¿Será cierta esa frase mexicana de que sale más cara la cura que la enfermedad?
A pesar de los beneficios ambientales de la energía eólica, como la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), su expansión en México también conlleva impactos en términos de biodiversidad. En Chiapas, el Parque Eólico San Jacinto ilustra los impactos negativos que afectan la supervivencia de murciélagos y aves. Investigadores señalan que la regulación ambiental es sólida, pero una aplicación deficiente, la fragmentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la falta de supervisión efectiva agravan la situación. De todas formas, la mitigación de daños es posible a través de distintas medidas.
En el caso de la ciudad de Arriaga, en medio del sur cálido y húmedo de México, los aires corren a una velocidad media de 7 metros por segundo, por lo que se han producido 49 megavatios de energía eólica en 2024. Allí están instalados dos parques eólicos onshore: Arriaga y San Jacinto. Sin embargo, en este último existe registro de afectación a la avifauna, asegura el Dr. Jordán Orantes Alborez, investigador con amplia experiencia en sustentabilidad y ecología aplicada.
Para Orantes la instalación de parques eólicos transforma profundamente los ecosistemas locales. “Cuando se instala un desarrollo eólico, abruptamente cambia ese paisaje en términos de la pérdida de la cobertura vegetal y el impacto al suelo, y, al hablar del suelo, hablamos de ríos, arroyos y pozos. Este ecosistema sufre una alteración integral”.
Vista del circuito de aerogeneradores de San Jacinto, Arriaga, Chiapas. Foto: Google Maps
Calidad del aire en la zona de San Jacinto, Arriaga, Chiapas. Foto: Google Maps 2025
Parque Eólico San Jacinto, ubicado en Arriaga, Chiapas, México. Foto: Geomex
Voladores nocturnos mueren entre aspas
Una de las perturbaciones que más preocupa es el impacto directo sobre las especies locales. De acuerdo con el estudio liderado por Mauricio Alejandro Espinosa, investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, su equipo identificó 11 especies de murciélagos afectadas por las turbinas en la zona. Cientos de miles mueren cada año en América del Norte a causa de las turbinas eólicas. En especial, los murciélagos canosos (Lasiurus cinereus), lo que puede reducir significativamente el tamaño de la población y aumentar el riesgo de extinción, asegura.
En ese sentido, Orantes comenta que las probabilidades de colisión crecen porque “en San Jacinto, hay quirópteros insectívoros que vuelan entre los 70 y 90 metros y las luces rojas de los aerogeneradores atraen insectos”. Además, la ecolocación de los murciélagos se ve comprometida por las aspas al generar confusión en su orientación. Además, la mayoría de las especies que mueren están adaptadas a buscar insectos en espacios abiertos, a gran altura y lejos de la vegetación, según una investigación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Los quirópteros mueren también electrocutados por las líneas de distribución. Pero el barotrauma es considerado por la comunidad científica como una de las principales causas de muerte en las turbinas. Como explica el Libro Blanco WREN Sobre Desarrollo Energético, “las palas de aerogeneradores que se mueven rápidamente crean zonas de variaciones de alta y baja presión a lo largo de las superficies de las palas. Si los murciélagos vuelan dentro de estas zonas, el cambio de presión repentino puede causar hemorragia interna, daño a los pulmones u otros órganos y daño al oído interno”.
Estos voladores nocturnos son muy importantes. Mantienen el equilibrio de los ecosistemas y se encargan de polinizar plantas, controlar plagas de forma natural y dispersar semillas en la producción agrícola. Tan solo en 2024 en México han polinizado al menos 500 especies de 96 géneros de plantas. Con ello, además, ayudan a regenerar bosques y su guano (excremento) es utilizado como fertilizante, detalla la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Zopilotes, los más perjudicados
Las aves que vuelan en la zona de barrido del rotor de la turbina pueden colisionar, sufrir lesiones graves o fallecer. En Canadá tienen registrada una tasa de mortalidad media anual de 8.2 aves por megavoltio, por turbina. Según la investigación de la IUCN, en Sudáfrica murieron el 30% de las aves registradas en los parques eólicos y sus alrededores, porcentaje que puede llegar al 42%.
En Arriaga, la abundancia de las aves incrementó en los alrededores del parque eólico San Jacinto. Orantes junto con su equipo elaboraron un estudio fuera del circuito del proyecto eólico —debido a que no obtuvieron el permiso de la empresa para hacerlo dentro—. Así identificaron que en ausencia de aerogeneradores permanecían 600 aves de 23 especies en el área circundante. Mientras que, en presencia de ellos aumentaron a 730 aves de un total de 42 especies. En otras palabras, las aves se alejan del parque eólico para establecerse en otras zonas.
Además, dos tipos de zopilotes de la región resultan más afectados: el aura (Cathartes aura) y el común (Coragyps atratus), principalmente por no tener dónde perchar (posarse), así como por la disminución de su visibilidad y maniobra por el efecto sombra, el cual depende de la altura de vuelo de las aves, y la posición que tenga el sol con respecto al aerogenerador que, al girar, los altera, provocando daños o colisiones. La sombra ocasiona vértigo en los humanos, por ello, prosigue Orantes, investigaciones sugieren que la permanencia máxima en la sombra sea de entre 22 y 30 minutos diarios. Sin embargo, “el rango máximo de horas de proyección se refleja en las cercanías, donde aves como Icterus gularis, Leptotila verreauxi, Columbina inca y Setophaga magnolia perchan la mayor parte del tiempo”.
Por otro lado, el ruido excesivo puede afectar la comunicación y comportamiento de aves y mamíferos sensibles a él. Según el artículo donde participó Orantes, hasta hoy no existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) que indique los decibeles permisibles que afectan a las especies, en este caso a las aves y quirópteros. No obstante, ello no significa que, al no contar con estos estándares, no haya un deterioro de la avifauna por esta causa.
Murciélago Rayado Mayor (Saccopteryx bilineata). Foto:Jose G. Martinez Fonseca_iNaturalistMX
Urraca cara blanca (Calocitta formosa). Foto: Dominik Hofer_iNaturalistMX
Zopilote Aura (Cathartes aura). Foto Seig iNaturalistMX
La posibilidad de que los aerogeneradores causen barotraumatismoen murciélagos. Figura de la IUCN
Marco jurídico sólido, pero…
Aunque el desarrollo de la energía eólica en México avanza bajo un marco normativo amplio, calificado por algunos como sólido, aún hay desafíos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es la encargada de la mitigación de daños ambientales por parte de las empresas y de exigir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para evaluar los efectos que las obras y actividades pueden tener sobre el medio ambiente, y así prevenir, mitigar y restaurar los daños. De modo que es un requisito previo para obtener las autorizaciones necesarias.
Sin embargo, para Carlos Asunsolo Morales, gerente de Investigación y Política Pública en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la narrativa pública suele otorgar a las energías renovables una “legitimidad verde” que opaca sus impactos. Se presentan como una solución a la crisis climática, pero pocas veces se visibilizan los impactos que causan. Un ejemplo de esto es la práctica de fragmentar las MIA.
El experto que ha litigado casos para proteger a las personas y al patrimonio natural, a través de CEMDA, indica que, en lugar de presentar un análisis integral de los efectos de todo el proyecto, las empresas dividen estas evaluaciones en fases o componentes más pequeños, minimizando así los impactos aparentes. Aunque esta práctica es ilegal según los estándares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sigue ocurriendo. Tampoco existe una política pública que defina realmente cómo estos proyectos podrían tener el mínimo impacto.
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Según la LGEEPA, en caso de causar daños al medio ambiente, las empresas son responsables de la reparación o restauración de los ecosistemas afectados. Esto incluye acciones para devolver los hábitats a su estado original mediante tratamientos o remediaciones. Si no se realizan hay sanciones tanto administrativas como penales. Asimismo, deben implementar medidas preventivas para evitar daños ambientales antes de iniciar sus operaciones, lo cual es parte del proceso de evaluación y autorización.
Además, existe la Ley General de Vida Silvestre que promueve la conservación a largo plazo de las especies. Por ello, establece un sistema de permisos y colaboración entre diferentes niveles de gobierno para implementar políticas públicas. No obstante, de acuerdo con un estudio, se enfoca más en regular la comercialización de especies que en la protección de estas. Para ello se encuentra la regulación técnica NOM-59, la cual reglamenta la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat, al establecer categorías de riesgos para ciertas especies.
Sin embargo, la brecha entre lo que está en el papel y lo que ocurre en la práctica es enorme. Aunque existen estas regulaciones, muchas veces no se activan de manera oportuna. Las empresas avanzan, los proyectos se instalan y, cuando se quieren corregir los daños, ya es demasiado tarde. Esta situación se agrava en un contexto de capacidades limitadas en las instituciones encargadas de la supervisión ambiental, asegura Asunsolo. La Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) enfrentan reducciones presupuestarias constantes y falta de personal, lo que les impide garantizar la aplicación efectiva de la ley, agrega.
Sistema de monitoreo y marcas de color en aerogeneradores
Shirley Wagner, especialista en energía, asegura que, para evitar la afectación en las aves, algunos aerogeneradores tienen una franja roja en las palas, de modo que cuando éstas giran se alcanza a ver el color y un círculo que se forma con el movimiento. “Puede ser que esté girando tan rápido que las aves no lo ven y por eso intentan pasar por ahí, y es como si entraran en una licuadora, y con ese círculo rojo entonces pueden desviar el rumbo”.
Wagner también asegura que sí hay un cumplimiento puntual de la regulación por parte de las empresas eólicas a través de la MIA. “Los permisos ambientales requieren que tengas un equipo directo que esté monitoreando el paso de las aves, con lo cual sí se puede programar la disminución de la velocidad de las aspas cuando hay aves que vienen, por ejemplo, de Canadá bajando a México en algunos periodos. Hay un paro de actividades, literal, para que no las afecte”.
Las empresas tienen que demostrar qué están haciendo ante la Semarnat y otras autoridades. “Realmente se busca que la operación de los parques eólicos tenga un control adecuado. Sobre todo, en prevención y mitigación”. Y si se perjudica a la flora y fauna la empresa tiene que buscar medidas de compensación, por ejemplo, la reubicación de especies. Para ello hay una persona empleada que se encarga de protegerlos o reubicarlos. Se presentan reportes ante las autoridades ambientales, las que, además, hacen auditorías, así como un análisis exhaustivo muy estricto, añade.
Al respecto, Irene Arranz, miembro del Comité de Expertas de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), señala que los aerogeneradores están equipados con unos sistemas de monitorización que detectan cuando el ave está acercándose al aerogenerador. “Lo que hacen es parar o reducir la velocidad para evitar que el ave impacte en las palas”. Eso sí es una realidad, todos los aerogeneradores del mercado traen este tipo de dispositivos, explica.
Transparencia, un obstáculo opaco
La transparencia debería ser una piedra angular en el desarrollo de estos proyectos, pero la realidad dista mucho de ser ideal. Tanto empresas como autoridades gubernamentales suelen dificultar el acceso a la información sobre los impactos ambientales. En el caso del Parque Eólico San Jacinto, en Arriaga, Chiapas, Karla Guadalupe Salazar Solís, investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, resalta que la falta de consulta a la comunidad, de comunicación y de acceso a la MIA, les ha dificultado exigir responsabilidades a las empresas.
Sólo las personas propietarias de los terrenos donde se implementa el proyecto fueron llamadas a una negociación. Aparte del pago por el arrendamiento de tierras, no obtienen ningún beneficio social, económico, cultural o de participación ciudadana. Al contrario, la comunidad que vive cerca del proyecto se queja del “descenso y cambios en el sabor del agua de los pozos, daños a la salud, migrañas y dolores de oído ocasionados por los ruidos permanentes de los aerogeneradores, además de retrocesos sociales y económicos en la región”, asegura Salazar.
Por otro lado, recientemente se presentaron las leyes secundarias del Plan Nacional de Energía, que conlleva la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener) será el principal regulador en materia energética; y dará parte del visto bueno de proyectos eólicos como el de San Jacinto. Por lo tanto, más adelante se verá qué tanto permite toda la estructura de gobierno la transparencia, en un contexto donde el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) pasó de ser un órgano autónomo a formar parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo el nombre de Transparencia para el pueblo.
¿Cómo avanzar sin destruir?
“La transición energética es indispensable, pero no podemos avanzar a costa de nuestra biodiversidad ni de los derechos de las comunidades. Es posible encontrar un equilibrio, pero para ello necesitamos un marco regulatorio que no solo sea sólido en papel, sino también en su aplicación”, explica Asunsolo.
Asimismo, Orantes se dice a favor del progreso, pero observa un panorama constante donde, en términos generales, se privilegian los intereses económicos por encima de los medioambientales y sociales. Para él, es importante construir un diálogo: “Sí a las energías renovables, pero busquemos estrategias, metodologías. Tal vez eso signifique reducir ganancias económicas, pero vamos a tener ganancias más importantes para el planeta, que es guardar hasta donde sea posible los equilibrios de los ecosistemas”.
La mitigación
A través de los vientos, se produjeron 7.413 megavatios en México, lo cual representa el 8.26% de la capacidad instalada en 2024. Así, se evitó la emisión de 9 millones de toneladas de CO2e. Ante un cambio climático exorbitante, se hace urgente que la mitigación se ponga en acción. Los científicos de la IUCN, en su estudio, identifican estrategias esenciales para mitigar los impactos ambientales de los proyectos eólicos onshore.
En la fase de diseño, se prioriza la evitación de hábitats sensibles, ajustando la ubicación de infraestructura y soterrando líneas eléctricas para prevenir colisiones con fauna. Durante la construcción, se propone programar actividades fuera de períodos críticos de reproducción y aplicar controles de reducción, como cercas de exclusión y revegetación con especies autóctonas. En la operación, las acciones se centran en minimizar riesgos de colisión como el apagado a demanda o el uso de desviadores de vuelo en líneas de transmisión. O bien, restricciones de movimientos vehiculares en zonas de alta sensibilidad ecológica.
A lo largo de la fase de desmantelar proyectos, se recomienda restaurar los ecosistemas perturbados y considerar, cuando sea viable, dejar infraestructura que beneficie a la fauna local. Este enfoque subraya que con una planificación cuidadosa, es posible impulsar la transición energética y, a la par, respetar la biodiversidad, así como promover un desarrollo verdaderamente sostenible.
La supervisión ambiental
Asunsolo, por su parte, agrega tres ejes fundamentales para mejorar la supervisión ambiental en México. Primero, fortalecer la capacidad institucional, dotando a las autoridades de más recursos, personal capacitado y autonomía para supervisar eficazmente los proyectos. Segundo, aumentar la transparencia, al garantizar que las empresas fomenten la participación de las comunidades afectadas desde el inicio. Por último, implementar medidas preventivas sólidas, con evaluaciones de impacto ambiental integrales. Además, las medidas de compensación y restauración ecológica deben ser claras, viables y obligatorias. Todo ello alineado a estándares internacionales.
Y… ¿sí sale más cara la cura que la enfermedad?
La misma investigación de la IUCN dice que las energías renovables representan una amenaza menor respecto a la generación de energía a partir de combustibles fósiles. Tan sólo en México las emisiones que se evitaron al año equivalen “a sacar 2.2 millones de automóviles de circulación”. Pero, las voces de este reportaje revelan que, si no se moderan los impactos medioambientales y se promueve una transición realmente justa, el equilibrio de los ecosistemas seguirá en juego.
