El 10 de mayo de este año se conocerá la hoja de ruta que va a seguir Colombia en su proceso de transición energética. Un reto que enfrenta el planeta entero, y que consiste en cambiar la forma de generar y consumir energía, basada en combustibles fósiles, por un sistema de energías renovables, como la solar o la eólica, para así frenar el calentamiento global que causa (y agrava) el cambio climático.
Se prevé que la iniciativa de transición gubernamental será uno de los tres proyectos más ambiciosos del presidente Gustavo Petro durante su mandato, al ser un tema clave en su agenda ambientalista y una de sus mayores promesas durante su campaña.
De hecho, los primeros pasos se dieron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se establece que “Colombia es una potencia energética, y tiene que consolidar alternativas de desarrollo que sean limpias”.
En el PND se proponen, por ejemplo, la creación de “comunidades energéticas”, es decir, asociaciones que puedan crear energía a partir de fuentes de generación responsables con el planeta (como paneles solares). Así lo señala el artículo 190, que además propone que las personas naturales, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como una comunidad energética podrán acceder a recursos para financiar estos proyectos.
También habla de inversiones por 10 años para cambiar la leña y el carbón por combustibles de transición menos contaminantes (como el gas) en zonas rurales. E incluso se propone la creación de un fondo monetario, denominado Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida que estará a cargo del Ministerio de Hacienda y que administrará fondos para el proceso de transición.
El debate
Tan relevante y considerable sería el cambio en el paradigma de las energías, que incluso enfrenta a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. La primera, porque defiende su visión de detener la exploración y explotación futura de combustibles fósiles en el país. Y el segundo, por amparar al sector y la necesidad de seguir produciendo como una estrategia para mantener saludables las finanzas del país.
El último choque entre ambos se dió en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), donde Vélez aseguró en nombre del Gobierno que “decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo”. Tan solo unas horas después el ministro Ocampo salió a contradecir a Vélez. Y aseguró que “todavía no hay estimaciones finales de las reservas (petroleras), tenemos que ver cómo los contratos de exploración ya firmados garantizan suficientes reservas”.
Y es que inclusive otros altos funcionarios del nuevo Gobierno han defendido la producción de petróleo como un sector clave para la economía nacional y la obtención de réditos que pueden usarse en distintos proyectos, como la transición energética. Entre ellos se encuentra Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, quien en entrevista con este diario aseguró que “todos los países están de acuerdo en la descarbonización del planeta. Pero la verdad es que Colombia no puede dejar de depender de los ingresos que producen el petróleo, carbón y gas”.
Sin embargo, la ministra Vélez ha insistido en la importancia de detener la exploración petrolera para avanzar en la transición. De hecho, en el documento presentado en la pasada cumbre de cambio climático (COP27) por Vélez, se enfatiza en que se buscará disminuir la dependencia de los hidrocarburos e incluir a las comunidades en el proceso de transición.
Aún así, hay estudios que señalan el papel clave de los hidrocarburos en el proceso de transición. Como uno dirigido por investigadores de la Universidad de los Andes, donde se destaca que el sector será clave a nivel económico, de aceleración de políticas y de equilibrio de la matriz energética mientras se da el proceso de cambio e, incluso, de apalancamiento de nuevas fuentes de generación.
“Respecto al aporte económico de la industria de hidrocarburos al país, este generará un rol importante principalmente en tres pilares: Primero por la diversificación de ingresos a la nación, teniendo en cuenta que la industria no será perpetua se deben generar nuevas fuentes de ingresos. El segundo como apalancamiento de nuevas fuentes energéticas. Y tercero el desarrollo social y económico, mediante las inversiones realizadas y apalancadas por la industria en las áreas de influencia de los proyectos de exploración y explotación”, destaca la investigación.
¿Y la plata?
Pero, si no aprovechamos el petróleo, ¿de dónde sacará Colombia los fondos que requiere para desarrollar su ambiciosa apuesta? Más aún cuando se desconoce a ciencia cierta cuánto podría costar.
El exministro de Hacienda y reconocido académico, Mauricio Cárdenas, tasó por primera vez dicho proceso señalando que costaría entre el 8 y el 11% del PIB del país, anualmente. Lo que representa cerca de US $30.000 millones cada año. Dicha afirmación se dio en la V Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, realizada en noviembre de 2022 en la ciudad de Cartagena.
Con eso en mente, y bajo el escenario de un interés gubernamental por disminuir la producción petrolera, ¿cuáles son las opciones? Según expertos consultados por EL TIEMPO: ninguna, pues los combustibles fósiles serían útiles a nivel económico y estratégico para avanzar en esta materia, y lograr, por ejemplo, algunos de los ambiciosos objetivos que ya pactó el Estado en el anterior Gobierno, como reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 (sin sumar los que podría agregarle la administración de Petro).
Eso, si se tiene en cuenta que Colombia produce muy pocas emisiones a nivel mundial (apenas 0,57% de lo que lo que llega a la atmósfera), y la mayoría proviene del sector forestal y agropecuario (que suman 62% de lo que emitimos), ya sea por la deforestación o malas prácticas en la producción.
Por su parte, el sector de transporte (donde se queman combustibles fósiles para mover vehículos) produce el 11% de las emisiones, mientras la industria manufacturera otro 11% y la producción de energía un 10% (porque mucha de la energía eléctrica proviene de los ríos). Es decir, en su modelo de transición energética, una de las prioridades de Colombia consiste en frenar la deforestación, mientras se da el proceso paulatino de transformación en las industrias, el transporte y las generadoras de energía que aún se mueven con fuentes fósiles.
Y aunque el presidente Petro ha señalado que se debe considerar que el petróleo, gas o carbón que vende el país es quemado en otras partes del mundo, varios expertos han afirmado que, bajo la demanda internacional de combustibles, el hecho de que Colombia (que es un actor menor en el mercado de los hidrocarburos) deje de vender, solo traducirá en que la demanda será asumida por otros productores.
Al respecto, explica el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, hoy por hoy la mayor fuente de recursos, indispensables para financiar la transición energética, provienen de la actividad extractiva, sobre todo de la industria del petróleo y el carbón. Tan solo eso, según él, es una razón “más que poderosa para no prescindir de ella prematuramente”.
La evidencia científica es clara en señalar que estamos siendo muy lentos en el proceso de transición energética, y que no habrá economía que resista la crisis climática si seguimos explotando combustibles fósiles como lo estamos haciendo
Eso, sin embargo, iría en desacuerdo con lo que ha planteado la evidencia científica y organismos internacionales como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) que señala que estamos siendo muy lentos en el proceso de transición y que no habrá economía que resista una crisis climática si seguimos explotando y quemando combustibles fósiles como lo estamos haciendo.
“La hoja de ruta de la transición energética debe propender por lograr que la misma se dé en forma gradual y progresiva. Debe acompañarse con una estrategia de transformación productiva tendiente a diversificar la economía y depender cada vez menos de la actividad extractiva. Que otros sectores de la economía, como la industria, el turismo y la agricultura reemplacen al carbón y el petróleo tomará mucho tiempo. A Chile le tomó 25 años convertirse en uno de los mayores productores y exportadores de frutas, para no depender sólo del cobre, sin embargo, a la fecha solo le significan ingresos por ese concepto de US $4.800 millones, frente a los US $53.424 millones provenientes de las exportaciones de cobre”, destaca Acosta.
De hecho, según cálculos de expertos como el exviceministro de Turismo, Julián Guerrero, para reemplazar los fondos que le entran al país por las ventas del petróleo el país tendría que triplicar la llegada de viajeros. Eso, tomando como base los 6.784 millones de dólares de divisas generadas por viajes y transporte aéreo en 2019 -el mejor año del turismo en Colombia- comparados con los 13.336 millones de dólares por exportaciones de petróleo y sus derivados en 2021 (último año registrado).
Para Acosta, en la búsqueda por acelerar la transición energética, el gobierno de Petro debería enfocarse en destrabar la marcha de los proyectos de generación eólicos y solares, los cuales tienen un retraso ostensible en su entrada en operación por conflictividad social y consultas previas. “En este momento la mayoría de ellos están empantanados”, enfatizó.
Una posición similar tiene el economista e investigador en temas ambientales, Juan Pablo Ruiz. Bajo su concepto, Colombia puede encontrar en el ecoturismo y el sector agropecuario fondos claves para desarrollar un proyecto necesario de transición, pero eso esencialmente requerirá del capital que pueda entregar el petróleo para impulsar otros sectores económicos.
“Colombia sí debe seguir gestionando los ingresos del petróleo hasta tanto no tenga una estructura productiva con la que los pueda reemplazar. Es decir, antes que contraer la exportación de hidrocarburos, el país tiene que haber generado producciones alternativas y sustitutas que puedan convertir en marginal a los ingresos del petróleo”, destaca.
“Antes que contraer la exportación de hidrocarburos, el país tiene que haber generado producciones alternativas y sustitutas que puedan convertir en marginal a los ingresos del petróleo”
Además, según confirmó Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, el Gobierno de Petro recibirá en 2023 el mayor aporte fiscal que haya tenido el país en su historia, con un aporte de 58 billones de pesos en 2023 (equivalentes al 3,8 por ciento del PIB del país).
De acuerdo con Ruiz, el país debe aprovechar los ingresos que deja el sector petrolero. Para él la transición energética tiene esencialmente dos caras: la oferta y la demanda de hidrocarburos. Bajo su concepto, lo que debe hacer el nuevo Gobierno es frenar el aumento en el consumo de derivados del petróleo que provienen, en su mayoría, del sector del transporte, responsable del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si no se invierte en cambiar la movilidad de nada servirá que se frene la producción de hidrocarburos, porque el mercado los seguirá requiriendo.
“La discusión en Colombia se ha centrado en la oferta de hidrocarburos y en cómo restringir dicha oferta, frenando los nuevos proyectos de exploración y explotación. Pero lo más importante para hacer la transición es disminuir la demanda nacional de hidrocarburos, ese punto es más clave”, señala.
