*Este artículo fue actualizado el 31 de octubre para incorporar las declaraciones de Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Energía y Recursos Naturales de Honduras.
Los ministerios de Medio Ambiente de Guatemala, El Salvador y Honduras cuentan con fondos limitados para cumplir con sus Estrategias, Planes o Programas Nacionales para la Conservación y la Utilización Sostenible de la Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés).
Por eso, estos países dependen de los recursos provenientes de la cooperación internacional y a eso se debe que hoy, en medio de la COP16 de Biodiversidad, algunos países centroamericanos estén apoyando la propuesta de establecer un nuevo fondo específico para operativizar el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), y que no esté más mezclado con los fondos de otras convenciones, como sucede con el Global Environmental Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente o GEF, por sus siglas en inglés). Además, que no sea de carácter temporal, como fue concebido el Fondo para la implementación del Marco Global para la Biodiversidad (GBFF, por sus siglas en inglés).
El GEF ha sido puesto bajo la lupa durante la primera semana de la COP16: desde peticiones de reforma a sus mecanismos de desembolso, hasta propuestas de establecimiento de una ventanilla única en fondos que tengan que ver con la implementación del Protocolo de Cartagena sobre biotecnología, entre otras cosas.
Emilio Spataro, asociado en Diplomacia para la Biodiversidad de la organización Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y El Caribe (GFLAC), planteó que “el Banco Mundial ya cuantificó hace unos años que la mitad del PBI del mundo, es decir, de toda la riqueza que se genera en el planeta, la mitad depende directamente de la biodiversidad”.
Sin embargo, dijo que los recursos que están llegando a América Latina para proteger la diversidad biológica son mínimos. Spataro calcula que Latinoamérica es el tercer receptor de este tipo de fondos a nivel mundial, pese a contribuir en un 23% a la biodiversidad del planeta.
“Por más que se creara el (nuevo) fondo, no alcanzaría. Los países donantes, por supuesto, no quieren modificar el status quo, sino que lo único que están planteando es que haya otros donantes”, agregó Spataro.
Lo preocupante de esta situación es que los países del Triángulo Norte centroamericano – El Salvador, Honduras y Guatemala – han dependido hasta la actualidad de fondos internacionales para darle atención a ecosistemas que consideran prioritarios. Parte de estos han provenido del GEF, que es una sombrilla para cinco convenciones además de la CBD, incluyendo la de Cambio Climático.
Durante la COP16, Carlos Manuel Rodríguez, director ejecutivo del GEF, ha dicho que el fondo que están reclamando algunos Estados parte ya existe y que no sería funcional fraccionar los fondos para que funcionen de manera específica para cada convención.
Según Rodríguez, parte del problema y las críticas que han existido para el GEF durante la COP16 responden a la gobernanza de cada país y los protocolos que la institución debe cumplir para poder trasladar los dineros.
Además, el director del GEF planteó que esta institución debe dialogar directamente con los encargados de ejecutar el CBD en cada país, o sea, quienes encabezan los ministerios de Medio Ambiente. “Y un ministro no tiene músculo político”, valoró. Según Rodríguez, cada vez que el ambiente político de un país cambia, es una profunda preocupación porque sabe que todos los proyectos deberán ser replanteados.
“Lo que requerimos para llevar a cabo la meta de restauración forestal del país son 2,000 millones de dólares a 2030”, dice Javier Gutiérrez Bardales, coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), una dependencia del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de ese país. Gutiérrez lo sabe, pero no se desanima: el dinero nunca es suficiente.
Al igual que Honduras, El Salvador y Guatemala tienen desafíos similares: pérdida de áreas boscosas y una especial vulnerabilidad al cambio climático, uno de los motores más importantes de pérdida de biodiversidad.
Aunque ninguno de los tres países presentaron sus Estrategias y Planes de Acción (NBSAP, por sus siglas en inglés) para esta COP, sí identificaron entre las metas del Marco Global de la Biodiversidad, una serie de objetivos que les requerirá más fondos de los que disponen, como incrementar los espacios verdes, garantizar que al menos el 30% de área de importancia ecológica del país estén restauradas, conservadas y protegidas; gestión sostenible de los recursos, entre otras.
“Se tienen metas muy bonitas, que tenemos que cuidar la biodiversidad, que tenemos que protegerla, que tenemos que restaurarla, pero si no hay compromisos para aumentar el flujo financiero y diversificar los mecanismos financieros que existen, eso no se va a cumplir”, dijo José Luis Echeverría, titular de la Dirección de Valoración de la Diversidad Biológica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), de Guatemala.
Para esta COP16 se ha buscado insistentemente la postura de El Salvador a través de distintos medios, como correo electrónico, mensajería instantánea, solicitud de información y llamadas, con los puntos focales ante la Convención, y los encargados de comunicaciones, pero no han atendido las peticiones.
Echeverría y Dixon Morales, representante de la Cancillería hondureña en la COP16, señalaron que la movilización de recursos es un tema prioritario para ambos países.
Esa discusión política se relaciona con la definición de la Meta 19 del Marco Global, que establece que para el año 2030 la movilización de al menos 200 mil millones anuales para poder darle cumplimiento al Marco Global. La respuesta aún no es clara, y mucho menos el mecanismo en cómo se haría.
Mantener la biodiversidad con dinero externo
Los tres países del Triángulo Norte han mantenido desde años atrás proyectos activos financiados con fondos GEF. En el caso de El Salvador, mantiene un portafolio activo de 3.1 millones de dólares de la octava ronda de fondos, llamada GEF-8, liberados desde 2022 y que serán ejecutables hasta 2026. La mayor parte de este dinero está destinado al área de biodiversidad, con 1.3 millones de dólares y el resto repartido en combatir la degradación de los suelos y el cambio climático, ambos con un presupuesto cercano a los 900 mil dólares.
Guatemala, en cambio, ha recibido 11.2 millones de dólares del GEF-8; mientras que Honduras 15.9 millones de dólares. Para estos dos países, los fondos recibidos equivalen a prácticamente la tercera parte del presupuesto nacional dedicado a sus carteras ambientales, según datos de sus proyectos de presupuesto para el año 2024.
Uno de los proyectos clave de El Salvador que ha sido receptor de estos fondos es el área trinacional Trifinio, compartida con Honduras y Guatemala, y constituye uno de los pocos bosques nebulosos de ese país, hogar de especies endémicas como la salamandra de Montecristo.
El Trifinio ha sido desde décadas atrás un área prioritaria para El Salvador y su administración es trinacional, luego de un tratado firmado a finales de los años noventa que involucró a la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA). Además de los fondos GEF, el área natural –que también tiene la clasificación de Reserva de la Biósfera–, subsiste con fondos de otras agencias de cooperación, como la alemana, la ítalo-americana, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.
Y es que los recursos dedicados por cada país del Triángulo Norte son escasos, en comparación con las necesidades. Una revisión de los proyectos de presupuesto de sus carteras medioambientales, de los últimos años, reseña que ninguno de estos ha tenido grandes variaciones. En el caso de El Salvador, este tenía asignados 19.2 millones de dólares para el año 2023; uno de las disponibilidades más bajas en ese país.
En el caso de Honduras, para el mismo año, tuvo un presupuesto asignado de 40.3 millones. Sin embargo, este país quintuplica la extensión territorial de El Salvador, ya que posee 112 mil kilómetros cuadrados de área. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala, por su parte, tuvo aprobados 34.8 millones de dólares para 2023; y con una extensión territorial similar a la de Honduras: 108 mil kilómetros cuadrados.
Estas cifras no coinciden con las publicadas por el portal de datos públicos relacionados al medio ambiente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no especifica si los montos incluyen las cifras de cooperación internacional recibida por los países, pero que en algunos casos pone bastante por encima de los presupuestos los dineros asignados a conservación de la biodiversidad.
Según estos datos, para 2021 –último año disponible– El Salvador invirtió 3 millones de dólares en biodiversidad y conservación; pero la cartera medioambiental tuvo apenas 14 millones ese año. Mientras que Guatemala, que tuvo 16.8 millones en 2021 para el MARN, ejecutó 90 millones en los mismos rubros, según los datos del FMI.
Para la COP16, Honduras y Guatemala identificaron entre sus metas relacionadas al Marco Global el aumento de áreas verdes y de territorios bajo protección, según la herramienta de seguimiento en tiempo real del CBD. Datos del último NBSAP presentado por Honduras (2017) reseñan que tiene 91 áreas naturales protegidas. Mientras que el CONAP de Guatemala registra 341 áreas con protección en ese país. En el caso de El Salvador, este cuenta con aproximadamente 175 áreas naturales protegidas, pero muchas de las cuales aún no han sido transferidas al Estado y representan un desafío extra para financiar su conservación.
Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, no se cuenta con datos actualizados sobre las áreas naturales protegidas de El Salvador, algunos datos han sido puestos bajo reserva y otras cifras presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) son inexactas. El documento estima que las áreas terrestres bajo protección son apenas 1.32% del territorio nacional y no el 25% que el MARN asegura.
Un futuro difícil
La discusión sobre la tardanza en la bajada de fondos desde el GEF a cada uno de los países ha sido una constante en la COP16.
“Personalmente he estado trabajando con un proyecto que se llama Proyecto Recover, que va enfocado a restauración forestal y conectividad biológica con diferentes ecosistemas. Pero este proyecto se comenzó a gestionar como entre el 2018, 2019 y vino a salir entre 2021 y 2022. Son 3 ó 4 años en proceso”, dijo Gutiérrez Bardales, del ICF de Honduras.
“Si tiene una organización, o una comunidad específica que quiere acceder a eso es súper engorroso, porque tiene que ver quiénes son los habilitados en el país para bajar los fondos. Luego tiene que hacerlo a través del punto focal, que en este caso debería es la Secretaría de Recursos Naturales digamos, ¿verdad? Pero escalar a todo eso es lo que lleva el tiempo”, agregó Gutiérrez Bardales.
“El GEF funciona como mecanismo financiero provisional del CBD de acuerdo al artículo 39 del Convenio. El GEF ha apoyado y seguirá apoyando a nuestros países en estos esfuerzos, el GEF no es malo, ni mucho menos. Ha hecho un buen trabajo, pero no responde a lo que establece el artículo 21 del texto del CBD, que imagínese se aprobó en 1992, hace más de 30 años”, dijo Echeverría, de Guatemala.
Para Spataro, las opciones que algunos países especialmente vulnerables tienen es generar otro tipo de fondos. Aunque algunos países de Latinoamérica tengan una extensión territorial reducida “tienen una gran biodiversidad y, además, sus pueblos son muy ricos en conocimientos ecológicos, en la gestión de la biodiversidad y eso hay que ponerlo de relevancia. Entonces, ahí hay fortalezas y en base a esas fortalezas tienen una gran oportunidad para la atracción de fondos”.
Para lograr esto, según Spataro, es necesario que los países mapeen muy bien dichas fortalezas, es decir, tener definida y actualizada sus respectivos NBSAP, situación que no ha sucedido en el Triángulo Norte.
Otro de los requisitos que Spataro considera es necesario para implementar otros mecanismos es la transparencia, es decir, tener ratificado el Acuerdo de Escazú, que establece normas y protocolos relacionados con el acceso a la información y la justicia ambiental.
Guatemala, Honduras y El Salvador han desarrollado en años precedentes otras estrategias para poder financiar proyectos ambientales, como las conversiones de deuda, o canje de deuda por naturaleza. En el caso del primero, ejecuta un programa específico para ello, mientras que Honduras lo puso en práctica en décadas pasadas.
El Salvador, por su parte, firmó recientemente el canje de deuda por naturaleza “más grande de la historia”, según lo anunció la Embajada de los Estados Unidos en ese país, que está garantizando la deuda; y que en teoría proporcionará cerca de $350 millones para la restauración y conservación del río Lempa, considerado el más largo de Centroamérica y cuya cuenca hidrográfica también es trinacional, con Guatemala y Honduras.
La aprobación del canje se da como parte de una reestructuración de deuda pública de El Salvador cuyo endeudamiento público lo convertía prácticamente en insolvente a la hora de recibir nuevos financiamientos.
Sobre este acuerdo, ni el gobierno salvadoreño, ni el estadounidense han publicado contratos, tasas de interés o condiciones.
Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Energía y Recursos Naturales de Honduras, quien acudió a la COP16 desde el martes 29 de octubre, solicitó a este medio una aclaración sobre la postura de su país en esta cumbre.
Explicó que la delegación que él lidera no está a favor de la creación de un nuevo fondo específico para la biodiversidad, sino que ve con mejores ojos un mecanismo que sea transversal a todos los temas ambientales y climáticos.
“Nos gusta el modelo iterativo e ir buscando las mejoras. Pero tener un gran fondo que ayude de manera más transversal, no tan subdividido, sino que sea más integral. Eso de estar dividiendo los mecanismos, que si esto es para adaptación, que si esto es para biodiversidad, genera una burocracia que en los países donde la gente es desplazada porque no tiene acceso a agua, nosotros no podemos esperar”, aclaró en entrevista con este medio.
Esta postura coincide con las manifestaciones hechas durante la COP16 por parte de países industrializados, que han pretendido mantener la estructura del GEF como está hasta ahora y evitar la creación de un nuevo fondo.
Sin embargo, la posición de Medina se aleja de los reclamos de otros países en vías de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil que buscan un nuevo mecanismo financiero.
El jefe de la delegación hondureña también subrayó que en su país se han destinado cerca de 800 millones de dólares para acciones vinculadas a la biodiversidad. Sin embargo, confirmó que estos dineros son manejados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que tiene un componente ambiental. Es decir, parte de este presupuesto va dirigido a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de los llamados Batallones Verdes de Protección Ambiental.
