Sumar una mayor cantidad de electricidad producida por energía solar y eólica, incluso con hidrógeno verde, es un proceso que no solo requiere de inversiones sino también de un marco legal que está muy retrasado en Venezuela. Hasta el momento, este país caribeño no cuenta con una norma que trace la ruta para regular la adopción de las energías verdes.
La Asamblea Nacional ahora debate la implementación de incentivos fiscales para acelerar la transición energética en las industrias y comercios. Entre los temas en discusión están también la fijación de aranceles para la importación de tecnología en energías renovables y la regulación de la conexión a la red eléctrica central para aquellos que deseen vender el excedente de electricidad generada a través de fuentes como la solar o la eólica.
“La legislación venezolana no nos ampara la autogeneración eléctrica. Eso está en construcción actualmente. Esta clase de legislaciones fueron claves en los Estados Unidos y España para impulsar el uso de los paneles solares en los hogares. Cada país desde sus leyes tiene que regular el porcentaje de autogeneración”, apuntó Luis Ramírez, doctor en ciencias y energías alternativas y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), en entrevista para Climate Tracker.
Ramírez es también uno de los ingenieros que fueron convocados para participar en la primera consulta pública del proyecto legislativo más emblemático para la transición energética en Venezuela: la Ley Orgánica de Energías Renovables y Alternativas.
La Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y a cargo de este marco legal de las energías verdes, comenzó a evaluar el proyecto en el año 2021. Dos años después, esta ley todavía es como un proyecto en discusión en el país caribeño.
Dos años de debate, dos consultas públicas
El primer nombre del proyecto fue “Ley Orgánica de Energías Renovables No Convencionales” cuando se habló de la propuesta en julio de 2021. El texto inicial fue entregado por la diputada del Psuv Blanca Rodríguez e integrante de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, como una opción para atender el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional.
La propuesta fue remitida para una discusión preliminar en la subcomisión de Electricidad y Energías Limpias. Allí, estuvo hasta el 10 de diciembre de 2021, cuando finalmente fue admitido como un anteproyecto legislativo de la Comisión de Energía y Petróleo bajo el nombre de “Ley Orgánica de Energías Renovables y Alternativas”.
En aquellos días, la diputada Sony Sánchez, integrante de esta comisión parlamentaria, expresó que este proyecto de ley buscaba escuchar las necesidades de las regiones en cuanto al servicio eléctrico.
“Debemos atender la demanda real de las personas, hay ciudades en el país que viven el racionamiento eléctrico y las consecuencias son fuertes (…) Este proyecto va a servir para dar respuesta a la gente, a través de la incorporación y utilización de la energía solar”, aseguró la parlamentaria, en medio de su participación en el programa “Ecovoces”, transmitido por la radio oficial Yvke Mundial
Las fallas eléctricas son una constante en Venezuela. Al menos, cinco fallas o intermitencias diarias reportan los venezolanos a nivel nacional, de acuerdo con el Monitoreo de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad más reciente. Esta medición independiente se nutre de una encuesta online y el monitoreo de medios de comunicación y tres redes sociales.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos —una organización no gubernamental que monitorea la electricidad, el agua y el Internet en Venezuela—reportó también que los apagones eléctricos y las intermitencias aumentaron 50% durante el segundo y tercer trimestre de este año.
La generación eléctrica con paneles solares y parques eólicos es una de las soluciones propuestas para atender estas fallas eléctricas. La meta venezolana era, por ejemplo, incorporar 3,8 gigavatios por hora (GWh) de electricidad producida con paneles fotovoltaicos entre 2021 y 2030, de acuerdo con la actualización a las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) presentada en el año 2021.
Este proyecto legislativo pudiera suponer un impulso, como una hoja de ruta, para la adopción de estas vías de generación eléctrica con energías verdes tanto por parte de particulares como de las industrias y el comercio. Sin embargo, su texto todavía no tiene una fecha marcada para su primera discusión ante la plenaria de la Asamblea Nacional.
El texto preliminar de esta ley tuvo varias fases de consulta pública. Primero, se abrió a los comentarios de representantes de 12 ministerios públicos. En noviembre del año pasado, la Comisión de Energía y Petróleo abrió un registro para que los investigadores del sector universitario y académico y la empresa privada pudieran conocer el articulado y expresar sus observaciones.
Luego, desde comienzos de este 2023 se hicieron varios eventos abiertos en estados como Miranda y otras regiones del país para recoger opiniones de las comunidades locales. Tras estas consultas abiertas, la Comisión de Energía y Petróleo aprobó el proyecto sobre las energías verdes y lo remitió a la
plenaria del Poder Legislativo.
“La ley cumplió con todos los requisitos para pasar a su primera discusión, tanto con los aspectos jurídicos como económicos. Se está en espera de que la directiva de la Asamblea Nacional establezca la fecha para su debate en la plenaria”, detalló Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, a inicios de agosto pasado.
Climate Tracker buscó a algunos integrantes de esta comisión parlamentaria para conocer si manejan una fecha tentativa para la primera discusión del proyecto legislativo y los diputados consultados refirieron que la palabra final la tiene ahora la directiva de la Asamblea Nacional. Su presidente, Jorge Rodríguez, es uno de los diputados que se mostró de acuerdo con el uso de las energías verdes y se trata de uno de los líderes políticos centrales en la administración de Nicolás Maduro.
La Agenda Legislativa para este 2023, sin embargo, no tiene referencia alguna a proyectos asociados con la transición energética. Entre las 28 leyes presentadas como propuestas a inicios del año, no estaba la Ley Orgánica de Energías Renovables y Alternativas, ni tampoco otra central como Ley Orgánica contra el Cambio Climático.
Rol protagónico del Estado
Las energías verdes consagradas en el proyecto legislativo incluyen a las fuentes solar, eólica, hidráulica, geotérmica, hidrógeno verde, biomasa, mareomotriz y undimotriz, como se establece en el artículo 6.
El elemento central de la ley es “promover, impulsar y regular” estas energías renovables como reza el artículo 1 del texto preliminar. Sin embargo, los expertos consultados por Climate Tracker critican que en el resto de los artículos casi todo queda en manos del Estado venezolano, en lugar de promover más la inversión privada, tanto de empresas como de usuarios particulares.
“Es un proyecto muy estatista. Tenemos que abrirnos al sector privado. El Estado solo debe regular. En el proyecto que yo leí, por ejemplo, no aparecen las reglas para el autogenerador per se, el prosumer (el consumidor que colabora en la creación de servicios o productos). Si yo como ciudadano quiero generar mi propia electricidad, mi propia energía, yo no encuentro incentivos con ese marco legal”, explicó el ingeniero eléctrico y consultor en transición energética, Nelson Hernández, en entrevista para Climate Tracker.
El Ministerio de Energía Eléctrica —que dirige a las diferentes empresas eléctricas estatales en Venezuela— es nombrado también como el órgano rector de la producción con energías verdes.
A la responsabilidad de esta cartera eléctrica queda, por ejemplo, el diseño del llamado “Plan Nacional de Energías Renovables y Alternativas” y también el control completo del “Registro Nacional de Energías Renovables y Alternativas”, como quedó escrito en los artículos 20 y 29 del texto preliminar respectivamente.
Aquellas personas y empresas privadas que quieran desarrollar proyectos, actividades o servicios relacionados con las energías limpias tendrían que cumplir primero con este registro como paso obligatorio.
“La postura nacional de cambio climático parece haberse considerado solo como un elemento político. Se utiliza como un medio de confrontación, no como un medio de desarrollo para el país”, resaltó Álvarez, en entrevista con Climate Tracker.
Para el presidente de Cavener, la promulgación de esta ley sobre energías verdes puede suponer un cambio radical en el impulso de la transición energética en Venezuela. “Si lo hicieran hoy, nosotros tenemos la certeza que mañana hay gente interesada en poner dinero en las inversiones de esto”, resaltó Fernández.
Para otros expertos en la materia, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Energías Renovables y Alternativas apenas sería un primer paso. El consultor en transición energética Hernández, por ejemplo, defiende que la Asamblea Nacional también tendría que sacar adelante la Ley Orgánica de Cambio Climático y una Ley Integral de Energía, que son “dos leyes fundamentales para esta transición”.
Estas tres leyes mencionadas por el consultor Nelson Hernández son claves para marcar una ruta completa hacia la transición energética en Venezuela. Al final, la adopción de una mayor cantidad de energías verdes en Venezuela no se trata solo de una sustitución de las plantas termoeléctricas por paneles fotovoltaicos y generadores eólicos, sino que implica también crear un plan nacional sobre qué se necesita para mitigar los efectos del cambio climático en el país caribeño.
