El pasado 21 de febrero, la empresa de energía Celsia, perteneciente al Grupo Argos Colombia, anunció que está contemplando la venta de sus proyectos eólicos Acacia y Camelia, en La Guajira, como consecuencia de los retrasos en los procesos de consulta previa con las comunidades y en la aprobación o modificación de licencias ambientales. Algo similar ocurrió con Enel en el parque eólico Windpeshi, que suspendió su construcción en mayo de 2023.
Estos hacen parte de 17 proyectos de energías renovables en ese departamento, en los que, según el Ministerio de Minas y Energía (Minminas), apenas dos están dentro del cronograma planeado. Los demás se encuentran en un promedio de avance menor al 30 %, todos fuera de los tiempos que tenían planteados para entrar en operación. A estos se suman los que arrancarían en los próximos años su proceso de licenciamiento y construcción que, según las cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética, son más de 60.
Ante los múltiples retrasos señalados por las empresas, según reconoce el mismo Minminas, la “transición energética justa”, una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro, está en “riesgo de fracaso”. Por eso, a finales de 2023, esa cartera radicó el proyecto de ley 343 ante la Cámara de Representantes, una iniciativa que empezaría a debatirse en las próximas semanas, y que busca tomar medidas “para la superación de la pobreza energética y la Transición Energética Justa en el departamento de La Guajira”.
Según el Minminas, la “transición energética justa”, una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro, está en “riesgo de fracaso” ante los múltiples retrasos.
Dentro de las propuestas se encuentra tramitar licencias ambientales de manera “prioritaria y expedita” para acelerar la puesta en marcha de proyectos de energías renovables; capacitar asesores comunitarios, con el fin de resolver demoras en las consultas previas; y otorgar licencias ambientales por fases para acelerar proyectos que afecten una gran porción del territorio, como la línea de interconexión Colectora, de la que depende el funcionamiento de la mayoría de los parques eólicos planteados en la región.
Sin embargo, el proyecto de ley ha generado reacciones por parte de varios sectores que afirman que reducir el tiempo de aprobación de las licencias ambientales sería inconveniente, que no soluciona grandes problemáticas que retrasan la entrada en funcionamiento de los proyectos e, incluso, que desconoce un pronunciamiento hecho por la Procuraduría en una solicitud enviada a varias entidades en 2020, en la que les pide corregir errores en la forma de licenciar proyectos de energías renovables en La Guajira.
¿Por qué se retrasan los proyectos de energías renovables en La Guajira?
Desde hace varios años, La Guajira se ha posicionado como el departamento con mayor potencial del país para la generación de energía a partir de fuentes renovables. Los fuertes vientos que soplan desde la costa norte y la alta radiación solar en una de las regiones más cálidas de Colombia, son las principales fuentes de ese potencial.
Pero, a pesar de su gran capacidad para generar energía, apenas el 14.4 % de su población rural (la mitad del departamento) tiene acceso a energía eléctrica, las personas tienen un déficit en la calidad y la cantidad de las viviendas, y un 30 % de su población no tiene acceso a agua limpia, según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Además, la mayoría del departamento es territorio indígena, por lo que cualquier proyecto que quiera realizarse allí debe ser consultado con las comunidades.
La gran vulnerabilidad en la que se encuentran las personas y la falta de presencia del Estado, explica Joanna Barney, directora del área de energía, ambiente y comunidades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), lleva a que, cuando las empresas llegan a construir un proyecto, las comunidades pidan “agua, luz y educación” como compensación por el uso de su territorio. “Todos esos son derechos por los que tendría que responder el Estado”, señala la investigadora.
Las comunidades wayuu se encuentran divididas en más de 30 clanes, y estos, a su vez, en familias. Por tanto, no existe un liderazgo unificado a la hora de negociar en las consultas previas.
A esto se suma que las comunidades wayuu se encuentran divididas en más de 30 clanes, y estos, a su vez, divididos en familias, por lo que no existe un liderazgo unificado a la hora de negociar en las consultas previas. Como señala un informe del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) publicado en noviembre de 2023, ni el Ministerio del Interior ni las Secretarías de Asuntos Indígenas del departamento y los municipios tienen claridad sobre quiénes son los representantes de las comunidades.
Cuando las empresas llegan a negociar con las comunidades, afirma Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa Más Guajira de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), se encuentran con que “hay hasta cinco personas certificadas por comunidad para negociar”. También, “llegan asesores particulares a las negociaciones, que no defienden los intereses de las comunidades”, puntualiza Baquero.
Un estudio señala que “la falta de transparencia en las políticas y los procesos de toma de decisiones son la barrera más grande, junto a los problemas sociales y el licenciamiento ambiental”.
Frente a esto, el proyecto de ley propone capacitar a asesores que sean de las mismas comunidades para su participación en los procesos de negociación. Christian Moreno, magíster en Eficiencia Energética y Energías Renovables de la Universidad de la Costa, advierte que para esto es necesario “ir directamente a las comunidades, escucharlas y entender quién quieren realmente que ejerza esa representación”.
Moreno, quien publicó en 2023 un estudio sobre las barreras de los proyectos energéticos en La Guajira, añade que el aspecto social y de liderazgos es una de las problemáticas, pero no la más grave. “La falta de transparencia en las políticas y los procesos de toma de decisiones son la barrera más grande, junto a los problemas sociales y el licenciamiento ambiental”, señala sobre su investigación.
Para acelerar estos procesos, el proyecto de ley plantea que se reduzca de 120 a 90 días el plazo que tienen las autoridades ambientales para aprobar o rechazar una licencia ambiental. Esto, en principio, podría agilizar la entrada en funcionamiento, tiene varios problemas, según algunas de las fuentes consultadas.
¿Licencias ambientales exprés?
En el departamento hay dos autoridades ambientales encargadas del trámite de licencias para los proyectos de energías renovables. Una es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que se encarga de proyectos que propongan generar más de 100 megavatios (MW). La otra es la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), que se encarga de proyectos entre 10 y 100 MW.
Los retrasos en los trámites de licencias ambientales anunciados por Celsia el pasado 21 de febrero están a cargo de Corpoguajira. En 2023, la empresa EDP Renewables, encargada de dos de los parques eólicos más grandes que se construirían en el país, también reportó retrasos en el trámite de las licencias ambientales a cargo de la ANLA. Estas demoras se han presentado con el límite actual, que es de 120 días.
Reducirlo a 90 días, apunta Rosa Peña, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA, por sus siglas en inglés), desconoce que ninguna de las dos entidades tiene la capacidad administrativa para tramitar licencias en un período de tiempo tan corto. “El análisis en términos de prevención y precaución ambiental, por parte de funcionarios con una alta carga de trabajo, va a derivarse en unos riesgos territoriales, en este caso en la Guajira, de tomar decisiones sin el sustento técnico necesario”, dice Peña.
“El análisis en términos de prevención y precaución ambiental, por parte de funcionarios con una alta carga de trabajo, va a derivarse en unos riesgos territoriales, en este caso en la Guajira, de tomar decisiones sin el sustento técnico necesario”.
Ante esto, se solicitó una entrevista con la ANLA, pero la entidad solo accedió a dar respuestas por escrito. Aseguran que, durante 2023, la entidad “dio respuesta oportuna al 98.68 % de las solicitudes de licencia ambiental”. Para esto, cuentan con un total de 43 funcionarios a nivel nacional, que deben responder por las licencias de proyectos energéticos, proyectos mineros, de explotación de hidrocarburos, de producción de insecticidas o de construcción de infraestructura para la agroindustria, entre otros.
Si se cambiara el plazo de tiempo, dice la entidad, “se propiciarían los ajustes institucionales necesarios para continuar ejerciendo la función con rigor técnico, oportunidad y transparencia”.
Para Barney, de Indepaz, el tiempo no solo es un problema por el número de funcionarios, sino por la capacidad de la autoridad ambiental para evaluar los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas. “En el pasado se han aprobado proyectos que pasan por encima de comederos de chivos, que es uno de los sustentos de las comunidades. Si un funcionario de Corpoguajira o de la ANLA no tiene contacto con las comunidades para saber eso, reducir el tiempo para hacerlo va a hacer todo más complejo”, apunta.
Para Baquero, poner un límite de tiempo tan corto en Corpoguajira debería acompañarse “de un fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas de la autoridad ambiental”. Sin ello, apunta, reducir el plazo a 90 días “no sirve de nada”.
Pero este no sería el único inconveniente de modificar las reglas para las licencias ambientales en La Guajira. Dentro del proyecto también se propone que las licencias puedan otorgarse por fases en algunas obras que afecten una gran porción del territorio, como la línea de interconexión Colectora 1, que llevaría la energía que produzcan los parques eólicos al resto del país.
En 2020, a raíz de una investigación de Indepaz titulada “El viento del Este llega con revoluciones. Multinacionales y transición con energía eólica en territorio wayuu”, la Procuraduría envió una solicitud a varias entidades, dentro de las que se encuentran Minminas, la ANLA y Corpoguajira, en la que señaló varios problemas en los proyectos de energías renovables en La Guajira.
Uno de los problemas es el fraccionamiento de proyectos, un mecanismo usado “no solo para desagregar el derecho de participación de la comunidad concernida, sino para evitar presumiblemente la competencia de la autoridad ambiental de carácter nacional”.
Uno de estos es que el fraccionamiento de proyectos en diferentes fases de construcción es un mecanismo “no solo para desagregar el derecho de participación de la comunidad concernida, sino para evitar presumiblemente la competencia de la autoridad ambiental de carácter nacional”.
Para Barney, esto incrementaría los desacuerdos con las comunidades y “puede que se otorgue la licencia ambiental, pero si no hay aceptación social, el proyecto empieza su construcción, pero no termina”. Baquero, de la ANDI, agrega que esto haría los trámites “más engorrosos” para las empresas, y que sería más beneficioso concebir “la licencia ambiental como un todo”.
La Procuraduría, entonces, le solicitó a las entidades involucradas establecer en qué proyectos se había dado fraccionamiento artificial de proyectos para separar los procesos de consulta, con el fin de suspenderlos. Ahora, Minminas contempla la posibilidad de fragmentar las consultas para agilizar la construcción de grandes proyectos.
Para este artículo, se envió un cuestionario el 14 de febrero para conocer el concepto de Corpoguajira frente al proyecto. También intentamos contactar al Minminas desde el pasado 12 de febrero para conocer su posición frente a las dudas que se plantean a su propuesta. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta por parte de ninguna de las dos entidades.
Las otras inquietudes sobre el proyecto
Uno de los objetivos que plantea el proyecto de ley presentado por Minminas es “la superación de la pobreza energética” en La Guajira, teniendo en cuenta los bajos niveles de acceso que tiene su población rural.
Geraldine Izaguirre, abogada senior de AIDA, señala que no hay ningún mecanismo, ni en la iniciativa de ley, ni en la planeación de los parques generadores, que garantice que una parte de la energía que se produzca se dirija “a garantizar este derecho a la población de La Guajira”. Las empresas se comprometen a suministrar energía al Sistema Interconectado Nacional, pero, sin la infraestructura necesaria en el departamento, la energía iría a otras partes del país.
Esta es la segunda vez que el Minminas insiste en una gran parte de las medidas que contempla el documento: tarifas diferenciales de energía para el departamento, financiación de comunidades energéticas y darle autorización a Ecopetrol para tener proyectos energéticos en esta región.
La primera vez que lo hicieron fue con el decreto 1276 de 2023, que hacía parte del paquete de medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, y que en noviembre tumbó la Corte Constitucional por considerarlo inexequibles. El proyecto de ley “copia una gran parte de ese decreto”, afirma Peña.
