¿Es relevante hablar de justicia climática en Venezuela? Más allá de los discursos oficiales, distintas voces del país advierten que la verdadera urgencia está en atender una larga lista de compromisos internos, indispensables para enfrentar la emergencia climática de manera integral y sin sesgos ideológicos.
La justicia climática, como recuerda Global Witness, implica reconocer las responsabilidades históricas de la crisis y que los más afectados son los menos responsables. Venezuela encaja en esa categoría: para 2017 aportaba apenas el 0,49% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero en los años posteriores ha sufrido con fuerza las consecuencias del cambio climático en forma de inundaciones y lluvias torrenciales. Según datos del Observatorio de Ecología Política (OEP), solo en 2019 las pérdidas económicas por fenómenos extremos alcanzaron un promedio de 130 millones de dólares, mientras que entre 2000 y 2019 se ubicaron en torno a los 97 millones de dólares anuales. Ante este panorama, resulta relevante que el país mantenga su presencia en el debate internacional sobre justicia climática.
Sin embargo, la participación de Venezuela en espacios multilaterales ha sido limitada. Al cierre de la COP26, el OEP observó que la delegación venezolana no se sumó a algunos de los acuerdos adoptados.
“La delegación de Venezuela no suscribió el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, ni el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijó la fecha para alcanzar el ‘cero neto’ de emisiones”, indicó la organización en su portal web.
En el ámbito doméstico, tras firmar el Acuerdo de París en 2015, Venezuela presentó en 2017 su primera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), en la que destacaba medidas como bosques compensatorios a cargo de la industria petrolera, la expansión de sistemas de transporte masivo y la creación de una red de laboratorios de insumos biológicos. No obstante, organizaciones ambientales señalan que gran parte de esas acciones aún no se han materializado y que, en paralelo, persisten retos ambientales significativos.
Acciones recientes y desafíos
De cara a la COP27, el gobierno buscó mostrar avances con la instalación de la Comisión Presidencial para el Cambio Climático y la apertura de un proceso de discusión legislativa en torno a una posible ley en la materia. Aun así, el OEP llamó la atención sobre la necesidad de contar con mayor información pública sobre temas como la situación del Arco Minero, los ilícitos ambientales al sur del Orinoco y el estado de la Amazonía.
La organización también destacó que el gobierno nacional debe avanzar hacia una mayor coherencia entre el discurso y la implementación de acciones concretas en favor de la preservación de la vida en el planeta. En foros internacionales como Estocolmo+50, representantes del Ejecutivo mencionaron la importancia de la conciencia ambiental y de iniciativas de reforestación. Sin embargo, organizaciones como el OEP señalan que estos planteamientos no siempre reflejan la magnitud de desafíos como la deforestación asociada a la actividad minera o los constantes derrames petroleros.
Con la COP27 en puertas, a celebrarse en Egipto en noviembre, se espera que el gobierno insista nuevamente en denunciar la deuda de los países ricos. No obstante, distintos sectores internos destacan, también, la importancia de tener planes claros para enfrentar la emergencia ambiental, así como un debate menos centrado en lo político y más en la urgencia ecológica.
“Existen dos tipos de vulnerabilidades. Una física, que viene precisamente por el trastorno del clima, que ocasiona estas lluvias intensas y luego hay una socioeconómica, por la condición de pobreza en la que se encuentra parte del país. Entonces, en Venezuela tenemos una tormenta perfecta, porque están ambas en su máximo grado (…) Los eventos de Tejerías y Castaño demostraron cómo no hay una preparación para atender catástrofes de este nivel”, señala Juan Carlos Sánchez, autor principal del estudio del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) sobre la carbonatación mineral de CO2 y co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007.
Más allá de estas emergencias, Sánchez subraya que “el cambio climático no reconoce ideologías”, y que por tanto debería ocupar un lugar prioritario en la agenda tanto del gobierno como de la oposición, algo que, en su opinión, no ocurre en la actualidad.
“Es un tema de enorme trascendencia para el país, pero el mundo político lo sigue desestimando”, puntualiza.
En suma, Venezuela tiene ante sí la oportunidad de transformar los discursos en acciones. Hacerlo no solo aliviaría sus vulnerabilidades internas, sino que también fortalecería su posición en la lucha global por la justicia climática.
