En el corazón de Juchitán de Zaragoza, las aspas de los aerogeneradores trajeron una brisa llena de expectativas que, al paso del tiempo, chocó con una dura realidad. Fátima de la Cruz Santiago, residente y una de las líderes partícipes en las Asambleas Pro Aprobación del Proyecto Eólico en 2015, recuerda con precisión los compromisos de las empresas detrás del proyecto en La Ventosa.
La llegada de los parques eólicos al Istmo de Tehuantepec prometía generar electricidad para toda la comunidad, así como un nuevo Instituto de Investigación de Energías Renovables y un descuento en el recibo de la luz. Pero casi nada de eso ocurrió, pues actualmente Fátima paga 9 mil pesos al mes por el consumo eléctrico de tan sólo tres personas y, en múltiples ocasiones, los apagones duran entre dos o tres días completos.
Demanda que no para
“Lo que más o menos se cumplió fue el descuento que se nos aplica al recibo eléctrico por concepto de apoyo de Eólica del Sur, que es la única empresa que ha cumplido”, cuenta De la Cruz en alusión al descuento de 12.50 pesos (alrededor de 0.62 dólares). Sus palabras discurren como el agua mientras relata que, adicional a los apagones, el crecimiento poblacional sobrecarga constantemente las redes eléctricas y sobrepasa la capacidad de los transformadores.
El problema no para ahí. El comercio informal, los asentamientos irregulares, los mercados e incluso los proyectos como la construcción de una parada del Tren Interoceánico, se “cuelgan” de las redes eléctricas. Energía que las y los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen que pagar.
La transición energética de México enfrenta un cuello de botella delicado: la insuficiencia de infraestructura de transmisión eléctrica. Esto no solo limita el desarrollo de la energía eólica, sino que compromete la competitividad energética del país, pues México está teniendo mayores inversiones por el nearshoring y la apertura de los centros de datos, que requerirán un gran nivel de demanda energética y, en consecuencia, un sistema eléctrico robusto.
¿Transición o soberanía energética en México?
Es oportuno destacar que el Plan Nacional de Energía presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum se enfoca en la soberanía energética, con el fin de fortalecer al sector eléctrico y avanzar en la transición hacia energías más limpias. De ahí que 54% de la participación queda en manos de la CFE, en tanto el 46% corresponde al sector privado, del cual se proyecta una contribución de entre 6.000 y 9.000 megavatios desde fuentes renovables.
Para llevar a cabo dicho plan, se asignaron 7.500 millones de dólares para reforzar las redes de transmisión.
Cabe recordar que la reforma presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador establecía que el Estado debía garantizar la transición energética. Sin embargo, la aprobación de esta nueva reforma energética elimina dicho fragmento en respuesta a que, de acuerdo con la actual presidenta, no quedaba claro si la obligación del Estado era solamente la planeación o la producción y esto limitaba la posibilidad de que otros sectores participaran en este proceso.
Por ello, el sector energético está a la espera de las leyes secundarias previstas en febrero para conocer cuáles serán las claves que marcarán lo que sigue.
Mientras tanto, el viento sigue su curso
Actualmente, México cuenta con 7,683 megavatios instalados en energía eólica, lo cual representa 6% de la matriz energética renovable que en el país es del 25% en total. Mientras tanto, en 2023 la demanda energética creció 9% respecto al año anterior debido a factores como el nearshoring, según informó el Comité de Mujeres Expertas en Energía Eólica de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) en una conferencia de prensa.
De acuerdo con Daniela Medina, gerente de sostenibilidad de la AMDEE, sin una red de transmisión robusta y confiable, la incorporación de la energía eólica se vuelve un desafío, ya que se requeriría de casi duplicar la capacidad instalada. Asimismo, un informe de la Asociación indica que al cierre de 2023 se instalaron 7,413 megavatios y que el sector eólico ha invertido más de 13 mil millones de dólares. Esto significa más o menos una reducción de 9 millones de toneladas de CO2.
Medina destacó que se podría “tener una instalación de 50 gigavatios en onshore, es decir, en tierra, y 300 gigavatios en offshore, en mar”. Para ello, ya tienen identificados varios parques eólicos listos para conectarse a corto plazo, que suman alrededor de 800 megavatios. Y por otro lado, tienen mapeados cerca de 30 proyectos que suman 5 gigavatios, cada uno en distintas fases de desarrollo y que podrían conectarse en los próximos años.
El castillo en el aire se cae cuando se habla de transmisión
Sin una red de transmisión robusta y confiable, el sueño de una transición energética o de aumentar el acceso a energía eléctrica se lo lleva el viento. Para Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), regiones muy importantes para la producción de energía eólica como la zona del Istmo, en Juchitán, Oaxaca; o Reynosa, en el golfo de México, Tamaulipas, no están en condiciones de llevar esa generación hacia los centros de consumo. “Las líneas que conectan, por ejemplo, Reynosa con Monterrey, están limitadas por la falta de expansión y de inversión”, explica.
“Aunado a ello, las líneas de transmisión que únicamente transporten energía solar fotovoltaica o eólica tendrán menores porcentajes de aprovechamiento, lo que implica un mayor costo de capital relativo a las líneas que transportan energía firme”, señala el IMCO en una investigación.
Coincide en ello Shirley Wagner, abogada cuya trayectoria incluye 20 años en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien comenta que en cualquier sistema eléctrico la demanda va creciendo más rápido que la oferta que un sistema puede garantizar. Especialmente, cuando en México la inversión extranjera va al alza para varios proyectos que son intensivos en consumo de electricidad, como los centros de datos.
¿Qué tan robusta es la red eléctrica mexicana?
El sistema eléctrico consta de dos redes: una física, conformada por las subestaciones y líneas que conducen la electricidad; y una digital para la supervisión, comunicación y control. La infraestructura de transmisión eléctrica, que mueve la energía desde los generadores hasta la red de distribución y de ahí a los consumidores, es el eslabón crítico del sistema, cuya tensión va de 69 a 400 kilovoltios, con nueve centros de control en el país, cada uno con su variedad de tensión.
En México, la CFE sigue siendo la única responsable de construir, mantener y mejorar esta red, ya que conserva el monopolio constitucional sobre las líneas de transmisión y distribución, pese a los cambios derivados de la reforma energética de 2013. Dicha reforma la había convertido en una jugadora más en el mercado. Sin embargo, a partir de 2018 la CFE prioriza la generación eléctrica, lo que hasta hoy ha resultado en la inauguración de centrales eléctricas, pero no en la modernización de la infraestructura de transmisión.
De acuerdo con Ocampo, esto refleja un dilema de asignación de recursos en un contexto de presupuesto limitado. Además, indica que, políticamente, es más atractivo inaugurar o adquirir plantas de generación “vistosas” que realizar inversiones menos visibles, pero igualmente cruciales en las redes eléctricas, lo que podría explicar la falta de inversión en estas áreas.
La incapacidad de la infraestructura de transmisión y de reserva destacó en mayo de 2024, cuando las elevadas temperaturas y olas de calor a nivel nacional derivaron en un uso intensivo de los aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración, ocasionando apagones que se extendieron hasta por cuatro días en diversos estados. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró entonces un Estado Operativo de Emergencia, ya que la demanda llegó a 50.000 megavatios.
Una realidad constante
No sólo De la Cruz, de Juchitán, sufre los apagones o los altos costos en el recibo de luz. “Es un problema de que las líneas ya están saturadas, he visto que en los viajes más recientes que he hecho, la gente usa mucho MiniSplit (aire acondicionado), entonces, ha aumentado el consumo (eléctrico). Hablando con mis papás, los apagones son más recurrentes. Cuando vienen las olas de calor aumenta el consumo, la línea se carga y hay apagones que a veces duran más de 12 horas. Se les va en la noche y se regresa hasta el mediodía del día siguiente”, cuenta Alberto Montes, originario de la ciudad de Santo Domingo, Tehuantepec, igualmente en Oaxaca.
Montes migró a la Ciudad de México para terminar sus estudios en electrónica y apoya a su familia pagando algunos servicios, como los recibos de luz, que aumentan si utilizan aparatos que requieren un mayor voltaje. Relata que no cuenta con un almacenamiento de energía, de modo que dependen totalmente de la CFE. Por ello contratan una línea normal que les provee de 110 voltios y otra de 220, pero si ocurre un apagón, ambas líneas se suspenden. En general, los recibos bimestrales llegaban con un costo de 500 pesos (24,88 dólares), pero recientemente ya son de más de mil pesos (alrededor de 64 dólares).
“La idea de mi papá es que tal vez pagando 220 voltios más, se quedan menos tiempo sin luz, pero le digo que no funciona así, cuando se va, se va toda la energía”, explica.
Para el IMCO, la forma más eficiente de solucionar estos apagones reside en “contar con un margen de reserva de generación eléctrica amplio, acompañado de una gestión eficiente de las redes”.
Casi 90% de los proyectos de transmisión están parados
“Entre 2015 y 2022 la Secretaría de Energía (SENER) instruyó la creación de 232 proyectos de transmisión, pero al cierre de 2022 solo nueve entraban en operación y 14 estaban en construcción, lo cual nos da una dimensión de que a la fecha todavía hay un 90% de los proyectos prospectados sin iniciar”, comenta Wagner, quien también es miembro del Consejo Directivo de Sostenibilidad Global AC.
Wagner habla de 2022, pero a la fecha el panorama no ha cambiado demasiado, ya que según el informe de labores de SENER de septiembre de 2024, se tienen 100 proyectos de ampliación, modernización y de refuerzo de la Red Nacional de Transmisión (RNT). De ellos, 18 se concluyeron, 51 se encuentran en construcción, 8 bajo proceso de concurso, y 7 están por concursar para su potencial contratación. En tanto, 16 están siendo estudiados y, finalmente, destaca un proyecto también en concurso: la “Línea de Transmisión Huasteca – Monterrey”.
Los avances son marginales, pues solo se han construido 290 kilómetros de líneas de transmisión, lo que representa apenas el 1,77% (1.469,46 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 73.062.432,88 dólares) de la inversión total proyectada que asciende a 82,978.89 millones de pesos (4.129.743.184,85 dólares), según el informe de la SENER.
Dicha construcción pertenece a lo que se considera uno de los parques solares más grandes de América Latina, Puerto Peñasco, que va de la subestación de la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado hacia las subestaciones Golfo de Santa Clara y Cucapáh en Baja California.
Por otro lado, si se hace la sumatoria con base en las cifras del informe, sobraría un proyecto, resultando 101 en total, con 83 proyectos inactivos y 18 concluidos. Por lo que, al hacer cuentas propias, 83,83% de estos prospectos están detenidos. Respecto a lo dicho por Wagner, se podría concluir que el avance de México en la mejora de la infraestructura de transmisión es de 6,17% de 2022 a 2024.
Pensando en soluciones
Para Wagner, es necesario que se lleve a cabo un programa intensivo, tanto de mediano y largo plazo, para redes inteligentes y dispositivos de electrónica de potencia. La experta destaca la importancia de realizar un mantenimiento adecuado y el reforzamiento de los dos sistemas, tanto de la red física como digital, para poder ir incorporando mayor capacidad a la red conforme aumente la demanda.
La integración de la energía eólica y de cualquier fuente renovable añade una capa de complejidad: la intermitencia, es decir, la variabilidad en su generación debido a factores naturales, en este caso la ausencia de viento. No obstante, “sí es posible seguir integrando energía eólica o solar al sistema eléctrico”, afirma la abogada. Se puede agregar almacenamiento con baterías que sean un refuerzo para este tipo de energías o, inclusive, considerar a los autos eléctricos como baterías, añade la experta.
Para Ocampo es necesario, además, gestionar los retos de paso, ya que las líneas de transmisión pasan por terrenos de todo tipo: privados, ejidales, públicos y áreas naturales. Otro aspecto importante es la inversión. Según estimaciones de la CFE, añade Ocampo, “entre 2023 y 2028 se tendrían que invertir más o menos 129 mil millones de pesos para modernizar y expandir la red de transmisión”.
Sobre esa línea el IMCO analizó las inversiones ejercidas entre 2013 y 2023 en infraestructura de transmisión y observó que la subinversión en infraestructura de transmisión eléctrica ha sido una constante e identificó que los montos ejercidos distan mucho de los objetivos de inversión del mecanismo de planeación para 2023-2028 de la CFE.
“La propia CFE reconoce que de 2023 en adelante requiere 84 mil millones de pesos para ejecutar 57 proyectos relacionados al mantenimiento de líneas de transmisión, subestaciones de potencia, adquisición de equipo de cómputo y rehabilitación de edificios y talleres, así como 150 proyectos instruidos por la Secretaría de Energía en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen)”, se explica en el estudio.
Esto se vincula a un contexto presupuestal de austeridad propio de los últimos dos sexenios. “Así es que entre lo que se estima necesario, lo que hay —se está presupuestando— y lo que de hecho se ejerce, hay un mundo de diferencia”, señala Ocampo.
Gobernanza y transparencia
De la Cruz, por su parte, como regidora de Energía en el ayuntamiento de Juchitán entre 2017 y 2018, pudo ver que en el trasfondo se encuentra la falta de una gobernanza sólida, cuya voluntad exija el cumplimiento de los compromisos de las empresas que conforman los proyectos eólicos. Por ejemplo, compañías como Eólica del Sur, Gamesa, EDF, entre otras.
Para ella, dichas empresas argumentan haber cumplido con sus cuotas sociales, al destinar un “porcentaje excesivo de impuestos” a la reparación de carreteras, algún alcantarillado, luminaria, escuela u organización benéfica. No obstante, no lo han hecho en la cuestión eléctrica.
De ahí que De la Cruz cuestiona la transparencia en la gestión de recursos, pues los impuestos pagados por las empresas “no son un recurso auditable” y “el municipio tiene la libertad completa de designar el dinero a donde quiera”.
A pesar de los inconvenientes con los parques eólicos, De la Cruz asegura que no cambiaría su postura frente a la instalación de estos proyectos. Si bien no han resultado como esperaba, el impacto económico de los parques es innegable. Aunque al principio los empleos más importantes eran ocupados por personal extranjero, en tanto la mano de obra era local, gradualmente, se fue empleando a las personas locales con preparación en puestos relevantes.
Para De la Cruz una forma de solucionar este panorama es con transparencia. Sugiere una asamblea informativa como se hizo al inicio durante la aprobación. “Hay muchos sectores que están más informados que el municipio o el ayuntamiento, y pudieran orientar para llevar a cabo esta aplicación de beneficios y que de verdad impacte en nuestra comunidad”. Además, considera que la modernización de las redes podría aliviar los apagones y mejorar la calidad de vida de los residentes.
