El 2024 va en camino a convertirse en el año más caliente de la historia, según anunció la Organización Mundial de Meteorología, durante el segundo día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29). Mientras se presentaba el informe en Bakú, Azerbaiyán, en América Latina aún no se conocían estos datos, pero ya se sentían sus efectos: sequías históricas, incendios e inundaciones. Mientras la temperatura del planeta continúa en aumento, contar con los recursos necesarios para adaptarse a sus efectos se ha convertido en una urgencia para la región.
A lo largo de la historia de las negociaciones climáticas, la adaptación ha sido un tema secundario a la mitigación, que son los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar el aumento de la temperatura global. Pero con el contexto actual, en el cual queda claro que será necesario lidiar con los problemas que ya están en curso a causa de los cambios en el clima, la adaptación ha ganando espacio en las discusiones.
A pesar de eso, el financiamiento para la adaptación climática aún es una deuda pendiente.
Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se estima que alrededor del 90% de las finanzas climáticas se destinan a la lucha contra el cambio climático y solo un 10% va hacia la reducción de las vulnerabilidades y el incremento de la resiliencia. La COP29 podría cambiar esta situación.
“A menos que las emisiones caigan en picado y la adaptación se dispare, todas las economías se enfrentarán a una furia mucho mayor”, decía Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, durante la ceremonia de inauguración del Climate Action Summit, que tuvo lugar en los primeros días de la COP29. En la conferencia de este año, conocida como “la COP del financiamiento”, se definirá un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG por sus siglas en inglés), que se refiere a un monto que debe ser transferido por los países desarrollados a los países en desarrollo para que los países más vulnerables puedan cumplir sus metas climáticas y evitar que la temperatura supere los 1,5°C a finales de este siglo.
Además de las discusiones en torno a la cifra, los aportantes y las formas en las que se va a entregar el dinero, también se está evaluando el rol de la adaptación en este objetivo. Hay quienes defienden un porcentaje específico para este fin, otros consideran que hay que incluirla de forma general y en algunas opciones del texto provisional incluso no se la menciona.
“La pelea realmente grande, que mira de una manera más holística la adaptación, se va a dar en la nueva meta de financiamiento”, dice Alejandra López Carvajal, directora de diplomacia climática en Transforma, un centro de pensamiento latinoamericano. En esta COP29 el tema más álgido es la negociación en torno a alcanzar los acuerdos para un NCQG o nuevo objetivo que permita a los países en vías de desarrollo obtener los recursos para cumplir sus metas climáticas. La adaptación no se escapa de estas discusiones.
Todavía no se conoce cómo entrará este tema y las opciones son múltiples. Las alternativas van desde no mencionarlo específicamente hasta aclarar el porcentaje que se necesita. Otra alternativa que se menciona en este texto también señala que en total las necesidades financieras de los países en desarrollo ascienden a USD 6.8 billones hasta el año 2030 y se detalla que para la adaptación la cifra está entre USD 215.000 millones y USD 387.000 millones.
Financiamiento para la adaptación: un pendiente histórico
Las promesas de aumentar el Fondo de Adaptación, crear los Planes Nacionales de Adaptación y definir los indicadores del Objetivo Global de Adaptación (GGA) son otras piezas del rompecabezas, que también se están discutiendo en los pasillos y en las salas de reuniones del estadio olímpico de Bakú, sede de la COP29. Los más optimistas apuestan a que este evento marque el inicio de la ruta hacia una COP30 -en Belém, Brasil- que tenga a la adaptación como su protagonista. Sin embargo, al cierre de la primera semana del evento la discusión sigue estancada.
Según el último Informe sobre la Brecha de Adaptación 2024, “las naciones deben aumentar drásticamente los esfuerzos de adaptación climática, comenzando con el compromiso de actuar en materia financiera”.
El documento, que se presentó la semana antes del inicio de la COP29, muestra que la brecha entre lo que se está destinando y lo que se necesita para estos fines está entre USD 187.000 millones y USD 359.000 millones cada año. Para América Latina y el Caribe se estima que se necesitan USD 51.000 millones entre 2021 y 2030.
Andrés Mogro, gerente regional del Programa de Clima en Fundación Avina, explica que la falta de recursos para la adaptación se debe a que esta temática ha sido vista como un problema y una solución local.
“No todos necesitamos adaptarnos de la misma manera y en la misma proporción. Los países están más dispuestos a cooperar en algo que va a beneficiar a todos los involucrados y no a aquellos que necesitan más de esa adaptación”, dice. Ese es el caso de la mitigación, ya que se considera que la reducción de gases de efecto invernadero en una parte del mundo tendrá un impacto en todo el planeta.
Desde el inicio de las conversaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la mitigación ha estado en el centro de la acción climática. Mogro explica que esto fue evidente durante los primeros 10 años de la Convención, mientras que, desde la segunda década, la adaptación tomó más relevancia con el Plan de Acción de Bali de la COP13. En este se propuso intensificar las acciones para apoyar la resiliencia y reducir los riesgos.
Para López, la adaptación ahora es una de las prioridades más grandes de los países en desarrollo, ya que los impactos del cambio climático continúan incrementando. Uno de los puntos cruciales, dice, surgió hace tres años en Glasgow, durante la COP26, donde los países desarrollados acordaron duplicar el financiamiento a los países en vías de desarrollo para la adaptación hasta 2025.
En esta COP29, tuvieron que presentar un reporte sobre el cumplimiento de este compromiso hasta el momento. Según el documento, el financiamiento público pasó de USD 19.000 millones, que era la base en 2019, a USD 28.900 millones en 2022. África y Asia recibieron el 39% y 37% del total destinado en esos tres años, seguidos por América Latina y el Caribe con una cifra mucho menor, el 13%.
Los países desarrollados confían, con base en estos resultados, que llegarán a la meta el próximo año. Sin embargo, para López, no solo se trata de duplicar, “sino realmente entender las necesidades del mundo en desarrollo y por eso la petición es que el financiamiento para adaptación sea en forma de donaciones o grants”. En el 2022, la mayor parte de los recursos entregados a los países en vías de desarrollo fue en forma de préstamos.
Un objetivo clave
Nicole Makowski, coordinadora de diplomacia climática de GFLAC, explica que para los países latinoamericanos es esencial que aparezca la adaptación en este nuevo objetivo. Es importante que la movilización de estos recursos sea a través de donaciones y recursos concesionales.
Ecuador, por ejemplo, es uno de los que respalda que se incluya la adaptación en el NCQG, como comentó la delegación del país a Climate Tracker. Muchos países en desarrollo también apoyan la postura de que exista una submeta específica con un monto determinado para este tema.
Cuarenta organizaciones de la sociedad civil impulsan la inclusión de metas específicas y separadas para este tema, al igual que para pérdidas y daños, a través de la firma de la Carta de Río. Elaborado en Río de Janeiro, entre el 29 y 31 de octubre de 2024, el documento insta a los gobiernos de la región a priorizar la adaptación climática y la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático.
Natalia Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa de Brasil, cuenta que la carta fue enviada a todas las cancillerías de Latinoamérica. “No solo queremos que los recursos fluyan a adaptación, queremos que se haga una priorización política de adaptación. Estamos pidiendo a Brasil que ese sea el tema central de la COP30”, dice.
Lo que ocurra con el nuevo objetivo de financiamiento también tendrá repercusión en otros ámbitos relacionados a la adaptación. Makowski explica que en las salas de negociaciones sobre el Objetivo Global de Adaptación, “está muy presente el NCQG”, ya que depende también de los avances de los acuerdos financieros para su implementación. Durante esta COP, se espera un progreso en la definición de los indicadores del Objetivo Global para medir la adaptación.
Por otro lado, el financiamiento influye en los Planes Nacionales de Adaptación (PNA), que a su vez son importantes para intensificar la resiliencia y capacidad de respuesta de los países. Según el último Informe sobre la Brecha de Adaptación, 171 países tienen al menos una política, estrategia o PNA. Hay 16 que no cuentan con estos instrumentos, pero están elaborando uno. Los otros 10 no muestran señales de progreso y, de estos, siete ocupan puestos elevados en el índice de fragilidad de los Estados.
El informe también resalta la necesidad de incluir a la adaptación en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés), que son los compromisos de los países para cumplir con sus metas climáticas. Hasta febrero del próximo año, deberán presentar sus actualizaciones, pero en esta COP algunos ya dieron a conocer sus compromisos.
Por parte de América Latina, Brasil presentó su NDC, que por primera vez, incluye el componente de adaptación. Por otro lado, Ecuador aún no ha presentado sus compromisos actualizados, pero en el actual ya incluye un enfoque de adaptación, según el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Aún queda una semana intensa de negociaciones hasta alcanzar consensos, aunque avanzan a paso lento.
