médicos les toca atender hasta encima de las piedras. No hay una atención digna”. Los yukpa claman por su derecho al buen vivir en un territorio que han habitado durante siglos, donde se ha extraído por décadas el carbón que ha dado energía a decenas de países, pero en los que ellos continuamente se sienten invisibilizados.
Las Ruinas del Carbón es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Agencia Ocote (Guatemala), Baudó Agencia Pública (Colombia), Concolón (Panamá), Contracorriente (Honduras), La Nación (Argentina), Matinal (Brasil), N+ Focus (México), Raíz Climática (República Dominicana), Reportea (Chile), Climate Tracker América Latina y Mongabay Latam sobre la salida de la energía a base de carbón en América Latina. Revisión legal: El Veinte.
