“Si las cosas están ahí es por algo, porque nutren, porque dan mejores frutos. El oro, el cobre, el molibdeno son ese alimento que necesita la tierra para dar esos alimentos, esa agua limpia, ese aire”. La afirmación es de Soraida Chindoy Buesaquillo, una lideresa de la comunidad Inga que ha abanderado la lucha contra la multinacional minera Libero Cobre, que pretende operar en un territorio que, para ella y su comunidad, es sagrado.
“Todo es una conexión. Que no olvidemos quiénes somos y que los nombres de estos ríos, estas aguas, estos lugares nos están hablando, nos están haciendo comprender que estamos conectados y que debemos unirnos para defenderlo y eso no lo estamos entendiendo”, dice.
Libero Cobre figura dentro del portafolio de Copper Giant Resources Corp. (antes conocida como Libero Copper & Gold Corporation), dedicada, según su propio portal web, a la exploración de depósitos de cobre y otros metales. Su objetivo: “Explotar el valor del yacimiento de pórfido de cobre y molibdeno Mocoa, en Putumayo”.
Se estima que bajo el suelo de Mocoa yacen más de dos millones de toneladas de cobre, un metal considerado esencial para la transición energética, pues con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías. Según un análisis del Hub de Innovación del Cobre, presentado en Minexpo Colombia 2023, el país tendría la capacidad de producir entre 500.000 y 700.000 toneladas de cobre anualmente a partir de 2030, si se desarrollan los proyectos actuales, lo que representaría aproximadamente el 50% de la demanda mundial proyectada para ese año.
“El cobre representa, quizás, el mineral más importante en este momento, o uno de los más importantes para la visión energética por su capacidad de conducción eléctrica y térmica, y es más económico de producir”, explica Yessica Prieto Ramos, del equipo de Diplomacia Energética de Transforma. Estas condiciones convierten al cobre en un material ideal para cables, redes eléctricas, electromovilidad y energías renovables.
Pero el cobre no es la única riqueza en la región. En Mocoa, capital del Putumayo, el agua brota a borbotones. El mapa del municipio muestra un entramado de líneas azuladas que serpentean entre montañas. El departamento se extiende desde los páramos del Macizo Colombiano – la estrella fluvial del sur del país – hasta la llanura amazónica, bañada por los ríos Caquetá y Putumayo. Es una de las regiones más diversas de Colombia, un punto de encuentro entre la cordillera de los Andes, la Amazonía y la Orinoquía.
La cuenca del río Mocoa hace parte de la gran cuenca del río Amazonas, en la zona hidrográfica del río Caquetá y la subzona hidrográfica del río Alto Río Caquetá. Entre sus 22 microcuencas se encuentran los ríos Taruca, Sangoyaco, Mulato, Rumiyaco, Pepino, Afán, Canalendres y Dantayaco, entre otros.
En el departamento habitan diferentes comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. La población indígena es de unas 30.000 personas, que viven en unos 126 cabildos y 39 resguardos, y hacen parte de los pueblos camëntzá, inga, cofán, siona, murui, coreguaje, muinane, andoque, huitoto, nonuya, okaina, bora, emberá, páez y pastos. Las comunidades campesinas y afrocolombianas se denominan colonos, ya que fueron los primeros pobladores de la región. Todas estas poblaciones se dedicaban tradicionalmente a la agricultura para su subsistencia.
La magnitud del proyecto
El proyecto de Libero Cobre busca explorar y eventualmente explotar un depósito de cobre (Cu) y molibdeno (Mo) tipo pórfido en la zona, con el objetivo de descubrir, cuantificar y preparar para extracción un recurso significativo de estos minerales.
En 2021, inició la fase de exploración, anunciando trabajos con geofísica aérea, LiDAR (tecnología de teledetección que utiliza pulsos láser para crear modelos digitales de alta resolución del terreno y del subsuelo), muestreos de suelo y mapeo geológico. Además, la empresa lanzó un programa de perforación de cerca de 14.000 metros para expandir el recurso inferido y explorar nuevas zonas de mineralización.
La magnitud del proyecto ha despertado preocupación y rechazo entre la población urbana, la Diócesis de Mocoa, las comunidades indígenas y campesinas, así como organizaciones defensoras del agua, por las posibles repercusiones sociales y ambientales. Su expansión choca con una visión territorial basada en la defensa del agua, la vida y el bosque amazónico, respaldada por la Sentencia 4360 de 2018, que declaró a la Amazonía como “sujeto de derechos” y ordenó al Estado emprender acciones concretas para su protección.
La minería en el Putumayo tiene antecedentes relativamente recientes, aunque la zona ha sido escenario de cierta extracción informal desde décadas atrás. El sector minero en el departamento se ha consolidado y posicionado en el marco de la economía lícita regional. Esta actividad es el primer renglón de la economía departamental con una participación del Producto Interno Bruto (PIB) del 32,35%. En algunos casos, es el único medio de subsistencia para las familias.
El Mocoa Copper–Molybdenum Project, de Libero Cobre, ha consolidado un land package (el conjunto de áreas sobre las cuales la empresa tiene derechos mineros) que supera los 790 kilómetros cuadrados, entre títulos otorgados y solicitudes en trámite.
Para dimensionar la magnitud del proyecto, el municipio de Mocoa cuenta con una extensión de aproximadamente 1.263 km². Si los derechos mineros abarcan unos 790 km², eso significa que cerca del 62% del territorio municipal estaría bajo concesión o solicitud minera.
Según el informe técnico NI 43-101 elaborado en 2022, la zona cuenta con un recurso de aproximadamente 636 millones de toneladas de roca mineralizada, con una concentración promedio de 0,33% de cobre y 0,036% de molibdeno, lo que equivale a unas 4.600 millones de libras de cobre y 510 millones de libras de molibdeno. Sin embargo, el mismo estudio advierte que una parte del yacimiento se encuentra dentro de una reserva forestal regional, por lo que la empresa deberá tramitar permisos ambientales para continuar avanzando en el proyecto.
Libero Cobre posee cuatro títulos mineros en Mocoa, compuestos por cerca de 7.800 hectáreas. Además, Copper Giant posee cuatro permisos, y anunció en junio de 2025 que adquirió el 100% de las acciones de Grupo Minera Sol S.A.S., la cual posee 12 solicitudes mineras que abarcan 53.474 hectáreas. Con esa operación, la empresa afirmó que sus propiedades crecieron a 136.425 hectáreas, consolidando un corredor dominante de 75 kilómetros dentro de Colombia.
Los títulos cuentan con modalidad de contrato de concesión minera, se clasifican en escala de mediana minería, se encuentran activos y tres de ellos están en etapa contractual de construcción y montaje, y uno en etapa contractual de explotación.
En abril de 2022, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia) emitió el Comunicado a la Opinión Pública 004/2022, en el cual señaló que Libero Cobre informó el inicio de actividades de exploración minera en febrero de 2022 en Mocoa. La autoridad dijo que en esos contratos no había licencia ambiental ni permisos para la exploración en la parte que está dentro de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
También allí se hizo referencia a que los títulos de exploración que tiene la empresa estaban suspendidos según la Agencia Nacional de Minería, y que la empresa no podría desarrollar exploración, construcción, montaje o explotación en esas áreas hasta nueva orden.
También, a través del Auto No. 202 del 6 de abril de 2022, Corpoamazonia ordenó la medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa Libero Cobre. La exploración minera en Mocoa se estaría realizando en un área de alto riesgo, y la autoridad ambiental, señaló que el área correspondiente a los títulos mineros de la multinacional “se encuentra en una zona de susceptibilidad y amenaza Alta a movimientos en masa”, es decir, el terreno es inestable y hay peligro de deslizamientos de tierra, derrumbes o avalanchas. Además, allí se han registrado varios eventos de ese tipo en los últimos años, según el Servicio Geológico Colombiano.
La decisión implicó la prohibición temporal de todo uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables dentro de esos polígonos mineros, hasta que la empresa no subsanara las inconsistencias administrativas y ambientales detectadas durante la verificación de campo.
Entre las observaciones más relevantes señaladas por Corpoamazonia están la falta de permisos ambientales vigentes para realizar actividades de exploración, apertura de trochas y aprovechamiento forestal; ausencia de estudios técnicos y de impacto ambiental, requeridos para intervenir ecosistemas estratégicos en la zona de influencia del proyecto; posible afectación de fuentes hídricas y cobertura vegetal en áreas de alta sensibilidad ecológica, sin los debidos procedimientos de autorización; y deficiencias en la documentación presentada ante la autoridad ambiental, incluyendo inconsistencias en la delimitación de los títulos y la justificación de uso de recursos naturales.
Pero con la reciente decisión del Consejo de Estado de anular el Acuerdo 020 de 2018, se percibe un retroceso. Dicho Acuerdo, aprobado por el Concejo Municipal de Mocoa, había establecido la prohibición total “de actividades de prospección, exploración, construcción, montaje y transformación de metales y de gran y mediana minería de los demás minerales”.
Según la sentencia, esta norma fue anulada porque el municipio no tenía competencia para dictar una prohibición tan amplia sobre la minería, pues esa materia corresponde al orden nacional. En la práctica, esto abre un camino legal para que las actividades de minería puedan avanzar en Mocoa, aunque no significa automáticamente que la empresa pueda explotar sin permisos ambientales o exploratorios vigentes.
“La tumbada del Acuerdo 020 no debe convertirse en un acto de ganancia para nadie, es más, ni siquiera para la empresa Libero Cobre es un hecho de triunfalismo, pues aún quedan la ordenanza 848, y la sentencia 4360, entre otras. Los ambientalistas sabemos que situaciones similares han sucedido en el pasado, tales son los casos de Caño Cristales y Santurbán; por eso como lo señaló un colega: tampoco es hora de vencedores ni vencidos”, dice en una columna de opinión Alexander Africano, afiliado al Colegio Nacional de Periodistas CNP – Seccional Putumayo.
De hecho, la orden de Corpoamazonia (Auto No. 202 de 2022) sigue vigente, y esta prohíbe temporalmente que la empresa realice ciertas actividades de exploración minera en la zona bajo su jurisdicción. Pero la medida de “suspensión” no siempre significa que el proyecto está cancelado para siempre. Puede ser una forma preventiva mientras se revisan permisos, licencias, traslapes con áreas protegidas, cumplimiento de normativa, entre otros.
Incluso la autoridad ambiental ratificó su decisión con las resoluciones 0631 y 0636 de 2025, las cuales confirman la orden de suspender nuevas actividades mineras en más de 93 mil hectáreas, argumentando la fragilidad ecológica, la amenaza de daños irreversibles y la defensa de los derechos territoriales de las comunidades.
Pero el pasado 10 de noviembre, la jueza Pilar Andrea Prieto, del Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa, ordenó suspender la Resolución 0631, la cual se mantendría vigente hasta que la Agencia Nacional de Minería o el Ministerio de Ambiente se pronunciaran sobre las solicitudes formuladas en el mismo documento y se acreditara, con información técnica y científica, “que la incertidumbre respecto a la posible ocurrencia de daños graves o irreversibles en el Área de Interés Ambiental ha sido razonablemente superada”.
Varios gobernadores indígenas presentaron una tutela para exigir su derecho a la consulta previa, argumentando que las decisiones tomadas por Corpoamazonia podrían afectar directamente sus territorios, modos de vida y organización comunitaria.
La jueza Prieto les dio la razón y ordenó a la autoridad ambiental suspender, en un plazo máximo de 48 horas, cualquier trámite relacionado con las resoluciones cuestionadas, hasta que el Ministerio del Interior determine si es necesario o no realizar la consulta previa con las comunidades.
Mientras tanto, Libero Cobre, ha anunciado entre 2024 y 2025 los resultados del primer pozo de perforación diamantina (MD-044) que hace parte del programa de exploración en curso de 14.000 metros en el proyecto de pórfido de cobre y molibdeno de Mocoa.
Además, en un reciente comunicado, la empresa afirmó que en su última campaña de pruebas metalúrgicas de laboratorio, logró recuperaciones de hasta 92% de cobre y 97% de molibdeno, lo cual supera las suposiciones anteriores (90% para el cobre, 75% para el molibdeno). La publicación aclara que los resultados son “preliminares” y no representan necesariamente lo que se logrará a escala comercial.
Que estas cifras antes mencionadas superen los supuestos anteriores puede aumentar el valor estimado del yacimiento y fortalecer la viabilidad del proyecto si la empresa logra obtener el resto de permisos y se supera la fase de exploración.
El riesgo ambiental
En su sitio web, la empresa afirma tener “una trayectoria exitosa en el descubrimiento, desarrollo de recursos y tramitación de permisos en Colombia”, y asegura que prioriza “relaciones sólidas con las comunidades donde operamos” para “impulsar el futuro de la energía verde mediante una exploración responsable”.
Pero en el territorio ese relato se percibe distinto. Al menos así lo afirma la activista y vicepresidenta de Asojuntas Mocoa, Sirley Cely: “Tenemos que enfrentarnos con un monstruo muy grande que quiere tomar decisiones frente al territorio sin ser consultadas con la gente (…) La empresa solamente ha realizado la consulta previa con el resguardo indígena de Condagua porque el resguardo tuteló para ser consultados. Sin embargo, la consulta previa no es una obligatoriedad, o sea, no es por ley que se realice con las comunidades campesinas y con los demás habitantes. Entonces, al resto del pueblo de Mocoa y al resto del pueblo de Putumayo no se les ha consultado si quieren o no”.
Por eso, para Sirley, enfrentarse a una amenaza como la que representa Libero Cobre, ha representado “la pérdida de la sonrisa”.
Del resguardo indígena Condagua es Soraida. Allá se ubica el páramo Doña Juana-Chimayoy, de donde nacen ocho ríos y más de 1140 afluentes superficiales. Incluso alberga 56 lagunas consideradas sagradas por las y los indígenas y representa el punto de encuentro de la selva amazónica con los Andes.
Aunque el territorio ya había sido reconocido como resguardo indígena, –lo que significa que pertenece colectivamente a la comunidad y goza de protección especial al ser inalienable, imprescriptible e inembargable–, el Estado colombiano otorgó los cuatro títulos mineros sin realizar la consulta previa exigida a los pueblos originarios para cualquier proyecto que afecte sus tierras ancestrales.
“Aquí no hablamos solo por los humanos. Aquí hablamos por el oso de anteojos, hablamos por la danta, hablamos por las especies de árboles en vía de extinción como el mopa mopa, con el cual se trabaja artesanías”, dice José Fernando Proaños, secretario de Ambiente de la Federación Comunal del Putumayo. Y es que, explica, que los ecosistemas están interconectados, por lo que, el daño ambiental que podrían provocar las operaciones de la multinacional, no solo afectarían a esa región sino a las colindantes.
El discurso “verde” para justificar el extractivismo minero
Bajo el discurso de impulsar energías limpias, la multinacional justifica sus planes extractivos en un territorio amazónico atravesado por comunidades indígenas, fuentes hídricas y una de las biodiversidades más ricas del país. “El cobre es un componente vital en la fabricación de vehículos eléctricos, infraestructura de energía renovable y otras tecnologías cruciales para alcanzar estos objetivos. Nos complace desempeñar un papel estratégico (…) brindando una ventaja competitiva a las empresas locales y nacionales (…) hacia un futuro sostenible”, dice la empresa en un comunicado.
“Eso es una gran mentira, entonces si necesitan cobre para la transición energética, pues pónganse a reciclar. ¿Cuántos carros y cantidades de cosas que donde hay el cobre están amontonados en ciudades? O sea, prácticamente es, ¿por qué no hacen ese trabajo? ¿Por qué tienen que hacer daño?”, cuestiona Soraida.
Pero la paradoja es incluso mayor con el gobierno progresista de Gustavo Petro, – que ha hecho de la transición energética su bandera–, porque contempla en su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la producción, a pequeña, mediana y gran escala de cuatro de los ocho minerales esenciales para las energías limpias, que son el cobre, níquel, cobalto y litio.
El PND plantea que el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que este delegue, delimitará los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, considerando el tipo de operación, el volumen de producción y el grado de concentración extractiva.
Según la Agencia Internacional de Energía en su informe Global Critical Minerals Outlook 2025, la demanda mundial de cobre en escenarios de transición energética va a superar la oferta con el paso de los años. Por ejemplo, se señala que la oferta será muy inferior a la demanda de cobre para 2035 si no se actúa.
Aunque el cobre se constituye como el elemento con mayor potencial para el desarrollo de proyectos mineros, a corto y mediano plazo; es evidente que la extracción del metal rojo implicaría la generación de grandes conflictos, esto teniendo en cuenta la distribución geográfica de estos proyectos en relación con algunas figuras del ordenamiento ambiental y territorial del país, según el informe Minerales de Transición Energética, elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).
“Si vamos a hablar de energía renovable, hay que pensar en la demanda de minerales, ¿qué tanto realmente necesitamos y qué tanto o pocos esfuerzos estamos haciendo?”, cuestiona Prieto, quien sugiere que, antes de abrir más minas, se debería reciclar el cobre que está en aparatos viejos o desechos, buscar materiales que puedan reemplazarlo en algunas cosas, usar la energía con más cuidado, o sea, ser más eficientes (por ejemplo, gastar menos luz, compartir transporte, no producir tanto desperdicio), y, sobre todo, preguntarse si de verdad es necesario seguir perpetuando el consumismo, porque “si vamos a cambiar combustibles fósiles por minerales para seguir consumiendo al ritmo ilimitado que estamos consumiendo, pues no habrá jamás suficientes minerales para cubrir esa demanda”, dice.
Un área ya degradada que paga el precio del desequilibrio ambiental
Para 2017, el proyecto minero de Libero ya mostraba un avance visible, con maquinarias transitando constantemente por la zona y un helicóptero sobrevolando el territorio. En ese momento, la oposición comunitaria aún no se había consolidado, e incluso Soraida no percibía el riesgo ambiental hasta que, según cuenta, la Madre Tierra le dio una dura lección sobre la importancia de protegerla.
“Cuando decidí cómo levantar la voz más seguido, fue el trancazo que me dio hace 8 años con lo que nos pasó la avalancha (…) nosotros lo vivimos con mi familia (…) En un segundo uno puede perder todo. Absolutamente todo y la vida. Nosotros esa noche lo único que pedíamos con mi esposo, mis hijos y la gente, 30 personas que estuvimos en el segundo piso, era que amanezca”, recuerda Soraida.
Las intensas lluvias de marzo de 2017 hicieron que los ríos Mulato, Sangoyaco y Taruca se desbordaran y se unieran al río Mocoa, provocando una devastadora avalancha de lodo y piedras, la cual dejó más de 330 muertos, 400 heridos y múltiples damnificados y desaparecidos. Entre las víctimas del desastre estaban Soraida, su familia y sus vecinos.
Junto a su esposo y sus dos hijos, de uno y cinco años, logró refugiarse en la segunda planta de la vivienda aún en construcción. Desde allí observaban cómo el agua arrasaba todo a su paso, llevándose vidas humanas y escombros. Soraida vio en esa avalancha una manifestación clara de lo enfermo que estaba el territorio. Con el yagé –una bebida ancestral que su pueblo considera fuente de conocimiento y guía espiritual–, tuvo una visión que le confirmó esa certeza. Recuerda con tristeza ver animales muy atormentados, diciéndole lo mucho que sufrían.
Con tales afectaciones ambientales y la avalancha que cambió su vida, Soraida decidió que su misión era convertirse en defensora de su tierra ancestral y se unió a Guardianes de la Andinoamazonía, una iniciativa del campesinado que habita cerca a la zona en la que se encuentra el cobre en Mocoa y que se oponen al proyecto de la multinacional canadiense.
Cuatro días después de la tragedia, Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), explicó en entrevista con Blu Radio que el desastre no fue sólo producto de la lluvia, sino también del grave deterioro ambiental en la zona. “Putumayo representa uno de los núcleos de deforestación más complicados en los últimos años. Cuando tumbamos el bosque, rompemos el ciclo natural del agua”, advirtió. Incluso, concluyó que la deforestación, la minería y la ganadería extensiva causaron la avalancha.
La investigación Estimación del riesgo de inundación en las márgenes del río Mulato (Mocoa, Colombia), presentada dos años antes del deslizamiento, demuestra que la falta de control y prevención ambiental eran factores de riesgo. “La mayor afección de la amenaza se presenta sobre área urbana, donde 7,5 hectáreas están en amenaza por alta inundación y 20,2 hectáreas en amenaza media”, dice el documento. Putumayo era el quinto departamento con más pérdida de capa vegetal en Colombia.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), hasta 2015 se habían deforestado cerca de 9.000 hectáreas de bosque en Putumayo. A esto se suma la información de Global Forest Watch, que indica que entre 2002 y 2024 el departamento perdió unas 180.000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que equivale al 53% de toda la pérdida de cobertura boscosa registrada en ese periodo.
