La Asociación de Autoridades Indígenas, Aticoya, está conformada por los pueblos de las etnias Ticuna, Cocama y Yagua, en el Amazonas colombiano y fue fundada en 1989. Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2017, esta asociación indígena desarrolló junto a la empresa global South Pole Asset Management un proyecto REDD+, llamado Ticoya, que buscaba reducir 2.263.951 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) en 131.531,7 hectáreas de bosque en la selva de Puerto Nariño y Leticia.
Esta iniciativa estaba proyectada a 20 años y entre sus objetivos, además de preservar el bosque amazónico para reducir las emisiones de C02, también estaban promover el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la gobernanza y mejorar las condiciones de vida de 22 comunidades indígenas de las etnias Ticuna, Cocama y Yagua, a través de ingresos generados por la conservación y protección de estos bosques.
Sin embargo, a pesar de las expectativas de la comunidad y de que se esperaba que el proyecto terminaría en 2030, la asociación de pueblos indígenas Aticoya decidió finalizar el acuerdo con la empresa South Pole en diciembre de 2017 porque, según los testimonios de varios pobladores, hubo varias inconsistencias con el pago de los recursos generados por la venta de bonos de carbono.
“Los recursos no han sido los suficientes para impactar y para invertir en el resguardo Ticuna, Cocama y Yagua. Esos recursos no se veían reflejados en los sectores donde se pensaba ejecutar en el resguardo”, contó Aleksis Damancio, secretario de Aticoya.
Una mirada crítica a los bonos de carbono y proyectos REDD+
Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se compran y se venden bonos o créditos de carbono. Cada uno de estos bonos representa una tonelada de CO2 o la cantidad equivalente de otros gases de efecto invernadero que se dejaron de emitir hacia la atmósfera, que se capturaron o se evitaron para frenar la contaminación por estos gases. Esta es una forma de descontaminación del planeta que nació con el Protocolo de Kioto, el cual se acordó en 1997 con el fin de reducir los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
Hay muchos tipos de proyectos para vender o comprar bonos de carbono, pero los que más relación tienen con la Amazonía colombiana son los REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación, Degradación de los bosques y otras actividades), ya que este tipo de proyectos tienen como objetivo preservar los bosques como medida de captura de gases de efecto invernadero. En estos, se entiende que una hectárea de bosque tropical denso puede capturar entre 100 y 200 toneladas de carbono.
En Colombia, este tipo de proyectos han generado dificultades para muchas comunidades, especialmente indígenas. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que la Corte Constitucional, el máximo tribunal constitucional del país, haya sentenciado en 2024 a favor de una comunidad indígena amazónica que denunció que un grupo de empresas había violado derechos fundamentales para adelantar un proyecto de bonos de carbono en el territorio Pirá Paraná.
Según Sebastián Lema, director de financiamiento climático y mercados de carbono del Centro para la Política de Aire Limpio (CCAP), “el fallo ordena al Ministerio de Medio Ambiente que haga acompañamiento a las comunidades indígenas que quieran hacer el desarrollo de este tipo de proyectos”.
Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó un proyecto de decreto que busca regular en Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, y allí establece un rol más activo de las instituciones del Estado para regular este mercado, así como las limitaciones a proyectos que involucren cambios del uso del suelo, como ocurre con los proyectos REDD+.
Sin embargo, las críticas a este tipo de iniciativas van más allá. Linda González coordina el Área Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva y dirigió una investigación que busca mapear y explicar la compleja red que existe en los mercados de carbono. Para ella, una de las principales conclusiones de sus investigaciones es que no hay lugar en Colombia donde se hayan desarrollado proyectos REDD + y no hayan problemas sociales asociados a estos.
“Sobre todo a nivel interno del tejido social de las comunidades indígenas, porque se suelen consultar a los hombres, se suelen consultar a los líderes, o que tienen negocio, o que reciben una plata, o que con un grupo pequeño de personas van a una reunión que validan ya como consulta previa, y eso acaba siendo la firma del contrato”, apuntó González.
Además, agregó que este tipo de prácticas se agravan en casos donde han ocurrido violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno que aún vive el país desde principios de la década de 1960.
La complejidad de este mercado de carbono es que pone en el centro a los resguardos indígenas, debido a la extensión y titulación de sus tierras, pero los tecnicismos del mercado, así como la volatilidad del valor de los bonos, generan confusión en las comunidades. Varias de estas dificultades son lecciones que hoy han aprendido en Aticoya.
Un proyecto REDD+ condenado al fracaso
Gabriel Cabrera es el presidente de Aticoya y una de las personas que más desilusión acumuló en los años en que se ejecutó el proyecto Ticoya. Él contó que durante estos años, la desconfianza fue creciendo poco a poco: “Nosotros veíamos que legalmente en los comprobantes de pagos o de las ventas de carbono se vendía un gran volumen de bonos a través de la empresa South Pole, pero los recursos económicos fueron muy mínimos para la comunidad”.
A esto, el secretario Damancio agregó que “el primer acuerdo no fue muy claro, prácticamente el pueblo no entendió, no comprendió y luego se hizo parte del proyecto para luego ajustar esos acuerdos que se realizaron con South Pole como aliado”. No obstante, luego de la reanudación, tampoco hubo claridad, según Damancio.
Una de las entidades del Estado que tenía la responsabilidad de hacer seguimiento a este proyecto es Corpoamazonia, la autoridad ambiental regional en esa zona del país. Sin embargo, a la fecha de publicación de esta historia no ha respondido a las preguntas que enviamos vía derecho de petición.
Por esa y otras razones las desconfianzas siguieron creciendo debido a la falta de transparencia por parte de la empresa y finalmente, en el año 2017, el Resguardo Ticuna, Cocama y Yagua, a través de una reunión con sus 22 Curacas, como se les llama a los jefes de la comunidad; decidió poner fin al proyecto.
Las lecciones aprendidas por esta comunidad
Una de las principales lecciones que aprendió esta comunidad luego de los siete años es la necesidad de contar con acompañamiento constante y cualificado por parte del Estado, ya que muchas veces no comprenden los documentos que están firmando.
Eso llevó a Damancio a concluir que este tipo de proyectos REDD+, “antes de ser ejecutados en los territorios indígenas, deberían ser construidos con un criterio diferencial, con un criterio indígena, liderado por las mismas comunidades para que sea un proyecto amigable o que realmente trascienda y llegue a los abuelos, a los jóvenes, a las mujeres, y de que todos estén informados de cómo va a ser la ejecución de esos proyectos”.
Otros pobladores consultados para este artículo que no quisieron que sus voces fueran grabadas ni sus nombres mencionados, también dijeron que no le recomendarían a otros pueblos indígenas firmar acuerdos de este tipo, a menos de que haya una preparación profunda para saber con cierta conciencia qué es lo que se está acordando.
Afirmaciones de este tipo dejan una mala imagen de este tipo de iniciativas de mitigación de la crisis climática que, como dicen algunos pobladores de Puerto Nariño, Amazonas, parecieran estar más orientadas a generar riqueza para las empresas, que a cuidar de la selva amazónica. En este caso, la palabra Moeechi –que significa, “gracias” en lengua tikuna– se quedó guardada en el corazón de la comunidad.
