Por Judith Herrera (Chile), Ramiro Barreiro (Argentina) y Gonzalo Ortuño (México)
Antes de imaginar energías renovables en su casa, María Filomena Bonilla Oliva necesita que el agua de su comunidad deje de llegar contaminada con metales pesados. Ella habita en la localidad de San José de Gracia, una comunidad al norte de México, donde aún se resienten las secuelas del incidente en el río Sonora, conocido como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica” en el país.
En agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre —perteneciente a la empresa Grupo México— derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, ubicado en el municipio de Cananea. Pronto el derrame alcanzó a los ríos Sonora y Bacanuchi, hasta llegar a la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo y capital del estado. La afectación llegó a más de 270 kilómetros lineales de río e impactó las vidas de más de 22 mil personas de ocho municipios del estado.
Los efectos de este caso persisten literalmente en la sangre de las personas afectadas, después de 12 años. La mayoría de quienes aún sobreviven, lo hacen con altos índices de metales pesados en el cuerpo, con cada vez mayores complicaciones en su salud y economía.
En este tiempo, la minería no se ha detenido. México se mantiene como uno de los principales productores mundiales con cerca del 3% del mineral en 2024. El estado de Sonora juega un papel clave en esta industria, concentra más del 80% de la producción mexicana de cobre, casi toda proveniente de donde se originó el derrame. Ese mismo año, Grupo México fue responsable del 78% del cobre extraído en el país.
Bajo ese panorama persisten dos grandes realidades. Por un lado, la necesidad de la minería del cobre para la transición energética y las consecuencias, aún desatendidas, en quienes pagan el precio por su extracción masiva.
La disputa por los territorios estratégicos
Zonas tan distintas como el norte mexicano, la cordillera argentina y la costa chilena están enfrentando presiones globales que se ven reflejadas en los territorios. Por un lado, está la industria de los combustibles fósiles –el petróleo, gas y carbón–, cuya expansión va precisamente en contra de la transición energética, porque generan más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático, de acuerdo con Naciones Unidas.
Por otro lado, está la extracción de los llamados minerales críticos: cobre, litio, cobalto, tierras raras, grafito, entre otros, que son clave para la transición hacia energías más limpias, pero también para otras industrias. Por ejemplo, sin litio no hay baterías para vehículos eléctricos ni para almacenar energía solar. Sin tierras raras no hay imanes permanentes en las turbinas eólicas. La transición energética implica entonces la necesidad de extraer minerales de la tierra.
Esa demanda es considerable y va escalando. Según el informe Global Critical Minerals Outlook 2025 de la Agencia Internacional de Energía, la demanda de litio crecerá cinco veces entre hoy y 2040, mientras que la de grafito y níquel se duplicará en el mismo período. La demanda de cobre, el mineral con el mercado más consolidado del mundo, crecerá un 30% adicional en esa misma ventana de tiempo, impulsada sobre todo por la expansión de redes eléctricas y la electromovilidad.
Este nivel de consumo convierte a América Latina en un territorio estratégico para las grandes potencias porque la región concentra reservas enormes de varios de estos minerales, y sobre sus suelos se está zanjando quién los extrae, bajo qué condiciones y a beneficio de quién.
La estrategia de Estados Unidos para asegurar el acceso a esos recursos ha tomado la forma de una ofensiva diplomática acelerada. En febrero de 2026, Washington convocó una Cumbre Ministerial sobre Minerales Críticos encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que suscribió acuerdos bilaterales con más de una decena de países, entre ellos Argentina. Con México formalizó un Plan de Acción específico, y con Japón y la Unión Europea exploró un tratado plurinacional orientado a construir una zona comercial preferencial fuera de la órbita china. El acuerdo con Chile llegó semanas después, el 12 de marzo, el día siguiente a la asunción de Kast y ya en abril firmó un memorando para impulsar la industria. En menos de seis meses, Estados Unidos tejió una red de compromisos que cubre prácticamente todo el continente con un propósito declarado: diversificar sus cadenas de suministro de minerales críticos y reducir su dependencia de China.
Ese objetivo explica la urgencia porque mientras, por un lado, Washington avanza en sus alianzas bilaterales, por el otro, China ha respondido endureciendo su posición: restringió las exportaciones de tierras raras, uno de sus instrumentos de presión más efectivos frente a Estados Unidos, que depende casi completamente de proveedores externos para varios de estos elementos. América Latina queda así atrapada entre dos lógicas que, pese a sus diferencias, convergen en lo esencial: la región es vista principalmente como reservorio de materias primas para las industrias y las transiciones energéticas de otros países. Las comunidades que viven sobre esos recursos, en las cuencas del río Sonora, en la cordillera sanjuanina, en los cerros de Penco, están lejos de estos acuerdos.
Una deuda de 12 años en la Cuenca del Río Sonora, México
Para María Filomena Bonilla, la presencia de metales pesados en su organismo y la cada vez menor movilidad en su cuerpo son recordatorios de la deuda socioambiental que Grupo México tiene con ella y con miles de habitantes de diferentes municipios y comunidades de Sonora.
En 2022, un informe de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER Latam) reveló lo que las comunidades señalaban desde hace años atrás: la presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio, así como impactos ambientales y económicos en la región.
El informe incluye análisis realizados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) que confirma la presencia de plomo en la orina en más del 95% de la población examinada; arsénico en más del 50%, y en cadmio en más del 79%. El porcentaje de presencia de plomo en la sangre varía del 58 al 90% de las personas, según su localidad.
“Yo ya no soy la misma de antes”, cuenta Mena, como la conocen en los Comités del Río Sonora, sobre los impactos en su salud. “Ya no puedo realizar todas las cosas que hacía cotidianamente. También económicamente, hay que estarse atendiendo con médicos particulares, estar gastando y comprando medicamentos. Necesito especialistas para cada órgano de mi cuerpo que se ha estado afectando”, describe.
No todos cuentan con el mismo tiempo en espera de reparación. Pedro Lorenzo Martínez Bracamonte, esposo de Mena, murió sin saber con certeza el nivel de metales pesados que tenía en el cuerpo.
“Falleció en la misma semana que nos hicieron los exámenes de parte de Cenaprece. Ya estaba afectando la movilidad de sus piernas también. No podía caminar mucho. A los cuatro meses llegaron los resultados donde constaba que tenía seis metales (altos) pero él ya había fallecido”, narra la lideresa de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
Antonio Romo Paz, profesor universitario y también integrante de los comités, destaca la gravedad de acumular cerca metales en el cuerpo.
“Lo que esperamos ver en unos años más son afectaciones al riñón, al hígado, afecciones neurológicas. Hay una biocumulación de metales y si no se atiende llega un momento que el cuerpo, el riñón, se echa a perder, donde ya necesitamos diálisis”, dice Romo.
Como químico y académico, Romo también se ha dedicado a estudiar cerca de 3.500 muestras de la calidad del agua en la cuenca del río Sonora para entender la magnitud de los riesgos que enfrentan, los cuales, asegura, pueden ser mayores en temporadas de lluvias, con el incremento de metales tanto en agua superficiales como de pozos.
En estos casi 12 años, dice Romo, una de las mayores dificultades ha sido que las autoridades entiendan la importancia de contar con agua limpia, plantas potabilizadoras y restauración de los suelos porque de eso depende el futuro de miles de afectados por el derrame.
De acuerdo con el profesor universitario, de las 22 mil personas afectadas por el derrame del río Sonora, cerca de 2.000 ya presentan síntomas de degradación en sus órganos. A pesar de esto, explica, no hay medidas de atención o prevención en la salud de los afectados.
“Los otros 20 mil no queremos llegar a tener síntomas, porque si ya tenemos síntomas quiere decir que estamos en la etapa 5 de afectación al riñón. Pero sentimos que para ellos (las autoridades) no es importante la problemática que tenemos”, cuenta Romo desde la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, luego de otro intento fallido para que la presidenta Claudia Sheinbaum se reuniera con los Comités para escuchar sus demandas.
Una expansión minera en México ¿para la transición energética?
Mientras la deuda socioambiental por el caso del río Sonora ha crecido en estos años, Grupo México ha incorporado la transición energética como uno de sus pilares, al ser el cobre (su principal producto) clave para la electrificación y producción de energías renovables.
La expansión de la minería de cobre y otros minerales es clave en Sonora, el estado que concentra el 22% de los 574 proyectos mineros del país (43 de cobre) que estaban asignados hasta 2024.
El auge minero coincide también con un plan de acción que México está negociando con Estados Unidos para suministrar minerales críticos, varios de ellos necesarios para la transición energética, pero también para la industria tecnológica, militar y armamentista.
Para Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, el caso del Río Sonora es un recordatorio de los graves impactos socioambientales que puede provocar la industria minera en nombre de la transición energética.
“Es un muy mal antecedente para México. Las concesiones que se han entregado, el tiempo que duran, que no haya concesiones específicas por minerales hablan de una ley muy laxa y muy permisiva que permite que sucedan este tipo de hechos que están dañando poblaciones y territorios”, explica.
Pese a que en 2023, una reforma a la Ley de Minería permitió avanzar en una regulación con mayor perspectiva de derechos humanos, Azamar observa altos riesgos de incumplir la normativa si el plan minero con Estados Unidos persiste sin considerar a las comunidades.
La especialista señala que debe haber un cuestionamiento sobre quiénes se benefician de la explotación del cobre, así como de otros minerales críticos y si realmente buscan una transición justa.
“Tenemos que pensar más allá de la extracción o los minerales que necesitamos. ¿Para qué los usamos? ¿quién se beneficia? Si vamos a seguir sacando cobre para la transición energética, hay que ver cómo está nuestra matriz energética y qué porcentaje realmente se usa para tu casa, para la mía, para las comunidades y qué porcentaje se usa para las grandes industrias”, comenta Azamar.
Cynthia Arco Amarillo, abogada en Poder Latam, advierte también que una expansión minera sin mayor control o regulación ya se refleja en los mismos territorios afectados por el derrame del Río Sonora en 2014.
“La empresa (Grupo México) se ha expandido. Construyó una megapresa de jales —apilamiento de residuos mineros— un año después de que sucedió el derrame sin consultar a las comunidades, lo cual también fue motivo de una sentencia histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expone la abogada.
Además, la empresa también tiene el acaparamiento del 57% del volumen de agua subterránea, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigida a autoridades federales.
“Sigue sobreexplotando la zona, ha aumentado su producción y sigue sin reparar los daños, precisamente por la falta de consulta a las comunidades. Son ellas quienes se han organizado, han resistido y han luchado en contra de este desastre ambiental”, sostiene Arco.
Para este reportaje se buscó a Grupo México y a autoridades de la Secretaría de Gobernación en México para tener su versión sobre los adeudos ambientales a 12 años del derrame, sin que hasta la publicación de este texto se tenga respuesta.
La lucha de las comunidades sanjuaninas y la Ley de Glaciares en Argentina
Hace ya algunos años que la multinacional Suiza Glencore está instalada en el departamento sanjuanino de Calingasta, a pocos kilómetros de la frontera entre Argentina y Chile, con su proyecto “Pachón”, en lo que se cree que es uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, aún sin explotar. Se estima que podría producir unas 400.000 toneladas de cobre al año, además de molibdeno, lo que lo convertiría en un pilar de las exportaciones mineras argentinas.
La zona de explotación es un área antes protegida por comprender al glaciar GE137, ubicada a apenas cinco kilómetros del límite con Chile y a alturas que oscilan entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar.
Glencore, que en su paquete accionario tiene capitales estadounidenses, entre ellos los fondos Blackrock y Vanguard, presentó en forma reciente una solicitud para aplicar al RIGI con una inversión estimada de 9.500 millones de dólares para su primera fase.
“La realidad concreta es que para esa famosa transición energética o para la codicia de los acumuladores, hay que determinar una zona de sacrificio, y somos nosotros”, señala Mingo, un reconocido activista de San Juan, en el centro argentino de la cordillera de los Andes.
Pero esto no es nuevo. En febrero de 2015, en rechazo a la instalación de la minera Barrick Gold, un grupo de sanjuaninos organizó la “Asamblea Jáchal no se toca” que, al día de hoy, sigue velando por la calidad del agua de deshielo que usaron durante años.
Actualmente, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lanzado por el gobierno argentino en 2024, convirtió a la provincia de San Juan, en el centro oeste argentino, en la tierra prometida para la minería, con proyección de ganancias por 20.000 millones de dólares para 2035.
Sin embargo, las empresas que desembarcaron en la provincia necesitaban otro aval jurídico para comenzar su actividad y éste llegó la segunda semana de abril: la reforma de la Ley de Glaciares, que el Congreso argentino votó a pedir del presidente Javier Milei.
En contexto de recesión económica y parálisis industrial, Argentina rememora las experiencias menos rentables de su historia, y una pesada herencia continental, para echar mano a la entrega de sus materias primas, casi sin valor añadido. Adaptadas a la época, las negociaciones están engalanadas en el supuesto interés de una transición energética, que no responde a las necesidades locales.
Las primeras bodegas boutique y restaurantes llevan algún tiempo en la región de Calingasta, y suman una nueva actividad productiva a una región conocida por sus cultivos de cebolla y su ganadería de baja escala de ovejas, cabras y vacas, estas últimas, activo de ahorro para familias locales que invierten en terneros, los reproducen y vuelven a venderlos.
Calingasta tiene su propia vendimia, que atrae a turistas que buscan vivir la inédita “experiencia” de trabajar con las manos uvas criollas, malbec, bonardas y sirah. Fernando Belert es empleado judicial pero, antes que eso, pescador deportivo y asistente de quienes se acercan a hacer las primeras armas en un río que ofrece truchas por menos esfuerzo que en la Patagonia.
“El primer miedo es que nos contaminen el agua, y para mí no es un miedo, para mí es una certeza. Tengo certeza de que la van a contaminar, porque vos lo podés buscar y chequear, si existe una explotación minera en el mundo en nacientes de agua que no haya contaminado una”, sintetiza.
Belert forma parte de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, y advierte que “la minería dividió el pueblo de entrada, apenas llegó”. Existe una minoría que confía en los beneficios laborales y de desarrollo que propone la empresa.
Luego hay otro sector que se opone, “mucho más de la mitad del pueblo que dicen ‘no los queremos ver ni en foto’. Pero no hay la rebeldía suficiente ni el conocimiento suficiente de las consecuencias como para poder oponerse a esto públicamente”.
A unas horas de allí, en dirección al oeste de la provincia, otro proyecto aguarda detalles para iniciar a producir. Se trata de Vicuña, antes llamado José María, operado por otra multinacional, la australiana BHP, que también cuenta con BlackRock y Vanguard en su paquete accionario, entre otros fondos de EEUU.
Esta explotación es criticada por su inviabilidad ambiental y por ubicarse sobre el glaciar GE110, que integra el censo de hielos eternos realizado por orden de la norma recién retocada.
Vicuña tiene aprobado un borrador del informe de impacto ambiental con 130 objeciones firmado por el ex gobernador Sergio Uñac. Una de ellas fue del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que no aprobó el diseño del paredón del dique de cola, una obra esencial. Ese borrador no atiende el reclamo comunal por el uso del agua, que tendrá que ser avalado por hidráulica, en algún momento.
En sus informes anuales, ambas empresas justifican el potencial de sus operaciones con la demanda de cobre que genera la transición energética, al tratarse de un metal esencial para la electrificación, y la electromovilidad.
“Jáchal no se toca” conoce de luchas ambientales. Hace 10 años que tiene instalada una carpa en la plaza central de Jáchal, producto de sus reclamos por la instalación de la minera Barrick Gold y los más de 20 derrames de sustancias tóxicas detectados por la asamblea que han afectado los ríos con metales pesados como mercurio. Hace unos meses denunciaron la mortandad de peces, río abajo.
Mingo denuncia que la región de Jáchal e Iglesia se ha convertido en una «zona de sacrificio» debido a la contaminación del agua con mercurio y cianuro, la mortandad de peces y la amenaza sobre los glaciares. Acusa una complicidad total entre el Estado, sea cuál fuere el gobierno, y las empresas para ocultar daños ambientales y evadir leyes de protección hídrica.
“Hace 10 años que tenemos emergencia hídrica declarada por ley de la legislatura de la provincia, que lo renuevan todos los años, y esa ley corresponde a una situación crítica, en donde, en la cordillera de los Andes, en estos últimos diez años, nunca ha nevado lo suficiente para abastecer a toda todas las actividades de de la provincia de San Juan”, denuncia Saúl Ceballos, cofundador de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Y recuerda que “en 2020, Alfredo Vitaler, el CEO de José María, dijo que iban a ocupar 350 litros de agua por segundo. Luego dijeron 515 litros, luego dijeron 1.200, y nosotros, en función del informe de impacto ambiental que lo desmenuzamos, hemos descubierto que son 3.056 litros de agua por segundo, de agua fresca, de agua nueva, que van a ocupar”.
Un documento al que accedió Climate Tracker da cuenta de la existencia de un entramado familiar, societario y patrimonial vinculado al clan Bastias en San Juan, que posee derechos sobre 79 proyectos mineros que abarcan más de 108.000 hectáreas, una superficie superior a la totalidad de las tierras cultivadas en la provincia.
Juan Pablo Perea, el actual Ministro de Minería de San Juan, mantiene lazos familiares directos con figuras centrales de este grupo por ser el esposo de María Laura Perea, directiva de Aurora Mining en sociedad con su padre, Hugo Enrique Bastias, titular de 16 explotaciones en la provincia.
En entrevistas locales, relativizó los posibles impactos al referir que sólo “se están poniendo en estudio con implicancia directa” ocho glaciares de las 5.000 formas registradas, de las cuáles 3.226 están en el ambiente periglaciar.
En el mismo reportaje confirmó que se sacarían del inventario y se pasarían a instancia productiva.
De momento, ni la empresa, ni el gobierno sanjuanino han respondido los pedidos de entrevistas por parte de Climate Tracker.
Las tierras raras de Penco, en la zona centro sur de Chile
Entre la cordillera de la Costa y el mar, se ubica la comuna de Penco, en la Región del Biobío. Cerca de Concepción, con un puerto central y menos de 50 mil habitantes, la zona se caracteriza por sus bosques nativos y, este último año, lamentablemente, también por el impacto que han tenido los incendios forestales. En enero los siniestros destruyeron buena parte de la zona, incluido bosques y asentamientos como la localidad de Lirquén.
A eso se suma, además, batallas que ha dado la comunidad contra proyectos de extracción, la más reciente todavía en curso y que tiene como protagonista a las tierras raras.
Es el caso del “Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras” de la empresa REE UNO SpA, propiedad de la canadiense Aclara Resources. Se trata de una iniciativa que ya ha pasado sin éxito por cinco tramitaciones ambientales previas (dos Declaraciones de Impacto Ambiental y tres Estudio de Impacto Ambiental), y que recientemente ingresó una nueva adenda al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para continuar su tramitación.
Detrás de los compromisos técnicos de la firma, hay un territorio que lleva décadas siendo algo más que un suelo productivo, explica la comunidad, representada bajo el movimiento “Penco sin minera”, que defiende un ecosistema donde el agua, la tierra y las personas que lo habitan han construido vínculos que buscan proteger.
El rechazo al proyecto ha sido transversal en el territorio. El estudio del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) “¿Qué se le cuestiona al proyecto minero de tierras raras en Penco?”, detalla que en 2022, en Penco se organizó un plebiscito comunal donde participaron 9.626 personas: de estas, 9.532 votaron en contra de la iniciativa, lo que equivale al 99,02% del total.
Pese a ese resultado, la iniciativa siguió su tramitación en el SEA. Cuando una de las personas que ingresó observaciones preguntó «¿Por qué no se respeta nuestra palabra?», hacía ver un problema: la participación ciudadana existe como procedimiento, pero sus resultados no son vinculantes. Las observaciones deben ser incorporadas y respondidas, pero no obligan a ninguna decisión.
Según el informe, las preocupaciones de quienes se oponen al proyecto abarcan prácticamente todas las dimensiones de la vida en la comuna. El agua es la más urgente, como lo recoge una pregunta de una de las observaciones ante el SEA: «El proyecto considera rajos de 30 metros de profundidad dentro de los cuales se encuentran aguas subterráneas. ¿Cómo aseguran que la extracción de estas aguas no afectará el nivel freático de las subcuencas donde operará el proyecto, considerando que las poblaciones rurales tienen acceso a agua de puntera?».
A eso se suma la preocupación por residuos radiactivos ya que la extracción de tierras raras genera uranio y torio como subproductos, y la comunidad recuerda que en 2019 la Comisión Chilena de Energía Nuclear ya había detectado radionucleidos en la zona. Ante eso, una de las observaciones ciudadanas planteó directamente: «¿Quién responderá por la pérdida de vidas y calidad de vida de las personas? ¿Quién pagará los gastos médicos? ¿Quién compensará a las familias por dañar a sus familiares, con estos desechos tóxicos?».
En su análisis, el OLCA plantea que el principal argumento con que el proyecto busca conquistar adhesión en Penco es el empleo, especialmente relevante tras el cierre de la siderúrgica Huachipato en 2024. Sin embargo, según datos analizados por la Fundación Sol, que recoge el informe, la iniciativa generaría un máximo de 600 puestos durante la construcción y solo 320 empleos permanentes en su operación, lo que representa menos del 1,5% de la población ocupada en la comuna. La investigación también documenta que la empresa financió talleres, cursos y casas abiertas orientadas a posicionar el proyecto favorablemente en la comunidad, una estrategia que algunos vecinos percibieron como genuina y otros como una forma de cooptación.
La defensa central de Aclara Resources descansa en presentar su proyecto como algo distinto a la minería tradicional. En su sitio web, la empresa sostiene que el proceso de extracción en Penco no requiere explosivos, sino un movimiento de tierra que describen como «sencillo» y que permitiría producir lo que llaman un «concentrado de tierras raras limpias».
Ese argumento se conecta directamente con la narrativa climática que apunta a que las tierras raras son indispensables para la transición energética y que se necesitan para fabricar los imanes permanentes que hacen funcionar los autos eléctricos y las turbinas eólicas. Así, Aclara se presenta como una alternativa responsable para abastecer esa demanda global desde el hemisferio occidental, frente al dominio chino en el procesamiento de estos minerales. El eslogan que sintetiza su comunicación pública expone esa apuesta: «Es ahora o nunca”.
Frente a la principal preocupación de la comunidad, el agua, la firma ha desplegado una respuesta en etapas. Primero anunció, en julio de 2024, que renunciaría a todos sus derechos de aprovechamiento de aguas para cederlos a la comuna y la biodiversidad. Luego, en diciembre de ese mismo año, adelantó ese compromiso formalizando la renuncia antes del plazo previsto. En su sitio web, Aclara afirma que utilizará agua de fuentes 100% recicladas y que el 95% del agua usada en el proceso se recirculará. Paralelamente, presenta cifras de protección ambiental: más de cien hectáreas de plantaciones nativas a revegetar y más de noventa hectáreas en torno al estero Penco bajo protección. La empresa también ha financiado un programa de revegetación con foco en naranjillos, especie endémica cuya supervivencia está en el centro de las objeciones de la comunidad, y donó más de tres mil especies nativas al Jardín Botánico de Viña del Mar.
La tercera línea de defensa es la del vínculo comunitario. Aclara ha construido una presencia activa en Penco a través de una serie de iniciativas que van desde talleres de agricultura orgánica y capacitaciones gastronómicas hasta clínicas de fútbol, torneos juveniles y cursos de robótica para escolares.
En su página web, la minera menciona haber alcanzado a más de diez mil vecinos de manera directa e indirecta, y ha recibido un reconocimiento de SOFOFA como «Empresa Abierta» por su disposición al diálogo. En paralelo, se ha vinculado académicamente con universidades de primer nivel internacional, entre ellas Stanford, Virginia Tech y Toronto, para validar su tecnología de separación. Todo ese andamiaje apunta a construir una imagen de empresa que no llega a imponer, sino a escuchar, y que no extrae para otros, sino que desarrolla junto a la comunidad.
Es exactamente esa imagen la que el movimiento “Penco Sin Minera” lleva años cuestionando.
En ese sentido, Camila Arriagada, activista medioambiental de Penco, destaca la importancia que ha tenido en la zona la organización civil. “Tenemos como comunidad una experiencia de muchos años en cuanto a generar un tejido social para hacer conciencia de todo lo que implica estar al tanto de las decisiones que se toman, políticas, administrativas de la planificación territorial, de los proyectos que tienen afectaciones medioambientales y bueno, todo lo que se ha generado en torno a eso. Acá tenemos un movimiento que se ha consolidado”, dice.
A partir de su experiencia, sostiene que en Chile la evaluación ambiental y la inclusión de las comunidades es más que nada “un protocolo para tener una revisión del proyecto, pero no es que sea tan efectiva. Por eso nos dimos cuenta que todo esto se maneja con muchos tecnicismos, con palabras muy específicas, muy de ramas profesionales y que el común de la gente no manejamos. Entonces empezamos también a asesorarnos con abogados”.
Cynthia Escares, bióloga marina de la U. de Concepción y miembro de la ONG Defensa Ambiental, señala que asesoran a los territorios “frente a algún tipo de conflicto socioambiental, tratando de llevar la justicia ambiental a las personas. En el caso de Penco, asesoramos y acompañamos a la comunidad en el proceso de participación ciudadana, ya sea en la parte judicial o en la parte de talleres de educación o de información”.
A su juicio es crucial que las comunidades puedan aprender sobre “la tramitación, las etapas de un proyecto, su propio rol. Es súper relevante porque el hecho de que no se conozca este tipo de herramientas que tiene la ciudadanía provoca una asimetría en la toma de decisiones”. Destaca que “las comunidades tienen y tenemos el derecho de estar informados, de poder participar, de poder tener una incidencia”.
Detrás de su principal consultorio y a pasos de la Escuela de Penco, se levanta un bosque con pradera y riachuelo. Es por ese lugar, a metros, que podría instalarse el proyecto de la minera canadiense.
Son más de las 13:00 horas de un sábado y un grupo de activistas de distintas organizaciones pro medioambiente de la comuna realizan un monitoreo del estado del agua. ¿El objetivo? Medir los parámetros y establecer un estándar comparativo para el futuro.
Daniel Angulo, vicepresidente de la Corporación Parque Para Penco y monitor de Global Waterworks Penco, advierte de los efectos que podría tener el proyecto de tierras raras en la zona. “Aparte de un efecto ambiental que se puede ver con los ecosistemas, también está el impacto a la comunidad, que sin duda va a cambiar la calidad del agua”, señala.
“Es un cambio bien radical de lo que es Penco. Nosotros hemos estado monitoreando un poco los ecosistemas acá, antes y después de los incendios forestales que afectaron esta zona y es que vemos que hay una gran biodiversidad que está un poco oculta y que es bien relevante. Hay especies en peligro de extinción como puede ser el cangrejo tigre”, da como ejemplo Angulo.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, explica que ingresaron al SEA sus observaciones a la adenda de la minera. “Esta es una consecuencia de los actos tanto administrativos, jurídicos que vamos a seguir en oposición a este proyecto”, dice y detalla que el proyecto a la fecha “sigue teniendo el mismo impacto en el medio ambiente, con lo cual no estamos de acuerdo y sobre todo no va en coherencia con el desarrollo turístico, gastronómico, que queremos para nuestra comuna”.
El 29 de mayo, el SEA de la Región del Biobío dio un paso decisivo: recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, argumentando que la iniciativa cumple con la normativa ambiental aplicable y que las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por la empresa son apropiadas. La recomendación, contenida en el Informe Consolidado de Evaluación, se produce tras el cierre del proceso de consulta a pueblos indígenas y luego de que el titular subsanara las observaciones planteadas en las sucesivas rondas de aclaraciones.
Esa decisión, además, fue finalmente corroborada el pasado 8 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, que votó de manera unánime, y encabezada por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, a favor de otorgar la Resolución de Calificación Ambiental.
La noticia enciende las alarmas dentro de los movimientos sociales. De hecho, distintas organizaciones ambientales y vecinos de la comuna han convocado a manifestaciones para reiterar su rechazo al proyecto.
“Nosotros hemos generado todo el proceso de observaciones. Esta decisión no dependía ni del alcalde ni del concejo municipal. Estuvimos presentes con los seis concejales y este proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental, a pesar de la oposición. Estamos evaluando distintas acciones”, comenta el alcalde Vera.
Chile, el creciente atractivo extractivista
En el mundo de los minerales críticos, Chile ocupa un lugar singular en el mapa. De acuerdo con el informe Mineral Commodity Summaries 2026 publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), es el primer productor mundial de cobre, con 5,3 millones de toneladas en 2025; y el segundo de litio, con 21% de participación según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
En enero de este año, el gobierno de Gabriel Boric publicó la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, un instrumento de política pública diseñado para guiar la acción del Estado en torno al desarrollo de estos recursos, que identifica 14 minerales críticos para el país e incluye cinco pilares: producción y diversificación, minería responsable, oportunidades de desarrollo, inserción internacional y capacidades habilitantes.
Pero el documento no está libre de tensiones. Desde el OLCA, se critica el concepto de minerales críticos por ser una categoría construida desde las grandes economías industrializadas para asegurar su provisión, y se advierte que la estrategia valida el aumento de la extracción sin poner el énfasis en agregar valor, inteligencia o tecnología, y sin que haya habido consulta indígena a los pueblos de los territorios que serán afectados.
El 12 de marzo de 2026, apenas un día después de que José Antonio Kast asumiera la presidencia de Chile, el canciller Francisco Pérez Mackenna y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau firmaron en La Moneda una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras. Y, a mediados de abril, el Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento que busca avanzar en el desarrollo de esta industria.
Algo que deja ver este tipo de medidas es que Estados Unidos busca diversificar su suministro de materias primas estratégicas y reducir su dependencia del gigante asiático, principal proveedor mundial de tierras raras.
Y es que China se ha consolidado como líder en la producción y el consumo dentro de la economía baja en carbono, dominando la compra y el procesamiento de minerales críticos a nivel mundial, así como la fabricación de tecnologías clave como vehículos eléctricos y paneles solares. Esa posición no es casual ya que la Agencia Internacional de Energía muestra que en el caso de 19 de los 20 minerales estratégicos más importantes del globo, China es el principal refinador, con una cuota de mercado media del 70%.
Para América Latina, plantea un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), eso se traduce en una relación asimétrica porque la región enfrenta el riesgo de quedar relegada de forma permanente al rol de proveedora de minerales críticos. Además, como señala el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en medio de la creciente tensión arancelaria entre ambas potencias, China ha utilizado su dominio en minerales críticos como palanca de presión, anunciando recientemente restricciones a la exportación de tierras raras, insumos clave para las industrias tecnológica y de defensa estadounidenses.
En ese contexto, para Chile, el acuerdo con Estados Unidos llega en un momento en que esta disputa geopolítica global ya tiene una dirección territorial notoria: los cerros de Penco, en la región del Biobío, con el proyecto minera de Aclara en tramitación en el SEA. La empresa planea iniciar las obras a fines de 2026, si logra obtener los permisos ambientales de acuerdo con la calendarización prevista, con una inversión estimada de US$175 millones.
Además, que Aclara sea una empresa con sede en Toronto no le quita su cercanía con Estados Unidos. La compañía busca levantar alrededor de US$1.000 millones para minas en Latinoamérica y procesamiento en Estados Unidos, bajo el marco de disminuir la dependencia con China por minerales críticos.
Lo que Aclara extraería en los cerros de Penco no está pensado para quedarse en Chile. Según medios como Radio Biobío, el director ejecutivo de Aclara, Ramón Barua, no ocultó sus expectativas con el cambio de gobierno y la llegada de Kast al poder. Manifestó confiar en que podrían recibir apoyo “para agilizar lo que estamos haciendo».
La paradoja que Penco encarna es la misma que atraviesa a toda la región y es que los minerales que el mundo necesita para construir turbinas eólicas, baterías eléctricas y paneles solares se extraen de territorios que muchas veces no fueron consultados, en comunidades que posiblemente no verán los beneficios de esa transición global pero sí cargarán con sus costos locales.
Resistir desde adentro
La “zona de sacrificio somos nosotros”, advierte Mingo, activista de San Juan, en Argentina. La frase, eso sí, podría haberla dicho cualquier habitante de las riberas del río Sonora en México o vecino de Penco en Chile.
Es el primer patrón que atraviesa a los tres casos de este reportaje: la distancia entre el lenguaje con que se justifican estos proyectos – transición energética, descarbonización, minerales críticos–, y la experiencia de quienes viven donde están esos recursos.
La segunda conexión es la opacidad institucional como condición de posibilidad de estos proyectos ya que en los tres países, las comunidades han documentado una brecha sistemática entre lo que los Estados y las empresas declaran y lo que efectivamente ocurre en los territorios. La participación ciudadana existe como procedimiento en los marcos legales de los tres países, pero en ninguno de ellos sus resultados son vinculantes. Lo que las comunidades han aprendido, a la fuerza, es que el proceso está diseñado para procesar el conflicto, e incluso dilatarlo, pero no para resolverlo.
El tercer vínculo, y quizás el más relevante, es que la organización comunitaria ha generado formas de conocimiento y de acción que no estaban previstas en ningún manual. Ninguna de estas comunidades pidió convertirse en experta en minería, hidrología o derecho ambiental, sin embargo, lo hicieron porque nadie más iba a hacerlo por ellas. Y en ese proceso, construyeron algo que los acuerdos bilaterales entre potencias no consideran: el conocimiento territorial acumulado, preciso y con nombre, que se ha convertido en la base más sólida que tienen para seguir disputando el futuro de los lugares donde viven.
